La mujer vive sola y “realmente batalla mucho contra el aislamiento social”, explicó Guzman. Después de una caída grave y una cirugía posterior, usa silla de ruedas. Ella le comentó que le gustaría ir a servicios religiosos en una iglesia cercana, pero que no tenía cómo llegar y no quería resultar “una molestia”.

“Llamamos al pastor para ver si había alguien que pudiera recogerla los domingos”, contó Guzman. Y sí, había.

Al día siguiente, Guzman visitó a otra mujer con insuficiencia cardíaca que necesita oxígeno constantemente. La paciente vive en “una vivienda no muy adecuada, sin cocina”, y dispone solo de un calentador eléctrico para proporcionar calefacción.

“Estábamos tratando de averiguar si califica para vivienda del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUB, por sus siglas en inglés) o para una residencia asistida”, dijo Guzman. “Pasamos mucho tiempo revisando las opciones y elaboramos un plan”.

La agenda del miércoles incluyó un viaje de 20 millas hasta Hood River para ver a una mujer de 81 años cuya pareja por casi cuatro décadas está luchando contra un cáncer grave. Guzman, que habla con ella en español, la encontró angustiada ante la posibilidad de perderlo.

Guzman había logrado que la mujer empezara a ver a una terapeuta que la ayudara a atravesar la crisis, algo nada fácil de conseguir. Pero en esa visita “solo le pasé pañuelos y traté de ofrecer palabras de consuelo”, contó. “La verdad, a veces lo mejor es simplemente sentarse y escuchar”.

Un trabajador comunitario de salud, según la (APHA, por sus siglas en inglés), es un “miembro de confianza” de una comunidad local o alguien que tiene “un conocimiento inusualmente profundo” de la misma, lo que le permite actuar como intermediario entre los pacientes y el sistema de salud.

Estos trabajadores existen desde la década de 1960, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos. Hoy, su número está creciendo. La Oficina de Estadísticas Laborales , aunque la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud asegura que el número seguramente es muy superior.

Esto refleja en parte la dificultad de contabilizar a esos trabajadores, que reciben diversos nombres —educadores de salud comunitarios, especialistas en divulgación, promotores de salud— y que operan bajo distintas normativas estatales, a veces sin necesidad de licencia ni certificación.

Lo que tienen en común es que “hablan como las personas con las que trabajan”, dijo Sam Cotton, responsable del plan de estudios de varios programas de este tipo en la Universidad de Louisville, en Kentucky.

“Con la escasez de profesionales de salud y el envejecimiento de la población, hay un gran impulso para esto”, aseguró.

En Oregon, por ejemplo, cinco clínicas rurales emplean trabajadores comunitarios de salud, que obtienen certificación estatal después de completar 90 horas de capacitación en línea, a través de un programa llamado Connected Care for Older Adults. Una sexta clínica que emplea a un trabajador comunitario de salud opera en el vecino estado de Washington.

Los pacientes más frágiles están enfrentando muchas dificultades. “Como no pueden conducir, no pueden ir al supermercado a hacer las compras”, dijo la doctora Elizabeth Eckstrom, jefa de geriatría de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, quien ayudó a supervisar el inicio del programa en 2022. “Tampoco están tomando sus medicamentos, ya sea por razones cognitivas o porque no pueden llegar hasta la farmacia”.

Pocos han completado una directiva anticipada, donde se especifica el tipo de atención que desean —o no— recibir si sufren una crisis de salud.

Los trabajadores comunitarios de salud de Connected Care se ocupan de muchos problemas que no son exactamente de salud, desde instalar rampas para silla de ruedas hasta ayudar a los pacientes a solicitar beneficios de alimentación y vivienda. Se les asignan 90 días para trabajar con cada paciente, normalmente mediante visitas a domicilio.

También ayudan a coordinar citas de seguimiento médico. Realizan evaluaciones cognitivas y de salud mental, y vigilan el uso excesivo de medicamentos, registrando sus observaciones en las historias clínicas electrónicas de los pacientes.

“Es como ser los ojos y los oídos de los médicos, para saber lo que ocurre fuera de los 20 minutos que pueden dedicarles a los pacientes”, señaló Guzman, cuyo trabajo abarca desde encargar una alfombra para la bañera hasta denunciar posibles casos de abuso financiero.

En sobre pacientes de Connected Care (edad promedio: 77 años), un subgrupo mostró reducciones importantes en visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones entre quienes recibieron ayuda de trabajadores comunitarios de salud.

Una investigación más exhaustiva, aún no publicada, respalda ese hallazgo, explicó Eckstrom.

“Las visitas a emergencias cuestan miles de dólares y las hospitalizaciones, decenas de miles”, señaló. El costo por paciente del programa de 90 días es de $1.500. Sus trabajadores ganan $25 por hora, un salario bastante habitual, y reciben todos los beneficios laborales.

La doctora Manali Patel, oncóloga de la Universidad de Stanford, encontró para pacientes mayores con cáncer avanzado en un ensayo clínico en el Sistema de Atención Médica para Veteranos de Palo Alto.

“Muchas personas morían en la unidad de cuidados intensivos”, recordó. “Si les hubiéramos preguntado, probablemente habrían preferido estar en casa”. Agregó que los oncólogos “son notoriamente malos para entablar esas conversaciones y documentarlas”.

Pero cuando un trabajador de salud no profesional llamaba periódicamente a los pacientes para ayudarlos a conocer sus opciones, discutir sus preferencias con el equipo médico y presentar directivas anticipadas, los resultados —publicados en JAMA Oncology en 2018— fueron “muy espectaculares”, dijo Patel.

Más del 90% de los veteranos participantes tenían sus metas documentadas en sus expedientes, comparado con menos del 20% en el grupo de control. Los pacientes atendidos por ese trabajador tuvieron significativamente menos visitas a emergencias y hospitalizaciones, y fueron más propensos a inscribirse en cuidados paliativos.

Patel y sus colegas siguieron documentando los beneficios que aportan los trabajadores de salud no profesionales —usaron ese término— cuando asumían otras tareas en distintos entornos.

En clínicas oncológicas de Arizona y California, por ejemplo, dos trabajadores de salud no profesionales, que eran bilingües, hacían a pacientes con cáncer mayores de 75 años para evaluar síntomas como dolor, náuseas, dificultad para respirar y depresión.

Que alertaran a los equipos médicos sobre los problemas de estos pacientes redujo sustancialmente las visitas a las salas de emergencia y las hospitalizaciones. El ahorro promedio fue de $12.000 por paciente.

“Esta intervención de baja tecnología, basada en el contacto humano, produjo enormes beneficios”, dijo que acompañó ese estudio en la revista médica JAMA.

“Los trabajadores comunitarios de salud deberían formar parte de todos los equipos médicos”, sostuvo Eckstrom. “Apoyan al paciente de maneras que el sistema médico simplemente no puede, por más que lo intente”.

Sin embargo, un obstáculo para ampliar su uso es el financiamiento inestable.

En 2024, Medicare comenzó a cubrir algunos servicios de trabajadores de salud comunitarios, pero no todos. (Por ejemplo, no se reembolsan los costos de manejar 30 millas hasta hogares remotos). La cobertura de Medicaid es fragmentada; en algunos estados se paga algunos servicios y en otros no.

“Muchos puestos de trabajadores comunitarios de salud dependen de subvenciones de corto plazo”, dijo Neena Schultz, directora de la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de Salud. “Cómo mantener funcionando esos programas es algo de lo que hablamos todos los días”.

La asociación y otros defensores presionan para obtener más financiamiento estatal y federal. El nuevo distribuirá $10.000 millones al año e incluirá algunos fondos para programas con estos trabajadores, pero los recortes a los presupuestos estatales de Medicaid podrían más que compensar esas ganancias.

Sin embargo, las subvenciones que financian Connected Care for Older Adults continúan. Guzman, empleada de la clínica sin fines de lucro One Community Health, sigue haciendo sus rondas.

Una victoria reciente: un paciente que acababa de enviudar, de unos 60 años, estaba pasando dificultades económicas sin el ingreso de su esposa, perdió su vivienda y estaba durmiendo en su camioneta.

A través de otro paciente, Guzman se enteró de que el dueño de una casa rodante sin usar estaba dispuesto a donarla. El viudo ahora vive cómodamente en un parque de casas móviles.

Cuando estás en la casa de un paciente, “hay una sensación de confianza, de tranquilidad”, contó Guzman. “Se sienten más seguros hablando de las cosas. No tienen prisa. Se construye una relación y sienten que tienen a alguien que aboga por ellos”.

The New Old Age se produce mediante una colaboración con .

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también se han presentado en clínicas comunitarias.

Proveedores de salud dicen que intentaron  donde había una clínica móvil, apuntaron a las caras de médicos que atendían a personas sin hogar y detuvieron a un transeúnte, subiéndolo a un auto sin identificación, frente a un centro comunitario de salud.

En respuesta a estas actividades de control migratorio alrededor de clínicas y hospitales, el gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó el mes pasado la ley , que prohíbe a los centros médicos permitir el acceso de agentes federales a áreas privadas, incluidos los lugares donde los pacientes reciben tratamiento o hablan sobre temas de salud, sin una orden judicial o de registro válidas.

Si bien el proyecto de ley recibió un amplio apoyo de grupos médicos, trabajadores de salud y defensores de los derechos de los inmigrantes, expertos legales afirman que California no puede impedir que las autoridades federales realicen sus funciones en lugares públicos, como vestíbulos y salas de espera de hospitales, estacionamientos de centros de salud y vecindarios aledaños: lugares donde las recientes actividades del ICE han generado indignación y temor.

En enero, la administración Trump revocó las restricciones federales previas sobre la aplicación de las leyes de inmigración en o cerca de áreas sensibles, incluidos los establecimientos de salud.

“El problema que enfrentan los estados es la ”, dijo la abogada , profesora en la Facultad de Leyes de Georgetown. Explicó que el gobierno federal tiene derecho a realizar actividades de control migratorio y que existen límites a lo que el estado puede hacer para impedirlas.

La ley de California designa el estatus migratorio y el lugar de nacimiento de un paciente como información protegida, la cual, al igual que los expedientes médicos, no puede divulgarse a las autoridades sin una orden judicial.

Además, requiere que los centros de salud establezcan procedimientos claros para gestionar los pedidos de las autoridades de inmigración, incluyendo la capacitación del personal para notificar de inmediato a un administrador designado o a un asesor legal si los agentes intentan entrar a un área privada o revisar los expedientes de los pacientes.

Otros estados gobernados por demócratas han promulgado leyes para proteger a los pacientes en hospitales y centros de salud.

En mayo, el gobernador de Colorado, Jared Polis, promulgó la  , que penaliza a los hospitales por compartir sin autorización información sobre personas que se encuentran en el país de manera irregular y prohíbe a los agentes del ICE ingresar a áreas privadas de los centros de salud sin una orden judicial.

En junio, entró en vigencia en Maryland que exige al fiscal general crear directrices para mantener al ICE fuera de los centros de salud. Nuevo México ha implementado para los datos de pacientes, y Rhode Island a los establecimientos de salud preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio.

Los estados gobernados por republicanos se han alineado con los esfuerzos federales para evitar que se gaste en atención médica de inmigrantes sin papeles.

Estos inmigrantes no son elegibles para la cobertura integral de Medicaid, pero los estados sí facturan al gobierno federal por la en ciertos casos. Bajo una ley que , Florida exige que los hospitales que aceptan Medicaid pregunten sobre el estatus migratorio del paciente. En Texas, los hospitales ahora deben informar cuánto gastan en la atención de inmigrantes indocumentados.

“Los texanos no deberían tener que asumir el costo de la atención médica de los inmigrantes ilegales”, declaró el gobernador Greg Abbott al emitir su el año pasado.

Los esfuerzos de California por limitar la aplicación de la ley federal se producen en un momento en que el estado, donde más de una cuarta parte de los residentes , se ha convertido en blanco de la represión migratoria del presidente Donald Trump.

Newsom promulgó la SB 81 como parte de que prohíbe a los agentes de inmigración entrar en las escuelas sin una orden judicial, exige que los agentes se identifiquen y prohíbe el uso de máscaras. La SB 81 se aprobó con una votación partidista sin oposición formal.

“No somos Corea del Norte”, expresó Newsom durante una ceremonia de firma de leyes en septiembre. “Estamos rechazando estas tendencias y acciones autoritarias de esta administración”.

Algunos partidarios del proyecto de ley y expertos legales afirmaron que la ley de California puede impedir que el ICE viole los derechos de privacidad de los pacientes ya existentes.

Entre estos derechos se incluye la Cuarta Enmienda, que en lugares donde las personas tienen una expectativa razonable de privacidad. Las deben ser emitidas por un tribunal y firmadas por un juez. Sin embargo, con frecuencia los agentes del ICE utilizan órdenes administrativas para intentar acceder a áreas privadas para las que no tienen autoridad, dijo Genovese.

“La gente no siempre entiende la diferencia entre una orden administrativa, que es un simple documento, y una orden judicial, que es ejecutable”, dijo Genovese. Añadió que las órdenes judiciales rara vez se emiten en casos de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que ni los requisitos de identificación para los agentes del orden público en California, calificándolos de inconstitucionales. El departamento no respondió a la solicitud de comentarios sobre las nuevas normas estatales para centros de salud, que entraron en vigencia de inmediato.

Tanya Broder, asesora principal del National Immigration Law Center, afirmó que las detenciones de inmigrantes en centros de salud parecen ser relativamente raras. Sin embargo, la decisión federal de revocar las protecciones en torno a áreas sensibles, dijo, “ha generado temor e incertidumbre en todo el país”.

Muchos de los informes periodísticos más destacados sobre agentes de inmigración en centros de salud ocurrieron en California, principalmente en relación con pacientes detenidos que habían sido trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

La California Nurses Association, el sindicato de enfermeras más grande del estado, copatrocinó el proyecto de ley y expresó su preocupación por el trato que recibió Milagro Solis-Portillo, una salvadoreña de 36 años que estuvo bajo vigilancia constante del ICE en el Hospital Glendale Memorial durante el verano.

Los líderes sindicales también de agentes en el California Hospital Medical Center, al sur del centro de Los Ángeles. Según Anne Caputo-Pearl, enfermera de parto y representante sindical principal del hospital, los agentes llevaron a una paciente el 21 de octubre y permanecieron en su habitación durante casi una semana. El diario informó que a Carlitos Ricardo Parias, creador de contenido de TikTok, lo llevaron al hospital ese mismo día tras resultar herido durante un operativo de control migratorio en el sur de Los Ángeles.

La presencia del ICE intimidó tanto a enfermeras como a pacientes, aseguró Caputo-Pearl, y motivó restricciones de visitas en el hospital. “Queremos una explicación más clara”, dijo. “¿Por qué se permite que estos agentes estén en la habitación?”.

Sin embargo, representantes de hospitales y clínicas dijeron que ya cumplen con los requisitos de la ley, los cuales refuerzan en gran medida las publicadas por el fiscal general del estado, Rob Bonta, en diciembre.

Las clínicas comunitarias a lo largo del condado de Los Ángeles, que atienden a más de dos millones de pacientes al año, incluyendo una gran proporción de inmigrantes, han estado implementando las directrices del fiscal general durante meses, según dijo Louise McCarthy, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles.

Agregó que la ley debería ayudar a garantizar estándares unificados en todos los establecimientos de salud a los que las clínicas derivan pacientes y brindarles la tranquilidad de que hay procedimientos para protegerlos.

Aun así, no se puede evitar que se produzcan redadas migratorias en la comunidad, lo que ha provocado que algunos pacientes e incluso trabajadores de salud teman salir a la calle, señaló McCarthy. Se han producido algunos incidentes cerca de clínicas, incluyendo el arresto de un transeúnte frente a una clínica en el este de Los Ángeles, que un guardia de seguridad grabó en video, contó.

“Hemos escuchado a personal de las clínicas preguntar: ‘¿Es seguro para mí salir?'”, dijo.

En St. John’s Community Health, una red de 24 centros de salud comunitarios y cinco clínicas móviles en el sur de Los Ángeles y el Inland Empire, el director ejecutivo Jim Mangia coincidió en que la nueva ley no puede prevenir toda la actividad de control migratorio, pero afirmó que sí les brinda a las clínicas una herramienta para defenderse si se presentan agentes, algo que su personal ya ha tenido que hacer.

Mangia dijo que el personal de St. John’s tuvo dos encuentros con agentes de inmigración durante el verano. En uno de ellos, impidió que agentes armados ingresaran a un estacionamiento con rejas en un centro de rehabilitación de adicciones donde médicos y enfermeras atendían a pacientes en una clínica móvil.

Otro incidente ocurrió en julio, cuando agentes de inmigración a caballo y en vehículos blindados, en una demostración de fuerza por parte del gobierno de Trump.

Mangia dijo que agentes enmascarados con equipo táctico completo rodearon una carpa de atención médica callejera donde el personal de St. John’s atendía a personas sin hogar, les gritaron que se fueran y les apuntaron con un arma. Según Mangia, los proveedores quedaron tan conmocionados por el incidente que tuvieron que recurrir a profesionales de salud mental para ayudarlos a sentirse seguros al regresar de nuevo a la calle.

Un vocero del DHS declaró a CalMatters que, en raras ocasiones, cuando los agentes entran a ciertos lugares sensibles, los oficiales necesitan de un supervisor secundario.

Desde entonces, St. John’s ha intensificado sus esfuerzos para brindar apoyo y capacitación al personal y ha ofrecido a los pacientes con miedo a salir la opción de visitas médicas a domicilio y entrega de alimentos. Los temores de los pacientes y la actividad del ICE han disminuido desde el verano, afirmó Mangia, pero con el DHS planeando , duda que esta situación se mantenga.

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