Si tú o alguien que conoces pudiera estar experimentando una crisis de salud mental, comunícate con la Línea de Vida para la Prevención del Suicidio y Crisis (988 Suicide & Crisis Lifeline) llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Vince Lahey, de Carefree, Arizona, utiliza con entusiasmo los chatbots. Desde los productos de grandes empresas tecnológicas hasta los más “sospechosos”, le ofrecen “alguien con quien puedo compartir más secretos que con mi terapeuta”.

Le gustan especialmente las aplicaciones para recibir comentarios y apoyo, aunque a veces lo regañan o hacen que se pelee con su ex esposa. “Me dan ganas de compartir más”, dijo Lahey. “No me importa la percepción que tengan de mí”.

Hay muchas personas como Lahey.

La demanda de atención de salud mental ha aumentado. Los días de mala salud mental reportados por las personas subieron 25% desde la década de 1990,  que analizó datos de encuestas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las tasas de suicidio en 2022 , algo que no se veía en casi 80 años.

Muchos pacientes consideran muy atractivo un terapeuta no humano impulsado por inteligencia artificial, incluso más atractivo que una persona en un sillón reclinable y con actitud severa.  abundan  de personas que piden un terapeuta que “no esté contando el tiempo”, que juzgue menos o que simplemente sea más barato.

La mayoría de las personas que necesitan atención no la reciben, dijo Tom Insel, ex director del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), citando investigaciones de esa agencia. De los que sí reciben atención, el 40% obtiene una atención “mínimamente aceptable”.

“Hay una enorme necesidad de terapia de alta calidad”, dijo. “Vivimos en un mundo en el que la situación actual es realmente pésima, usando un término científico”.

Insel dijo que ingenieros de OpenAI le comentaron, el otoño pasado, que entre 5% y 10% de la base de usuarios de la empresa, que entonces era de aproximadamente 800 millones, depende de ChatGPT para apoyo en salud mental.

Las encuestas sugieren que estos chatbots de IA pueden ser aún más populares entre los adultos jóvenes. Una encuesta de KFF encontró que 3 de cada 10 personas de 18 a 29 años  para pedir consejos sobre salud mental o emocional en el último año. Los adultos sin seguro médico tenían aproximadamente el doble de probabilidad que quienes sí tenían seguro de reportar uso de herramientas de IA. Y casi un 60% de los adultos que usaron un chatbot para salud mental no consultaron después a un profesional humano.

La aplicación te llevará al diván

Una creciente industria de aplicaciones ofrece terapeutas de IA con avatares parecidos a humanos, a menudo poco realistas y muy atractivos, que sirven como espacio de desahogo para personas con ansiedad, depresión y otras condiciones.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News identificó unas 45 aplicaciones de terapia con IA en la App Store de Apple en marzo. Aunque muchas cobran precios altos por sus servicios —una ofrecía un plan anual de $690—, por lo general siguen siendo más baratas que la terapia conversacional, que puede costar cientos de dólares por hora sin cobertura.

En la App Store, “therapy” suele usarse como término de mercadeo, con letras pequeñas que aclaran que las aplicaciones no pueden diagnosticar ni tratar enfermedades. Una aplicación llamada OhSofia! AI Therapy Chat tenía cientos de miles de descargas, dijo en diciembre Anton Ilin, fundador de OhSofia!

“La gente busca terapia”, afirmó Ilin. Por un lado, el nombre del producto ; por otro, su  advierte que “no ofrece consejo médico, diagnóstico, tratamiento ni intervención en crisis y no sustituye servicios profesionales de salud”. Los ejecutivos no creen que eso cause confusión, ya que la aplicación incluye advertencias.

Las aplicaciones prometen grandes resultados sin ningún tipo de respaldo.  “ayuda inmediata durante ataques de pánico”.  que fue “probada como efectiva por investigadores” y que ofrece alivio 2,3 veces más rápido para ansiedad y estrés. (No dice comparado con qué).

Existen pocas barreras legislativas o regulatorias sobre cómo los desarrolladores describen sus productos, o incluso sobre si son seguros o eficaces, dijo Vaile Wright, directora de la oficina de innovación en atención médica de la Asociación americana de Psicología (APA). Ni siquiera se aplican las protecciones federales de privacidad del paciente, señaló.

“La terapia no es un término legalmente protegido”, dijo Wright. “Así que, básicamente, cualquiera puede decir que ofrece terapia”.

Muchas de las aplicaciones “se presentan como más de lo que son”, dijo John Torous, psiquiatra e informático clínico del Centro Médico Beth Israel Deaconess. “Engañar a las personas haciéndoles creer que recibieron tratamiento cuando en realidad no lo recibieron tiene muchas consecuencias negativas”, entre ellas retrasar la atención real, agregó.

Estados como Nevada, Illinois y California intentan ordenar el caos regulatorio y aprobaron leyes que prohíben a las aplicaciones describir a sus chatbots como terapeutas de IA.

“Es una profesión. Los profesionales estudian. Obtienen una licencia para ejercer”, afirmó Jovan Jackson, legislador de Nevada y coautor de una ley que prohíbe a las aplicaciones presentarse como profesionales de salud mental.

Detrás de la publicidad, investigadores externos y representantes de las propias empresas han declarado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Congreso que existe poca evidencia que respalde la eficacia de estos productos. Los estudios disponibles ofrecen , y algunas  que los chatbots enfocados en acompañamiento son “consistentemente malos” para manejar crisis.

“Cuando se trata de chatbots, no tenemos buena evidencia de que funcionen”, dijo Charlotte Blease, profesora de la Universidad de Uppsala, en Suecia, especializada en diseño de ensayos para productos digitales de salud.

La falta de ensayos clínicos de “buena calidad” se debe a que la FDA no ha dado recomendaciones sobre cómo probar estos productos, señaló. “La FDA no ofrece orientación rigurosa sobre cuáles deberían ser los estándares”.

Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos, respondió que “la seguridad del paciente es la máxima prioridad de la FDA” y que los productos basados en IA están sujetos a regulaciones que exigen demostrar una “garantía razonable de seguridad y eficacia antes de que puedan comercializarse en Estados Unidos”

Aplicaciones persuasivas

Preston Roche, médico residente en psiquiatría y , recibe muchas preguntas sobre si la IA es una buena terapeuta. Tras probar ChatGPT, dijo que al principio quedó “impresionado” porque podía usar técnicas de  para ayudarlo a poner pensamientos negativos “a prueba”.

Pero Roche dijo que después de ver publicaciones sobre personas que desarrollaron psicosis o fueron alentadas a tomar decisiones dañinas, se desilusionó. Concluyó que los bots son complacientes.

“Cuando miro de forma global las responsabilidades de un terapeuta, simplemente fracasó por completo”, dijo.

Esa complacencia —la tendencia de aplicaciones basadas en grandes modelos de lenguaje a empatizar, halagar o reforzar ideas erróneas de la persona usuaria— está incorporada en el diseño de estas aplicaciones, según expertos en salud digital.

“Los modelos fueron desarrollados para responder una pregunta o instrucción que le haces y darte lo que buscas”, dijo Insel, exdirector del NIMH, “y son muy buenos básicamente para confirmar lo que sientes y brindar apoyo psicológico, como un buen amigo”.

Pero eso no es lo que hace un buen terapeuta. “El objetivo de la psicoterapia es, sobre todo, hacer que enfrentes las cosas que has estado evitando”, señaló.

Aunque las encuestas sugieren que muchos usuarios están satisfechos con lo que obtienen de ChatGPT y otras aplicaciones, ha habido  sobre el servicio  o aliento para autolesionarse.

Y    de    o  se han presentado contra OpenAI después de que usuarios de ChatGPT murieran por suicidio o fueran hospitalizados. En la mayoría de esos casos, los demandantes alegan que comenzaron usando las aplicaciones con otro fin —como tareas escolares— antes de confiarles asuntos personales. Estos casos se están consolidando en 

Google y la startup Character.ai —financiada por Google y creadora de “avatares” con personalidades específicas, como atletas, celebridades, compañeros de estudio o terapeutas— están resolviendo otras demandas por muerte injusta,  

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha dicho que hasta  podrían hablar sobre suicidio en ChatGPT.

“Hemos visto un problema en el que personas en situaciones psiquiátricas frágiles que usan un modelo como 4o pueden terminar peor”, dijo Altman en una sesión pública de preguntas y respuestas reportada por , refiriéndose a un modelo específico de ChatGPT presentado en 2024. “No creo que esta sea la última vez que enfrentemos desafíos como este con un modelo”.

Un vocero de OpenAI no respondió a solicitudes de comentarios.

La empresa ha dicho que  en medidas de protección, como referir a usuarios al 988, la línea nacional de prevención del suicidio. Sin embargo, las demandas contra OpenAI sostienen que las medidas actuales no son suficientes, y algunas investigaciones muestran que . OpenAI  sugiriendo lo contrario.

OpenAI  y, en una etapa inicial de un caso, presentó varias defensas que van desde negar que su producto causó autolesiones hasta alegar que el demandado usó mal el producto al inducirlo a hablar sobre suicidio. También ha dicho que trabaja para .

Aplicaciones más pequeñas también dependen de OpenAI u otros modelos de IA para impulsar sus productos, dijeron ejecutivos a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. En entrevistas, fundadores de startups y otros expertos dijeron que les preocupa que si una empresa simplemente incorpora esos modelos en su propio servicio, pueda duplicar fallas de seguridad ya presentes en el producto original.

Riesgos de datos

La revisión de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News de la App Store encontró que las protecciones por edad son mínimas: 15 de las casi cuatro docenas de aplicaciones dicen que pueden ser descargadas por usuarios de 4 años; otras 11 dicen que pueden ser descargadas por personas de 12 años en adelante.

Los estándares de privacidad son opacos. En la App Store, varias aplicaciones se describen como productos que no rastrean datos personales identificables ni los comparten con anunciantes. Pero en sus sitios web, las políticas de privacidad contenían descripciones contrarias, hablando del uso de esos datos y de compartir información con anunciantes como AdMob.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Adam Dema, vocero de Apple,   a las políticas de la App Store, que prohíben usar datos de salud para publicidad y exigen mostrar información general sobre el uso de datos. Dema no respondió una nueva solicitud sobre cómo Apple hace cumplir esas políticas.

Investigadores y defensores de políticas públicas dijeron que compartir datos psiquiátricos con empresas de redes sociales significa que los pacientes podrían ser perfilados. Podrían ser blanco de empresas de tratamiento de dudosa fiabilidad o recibir precios diferentes por productos según su salud.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a varios desarrolladores sobre estas discrepancias; dos de los que respondieron dijeron que sus políticas de privacidad habían sido redactadas por error y prometieron cambiarlas para reflejar su postura contra la publicidad. (Un tercero, el equipo de OhSofia!, dijo simplemente que no hace publicidad, aunque la  de su aplicación señala que los usuarios “pueden optar por no recibir comunicaciones de mercadeo”).

Un ejecutivo dijo a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News que existe presión comercial para mantener acceso a los datos.

“Mi sensación general es que un modelo por suscripción es mucho, mucho mejor que cualquier tipo de publicidad”, dijo Tim Rubin, fundador de Wellness AI, y agregó que cambiaría la descripción en la política de privacidad de su aplicación.

Según Rubin, un inversionista le aconsejó no renunciar a la publicidad. “Básicamente, eso es lo más valioso de tener una aplicación como esta: esos datos”.

“Creo que todavía estamos al comienzo de lo que será una revolución en la forma en que las personas buscan apoyo psicológico e incluso, en algunos casos, terapia”, dijo Insel. “Y mi preocupación es que simplemente no existe ningún marco para nada de esto”.

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Pero legisladores republicanos en algunos estados creen que las nuevas reglas —parte del One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump— no van lo suficientemente lejos.

Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.

Mientras tanto, residentes en muchos otros estados tendrán que demostrar que trabajaron solo un mes, la opción menos complicada bajo esta nueva ley tributaria y de gasto interno de Trump. La ley instruye a los estados a decidir si exigirán uno, dos o tres meses de historial laboral.

Al igual que en Indiana, legisladores republicanos de Idaho aprobaron un requisito de tres meses, y el gobernador firmó la ley el 10 de abril.

Estas medidas, junto con acciones similares en Arizona, Missouri y Kentucky, buscan limitar la flexibilidad para implementar la ley federal a nivel estatal.

“Normalmente, no se vería a legisladores estatales interviniendo en estas decisiones”, dijo Lucy Dagneau, funcionaria senior del área de defensa de la Sociedad Americana del Cáncer.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que 18,5 millones de adultos estarán sujetos a las nuevas reglas, que se aplicarán en 42 estados y el Distrito de Columbia.

En Indiana, las reglas laborales afectarán aproximadamente al 33% de la población estatal inscrita en Medicaid. En general, las reglas no se aplicarían a niños, personas de 65 años o más, ni a personas con discapacidades o problemas graves de salud.

Por lo general, los administradores estatales —no los legisladores— detallan cómo planean cumplir nuevas normas federales, y con frecuencia esperan orientación de reguladores federales. Pero funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no han dicho a los estados cómo cumplir muchos aspectos de la amplia ley presupuestaria, lo que ha llevado a legisladores estatales a intervenir.

El gobernador republicano Mike Braun firmó la ley de Indiana el 4 de marzo, convirtiendo a su estado en el primero en fijar el requisito laboral de Medicaid en tres meses, el período más largo permitido por la ley federal.

El senador estatal republicano Chris Garten presentó un proyecto de ley en enero, con el argumento de que era necesario para “alinear” la ley estatal con las nuevas reglas federales de Medicaid. También presentó la medida como una forma de combatir el “despilfarro, fraude y abuso” en programas públicos.

Cuando personas no elegibles se inscriben, eso perjudica “al verdadero residente vulnerable de Indiana que realmente necesita la ayuda”, dijo Garten durante una audiencia de comité en enero.

El senador estatal demócrata Fady Qaddoura expresó escepticismo durante la audiencia y cuestionó la necesidad de la legislación. Qaddoura pidió al secretario de la Administración de Servicios Sociales y Familiares de Indiana, Mitch Roob, una estimación del número de personas no elegibles inscritas en Medicaid en el estado.

“Creo que muy pocas”, respondió Roob. “Nunca será ninguna”.

Después de escuchar esa respuesta, Qaddoura dijo que no hay evidencia de un problema generalizado en Indiana. Acusó a los republicanos de usar el despilfarro, fraude y abuso como justificación para negar beneficios de salud y ayuda alimentaria a residentes vulnerables del estado.

Más tarde, Garten calificó la acusación de Qaddoura como una “distorsión fundamental” del proyecto de ley.

Los republicanos han dicho que imponer estos límites protege la continuidad del programa Medicaid.

“Creemos en una red de seguridad para nuestros más vulnerables, no en un comodín para adultos aptos para trabajar que deciden no hacerlo”, dijo Garten. “Al ajustar estas medidas, garantizamos que nuestra red de seguridad siga siendo sostenible”.

Se espera que la inscripción en el Medicaid del estado baje debido a la legislación de Garten, según un análisis de la Agencia de Servicios Legislativos de Indiana, una entidad no partidista.

Medicaid ayuda a mantener sanas a las personas para que puedan seguir trabajando, dijo Adam Mueller, director ejecutivo del Indiana Justice Project, una organización legal no partidista enfocada en salud, vivienda e inseguridad alimentaria.

Mueller teme que las personas tengan dificultades para demostrar su historial de trabajo, especialmente quienes tienen empleos no tradicionales.

“Si el objetivo es que la gente participe, con un mes bastaría”, dijo Mueller.

En última instancia, teme que la ley perjudique a los residentes de Indiana que más necesitan ayuda. “Van a tropezar con los obstáculos burocráticos”.

Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities predijo que las reglas laborales impondrán  y que la forma en que los estados decidan aplicarlas “afectará significativamente la cantidad de personas que pierdan cobertura”. Las decisiones estatales determinarán “qué tan intensa es la carga”, concluyó este centro de estudios de tendencia progresista, y elegir un período de revisión más corto “permitirá que más personas se inscriban”.

Legisladores en varios estados consideraron límites. Y el mismo grupo conservador de cabildeo, la Foundation for Government Accountability (FGA), testificó a favor de estas medidas en Arizona, Indiana y Missouri.

En Missouri, el cabildero de FGA James Harris dijo que la medida busca “sacar a la gente de la dependencia y devolverle esa dignidad y orgullo del trabajo”.

El representante estatal de Missouri Darin Chappell propuso exigir un período de revisión de tres meses, similar a la medida en Indiana. Pero la versión más reciente del proyecto que patrocinó exigiría a los solicitantes demostrar que trabajaron solo un mes antes de inscribirse.

Chappell, republicano, dijo que su iniciativa fomentaría una “mentalidad de trabajo”.

Anna Meyer, dueña de una pequeña panadería en Columbia, Missouri, dijo que la insinuación es que ella y otras personas en Medicaid son perezosas. “He trabajado desde los 15 años”, dijo. “Ahora tengo 43”.

Meyer, quien expresó su oposición, dijo que anteriormente tuvo problemas para enviar información a la agencia estatal de Medicaid. Teme que estos nuevos requisitos la pongan a ella y a otras personas en riesgo de perder cobertura, incluso si cumplen la regla laboral.

Tiene fibromialgia, una condición crónica que aumenta la sensibilidad general al dolor. También tiene alergias alimentarias. Medicaid ayuda a pagar medicamentos y visitas al doctor que la mantienen saludable y le permiten seguir trabajando.

“Trabajo muy duro”, dijo Meyer.

En St. Louis, Jessica Norton, obstetra y ginecóloga, atiende a muchas pacientes de Medicaid en una clínica de Affinia Healthcare. Dijo que tienen dificultades para mantener su seguro, aunque Missouri extiende un año completo de cobertura de Medicaid a mujeres elegibles después de dar a luz.

A algunas de sus pacientes se las expulsó de la cobertura sin explicaciones al momento en que iban a la cita médica seis semanas después del parto. Teme que la burocracia de los nuevos requisitos laborales haga más difícil conservar el seguro, aunque se supone que mujeres embarazadas y madres recientes están exentas.

Norton criticó a los legisladores por el mensaje que esta política envía a pacientes vulnerables. Están diciendo: “Ah, en realidad, la atención médica es un privilegio, y hay que ganárselo”.

 de los adultos de 19 a 64 años inscritos en Medicaid ya trabajan, según KFF. La razón por la que muchos de los adultos restantes en Medicaid no trabajan es que están jubilados, cuidan a otra persona o están demasiado enfermos, según la misma organización.

Algunos estados no solo están estableciendo los requisitos más estrictos, sino que también bloquean la flexibilidad opcional incluida en las reglas federales.

Por ejemplo, los estados pueden adoptar exenciones adicionales a las reglas laborales, como permitir que las personas aleguen una “dificultad de corto plazo”, diseñada para mantener la cobertura de Medicaid a personas con condiciones médicas que les impiden trabajar.

Legisladores de Missouri buscan una enmienda constitucional para impedir que su estado ofrezca esas exenciones opcionales. Pero defensores de pacientes advierten que estos límites perjudicarían a residentes vulnerables del estado cuando más necesitan cobertura, en particular pacientes rurales con cáncer.

Con frecuencia, estos pacientes deben viajar a Kansas City o St. Louis, para recibir tratamiento, lo que interrumpe su capacidad para trabajar, testificó Emily Kalmer, cabildera del brazo de defensa pública de la Sociedad Americana del Cáncer, durante la audiencia de enero. Reconociendo esto, la ley federal ofrece ciertas exenciones para este tipo de situaciones.

Pero esta exención por dificultad de corto plazo quedaría fuera de la mesa en Missouri.

El tiempo es “muy importante en la vida de un paciente con cáncer o de un sobreviviente de cáncer”, dijo Kalmer.

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La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre  en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir  con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.

Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la  que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.

Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.

“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.

Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.

Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.

Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.

Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.

Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .

Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.

Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.

“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.

Encuestas dan algunas pistas

Una  encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus  y a ciudadanos naturalizados.

Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.

También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .

Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a  para los que eran elegibles. Algunos  incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.

“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.

Ahorros estimados

Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.

Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.

El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.

La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.

En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.

“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.

La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían  provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.

Un  estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.

“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.

Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.

“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.

Necesidades de atención médica

El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.

A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.

“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.

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El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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Para reducir costos, muchos cambiaron a planes de salud con deducibles altos. Estos planes ofrecen pagos mensuales más bajos, pero los pacientes pueden enfrentar gastos altos de su propio bolsillo cuando necesitan atención médica.

Estos planes son bastante comunes. En 2023, el 30% de las personas que obtenían seguro a través de su empleador tenían un plan con deducible alto, frente a solo el 4% en 2006.

Madison Burgess, una maestra de escuela primaria de San Diego, tiene seguro de salud a través de su trabajo. Pero cuando evaluó agregar a su esposo a su plan, resultó demasiado costoso, así que empezó a buscar en el mercado una opción más económica para él.

Cuanto más revisaba las opciones de planes, más abrumador le parecía. La jerga de los seguros hacía difícil entender cuánto tendría que pagar su familia si su esposo se enfermaba. (La prima es el pago mensual de tu póliza y el deducible es lo que debes pagar de tu bolsillo antes que la aseguradora comience a pagar. Generalmente los planes con primas bajas tienen deducibles altos, y viceversa).

“No sabía qué era un deducible, así que elegí lo que era barato, y ahora me arrepiento”, dijo.

A cambio de esa prima mensual más baja, la cobertura de su esposo no comenzará a pagar la mayoría de los servicios hasta que hayan gastado $5.800 en facturas médicas. Burgess no sabía que debía cumplir con el deducible antes de que el seguro cubriera parte de los gastos.

¿Cómo prepararse para pagar miles de dólares por adelantado?

Una opción es una cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), que permite ahorrar dinero antes de impuestos y ahora está disponible para personas inscritas en planes de menor nivel en los mercados estatales y federales, incluidos los planes bronce y de cobertura catastrófica. Estos planes suelen tener las primas más bajas en el mercado, pero los costos más altos del propio bolsillo cuando se necesita atención.

Burgess eligió un plan Bronce y no sabía que las HSA eran una opción.

“Nunca había pensado en tener que ahorrar dinero para un deducible”, dijo.

Burgess y otras personas suelen estar más preocupadas por ahorrar para gastos inesperados como reparaciones del auto, de la casa o del veterinario.

Si, como Burgess, elegiste una cobertura de salud más económica para este año y luego te diste cuenta de que debes cubrir un deducible alto, estos consejos pueden ayudar a prepararte.

1. Podrías calificar para una HSA y no saberlo.
   Si estás inscrito en un plan Bronce o en uno catastrófico, calificas para abrir una cuenta de ahorros para la salud. Es como una alcancía médica con beneficios fiscales. Depositas dinero antes de impuestos, lo que reduce tu ingreso gravable. El dinero crece libre de impuestos y, cuando lo usas para , esas transacciones también están libres de impuestos. A esto se le llama una “triple ventaja fiscal”.

Estas cuentas crean un fondo para futuros gastos de salud, como visitas al doctor, medicamentos recetados e incluso productos como medicinas sin receta, tampones y protector solar.

Por lo general, el dinero no puede usarse para pagar primas mensuales, pero la cuenta es tuya y puedes usarla para gastos médicos calificados para tí, tu cónyuge o tus dependientes en cualquier momento en el futuro. El dinero sigue siendo tuyo, incluso si cambias de trabajo o de plan de salud.

Una HSA no es lo mismo que una cuenta de gastos flexibles (FSA por sus siglas en inglés). Las FSA también tienen beneficios fiscales, pero solo se ofrecen a través de empleadores. El dinero vence cada año y pierdes cualquier saldo restante cuando dejas ese trabajo.

2. ¿Te interesa una HSA? Así puedes abrir una.
   Puedes abrir una cuenta de ahorros para la salud a través de un banco u otra institución financiera. La institución te dará una tarjeta de débito para hacer pagos desde la HSA.

Puedes en cualquier momento del año siempre que tengas un plan elegible. Puedes elegir dónde abrir la cuenta, pero revisa si hay cargos y compara opciones.

Si obtienes seguro a través de tu trabajo, tu empleador puede exigir que uses una compañía específica aprobada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Muchas personas creen que no pueden aportar dinero a una HSA. Para algunos hogares, la necesidad de ahorrar para gastos médicos compite con la de pagar la renta y comprar alimentos.

Pero hay un detalle que puede hacerlo más manejable: las contribuciones no tienen que ser grandes. Incluso unos pocos dólares al mes pueden ser un comienzo.

Sin embargo, hay un límite. El IRS establece un tope anual sobre cuánto puedes aportar a una HSA. En 2026, el límite es de $4.400 para una persona, o $8.750 para un plan familiar. Dentro de ese límite, tú decides cuánto aportar.

3. Los servicios preventivos deben estar cubiertos sin costo.
   Todos los planes vendidos en los mercados deben cubrir sin costo para el paciente, siempre que la atención sea dentro de la red. Estos servicios incluyen vacunas de rutina y pruebas de detección de cáncer.

Más allá de la atención preventiva, entender cuánto cuestan distintos servicios puede ayudarte a decidir qué tipo de consulta médica es mejor para tus necesidades y tu presupuesto. Por ejemplo, algunos planes cobran menos por una consulta de telemedicina que por ver a tu doctor en persona.

Revisa el de tu plan para más detalles.

4. Busca atención temprano en el año.
   La mayoría de los deducibles reinician el 1 de enero. Programar citas o cirugías temprano en el año puede ser estratégico si descubres una afección que requiere atención continua. Si puedes pagarlo, cumplir con el deducible antes puede hacer que el resto del año sea mucho más económico, dijo Caitlin Donovan, directora senior en la Patient Advocate Foundation.
5. Considera pagar en efectivo en lugar de usar el deducible.
   Algunos hospitales, clínicas u otros proveedores ofrecen precios más bajos si pagas en efectivo. Tienes derecho a recibir y una explicación de cuánto costaría un servicio de salud si pagas de tu bolsillo. Pide ese cálculo antes de recibir atención. Luego compáralo con lo que te dice tu aseguradora que costaría si usas tu seguro. Si decides pagar en efectivo, deberás hacerlo en el consultorio antes de que se envíen los cargos a tu aseguradora.

Pagar en efectivo puede ahorrarte dinero, pero generalmente ese monto no contará para tu deducible ni para el máximo de gastos de tu bolsillo.

“Si no crees que vas a alcanzar tu deducible —eres joven y tu deducible es de $10.000—, negocia el precio en efectivo”, aconsejó Donovan.

6. ¿Tienes un plan de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)? Actualiza tus ingresos y usa una HSA para evitar sorpresas fiscales.
   Si tienes un plan de ACA y eres elegible para subsidios, ten en cuenta lo siguiente: si y no actualizas tu solicitud en el mercado, podrías deber miles de dólares al momento de declarar impuestos. La : reporta aumentos de salario, nuevos trabajos o ingresos adicionales cuando ocurran. Si tus ingresos aumentan, ahorrar dinero en una HSA puede ayudar, ya que ese dinero no cuenta como ingreso gravable.

Cuando reportas un aumento en tus ingresos, eso puede significar primas más altas (si ya no calificas para el mismo subsidio), pero los expertos dicen que es mejor pagar más ahora que enfrentar una gran factura después.

“Uno de los mayores problemas que veo es que alguien queda desempleado, se inscribe en un plan diciendo que no tiene ingresos, luego consigue trabajo y no lo reporta, y termina con una gran deuda de impuestos al final”, dijo Donovan.

Por eso, Donovan recomienda actualizar tu perfil en el mercado tan pronto como cambien tus ingresos, lo que también podría hacer que califiques para Medicaid o para un plan que cubra una mayor parte de tus gastos médicos.

Taylor Cook contribuyó con este artículo.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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“Realmente puedo sentarme, interactuar, concentrarme en ellos y escuchar”, dijo Boose, quien .

Hace aproximadamente dos años, comenzó a usar una aplicación de IA para tomar notas durante las consultas. La herramienta escucha mientras Boose habla con sus pacientes y luego genera automáticamente un resumen de la visita basado en la conversación.

Este resumen suele estar listo en cuestión de segundos después de que termina la cita.

“Se encarga de todo ese trabajo tedioso de registrar información y tomar notas durante la visita”, dijo. “Me libera mucho tiempo completando eso, y hasta puedo llegar a casa con mi familia más temprano”.

Casi un tercio de las prácticas médicas están utilizando asistentes de IA para tomar notas, y otras están trabajando para incorporar esta herramienta, con el objetivo de reducir el trabajo administrativo.

Si tu doctor sugiere usar un asistente de inteligencia artificial en tu próxima cita, hay tres cosas que debes tener en cuenta:

1. Los profesionales de salud deben pedirte permiso.

Al comienzo de una cita, tu doctor podría preguntarte algo como: “¿Está bien si uso un asistente de inteligencia artificial para ayudarme a tomar notas durante esta consulta?”. Una práctica común es aceptar el consentimiento verbal, no por escrito, antes de activar la herramienta. Sin embargo, los requisitos legales para obtener permiso para grabar una conversación con un paciente varían según el estado.

Boose dijo que el paciente puede pedir que se detenga al asistente de IA en cualquier momento, especialmente para hablar de algo sensible. Y si decides no usarlo, tu doctor probablemente volverá a tomar notas manualmente en una computadora.

2. Los asistentes de IA también cometen errores, así que revisa tu información.

Como otras herramientas de inteligencia artificial, estos asistentes pueden “alucinar”, es decir, agregar errores de forma espontánea en un registro. También pueden omitir información importante o perder el contexto dentro de una conversación.

Se supone que los profesionales de salud deben revisar y editar los resúmenes generados por IA antes de agregarlos al historial del paciente. Como paciente, es buena práctica revisar cuidadosamente el resumen de tu visita y comunicarte con tu proveedor de salud si notas errores.

3. Sí, la empresa de IA podría usar tus datos, pero con limitaciones.

Las empresas y sistemas de salud que ofrecen estas herramientas tienen acceso a datos médicos y están sujetos a normas federales sobre cómo usan y almacenan la información del paciente, bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).

Pueden usar los datos de tu consulta para mejorar su software sin informarte, dijo Darius Tahir, quien cubre tecnología de salud para Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. “Si la información está ‘no identificada’, lo que puede significar eliminar identificadores y asegurarse de que no se pueda rastrear a una persona, entonces hay más libertad para usarla de otras maneras”, explicó. “Hay muchos menos requisitos regulatorios”.

Si quieres saber cómo se están usando tus datos, puedes preguntarle a tu doctor o al sistema de salud. Pero es posible que no recibas una respuesta clara, dijo Tahir.

Personas y políticas

Es probable que el sistema de salud en Estados Unidos continúe integrando tecnología de IA en la atención al paciente.

La administración Trump apoya firmemente su desarrollo y uso, especialmente en el sector salud. A comienzos de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reduce regulaciones existentes sobre inteligencia artificial para ayudar al país a “mantener el liderazgo global en inteligencia artificial”.

En diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó una estrategia sobre IA en la que afirma que apoya “la integración de la inteligencia artificial para modernizar la atención y la infraestructura de salud pública y mejorar la salud a nivel individual y poblacional”.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este artículo.

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Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

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Si tú o alguien que conoces pudiera estar experimentando una crisis de salud mental, comunícate con la Línea de Vida para la Prevención del Suicidio y Crisis (988 Suicide & Crisis Lifeline) llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Vince Lahey, de Carefree, Arizona, utiliza con entusiasmo los chatbots. Desde los productos de grandes empresas tecnológicas hasta los más “sospechosos”, le ofrecen “alguien con quien puedo compartir más secretos que con mi terapeuta”.

Le gustan especialmente las aplicaciones para recibir comentarios y apoyo, aunque a veces lo regañan o hacen que se pelee con su ex esposa. “Me dan ganas de compartir más”, dijo Lahey. “No me importa la percepción que tengan de mí”.

Hay muchas personas como Lahey.

La demanda de atención de salud mental ha aumentado. Los días de mala salud mental reportados por las personas subieron 25% desde la década de 1990,  que analizó datos de encuestas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las tasas de suicidio en 2022 , algo que no se veía en casi 80 años.

Muchos pacientes consideran muy atractivo un terapeuta no humano impulsado por inteligencia artificial, incluso más atractivo que una persona en un sillón reclinable y con actitud severa.  abundan  de personas que piden un terapeuta que “no esté contando el tiempo”, que juzgue menos o que simplemente sea más barato.

La mayoría de las personas que necesitan atención no la reciben, dijo Tom Insel, ex director del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), citando investigaciones de esa agencia. De los que sí reciben atención, el 40% obtiene una atención “mínimamente aceptable”.

“Hay una enorme necesidad de terapia de alta calidad”, dijo. “Vivimos en un mundo en el que la situación actual es realmente pésima, usando un término científico”.

Insel dijo que ingenieros de OpenAI le comentaron, el otoño pasado, que entre 5% y 10% de la base de usuarios de la empresa, que entonces era de aproximadamente 800 millones, depende de ChatGPT para apoyo en salud mental.

Las encuestas sugieren que estos chatbots de IA pueden ser aún más populares entre los adultos jóvenes. Una encuesta de KFF encontró que 3 de cada 10 personas de 18 a 29 años  para pedir consejos sobre salud mental o emocional en el último año. Los adultos sin seguro médico tenían aproximadamente el doble de probabilidad que quienes sí tenían seguro de reportar uso de herramientas de IA. Y casi un 60% de los adultos que usaron un chatbot para salud mental no consultaron después a un profesional humano.

La aplicación te llevará al diván

Una creciente industria de aplicaciones ofrece terapeutas de IA con avatares parecidos a humanos, a menudo poco realistas y muy atractivos, que sirven como espacio de desahogo para personas con ansiedad, depresión y otras condiciones.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News identificó unas 45 aplicaciones de terapia con IA en la App Store de Apple en marzo. Aunque muchas cobran precios altos por sus servicios —una ofrecía un plan anual de $690—, por lo general siguen siendo más baratas que la terapia conversacional, que puede costar cientos de dólares por hora sin cobertura.

En la App Store, “therapy” suele usarse como término de mercadeo, con letras pequeñas que aclaran que las aplicaciones no pueden diagnosticar ni tratar enfermedades. Una aplicación llamada OhSofia! AI Therapy Chat tenía cientos de miles de descargas, dijo en diciembre Anton Ilin, fundador de OhSofia!

“La gente busca terapia”, afirmó Ilin. Por un lado, el nombre del producto ; por otro, su  advierte que “no ofrece consejo médico, diagnóstico, tratamiento ni intervención en crisis y no sustituye servicios profesionales de salud”. Los ejecutivos no creen que eso cause confusión, ya que la aplicación incluye advertencias.

Las aplicaciones prometen grandes resultados sin ningún tipo de respaldo.  “ayuda inmediata durante ataques de pánico”.  que fue “probada como efectiva por investigadores” y que ofrece alivio 2,3 veces más rápido para ansiedad y estrés. (No dice comparado con qué).

Existen pocas barreras legislativas o regulatorias sobre cómo los desarrolladores describen sus productos, o incluso sobre si son seguros o eficaces, dijo Vaile Wright, directora de la oficina de innovación en atención médica de la Asociación americana de Psicología (APA). Ni siquiera se aplican las protecciones federales de privacidad del paciente, señaló.

“La terapia no es un término legalmente protegido”, dijo Wright. “Así que, básicamente, cualquiera puede decir que ofrece terapia”.

Muchas de las aplicaciones “se presentan como más de lo que son”, dijo John Torous, psiquiatra e informático clínico del Centro Médico Beth Israel Deaconess. “Engañar a las personas haciéndoles creer que recibieron tratamiento cuando en realidad no lo recibieron tiene muchas consecuencias negativas”, entre ellas retrasar la atención real, agregó.

Estados como Nevada, Illinois y California intentan ordenar el caos regulatorio y aprobaron leyes que prohíben a las aplicaciones describir a sus chatbots como terapeutas de IA.

“Es una profesión. Los profesionales estudian. Obtienen una licencia para ejercer”, afirmó Jovan Jackson, legislador de Nevada y coautor de una ley que prohíbe a las aplicaciones presentarse como profesionales de salud mental.

Detrás de la publicidad, investigadores externos y representantes de las propias empresas han declarado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Congreso que existe poca evidencia que respalde la eficacia de estos productos. Los estudios disponibles ofrecen , y algunas  que los chatbots enfocados en acompañamiento son “consistentemente malos” para manejar crisis.

“Cuando se trata de chatbots, no tenemos buena evidencia de que funcionen”, dijo Charlotte Blease, profesora de la Universidad de Uppsala, en Suecia, especializada en diseño de ensayos para productos digitales de salud.

La falta de ensayos clínicos de “buena calidad” se debe a que la FDA no ha dado recomendaciones sobre cómo probar estos productos, señaló. “La FDA no ofrece orientación rigurosa sobre cuáles deberían ser los estándares”.

Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos, respondió que “la seguridad del paciente es la máxima prioridad de la FDA” y que los productos basados en IA están sujetos a regulaciones que exigen demostrar una “garantía razonable de seguridad y eficacia antes de que puedan comercializarse en Estados Unidos”

Aplicaciones persuasivas

Preston Roche, médico residente en psiquiatría y , recibe muchas preguntas sobre si la IA es una buena terapeuta. Tras probar ChatGPT, dijo que al principio quedó “impresionado” porque podía usar técnicas de  para ayudarlo a poner pensamientos negativos “a prueba”.

Pero Roche dijo que después de ver publicaciones sobre personas que desarrollaron psicosis o fueron alentadas a tomar decisiones dañinas, se desilusionó. Concluyó que los bots son complacientes.

“Cuando miro de forma global las responsabilidades de un terapeuta, simplemente fracasó por completo”, dijo.

Esa complacencia —la tendencia de aplicaciones basadas en grandes modelos de lenguaje a empatizar, halagar o reforzar ideas erróneas de la persona usuaria— está incorporada en el diseño de estas aplicaciones, según expertos en salud digital.

“Los modelos fueron desarrollados para responder una pregunta o instrucción que le haces y darte lo que buscas”, dijo Insel, exdirector del NIMH, “y son muy buenos básicamente para confirmar lo que sientes y brindar apoyo psicológico, como un buen amigo”.

Pero eso no es lo que hace un buen terapeuta. “El objetivo de la psicoterapia es, sobre todo, hacer que enfrentes las cosas que has estado evitando”, señaló.

Aunque las encuestas sugieren que muchos usuarios están satisfechos con lo que obtienen de ChatGPT y otras aplicaciones, ha habido  sobre el servicio  o aliento para autolesionarse.

Y    de    o  se han presentado contra OpenAI después de que usuarios de ChatGPT murieran por suicidio o fueran hospitalizados. En la mayoría de esos casos, los demandantes alegan que comenzaron usando las aplicaciones con otro fin —como tareas escolares— antes de confiarles asuntos personales. Estos casos se están consolidando en 

Google y la startup Character.ai —financiada por Google y creadora de “avatares” con personalidades específicas, como atletas, celebridades, compañeros de estudio o terapeutas— están resolviendo otras demandas por muerte injusta,  

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha dicho que hasta  podrían hablar sobre suicidio en ChatGPT.

“Hemos visto un problema en el que personas en situaciones psiquiátricas frágiles que usan un modelo como 4o pueden terminar peor”, dijo Altman en una sesión pública de preguntas y respuestas reportada por , refiriéndose a un modelo específico de ChatGPT presentado en 2024. “No creo que esta sea la última vez que enfrentemos desafíos como este con un modelo”.

Un vocero de OpenAI no respondió a solicitudes de comentarios.

La empresa ha dicho que  en medidas de protección, como referir a usuarios al 988, la línea nacional de prevención del suicidio. Sin embargo, las demandas contra OpenAI sostienen que las medidas actuales no son suficientes, y algunas investigaciones muestran que . OpenAI  sugiriendo lo contrario.

OpenAI  y, en una etapa inicial de un caso, presentó varias defensas que van desde negar que su producto causó autolesiones hasta alegar que el demandado usó mal el producto al inducirlo a hablar sobre suicidio. También ha dicho que trabaja para .

Aplicaciones más pequeñas también dependen de OpenAI u otros modelos de IA para impulsar sus productos, dijeron ejecutivos a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. En entrevistas, fundadores de startups y otros expertos dijeron que les preocupa que si una empresa simplemente incorpora esos modelos en su propio servicio, pueda duplicar fallas de seguridad ya presentes en el producto original.

Riesgos de datos

La revisión de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News de la App Store encontró que las protecciones por edad son mínimas: 15 de las casi cuatro docenas de aplicaciones dicen que pueden ser descargadas por usuarios de 4 años; otras 11 dicen que pueden ser descargadas por personas de 12 años en adelante.

Los estándares de privacidad son opacos. En la App Store, varias aplicaciones se describen como productos que no rastrean datos personales identificables ni los comparten con anunciantes. Pero en sus sitios web, las políticas de privacidad contenían descripciones contrarias, hablando del uso de esos datos y de compartir información con anunciantes como AdMob.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Adam Dema, vocero de Apple,   a las políticas de la App Store, que prohíben usar datos de salud para publicidad y exigen mostrar información general sobre el uso de datos. Dema no respondió una nueva solicitud sobre cómo Apple hace cumplir esas políticas.

Investigadores y defensores de políticas públicas dijeron que compartir datos psiquiátricos con empresas de redes sociales significa que los pacientes podrían ser perfilados. Podrían ser blanco de empresas de tratamiento de dudosa fiabilidad o recibir precios diferentes por productos según su salud.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a varios desarrolladores sobre estas discrepancias; dos de los que respondieron dijeron que sus políticas de privacidad habían sido redactadas por error y prometieron cambiarlas para reflejar su postura contra la publicidad. (Un tercero, el equipo de OhSofia!, dijo simplemente que no hace publicidad, aunque la  de su aplicación señala que los usuarios “pueden optar por no recibir comunicaciones de mercadeo”).

Un ejecutivo dijo a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News que existe presión comercial para mantener acceso a los datos.

“Mi sensación general es que un modelo por suscripción es mucho, mucho mejor que cualquier tipo de publicidad”, dijo Tim Rubin, fundador de Wellness AI, y agregó que cambiaría la descripción en la política de privacidad de su aplicación.

Según Rubin, un inversionista le aconsejó no renunciar a la publicidad. “Básicamente, eso es lo más valioso de tener una aplicación como esta: esos datos”.

“Creo que todavía estamos al comienzo de lo que será una revolución en la forma en que las personas buscan apoyo psicológico e incluso, en algunos casos, terapia”, dijo Insel. “Y mi preocupación es que simplemente no existe ningún marco para nada de esto”.

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Pero legisladores republicanos en algunos estados creen que las nuevas reglas —parte del One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump— no van lo suficientemente lejos.

Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.

Mientras tanto, residentes en muchos otros estados tendrán que demostrar que trabajaron solo un mes, la opción menos complicada bajo esta nueva ley tributaria y de gasto interno de Trump. La ley instruye a los estados a decidir si exigirán uno, dos o tres meses de historial laboral.

Al igual que en Indiana, legisladores republicanos de Idaho aprobaron un requisito de tres meses, y el gobernador firmó la ley el 10 de abril.

Estas medidas, junto con acciones similares en Arizona, Missouri y Kentucky, buscan limitar la flexibilidad para implementar la ley federal a nivel estatal.

“Normalmente, no se vería a legisladores estatales interviniendo en estas decisiones”, dijo Lucy Dagneau, funcionaria senior del área de defensa de la Sociedad Americana del Cáncer.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, estimó que 18,5 millones de adultos estarán sujetos a las nuevas reglas, que se aplicarán en 42 estados y el Distrito de Columbia.

En Indiana, las reglas laborales afectarán aproximadamente al 33% de la población estatal inscrita en Medicaid. En general, las reglas no se aplicarían a niños, personas de 65 años o más, ni a personas con discapacidades o problemas graves de salud.

Por lo general, los administradores estatales —no los legisladores— detallan cómo planean cumplir nuevas normas federales, y con frecuencia esperan orientación de reguladores federales. Pero funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no han dicho a los estados cómo cumplir muchos aspectos de la amplia ley presupuestaria, lo que ha llevado a legisladores estatales a intervenir.

El gobernador republicano Mike Braun firmó la ley de Indiana el 4 de marzo, convirtiendo a su estado en el primero en fijar el requisito laboral de Medicaid en tres meses, el período más largo permitido por la ley federal.

El senador estatal republicano Chris Garten presentó un proyecto de ley en enero, con el argumento de que era necesario para “alinear” la ley estatal con las nuevas reglas federales de Medicaid. También presentó la medida como una forma de combatir el “despilfarro, fraude y abuso” en programas públicos.

Cuando personas no elegibles se inscriben, eso perjudica “al verdadero residente vulnerable de Indiana que realmente necesita la ayuda”, dijo Garten durante una audiencia de comité en enero.

El senador estatal demócrata Fady Qaddoura expresó escepticismo durante la audiencia y cuestionó la necesidad de la legislación. Qaddoura pidió al secretario de la Administración de Servicios Sociales y Familiares de Indiana, Mitch Roob, una estimación del número de personas no elegibles inscritas en Medicaid en el estado.

“Creo que muy pocas”, respondió Roob. “Nunca será ninguna”.

Después de escuchar esa respuesta, Qaddoura dijo que no hay evidencia de un problema generalizado en Indiana. Acusó a los republicanos de usar el despilfarro, fraude y abuso como justificación para negar beneficios de salud y ayuda alimentaria a residentes vulnerables del estado.

Más tarde, Garten calificó la acusación de Qaddoura como una “distorsión fundamental” del proyecto de ley.

Los republicanos han dicho que imponer estos límites protege la continuidad del programa Medicaid.

“Creemos en una red de seguridad para nuestros más vulnerables, no en un comodín para adultos aptos para trabajar que deciden no hacerlo”, dijo Garten. “Al ajustar estas medidas, garantizamos que nuestra red de seguridad siga siendo sostenible”.

Se espera que la inscripción en el Medicaid del estado baje debido a la legislación de Garten, según un análisis de la Agencia de Servicios Legislativos de Indiana, una entidad no partidista.

Medicaid ayuda a mantener sanas a las personas para que puedan seguir trabajando, dijo Adam Mueller, director ejecutivo del Indiana Justice Project, una organización legal no partidista enfocada en salud, vivienda e inseguridad alimentaria.

Mueller teme que las personas tengan dificultades para demostrar su historial de trabajo, especialmente quienes tienen empleos no tradicionales.

“Si el objetivo es que la gente participe, con un mes bastaría”, dijo Mueller.

En última instancia, teme que la ley perjudique a los residentes de Indiana que más necesitan ayuda. “Van a tropezar con los obstáculos burocráticos”.

Un análisis del Center on Budget and Policy Priorities predijo que las reglas laborales impondrán  y que la forma en que los estados decidan aplicarlas “afectará significativamente la cantidad de personas que pierdan cobertura”. Las decisiones estatales determinarán “qué tan intensa es la carga”, concluyó este centro de estudios de tendencia progresista, y elegir un período de revisión más corto “permitirá que más personas se inscriban”.

Legisladores en varios estados consideraron límites. Y el mismo grupo conservador de cabildeo, la Foundation for Government Accountability (FGA), testificó a favor de estas medidas en Arizona, Indiana y Missouri.

En Missouri, el cabildero de FGA James Harris dijo que la medida busca “sacar a la gente de la dependencia y devolverle esa dignidad y orgullo del trabajo”.

El representante estatal de Missouri Darin Chappell propuso exigir un período de revisión de tres meses, similar a la medida en Indiana. Pero la versión más reciente del proyecto que patrocinó exigiría a los solicitantes demostrar que trabajaron solo un mes antes de inscribirse.

Chappell, republicano, dijo que su iniciativa fomentaría una “mentalidad de trabajo”.

Anna Meyer, dueña de una pequeña panadería en Columbia, Missouri, dijo que la insinuación es que ella y otras personas en Medicaid son perezosas. “He trabajado desde los 15 años”, dijo. “Ahora tengo 43”.

Meyer, quien expresó su oposición, dijo que anteriormente tuvo problemas para enviar información a la agencia estatal de Medicaid. Teme que estos nuevos requisitos la pongan a ella y a otras personas en riesgo de perder cobertura, incluso si cumplen la regla laboral.

Tiene fibromialgia, una condición crónica que aumenta la sensibilidad general al dolor. También tiene alergias alimentarias. Medicaid ayuda a pagar medicamentos y visitas al doctor que la mantienen saludable y le permiten seguir trabajando.

“Trabajo muy duro”, dijo Meyer.

En St. Louis, Jessica Norton, obstetra y ginecóloga, atiende a muchas pacientes de Medicaid en una clínica de Affinia Healthcare. Dijo que tienen dificultades para mantener su seguro, aunque Missouri extiende un año completo de cobertura de Medicaid a mujeres elegibles después de dar a luz.

A algunas de sus pacientes se las expulsó de la cobertura sin explicaciones al momento en que iban a la cita médica seis semanas después del parto. Teme que la burocracia de los nuevos requisitos laborales haga más difícil conservar el seguro, aunque se supone que mujeres embarazadas y madres recientes están exentas.

Norton criticó a los legisladores por el mensaje que esta política envía a pacientes vulnerables. Están diciendo: “Ah, en realidad, la atención médica es un privilegio, y hay que ganárselo”.

 de los adultos de 19 a 64 años inscritos en Medicaid ya trabajan, según KFF. La razón por la que muchos de los adultos restantes en Medicaid no trabajan es que están jubilados, cuidan a otra persona o están demasiado enfermos, según la misma organización.

Algunos estados no solo están estableciendo los requisitos más estrictos, sino que también bloquean la flexibilidad opcional incluida en las reglas federales.

Por ejemplo, los estados pueden adoptar exenciones adicionales a las reglas laborales, como permitir que las personas aleguen una “dificultad de corto plazo”, diseñada para mantener la cobertura de Medicaid a personas con condiciones médicas que les impiden trabajar.

Legisladores de Missouri buscan una enmienda constitucional para impedir que su estado ofrezca esas exenciones opcionales. Pero defensores de pacientes advierten que estos límites perjudicarían a residentes vulnerables del estado cuando más necesitan cobertura, en particular pacientes rurales con cáncer.

Con frecuencia, estos pacientes deben viajar a Kansas City o St. Louis, para recibir tratamiento, lo que interrumpe su capacidad para trabajar, testificó Emily Kalmer, cabildera del brazo de defensa pública de la Sociedad Americana del Cáncer, durante la audiencia de enero. Reconociendo esto, la ley federal ofrece ciertas exenciones para este tipo de situaciones.

Pero esta exención por dificultad de corto plazo quedaría fuera de la mesa en Missouri.

El tiempo es “muy importante en la vida de un paciente con cáncer o de un sobreviviente de cáncer”, dijo Kalmer.

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La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre  en todo el sur de California, los planes de la administración Trump de compartir  con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la aprobación de restricciones estatales y federales sobre el derecho de los inmigrantes a acceder a Medicaid.

Luego, en noviembre, el gobierno federal publicó una nueva propuesta sobre la  que, de aprobarse, podría impedir que determinados inmigrantes obtuvieran la residencia legal permanente si ellos o sus familiares han utilizado beneficios públicos, incluido Medicaid.

Muchos de los pacientes de González y sus hijos, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, todavía califican para el programa Medicaid de California, conocido como Medi-Cal, que brinda cobertura de salud a más de 14 millones de residentes con bajos ingresos o discapacidades. Pero, cada vez más, esas personas prefieren no inscribirse ni renovar su cobertura.

“Muchos no quieren solicitar la cobertura”, afirmó González. “Hay quienes dicen que ni siquiera se atreven a salir a regar sus plantas”.

Datos de Medi-Cal sugieren que lo que algunos defensores de inmigrantes llaman una “pandemia de miedo” ha comenzado a reducir la inscripción en el programa de Medicaid más grande del país. Un análisis de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News encontró que, de junio a diciembre, el mes más reciente para el que hay datos disponibles, casi 100.000 inmigrantes sin estatus legal salieron del programa. Representan alrededor de una cuarta parte de todas las bajas de Medi-Cal, aunque este grupo constituye aproximadamente solo el 11% de los inscritos.

Esto marca un cambio de rumbo respecto del aumento constante en la inscripción de inmigrantes sin estatus legal en el estado. Hasta julio, las inscripciones de este sector habían aumentado cada mes desde que, en enero de 2024, el estado abrió Medi-Cal a todos los residentes de bajos ingresos sin que importara su estatus migratorio.

Tessa Outhyse, vocera del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), que supervisa Medi-Cal, afirmó que no hay evidencia de que los inmigrantes se estén dando de baja del programa en mayor proporción que otros grupos. En general, la inscripción en Medi-Cal ha disminuido en alrededor de 1,6 millones desde su punto más alto en mayo de 2023.

Outhyse atribuyó la caída a la reanudación de las verificaciones anuales de elegibilidad, que se suspendieron durante la pandemia de covid-19. California es uno de los 14 estados que, junto con Washington, D.C., financian cobertura de salud para, al menos, algunos inmigrantes que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños bajo las reglas federales.

Pero dos investigadores, Leonardo Cuello, del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, y Susan Babey, del , cuestionaron esa explicación. Señalaron que California y la mayoría de los otros estados ya habían reanudado completamente las verificaciones de elegibilidad .

Sin embargo, Tony Cava, vocero del DHCS, aseguró que esas revisiones continuaron reduciendo la inscripción hasta 2025.

Cuello agregó que los cambios federales aprobados por los republicanos en la ley One Big Beautiful Bill Act, que se espera provoquen más bajas, no entran en vigor hasta dentro de algunos meses.

“Tenemos muchos factores importantes que aún no han ocurrido y que provocarán la pérdida de cobertura”, explicó Cuello. “Pero la pérdida de cobertura que está ocurriendo ahora parece estar en gran medida relacionada con el miedo de los inmigrantes”.

Encuestas dan algunas pistas

Una  encontró que, en todo el país, los adultos inmigrantes, especialmente los que son padres, están evitando cada vez más incluirse en programas gubernamentales que ayudan a pagar alimentos, vivienda o atención médica para no llamar la atención sobre su estatus migratorio o el de algún familiar. Esto incluye a residentes con estatus  y a ciudadanos naturalizados.

Cuello dijo que la tendencia a evitar estos programas por parte de los padres es especialmente preocupante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en EE.UU. tiene al menos un padre inmigrante. Aunque la mayoría de esos niños haya nacido en el país.

También opina que esa decisión de las familias puede explicar una disminución nacional de casi 3% en la inscripción en Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños durante los primeros 10 meses del año pasado, incluida una caída de 5,6% en la inscripción de niños en California, según datos recopilados por .

Los patrones de inscripción durante la primera administración Trump también ofrecen pistas. Por ejemplo, el presidente amplió los criterios de carga pública para incluir el uso de Medicaid y asistencia para alimentos y vivienda. Esto llevó a muchas familias inmigrantes, incluidos niños ciudadanos y personas no afectadas por la regla, a  para los que eran elegibles. Algunos  incluso después de que varios tribunales bloquearon su implementación y el presidente demócrata Joe Biden revocó la regla.

“La medida generó un alto nivel de confusión”, señaló Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del condado de Los Ángeles, que representa a unos 70 centros de salud en la zona. “El personal de los centros de salud comunitarios aún está trabajando para revertir los efectos de la primera regla”.

Ahorros estimados

Actualmente, solo las personas que dependen de programas de asistencia en efectivo o de atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno pueden ser consideradas un riesgo de carga pública cuando solicitan una visa para entrar al país o gestionan la residencia permanente legal.

Pero bajo la propuesta de la administración Trump, Medicaid y otros programas sin entrega directa de dinero, así como el uso de beneficios por parte de familiares, podrían usarse para evaluar si es posible que una persona termine dependiendo del estado. Los oficiales de inmigración también tendrían mayor autoridad para decidir cuáles factores convierten a alguien en carga pública.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que los cambios son necesarios porque las reglas actuales limitan la capacidad de la agencia para evaluar el riesgo de que un inmigrante dependa de recursos gubernamentales. El período de comentarios públicos terminó en diciembre.

El DHS no respondió a una pregunta respecto de cuándo tomará una decisión final sobre la norma. La propuesta indica que “estaría en línea con una política de larga data: según la cual los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios estatales no deben incentivar la inmigración”.

La agencia calculó que esa modificación podría ahorrar a los gobiernos federal y estatales casi $9 mil millones al año gracias a personas que se den de baja o decidan no inscribirse en programas públicos.

En una carta en apoyo a esa iniciativa, el , una organización conservadora que promueve restricciones migratorias, describió la regla actual de carga pública como demasiado limitada y dijo que impide a los funcionarios de inmigración considerar “toda la información relevante”.

“El concepto de negar la entrada a personas que probablemente dependerán de la asistencia gubernamental no es nuevo”, escribió Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios del grupo, en una publicación de diciembre.

La propuesta federal también admite que estas modificaciones podrían  provocar una pérdida de ingresos para economías estatales y locales, incluidos proveedores de salud como hospitales, supermercados, agricultores y arrendadores que participan en programas de vivienda financiados por el gobierno federal.

Un  estimó que la norma que impulsa el gobierno podría llevar a que entre 1,3 y 4 millones de personas abandonen Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños, incluidos hasta 1,8 millones de niños ciudadanos.

“Claramente se está usando para generar miedo y ansiedad”, dijo Benyamin Chao, gerente supervisor de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. El funcionario calificó la iniciativa como parte de un “ataque a inmigrantes con residencia legal, a ciudadanos estadounidenses que son familiares, y a la comunidad en general”.

Es posible que el temor a la carga pública también haga que menos personas participen en iniciativas contra el hambre, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mark Lowry, director del Banco de Alimentos del condado de Orange, dijo que esto — junto con las bajas relacionadas con la ley One Big Beautiful Bill Act — podría saturar los bancos de alimentos, ya que los programas federales de nutrición representan la mayor parte de la ayuda alimentaria.

“No hay forma de que el sistema de alimentos de emergencia tenga la capacidad ni los recursos para cubrir esas necesidades”, dijo.

Necesidades de atención médica

El temor a inscribirse en Medi-Cal no afecta a todos los inmigrantes. Juana Zaragoza dirige un programa en Oxnard que ayuda principalmente a trabajadores agrícolas indígenas de México a anotarse en Medi-Cal. Allí, la inscripción y reinscripción se han mantenido estables en los últimos meses. Ni ella ni las comunidades a las que atiende conocen mucho sobre la propuesta de carga pública, explicó.

A menudo, las preocupaciones se ven superadas por la necesidad inmediata de atención médica.

“Nos encontramos con muchas personas que están evaluando qué los beneficia ahora y qué los beneficiará después”, dijo. “Algunos solo quieren cubrir sus necesidades en el momento”.

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El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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Para reducir costos, muchos cambiaron a planes de salud con deducibles altos. Estos planes ofrecen pagos mensuales más bajos, pero los pacientes pueden enfrentar gastos altos de su propio bolsillo cuando necesitan atención médica.

Estos planes son bastante comunes. En 2023, el 30% de las personas que obtenían seguro a través de su empleador tenían un plan con deducible alto, frente a solo el 4% en 2006.

Madison Burgess, una maestra de escuela primaria de San Diego, tiene seguro de salud a través de su trabajo. Pero cuando evaluó agregar a su esposo a su plan, resultó demasiado costoso, así que empezó a buscar en el mercado una opción más económica para él.

Cuanto más revisaba las opciones de planes, más abrumador le parecía. La jerga de los seguros hacía difícil entender cuánto tendría que pagar su familia si su esposo se enfermaba. (La prima es el pago mensual de tu póliza y el deducible es lo que debes pagar de tu bolsillo antes que la aseguradora comience a pagar. Generalmente los planes con primas bajas tienen deducibles altos, y viceversa).

“No sabía qué era un deducible, así que elegí lo que era barato, y ahora me arrepiento”, dijo.

A cambio de esa prima mensual más baja, la cobertura de su esposo no comenzará a pagar la mayoría de los servicios hasta que hayan gastado $5.800 en facturas médicas. Burgess no sabía que debía cumplir con el deducible antes de que el seguro cubriera parte de los gastos.

¿Cómo prepararse para pagar miles de dólares por adelantado?

Una opción es una cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), que permite ahorrar dinero antes de impuestos y ahora está disponible para personas inscritas en planes de menor nivel en los mercados estatales y federales, incluidos los planes bronce y de cobertura catastrófica. Estos planes suelen tener las primas más bajas en el mercado, pero los costos más altos del propio bolsillo cuando se necesita atención.

Burgess eligió un plan Bronce y no sabía que las HSA eran una opción.

“Nunca había pensado en tener que ahorrar dinero para un deducible”, dijo.

Burgess y otras personas suelen estar más preocupadas por ahorrar para gastos inesperados como reparaciones del auto, de la casa o del veterinario.

Si, como Burgess, elegiste una cobertura de salud más económica para este año y luego te diste cuenta de que debes cubrir un deducible alto, estos consejos pueden ayudar a prepararte.

1. Podrías calificar para una HSA y no saberlo.
   Si estás inscrito en un plan Bronce o en uno catastrófico, calificas para abrir una cuenta de ahorros para la salud. Es como una alcancía médica con beneficios fiscales. Depositas dinero antes de impuestos, lo que reduce tu ingreso gravable. El dinero crece libre de impuestos y, cuando lo usas para , esas transacciones también están libres de impuestos. A esto se le llama una “triple ventaja fiscal”.

Estas cuentas crean un fondo para futuros gastos de salud, como visitas al doctor, medicamentos recetados e incluso productos como medicinas sin receta, tampones y protector solar.

Por lo general, el dinero no puede usarse para pagar primas mensuales, pero la cuenta es tuya y puedes usarla para gastos médicos calificados para tí, tu cónyuge o tus dependientes en cualquier momento en el futuro. El dinero sigue siendo tuyo, incluso si cambias de trabajo o de plan de salud.

Una HSA no es lo mismo que una cuenta de gastos flexibles (FSA por sus siglas en inglés). Las FSA también tienen beneficios fiscales, pero solo se ofrecen a través de empleadores. El dinero vence cada año y pierdes cualquier saldo restante cuando dejas ese trabajo.

2. ¿Te interesa una HSA? Así puedes abrir una.
   Puedes abrir una cuenta de ahorros para la salud a través de un banco u otra institución financiera. La institución te dará una tarjeta de débito para hacer pagos desde la HSA.

Puedes en cualquier momento del año siempre que tengas un plan elegible. Puedes elegir dónde abrir la cuenta, pero revisa si hay cargos y compara opciones.

Si obtienes seguro a través de tu trabajo, tu empleador puede exigir que uses una compañía específica aprobada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Muchas personas creen que no pueden aportar dinero a una HSA. Para algunos hogares, la necesidad de ahorrar para gastos médicos compite con la de pagar la renta y comprar alimentos.

Pero hay un detalle que puede hacerlo más manejable: las contribuciones no tienen que ser grandes. Incluso unos pocos dólares al mes pueden ser un comienzo.

Sin embargo, hay un límite. El IRS establece un tope anual sobre cuánto puedes aportar a una HSA. En 2026, el límite es de $4.400 para una persona, o $8.750 para un plan familiar. Dentro de ese límite, tú decides cuánto aportar.

3. Los servicios preventivos deben estar cubiertos sin costo.
   Todos los planes vendidos en los mercados deben cubrir sin costo para el paciente, siempre que la atención sea dentro de la red. Estos servicios incluyen vacunas de rutina y pruebas de detección de cáncer.

Más allá de la atención preventiva, entender cuánto cuestan distintos servicios puede ayudarte a decidir qué tipo de consulta médica es mejor para tus necesidades y tu presupuesto. Por ejemplo, algunos planes cobran menos por una consulta de telemedicina que por ver a tu doctor en persona.

Revisa el de tu plan para más detalles.

4. Busca atención temprano en el año.
   La mayoría de los deducibles reinician el 1 de enero. Programar citas o cirugías temprano en el año puede ser estratégico si descubres una afección que requiere atención continua. Si puedes pagarlo, cumplir con el deducible antes puede hacer que el resto del año sea mucho más económico, dijo Caitlin Donovan, directora senior en la Patient Advocate Foundation.
5. Considera pagar en efectivo en lugar de usar el deducible.
   Algunos hospitales, clínicas u otros proveedores ofrecen precios más bajos si pagas en efectivo. Tienes derecho a recibir y una explicación de cuánto costaría un servicio de salud si pagas de tu bolsillo. Pide ese cálculo antes de recibir atención. Luego compáralo con lo que te dice tu aseguradora que costaría si usas tu seguro. Si decides pagar en efectivo, deberás hacerlo en el consultorio antes de que se envíen los cargos a tu aseguradora.

Pagar en efectivo puede ahorrarte dinero, pero generalmente ese monto no contará para tu deducible ni para el máximo de gastos de tu bolsillo.

“Si no crees que vas a alcanzar tu deducible —eres joven y tu deducible es de $10.000—, negocia el precio en efectivo”, aconsejó Donovan.

6. ¿Tienes un plan de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)? Actualiza tus ingresos y usa una HSA para evitar sorpresas fiscales.
   Si tienes un plan de ACA y eres elegible para subsidios, ten en cuenta lo siguiente: si y no actualizas tu solicitud en el mercado, podrías deber miles de dólares al momento de declarar impuestos. La : reporta aumentos de salario, nuevos trabajos o ingresos adicionales cuando ocurran. Si tus ingresos aumentan, ahorrar dinero en una HSA puede ayudar, ya que ese dinero no cuenta como ingreso gravable.

Cuando reportas un aumento en tus ingresos, eso puede significar primas más altas (si ya no calificas para el mismo subsidio), pero los expertos dicen que es mejor pagar más ahora que enfrentar una gran factura después.

“Uno de los mayores problemas que veo es que alguien queda desempleado, se inscribe en un plan diciendo que no tiene ingresos, luego consigue trabajo y no lo reporta, y termina con una gran deuda de impuestos al final”, dijo Donovan.

Por eso, Donovan recomienda actualizar tu perfil en el mercado tan pronto como cambien tus ingresos, lo que también podría hacer que califiques para Medicaid o para un plan que cubra una mayor parte de tus gastos médicos.

Taylor Cook contribuyó con este artículo.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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“Realmente puedo sentarme, interactuar, concentrarme en ellos y escuchar”, dijo Boose, quien .

Hace aproximadamente dos años, comenzó a usar una aplicación de IA para tomar notas durante las consultas. La herramienta escucha mientras Boose habla con sus pacientes y luego genera automáticamente un resumen de la visita basado en la conversación.

Este resumen suele estar listo en cuestión de segundos después de que termina la cita.

“Se encarga de todo ese trabajo tedioso de registrar información y tomar notas durante la visita”, dijo. “Me libera mucho tiempo completando eso, y hasta puedo llegar a casa con mi familia más temprano”.

Casi un tercio de las prácticas médicas están utilizando asistentes de IA para tomar notas, y otras están trabajando para incorporar esta herramienta, con el objetivo de reducir el trabajo administrativo.

Si tu doctor sugiere usar un asistente de inteligencia artificial en tu próxima cita, hay tres cosas que debes tener en cuenta:

1. Los profesionales de salud deben pedirte permiso.

Al comienzo de una cita, tu doctor podría preguntarte algo como: “¿Está bien si uso un asistente de inteligencia artificial para ayudarme a tomar notas durante esta consulta?”. Una práctica común es aceptar el consentimiento verbal, no por escrito, antes de activar la herramienta. Sin embargo, los requisitos legales para obtener permiso para grabar una conversación con un paciente varían según el estado.

Boose dijo que el paciente puede pedir que se detenga al asistente de IA en cualquier momento, especialmente para hablar de algo sensible. Y si decides no usarlo, tu doctor probablemente volverá a tomar notas manualmente en una computadora.

2. Los asistentes de IA también cometen errores, así que revisa tu información.

Como otras herramientas de inteligencia artificial, estos asistentes pueden “alucinar”, es decir, agregar errores de forma espontánea en un registro. También pueden omitir información importante o perder el contexto dentro de una conversación.

Se supone que los profesionales de salud deben revisar y editar los resúmenes generados por IA antes de agregarlos al historial del paciente. Como paciente, es buena práctica revisar cuidadosamente el resumen de tu visita y comunicarte con tu proveedor de salud si notas errores.

3. Sí, la empresa de IA podría usar tus datos, pero con limitaciones.

Las empresas y sistemas de salud que ofrecen estas herramientas tienen acceso a datos médicos y están sujetos a normas federales sobre cómo usan y almacenan la información del paciente, bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).

Pueden usar los datos de tu consulta para mejorar su software sin informarte, dijo Darius Tahir, quien cubre tecnología de salud para Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. “Si la información está ‘no identificada’, lo que puede significar eliminar identificadores y asegurarse de que no se pueda rastrear a una persona, entonces hay más libertad para usarla de otras maneras”, explicó. “Hay muchos menos requisitos regulatorios”.

Si quieres saber cómo se están usando tus datos, puedes preguntarle a tu doctor o al sistema de salud. Pero es posible que no recibas una respuesta clara, dijo Tahir.

Personas y políticas

Es probable que el sistema de salud en Estados Unidos continúe integrando tecnología de IA en la atención al paciente.

La administración Trump apoya firmemente su desarrollo y uso, especialmente en el sector salud. A comienzos de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reduce regulaciones existentes sobre inteligencia artificial para ayudar al país a “mantener el liderazgo global en inteligencia artificial”.

En diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó una estrategia sobre IA en la que afirma que apoya “la integración de la inteligencia artificial para modernizar la atención y la infraestructura de salud pública y mejorar la salud a nivel individual y poblacional”.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este artículo.

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Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

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