Maryland Archives - Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News /news/tag/maryland/ Fri, 17 Apr 2026 12:54:16 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.5 /wp-content/uploads/sites/2/2023/04/kffhealthnews-icon.png?w=32 Maryland Archives - Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News /news/tag/maryland/ 32 32 161476233 Listen: With Little Federal Regulation, States Are Left To Shape the Rules on AI in Health Care /news/article/wamu-health-hub-ai-state-regulation-april-15-2026/ Fri, 17 Apr 2026 09:00:00 +0000 /?p=2182983&post_type=article&preview_id=2182983 LISTEN: Quashing innovation or risking a patient’s health? Lauren Sausser told WAMU’s Health Hub on April 15 why the White House and some states are at odds over how to regulate AI in health care.

Speed, efficiency, and lower costs. Those are the traits artificial intelligence supporters celebrate. But the same qualities worry physicians who fear the technology could lead to insurance denials with humans left out of the loop.

With scant federal regulation, states are left to shape the rules on AI in health care. For residents in the Washington, D.C., metropolitan area, a divide is playing out on opposite sides of the Potomac River. Maryland and Virginia have taken very different approaches to regulating AI in health insurance.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News correspondent Lauren Sausser joined WAMU’s Health Hub on April 15 to explain why where you live may determine how much of a role AI plays in your coverage.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2182983
Estados cambian leyes para evitar que hijos de inmigrantes detenidos entren al sistema de cuidado temporal /news/article/estados-cambian-leyes-para-evitar-que-hijos-de-inmigrantes-detenidos-entren-al-sistema-de-cuidado-temporal/ Tue, 14 Apr 2026 13:44:41 +0000 /?post_type=article&p=2183365 Mientras las autoridades migratorias llevan a cabo lo que el presidente Donald Trump ha prometido que será la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, varios estados están aprobando leyes para evitar que los niños de padres detenidos, sin otros familiares o amigos, entren al sistema de cuidado temporal.

El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Si bien el año pasado los legisladores de Nevada ampliaron una ley de tutela existente para incluir la aplicación de las leyes de inmigración, la medida exige a los padres dar el paso adicional de presentar documentación notariada ante la oficina del Secretario de Estado, señaló Cristian González-Pérez, abogado de Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que brinda recursos a las comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2183365
States Change Custody Laws To Keep Children of Detained Immigrants Out of Foster Care /news/article/immigrants-ice-arrests-family-separation-children-foster-care/ Tue, 14 Apr 2026 09:00:00 +0000 /?post_type=article&p=2178906 As immigration authorities carry out what President Donald Trump has promised will be the largest mass deportation operation in U.S. history, several states are passing laws to keep children out of foster care when their detained parents have no family or friends available to take temporary custody of them.

The federal government doesn’t track how many children have entered foster care because of immigration enforcement actions, leaving it unclear how often it happens. In Oregon, as of February two children had been placed in foster care after being separated from their parents in immigration detention cases, according to Jake Sunderland, a spokesperson for the Oregon Department of Human Services.

“Before fall 2025, this simply had never happened before,” Sunderland said.

As of mid-February, nearly by Immigration and Customs Enforcement. The record 73,000 people in detention in January represented an compared with one year before. According to , parents of 11,000 children who are U.S. citizens were detained from the beginning of Trump’s term through August.

The news outlet NOTUS that at least 32 children of detained or deported parents had been placed in foster care in seven states.

Sandy Santana, executive director of Children’s Rights, a legal advocacy organization, said he thinks the actual number is much higher.

“That, to us, seems really, really low,” he said.

Separation from a parent is deeply traumatic for children and can lead to , including post-traumatic stress disorder. Prolonged, intense stress can lead to more-frequent infections in children and developmental issues. That “toxic stress” is also associated with responsible for learning and memory, according to KFF.

, and amended existing laws during Trump’s first term to allow guardians to be granted temporary parental rights for immigration enforcement reasons. Now the enforcement surge that began after Trump returned to office last year has prompted a new wave of state responses.

In New Jersey, lawmakers are considering to amend a state law that allows parents to nominate standby, or temporary, guardians in the cases of death, incapacity, or debilitation. The bill would add separation due to federal immigration enforcement as another allowable reason.

Nevada and California passed laws last year to protect families separated by immigration enforcement actions. California’s law, called the , allows parents to nominate guardians and share custodial rights, instead of having them suspended, while they’re detained. They regain their full parental rights if they are released and are able to reunite with their children.

There are significant legal barriers to reunification once a child is placed in state custody, said Juan Guzman, director of children’s court and guardianship at the Alliance for Children’s Rights, a legal advocacy organization in Los Angeles.

If a parent’s child is placed in foster care and the parent cannot participate in required court proceedings because they are in detention or have been deported, it’s less likely they will be able to reunite with their child, Guzman said.

are U.S. citizens who live with a parent or family member who does not have legal immigration status, according to research from the Brookings Institution, a Washington, D.C.-based think tank. Within that group, 2.6 million children have two parents lacking legal status.

Santana said he expects the number of family separation cases to grow as the Trump administration continues its immigration enforcement campaign, putting more children at risk of being placed in foster care.

the agency to make efforts to facilitate detained parents’ participation in family court, child welfare, or guardianship proceedings, but Santana said it’s uncertain whether ICE is complying with those rules.

ICE officials did not respond to requests for comment for this report.

Before the change in California’s law, the only way a parent could share custodial rights with another guardian was if the parent was terminally ill, Guzman said.

If parents create a preparedness plan and identify an individual to assume guardianship of their children, the state child welfare agency can begin the process of placing the children with that individual without opening a formal foster care case, he added.

While Nevada lawmakers expanded an existing guardianship law last year to include immigration enforcement, the measure requires the parents to take the additional step of filing notarized paperwork with the secretary of state’s office, said Cristian Gonzalez-Perez, an attorney at Make the Road Nevada, a nonprofit that provides resources to immigrant communities.

Gonzalez-Perez said some immigrants are still hesitant to fill out government forms, out of fear that ICE might access their information and target them. He reassures community members that the state forms are secure and can be accessed only by hospitals and courts.

The Trump administration has taken through the Centers for Medicare & Medicaid Services, the IRS, the Supplemental Nutrition Assistance Program, the Department of Housing and Urban Development, and other entities.

Gonzalez-Perez and Guzman said that not enough immigrant parents know their rights. Nominating a temporary guardian and creating a plan for their families is one way they can prevent feelings of helplessness, Gonzalez-Perez said.

“Folks don’t want to talk about it, right?” Guzman said. “The parent having to speak to a child about the possibility of separation, it’s scary. It’s not something anybody wants to do.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2178906
Seis científicos federales expulsados por el gobierno de Trump hablan del trabajo que quedó sin terminar /news/article/seis-cientificos-federales-expulsados-por-el-gobierno-de-trump-hablan-del-trabajo-que-quedo-sin-terminar/ Sun, 08 Mar 2026 12:20:10 +0000 /?post_type=article&p=2166315 Marc Ernstoff, un doctor que ha sido pionero en la investigación y los tratamientos de inmunoterapia para pacientes con cáncer, dijo que su trabajo como científico federal se volvió insostenible bajo el gobierno de Trump.

Philip Stewart, un investigador de Rocky Mountain Laboratories enfocado en enfermedades transmitidas por garrapatas, dijo que se jubiló dos años antes de lo planeado debido a obstáculos que hacían demasiado difícil hacer bien su trabajo.

Alexa Romberg, científica dedicada a la prevención de adicciones enfocada en el tabaco, dijo que “perdió gran parte” de la investigación que supervisaba cuando desaparecieron las subvenciones federales.

“Si uno piensa en la agenda de ‘Make America Healthy Again’ y en la prevención de enfermedades crónicas”, dijo Romberg, “el consumo de tabaco es el principal factor que contribuye a la enfermedad y la muerte temprana que podemos prevenir”.

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) son el mayor financiador público de investigación biomédica en el mundo. es “mejorar la salud, prolongar la vida y reducir las enfermedades”.

Durante décadas, el valor de los NIH ha sido quizá una de las pocas cosas en las que todos en Washington han estado de acuerdo. Los legisladores han aumentado su financiamiento de forma constante.

“Estoy muy complacido de estar asociado con los NIH”, dijo el senador Roy Blunt, republicano de Missouri y uno de los mayores defensores de la institución en el Congreso, , poco antes de retirarse.

Pero durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los NIH han visto un éxodo masivo de científicos como Ernstoff, Stewart y Romberg. Datos federales muestran que los NIH perdieron alrededor de 4.400 personas, más del 20% de su fuerza laboral.

Los científicos dicen que estas salidas afectan la capacidad de Estados Unidos para responder a brotes de enfermedades, desarrollar tratamientos para enfermedades crónicas y enfrentar los problemas de salud pública más urgentes del país.

“Las personas sufrirán las consecuencias”, señaló Sylvia Chou, científica que trabajó en el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) en Rockville, Maryland, durante más de 15 años antes de irse en enero. “Habrá muchos más problemas de salud e incluso muertes, porque necesitamos la ciencia para ayudar a las personas a estar sanas”.

Por qué se están yendo

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News entrevistó a media docena de científicos que dijeron que dejaron sus trabajos años antes de lo planeado debido a la agitación de 2025.

Hace apenas unos años, la fuerza laboral de los NIH crecía de forma constante, pasando de unos 17.700 empleados en el año fiscal 2019 a alrededor de 21.100 en el año fiscal 2024, según datos federales. Con Trump, ese crecimiento se redujo.

El gobierno de Trump implementó una campaña para sacar a trabajadores del gobierno considerados desleales al presidente. Algunas personas fueron despedidas o presionadas para irse. Los funcionarios también establecieron un congelamiento de contrataciones que duró varios meses.

La fuerza laboral de los NIH cayó a unas 17.100 personas, su nivel más bajo en al menos dos décadas. La mayoría de quienes se fueron no fueron despedidos. Aproximadamente 4 de cada 5 se jubilaron, renunciaron, terminaron sus nombramientos o encontraron otro trabajo, según datos federales.

Los científicos observaron con preocupación cómo a sus colegas se les obligaba a cancelar fondos de investigación para temas que el gobierno de Trump consideraba prohibidos. En los laboratorios de los NIH, el trabajo rutinario se detuvo.

También dijeron que enfrentaron grandes retrasos para acceder a equipos y suministros. Las autorizaciones de viaje se retrasaban o se negaban.

Al personal de la agencia se le ordenó no comunicarse con nadie fuera de la institución. Cuando volvieron a poder hacerlo, se les impusieron más restricciones sobre lo que podían presentar al público.

Y bajo la agenda del gobierno para eliminar la “diversidad, equidad e inclusión”, se sacaron referencias a minorías o a la equidad en salud en investigaciones financiadas por los NIH. También se eliminaron iniciativas destinadas a proteger la salud de los estadounidenses.

Entre ellas: apoyo a científicos que comienzan su carrera, estrategias para prevenir daños por VIH o por adicciones, y estudios sobre cómo los sistemas inmunológicos de distintas poblaciones responden a enfermedades.

En publicado en enero, Chou y Romberg estuvieron entre un grupo de científicos de los NIH que dijeron que renunciaron en protesta contra un gobierno “que trata la ciencia no como un proceso para construir conocimiento, sino como un medio para impulsar su agenda política”.

Una “destrucción fundamental”

Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), dijo en un comunicado que la agencia cambió su enfoque para priorizar la investigación basada en evidencia en lugar de “agendas ideológicas”.

Agregó que los NIH siguen contratando a “los mejores y más brillantes” y avanzando en ciencia de alta calidad para “lograr avances para el pueblo estadounidense”. El departamento supervisa los NIH.

“Era necesario un reinicio importante. El HHS ha tomado medidas para simplificar las operaciones, reducir duplicaciones y volver a los niveles de empleo previos a la pandemia”, dijo Hilliard.

Sin embargo, muchos científicos dudan de que los NIH aún puedan cumplir su misión pública.

“Ha habido una destrucción fundamental”, observó Daniel Dulebohn, investigador que pasó casi dos décadas en Rocky Mountain Laboratories en Hamilton, Montana. “Va a tomar muchísimo tiempo reconstruirlo”.

Dulebohn dejó el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) en septiembre.

Analizaba cómo interactúan moléculas y proteínas en enfermedades como la enfermedad de Lyme, el VIH y el Alzheimer, información clave para desarrollar nuevos tratamientos. Dulebohn era una fuente para científicos que enfrentaban dificultades para entender, por ejemplo, si ciertas moléculas podían prevenir infecciones o responder a un tratamiento.

Ahora él y su esposa viven de sus ahorros en México con sus tres niños pequeños. Dulebohn está pensando en qué hará después. Una opción: bienes raíces.

El experto en análisis bioquímico operaba equipos que pocas personas saben usar. Su salida reduce aún más los recursos en esta especialidad.

“Está claro cuando alguien crea un medicamento y se cura una enfermedad. Pero nunca sabes cuáles podrían haberse curado”, dijo Dulebohn. “No sabemos lo que hemos perdido”.

Laura Stark, profesora asociada en la Universidad Vanderbilt, especializada en la historia de la medicina y la ciencia, dijo que eliminar personal de los NIH impulsará un cambio hacia la investigación del sector privado, con fines de lucro, “en lugar de realmente ayudar a la salud de los estadounidenses”.

“Simplemente ya no tenemos personas que puedan dedicarse a investigar por el bien público”, señaló Stark.

De apoyo a escrutinio

Stark dijo que las bases de los NIH actuales se establecieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos lideró un esfuerzo para producir en masa el antibiótico penicilina y salvar a soldados de infecciones.

La agencia ha tenido un papel central en descubrimientos y tratamientos que salvan vidas, incluidos avances para afecciones del corazón, cáncer, diabetes y enfermedades genéticas como la fibrosis quística.

Con apoyo bipartidista en el Congreso, el presupuesto de los NIH ha crecido con el tiempo y alcanza los $48,7 mil millones para el año fiscal 2026.

Los NIH destinan aproximadamente el 11% de su presupuesto a científicos de la agencia. Alrededor del 80% se otorga a universidades y otras instituciones.

El dinero puede existir, pero las personas encargadas de asignarlo ya no están, dijeron los científicos.

Jennifer Troyer dejó el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI, por sus siglas en inglés) en Bethesda, Maryland, el 31 de diciembre, después de trabajar en varios cargos en los NIH durante unos 25 años.

La división que dirigía revisa investigaciones y supervisa subvenciones a organizaciones que estudian el genoma humano —el conjunto completo de genes de una persona— y cómo puede usarse para mejorar la salud.

Dijo que el año pasado su división perdió cerca de dos tercios de su personal.

“Realmente no hay suficientes personas allí ahora para hacer el trabajo”, dijo Troyer. “Es un daño extremo”.

Decidió renunciar el día en que Trump emitió una en agosto que prohibía el uso de subvenciones para “financiar, promover, fomentar, subsidiar o facilitar” lo que describió como “valores antiestadounidenses”. También permitió que funcionarios políticos revisaran todas las decisiones de financiamiento.

“Yo no estaba dispuesta a dirigir una división bajo esas órdenes”, añadió Troyer. Aún no sabe cuál será su próximo paso profesional.

“Ya es suficiente”

Incluso investigaciones alineadas con las prioridades declaradas del gobierno se han visto afectadas.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha dicho que el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Lyme —una infección transmitida por garrapatas que puede causar síntomas debilitantes de por vida— son .

En diciembre, Kennedy dijo que el gobierno durante mucho tiempo ha ignorado a pacientes afectados por esta enfermedad, que se diagnostica cada año a en el país.

Ese mismo mes, Stewart, quien dedicó su carrera a estudiar garrapatas y la enfermedad de Lyme como científico federal, se jubiló antes de tiempo. Había trabajado para el gobierno durante 27 años.

Stewart dijo que los recortes de personal y los retrasos en los viajes frenaron sus esfuerzos por confirmar hasta dónde se habían extendido las garrapatas que transmiten Lyme, información que podría ayudar a los doctores a reconocer síntomas más rápido.

Stewart fue el científico principal en una investigación publicada el año pasado que —también conocida como garrapata del venado— en Montana. Fue la primera vez que se confirmó en ese estado la garrapata más conocida por transmitir la enfermedad.

Él quería determinar si el hallazgo era un caso aislado o una señal de que la especie estaba expandiéndose.

“El consejo que hemos recibido es: ‘Bajen la cabeza debajo de la línea de la trinchera. No miren. No se asomen y se arriesguen a que les disparen’”, dijo Stewart. “¿En qué momento dices finalmente: ‘Ya es suficiente’ y ‘Ya no estamos siendo efectivos’?”

Los científicos dijeron que quienes comienzan sus carreras están buscando empleo y capacitación en el extranjero.

Los que quieren quedarse en Estados Unidos enfrentan dificultades para ser contratados debido a los recortes en subvenciones de investigación y la incertidumbre sobre el financiamiento.

En conjunto, los expertos que estudian enfermedades advierten que Estados Unidos podría perder su posición histórica como líder mundial en investigación biomédica, con un impacto devastador.

Stanley Perlman, virólogo de la Universidad de Iowa que estudia enfermedades infecciosas pediátricas, dijo que ese liderazgo le dio al país más que prestigio: atrajo a científicos de todo el mundo para estudiar enfermedades que afectan especialmente a las personas aquí.

No hay garantía de que la investigación que se ha frenado se retome en otro lugar, ya sea en la industria privada o en otros países. Y si otros realizan ese trabajo, los estadounidenses podrían enfrentar retrasos para ver los beneficios, dijo.

“Si no tienes acceso a cómo se hizo el trabajo”, agregó Perlman, “es más difícil reproducirlo y adaptarlo para tu país”.

La editora de datos de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, Holly K. Hacker, contribuyó con este artículo.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2166315
The NIH Workforce Is Its Smallest in Decades. Here’s the Work Left Behind. /news/article/the-week-in-brief-nih-workforce-cuts-trump-administration-hhs/ Fri, 06 Mar 2026 19:30:00 +0000 /?p=2165291&post_type=article&preview_id=2165291 The National Institutes of Health has lost thousands of workers since President Donald Trump began his second term. 

Among them: scientists who pioneered cancer treatments, researched tick-borne diseases, or worked to prevent tobacco use. 

We spoke to a half dozen scientists who said they left the agency because of the tumult of 2025 and talked about the work they left behind. They say the exodus from the world’s largest public funder of biomedical research will harm the nation’s ability to respond to illness. 

“People are going to get hurt,” said Sylvia Chou, a scientist who worked at the National Cancer Institute in Rockville, Maryland, for over 15 years before she left in January. “There’s going to be a lot more health challenges and even deaths, because we need science in order to help people get healthy.” 

The NIH consists of 27 institutes and centers, each with a different focus. Major research areas include cancer; infectious diseases; aging-related diseases such as Alzheimer’s; heart, lung, and blood diseases; and general medicine. 

Over decades, the value of the NIH may be the one thing everyone in Washington has agreed on. Lawmakers have routinely boosted its funding — even for this fiscal year, in defiance of the White House, which had proposed cutting the agency’s funding by 40%. 

Our reporting showed that, nonetheless, the Trump administration’s actions to curb certain research and push out scientists perceived as disloyal are having far-reaching repercussions. The NIH workforce stands at about 17,100 people — its lowest level in at least two decades. 

Scientists across specializations outlined challenges that made them decide to leave. They included delays in accessing research equipment and supplies, the termination of funds for topics the Trump administration deemed off-limits, and delayed or denied travel authorizations. 

Even research aligned with the Trump administration’s stated priorities has suffered, they said. They questioned whether the NIH could continue to fulfill its mission to “enhance health, lengthen life, and reduce illness.” 

“It’s clear when someone comes out with a drug and now you’ve just cured a disease. But you never know which ones could have been cured,” said Daniel Dulebohn, a researcher who spent nearly two decades at Rocky Mountain Laboratories in Hamilton, Montana. “We don’t know what we’ve lost.” 

Dulebohn left the NIH’s infectious disease and allergy institute in September and is considering leaving the scientific field altogether.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2165291
Six Federal Scientists Run Out by Trump Talk About the Work Left Undone /news/article/nih-national-institutes-of-health-scientist-exodus-disease-treatments/ Fri, 06 Mar 2026 10:00:00 +0000 /?post_type=article&p=2162343 Marc Ernstoff, a physician who has pioneered immunotherapy research and treatments for cancer patients, said his work as a federal scientist proved untenable under the Trump administration.

Philip Stewart, a Rocky Mountain Laboratories researcher focused on tick-borne diseases, said he retired two years earlier than planned because of hurdles that made it too challenging to do his job well.

Alexa Romberg, an addiction prevention scientist focused on tobacco, said she “lost a great deal” of the research she oversaw when federal grants vanished.

“If one is thinking about the ‘Make America Healthy Again’ agenda and the prevention of chronic disease,” Romberg said, “tobacco use is the No. 1 contributor to early morbidity and mortality that we can prevent.”

The National Institutes of Health is the largest public funder of biomedical research in the world, with a to “enhance health, lengthen life, and reduce illness.”

Over decades, the value of the NIH may be the one thing everyone in Washington has agreed on. Lawmakers have routinely boosted its funding.

“I’m so pleased to be associated with NIH,” former Sen. Roy Blunt, a Missouri Republican and one of the NIH’s biggest champions in Congress, shortly before he retired.

But in President Donald Trump’s second term, the NIH has seen an exodus of scientists like Ernstoff, Stewart, and Romberg. Federal data shows the NIH lost about 4,400 people — more than 20% of its workforce. Scientists say the departures harm the U.S.’ ability to respond to disease outbreaks, develop treatments for chronic illnesses, and confront the nation’s most pressing public health problems.

“People are going to get hurt,” said Sylvia Chou, a scientist who worked at the National Cancer Institute in Rockville, Maryland, for over 15 years before she left in January. “There’s going to be a lot more health challenges and even deaths, because we need science in order to help people get healthy.”

Why They’re Leaving

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News interviewed a half dozen scientists who said they quit their jobs years before they’d planned to because of the tumult of 2025.

Only a few years ago, the NIH workforce was steadily growing, from roughly 17,700 employees in fiscal year 2019 to around 21,100 in fiscal 2024, federal data shows. Under Trump, those gains have been slashed.

The Trump administration enacted a campaign to purge government workers perceived as disloyal to the president. People were fired or encouraged to leave. Officials instituted a months-long freeze on hiring.

The NIH workforce has plummeted to about 17,100 people — its lowest level in at least two decades. Most who left weren’t fired. Roughly 4 in 5 either retired, quit, had appointments that expired, or transferred to a different job, according to federal data.

Scientists watched with dread as their colleagues were forced to terminate research funds for topics the Trump administration deemed off-limits. Across NIH labs, routine work stalled. They said they faced major delays in accessing equipment and supplies. Travel authorizations were slowed or denied.

Agency staff were instructed not to communicate with anyone outside the agency. When they could talk again, they were subject to greater constraints on what they could present to the public.

And under the administration’s agenda to eliminate “diversity, equity, and inclusion,” references to minorities or health equity were purged from NIH-funded research. Initiatives to protect Americans’ health were gutted. Among them: support for early-career scientists, ways to prevent harm from HIV or substance use, and efforts to study how different populations’ immune systems respond to disease.

, Chou and Romberg were among a group of NIH scientists who said they resigned in protest of an administration “that treats science not as a process for building knowledge, but as a means to advance its political agenda.”

A ‘Fundamental Destruction’

Health and Human Services spokesperson Emily Hilliard said in a statement that the agency had shifted to focus on evidence-based research over “ideological agendas.” She said the NIH is still recruiting “the best and brightest” and advancing high-quality science to “deliver breakthroughs for the American people.” The federal health department oversees NIH.

“A major reset was overdue. HHS has taken action to streamline operations, reduce redundancies, and return to pre-pandemic employment levels,” Hilliard said.

Many scientists, however, question whether the NIH can still fulfill its public mission.

“There’s been a fundamental destruction,” said Daniel Dulebohn, a researcher who spent nearly two decades at Rocky Mountain Laboratories in Hamilton, Montana. It’s going to “take a very, very long time to rebuild.”

Dulebohn left the NIH’s infectious disease and allergy institute in September.

He analyzed how molecules and proteins interact in diseases, such as Lyme disease, HIV, and Alzheimer’s — information that’s key for new treatments. Dulebohn was a resource for scientists when they hit walls trying to understand, for example, if molecules could prevent infection or react to a treatment.

Now he and his wife are living off savings in Mexico with their three young kids. Dulebohn’s thinking about what’s next. One option: real estate.

The expert in biochemical analysis operated equipment few others know how to use. His exit further depletes resources in the specialty.

“It’s clear when someone comes out with a drug and now you’ve just cured a disease. But you never know which ones could have been cured,” Dulebohn said. “We don’t know what we’ve lost.”

Laura Stark, a Vanderbilt University associate professor who specializes in the history of medicine and science, said wiping out NIH staff will propel a shift toward private-industry research, with its profit motives, “as opposed to actually helping American health.”

“We just don’t have people who are now able to pursue research for the public good,” Stark said.

From Support to Scrutiny

Stark said the seeds of the present-day NIH were planted during World War II when the U.S. government spearheaded an effort to mass-produce the antibiotic penicillin to save soldiers from infections.

The agency has played a central role in lifesaving discoveries and treatments — including for heart disease, cancer, diabetes, and genetic diseases such as cystic fibrosis.

With bipartisan backing from Congress, the NIH budget has grown significantly over time, sitting at $48.7 billion for fiscal 2026. The NIH allocates roughly 11% of its budget for agency scientists. About 80% is awarded to universities and other institutions.

The money may be there, but the people who get it out the door are not, scientists said.

Jennifer Troyer left the National Human Genome Research Institute in Bethesda, Maryland, on Dec. 31, after working in various positions at the NIH for about 25 years. The division she led reviews research and oversees grants to organizations studying the human genome — or a person’s complete set of genes — and how it can be used to benefit health.

Last year, she said, her division lost about two-thirds of its staff. “There really are not enough people there right now to actually get the work done,” Troyer said. “It’s extreme harm.”

She decided to quit the day Trump issued an in August that prohibited the use of grants to “fund, promote, encourage, subsidize, or facilitate” what it described as “anti-American values.” It also allowed political appointees to review all funding decisions.

“I wasn’t going to operate a division under those orders,” Troyer said. She hasn’t figured out her next career steps.

‘Enough Is Enough’

Research aligned with the administration’s stated priorities has suffered.

HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr. has called the diagnosis and treatment of Lyme disease — a tick-borne infection that can cause debilitating lifelong symptoms — . In December, Kennedy said the government had long dismissed patients burdened with a disease that in the U.S. are diagnosed with annually.

That same month, Stewart, who had dedicated his career to ticks and Lyme disease as a federal scientist, retired early. He’d worked for the government for 27 years. Stewart said workforce cuts and travel delays stalled his efforts to confirm how far Lyme-carrying ticks had spread — information that could help doctors recognize symptoms sooner.

Stewart was a lead scientist on research published last year , or deer tick, in Montana. It was the first time the tick best known for transmitting Lyme disease had been confirmed in the state. He wanted to determine if the discovery was a fluke or an indicator that the species was gaining ground.

“The advice we’ve been getting is, ‘Put your head down below the trench line. Don’t look. Don’t peek over and risk getting shot,’” Stewart said. “At what point do you finally say, ‘Enough is enough’ and ‘We’re not being effective anymore’?”

Scientists said those early in their careers are looking abroad for jobs and training. People who want to stay in the U.S. are running into problems getting hired because of cuts to research grants and uncertainty about funding.

Collectively, people studying diseases warn the U.S. could lose its long-held position as the global leader in biomedical research, with devastating impact.

Stanley Perlman, a University of Iowa virologist who studies pediatric infectious diseases, said that title earned the nation more than prestige; it drew top scientists from the world over to the U.S. to study diseases that particularly affect people here.

There’s no guarantee halted research will be picked up elsewhere, whether by private industry or other countries. If others are doing that work, Americans could face delays in seeing benefits, he said.

“If you don’t have access to how the work was done,” Perlman said, “it’s harder to reproduce and adapt it for your country.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News data editor Holly K. Hacker contributed to this report.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2162343
The People — And Research — Lost in the NIH Exodus /news/article/nih-national-institutes-of-health-resignation-scientist-profiles-brain-drain/ Fri, 06 Mar 2026 10:00:00 +0000 /?post_type=article&p=2162351 ‘No Longer Based on Facts or Truth’

Sylvia Chou, 51, Maryland

Program director, National Cancer Institute

Sylvia Chou specializes in communication between patients and their health care providers, and social media’s role in public health. She joined the federal government in 2007 as a fellow and became a civil servant in 2010.

She left her National Cancer Institute job in January, she said, because the “work is no longer based on facts or truth.”

After President Donald Trump returned to office, Chou said, health communication scientists like her were falsely accused of “essentially doing propaganda work.” The administration’s “anti-DEI hysteria,” she said, referring to diversity, equity, and inclusion, meant research funded by the National Institutes of Health was flagged and scrubbed of references to “equity, vulnerable, underserved, poor, even communities of color, minorities.”

She said the agency’s climate in 2025 brought to mind her childhood in Taiwan, when the island was still ruled by an authoritarian regime.

“I could see the difference between a time when, you know, we have a choral competition and we have to sing the same songs to revere the leader of the country, to suddenly they say you can sing any song you want,” Chou said. “I came to this country in part because there was so much opportunity to think freely.”

“To see us going backwards,” she added, “it just made me feel like I have limited time on this earth and I cannot participate anymore inside the system.”

‘One Hurdle After Another’

Philip Stewart, 60, Montana

Staff scientist, National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Philip Stewart’s work was about understanding the pathogens ticks carry that make people and animals sick.

That often started with walks through tall grass searching for the arachnids. He analyzed them back at Rocky Mountain Laboratories.

When Trump entered office in 2025, Stewart experienced repeated disruptions to his work.

“It’s been one hurdle after another. Just when you’ve gotten over one and you think it’s finally behind you, another hurdle pops up,” Stewart said. “I don’t see that changing.”

NIH workers responsible for buying laboratory supplies were fired. As a result, Stewart said, he faced delays in getting the basics, including materials used to identify tick species.

Travel bans in early 2025 threatened his fieldwork. When those bans lifted, Stewart said, for the first time in his career he needed a presidential appointee’s approval to travel. Amid last year’s government shutdown, Stewart missed his only opportunity in the year to collect ticks from deer at hunting stations — his best chance to see if deer ticks had become established in Montana.

The review process for scientists to share their research became more burdensome.

He said scientists have debated whether they should try to stay and work within the system, adding that, if everyone leaves, “no cures get found.”

“If I saw a way to stay on and be useful and perhaps to protest, then I think I would’ve stayed,” Stewart said. “But I don’t see any of those alternatives.”

‘Losing a Lot of Expertise’

Alexa Romberg, 48, Maryland

Deputy branch chief, National Institute on Drug Abuse

Alexa Romberg is a scientist who specializes in preventing the use of and addiction to tobacco, electronic cigarettes, and cannabis. The harms that stem from substance use or addiction don’t affect all Americans equally, she said.

Romberg left her “dream job” at the National Institute on Drug Abuse in December, she said, because Trump policies had compromised the research she helped oversee. Among other things, Romberg said, grants were terminated under an initiative she led to reduce health disparities among racial and ethnic minorities related to substance use. Pending applications were also pulled, she said, adding, “I couldn’t be effective from the inside in actively really preserving the science.”

Romberg said her work was undone even though it was consistent with “what the NIH leadership is saying that they want.” In August, NIH Director Jay Bhattacharya on priorities that included “solution-oriented approaches in health disparities research.”

Before the upheaval throughout 2025, she thought she would work at NIDA for the rest of her career.

“We’re losing a lot of expertise,” Romberg said. “Both scientific,” she added, and “institutional knowledge.”

Research ‘for the Benefit of Our Society’

Marc Ernstoff, 73, Maryland and Vermont

Branch chief, National Cancer Institute

Marc Ernstoff spent most of his career in academia before joining the National Cancer Institute in 2020. He led a team of scientists who oversaw grants for research into how the immune system responds to cancer, with the goal of developing drugs that extend patients’ lives.

“I felt that it was important for me to help define a national agenda in immuno-oncology and to give back to a country that I love by working as a civil servant,” Ernstoff said.

Under Trump, the NIH became a “hostile work environment.” Projects with “no weaknesses” were denied funding. Ernstoff left because of those challenges and because he was denied permission to work remotely. He now has a part-time position at Dartmouth Health in New Hampshire.

Leveraging a person’s immune system to fight off cancer is “just the beginning of the story,” Ernstoff said. Understanding how the immune system works — and the environmental and other factors that affect it — all “goes into developing better therapeutics for patients.”

“In my opinion, the government has a responsibility to support this kind of research for the benefit of our society,” he said.

Eyeing Less Stress, Better Pay

Daniel Dulebohn, 45, Montana

Staff scientist, National Institute of Allergy and Infectious Diseases

At Rocky Mountain Laboratories, Daniel Dulebohn studied how molecules come together in infections and diseases. He helped agency researchers across the nation get insight needed for new discoveries and treatments.

Dulebohn said he worked for the government because he knew his research wouldn’t be steered by the pressure to make money. He had planned to stay indefinitely.

“You’re trying to cure a disease or understand something fundamental about biology,” Dulebohn said.

But then his work began to feel insecure, especially as as inept, corrupt, and partisan.

“Reading the news and hearing people discuss the validity of vaccines,” he said, made him think, “Do we need iron lungs again, or people in wheelchairs, to say, ‘Huh, maybe vaccines are a good idea’? I mean, I don’t know; for me, it was just too much.”

He added federal researchers typically have other options for jobs with bigger paychecks.

Dulebohn left his job in September. He’s taking a year off to think about next options with his wife and their three young kids. Dulebohn said he’s considering going into real estate full-time, which until recently was a weekend hobby.

“It’s a lot less stress,” he said. “Pay is better.”

‘Susceptible to Political Decision-Making’

Jennifer Troyer, 57, Maryland

Division director, National Human Genome Research Institute

Jennifer Troyer’s work for the NIH most recently involved reviewing research and overseeing funding awarded to institutions for genomics research. Genomics studies all of a person’s genes to better understand health and disease risk.

She called it quits at the end of December, more than two decades after she arrived. She left for one reason, she said: “The way that the NIH is making the agreement to fund science is now susceptible to political decision-making in a way that it was not before.”

“NIH is looking at not the value of the science but whether the science falls within particular political or socially-acceptable-to-this-administration constructs,” she said. “Not whether it’s valuable for human health but whether it might offend somebody.”

For example, she saw HHS move to to Harvard after alleging that it had shown “deliberate indifference” to antisemitism on campus. Early-career investigators from minority backgrounds lost their research dollars because the money was awarded under programs to make the science workforce more diverse.

The loss of staff means the NIH has “lost so much of that institutional knowledge and leadership, which is not something that is easy or can be learned overnight,” she said.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2162351
Medicaid Is Paying for More Dental Care. GOP Cuts Threaten To Reverse the Trend. /news/article/medicaid-cuts-dental-coverage-republicans-big-beautiful-bill/ Mon, 02 Mar 2026 10:00:00 +0000 /?post_type=article&p=2161478 Star Quinn moved to Kingsport, Tennessee, in 2023, the same year the state began covering dental costs for about 600,000 low-income adults enrolled in Medicaid.

But when Quinn chipped a tooth and it became infected, she could not find a dentist near her home who would accept her government health coverage and was taking new patients.

She went to an emergency room, receiving painkillers and antibiotics, but she remained in agonizing pain weeks later and paid a dentist $200 to extract the tooth.

Years later, it still hurts to chew on that side, she said, but Quinn — a 34-year-old who has four children and, with her husband, earns about $30,000 a year — still can’t find a dentist nearby.

“You should be able to get dental care,” she said, “because at the end of the day dental care is health care.”

The federal government has long required states to offer dental coverage for children enrolled in Medicaid, the joint state-federal health program for people who are low-income or disabled. Paying for adults’ dental care, though, is optional for states.

In recent years, several states have opted to expand the coverage offered by their Medicaid programs, seeking to boost access in recognition of its importance to overall health. So far, increasing adult dental care is a work in progress: In a sampling of six of those states by Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, fewer than 1 in 4 adults on Medicaid see a dentist at least once a year.

But under congressional Republicans’ One Big Beautiful Bill Act, which President Donald Trump signed into law last year, the federal government is expected to reduce Medicaid spending by more than $900 billion over the next decade. The range from about $184 million for Wyoming to about $150 billion for California.

State Medicaid programs typically expand or reduce benefits depending on their finances, and such massive federal cuts could force some to shrink or eliminate what they offer, including dental benefits.

“We will lose all the gains we have made,” said Shillpa Naavaal, a dental policy researcher at Virginia Commonwealth University in Richmond.

Tennessee’s Medicaid program, for instance, spent nearly $64 million on its dental coverage in 2024 and saw a 20% decrease in dental-related ER visits, said Amy Lawrence, the program’s spokesperson.

But under the new law, Tennessee is projected to lose about $7 billion in federal funding over the next decade.

As of last year, 38 states and the District of Columbia offered enhanced dental benefits for adult Medicaid beneficiaries, according to the American Dental Association. Most of the others offer limited or emergency-only care. Alabama is the only state that offers no dental coverage for adult beneficiaries.

Since 2021, 18 states have enhanced their coverage to include checkups, X-rays, fillings, crowns, and dentures, while loosening annual dollar caps for benefits.

Use of dental benefits in states with the enhanced benefits is greater than in states with only limited or emergency coverage, though still low overall, according to with the latest data as of December. No more than a third of adult Medicaid recipients saw a dentist in 2022 in any state.

To review more recent progress, Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News asked one-third of the states that have expanded their benefits in the past five years for their most recent data on the percentage of adults on Medicaid who visit a dentist at least once a year:

  • Maryland — 22% (in 2024)
  • Oklahoma — 16% (in 2025)
  • Maine — 13% (in 2025)
  • New Hampshire — 19% (in 2025)
  • Tennessee — 16% (in 2024)
  • Virginia — 21% (in 2025)

In comparison, about 50% to 60% of adults with private dental coverage see a dentist at least once a year, according to the ADA.

Nationwide, 41% of dentists reported participating in Medicaid in 2024, a share that has remained stable over the past decade despite the dental benefit expansions in many states, the ADA says. Many participating dentists, though, limit the number of Medicaid enrollees they treat, and some will not accept new patients on Medicaid.

Reimbursement rates have not kept up with costs, deterring dentists from accepting Medicaid, said Marko Vujicic, chief economist and vice president at the ADA Health Policy Institute.

Because of a lack of dentists who take Medicaid in southwestern Virginia, the Appalachian Highlands Community Dental Center in Abingdon sees patients who travel more than two hours for care — and must turn many away, said Elaine Smith, its executive director.

The center’s seven residents treated about 5,000 patients last year, most of them on Medicaid. About 3,000 people are on its waitlist, waiting up to a year to be seen.

“It’s sad because they have the means now to see a dentist, but they still don’t have a dental home,” Smith said.

Low-income adults face other barriers to dental care, including a lack of transportation, child care, or time off work, she said.

The inability to see a dentist has consequences broader than tooth pain. Poor dental health can contribute to a host of other significant health problems, such as heart disease . It can also make it harder to do things like apply for jobs and generally lead a healthy life.

Robin Mullins, 49, who has been off and on Medicaid since 2013, said a lack of regular dental visits contributed to her losing her bottom teeth. Unable to find a dentist near her home in rural Clintwood, Virginia, she drives almost 90 minutes to Smith’s clinic — that is, when she can afford to get time away from driving for DoorDash or find help watching her daughter, who has special needs.

She gets by with partial dentures but misses her natural teeth, she said. “It’s absolutely horrible, as you can’t chew your food properly.”

In New Hampshire, though, the challenges have more to do with low demand than a low supply of dentists, said Tom Raffio, chief executive of Northeast Delta Dental, which manages the state’s Medicaid dental program. The company has added new dentists to its list of participating providers, along with two mobile dental units that traverse the state, he said.

Raffio said Northeast Delta Dental also has publicized the state benefits using radio advertising and social media, among other efforts.

Until 2023, New Hampshire Medicaid covered only dental emergencies.

“Culturally, it’s going to take a while,” he said, “as people just are used to not going to the dentist, or going to the ER when have dental pain.”

Brooks Woodward, dental director at Baltimore-based Chase Brexton Health Care, called Maryland’s rate of roughly 1 in 5 adults on Medicaid seeing a dentist in 2024 “pretty good” considering the benefits had been enhanced only since 2023.

Woodward said many adults on Medicaid believe that you go to a dentist only when you’re in pain. “They’ve always just not gone to the dentist, and that’s just the way they had it in their life,” he said.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2161478
Estados rojos y azules buscan limitar el uso de la inteligencia artificial en seguros de salud. Trump quiere lo opuesto /news/article/estados-rojos-y-azules-buscan-limitar-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-seguros-de-salud-trump-quiere-lo-opuesto/ Mon, 23 Feb 2026 07:55:00 +0000 /?post_type=article&p=2161414 ¿Cómo deben usar la inteligencia artificial (IA) las aseguradoras de salud? La respuesta a esta pregunta inusual de política pública, encuentra en un mismo bando al gobernador republicano Ron DeSantis, de Florida, y al gobierno demócrata de Maryland, los dos contra el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom.

La regulación de la inteligencia artificial, en especial su uso por parte de las aseguradoras de salud, se está convirtiendo en un tema que divide políticamente y altera las líneas partidarias tradicionales.

Quienes la impulsan, con Trump a la cabeza, no solo quieren insertar la IA de lleno en el gobierno, como en el experimento de Medicare que la utiliza en las autorizaciones previas (el proceso para autorizar ciertos tratamientos y medicamentos), sino que además buscan frenar a los estados que pretenden poner reglas y límites. Una firmada en diciembre busca invalidar la mayoría de los esfuerzos de los estados para regularla, al plantear que existe “una carrera con adversarios por la supremacía” en una nueva “revolución tecnológica”.

“Para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin regulaciones engorrosas”, dice la orden de Trump. “Pero la regulación estatal excesiva frustra este imperativo”.

En todo el país, los estados se están rebelando. Al menos cuatro —Arizona, Maryland, Nebraska y Texas— aprobaron el año pasado leyes que limitan el uso de la IA en los seguros de salud. Otros dos, Illinois y California, habían aprobado leyes similares el año anterior.

Los legisladores de Rhode Island se proponen intentarlo de nuevo este año, después de que durante 2025 no lograran sancionar un proyecto que exigía a los organismos reguladores que recopilaran datos sobre el uso de las tecnologías. El año pasado, en Carolina del Norte, una iniciativa que exige que las aseguradoras no utilicen la IA como única base para decidir la cobertura generó interés entre legisladores republicanos.

DeSantis, ex candidato presidencial del Partido Republicano, ha presentado una “Carta de Derechos de la IA”, incluyen restricciones a su uso en la tramitación de reclamos de seguros y el requisito de que un organismo regulador estatal inspeccione los algoritmos.

“Tenemos la responsabilidad de garantizar que las nuevas tecnologías se desarrollen de forma moral y ética, de modo que refuercen nuestros valores estadounidenses, no que los erosionen”, dijo DeSantis durante su discurso anual sobre la situación de su estado en enero.

Lista para regular

Las encuestas muestran que los estadounidenses desconfían de la IA. En , un relevamiento  de Fox News encontró que el 63% de los votantes se describen como “muy” o “extremadamente” preocupados por la inteligencia artificial. La preocupación es mayoritaria en todo el espectro político. Casi dos tercios de los demócratas y poco más de 3 de cada 5 republicanos dijeron tener reparos sobre la IA.

Las tácticas de las aseguradoras de salud para reducir costos también preocupan a la población. Una de KFF mostró un descontento generalizado en temas como la autorización previa.

En los últimos años, y han destacado el uso de algoritmos para rechazar rápidamente reclamos de seguros o solicitudes de autorización previa, al parecer con muy poca revisión por parte de un profesional de salud.

En enero, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes convocó a ejecutivos de Cigna, UnitedHealth Group y otras grandes aseguradoras para discutir preocupaciones sobre los altos costos de la atención médica.

Cuando se les preguntó directamente, los ejecutivos negaron o evitaron referirse al uso de la tecnología más avanzada para rechazar solicitudes de autorización o descartar reclamos.

La IA “nunca se utiliza para una denegación”, aseguró a los legisladores David Cordani, director ejecutivo de Cigna. Al igual que otras empresas del sector de seguros de salud, la compañía enfrenta demandas por sus métodos para rechazar reclamos, como destacó ProPublica. Justine Sessions, vocera de Cigna, dijo que el proceso de rechazo de reclamos de la empresa “no está impulsado por la IA”.

De hecho, las compañías insisten en presentar la IA como una herramienta de apoyo que no decide sola. Optum, parte del gigante de la salud UnitedHealth Group, anunció el 4 de febrero que implementaría autorización previa impulsada por tecnología, destacando que permitirá aprobaciones más rápidas.

“Estamos transformando el proceso de autorización previa para abordar los puntos de conflicto que genera”, dijo John Kontor, vicepresidente sénior de Optum, en un .

Aun así, Alex Bores, científico informático y miembro de la Asamblea de Nueva York, una figura clave en el debate legislativo del estado sobre la IA—que terminó en una ley integral para regular esta tecnología—, aseguró que la IA es un campo que, naturalmente, requiere regulación.

“Muchas personas consideran que las respuestas que reciben de sus aseguradoras son difíciles de entender”, dijo Bores, demócrata que compite por un escaño en el Congreso. “Agregar una tecnología que no puede explicar sus propias decisiones no ayudará a hacer las cosas más claras”.

Al menos una parte del ámbito de la salud —por ejemplo, muchos médicos— respalda a los legisladores y a quienes defienden las regulaciones.

La Asociación Médica Americana (AMA, por sus siglas en inglés) “apoya las regulaciones estatales que buscan más responsabilidad y transparencia de las aseguradoras comerciales que usan herramientas de IA y aprendizaje automático para revisar solicitudes de autorización previa”, dijo John Whyte, su director ejecutivo.

Whyte señaló que las aseguradoras ya utilizan IA y que “los médicos siguen enfrentando retrasos en la atención de los pacientes, decisiones poco claras de las aseguradoras, reglas de autorización inconsistentes y una carga administrativa abrumadora”.

Las aseguradoras responden

Con legislación aprobada o pendiente de aprobación en por lo menos nueve estados, aún no está claro el impacto real que tendrán esas leyes estatales, dijo Daniel Schwarcz, profesor de Derecho en la Universidad de Minnesota. Los estados no pueden regular los planes “autoasegurados”, que utilizan muchos empleadores; solo el gobierno federal tiene esa facultad.

Pero hay problemas más profundos, dijo Schwarcz: la mayoría de las leyes estatales que ha visto exigirían que un ser humano apruebe cualquier decisión propuesta por la IA, pero no especifican qué significa eso en la práctica.

Las leyes no ofrecen un marco claro para entender cuánta revisión es suficiente y, con el tiempo, los humanos tienden a volverse un poco descuidados y simplemente dan el visto bueno a cualquier sugerencia de una computadora, dijo.

Aun así, las aseguradoras ven esta ola de proyectos de ley como un problema.

“En términos generales, la carga regulatoria es real”, dijo Dan Jones, vicepresidente sénior de asuntos federales de la Alliance of Community Health Plans, un grupo comercial que representa a algunas aseguradoras de salud sin fines de lucro. Si las aseguradoras pasan mucho tiempo lidiando con un mosaico de leyes estatales y federales, agregó, eso significa que se dispondrá de “menos tiempo y recursos para enfocarnos en lo que se supone que debemos hacer: asegurarnos de que los pacientes tengan el acceso adecuado a la atención médica”.

Linda Ujifusa, senadora estatal demócrata en Rhode Island, dijo que las aseguradoras se opusieron el año pasado a un proyecto que presentó para restringir el uso de la IA en las denegaciones de cobertura. Fue aprobado en una cámara, pero en la otra no avanzó.

“Hay una oposición enorme” a cualquier intento de regular prácticas como la autorización previa, dijo, y también “una oposición enorme” a señalar a intermediarios —como las aseguradoras privadas o los administradores de beneficios farmacéuticos— “como parte del problema”.

En , AHIP, el principal grupo que representa a las aseguradoras, pidió “políticas equilibradas que promuevan la innovación y, al mismo tiempo, protejan a los pacientes”.

“Los planes de salud reconocen que la IA tiene el potencial de impulsar mejores resultados en la atención médica mejorando la experiencia del paciente, cerrando brechas en la atención, acelerando la innovación y reduciendo la carga administrativa y los costos para mejorar el enfoque en la atención al paciente”, dijo Chris Bond, portavoz de AHIP, a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

Y agregó que el sector necesita “un enfoque nacional coherente basado en un marco federal integral de políticas de IA”.

En busca de equilibrio

En California, Newsom ha promulgado algunas leyes que regulan la IA, incluida una que exige que las aseguradoras de salud garanticen que sus algoritmos se apliquen de manera justa y equitativa. Pero el gobernador demócrata ha vetado otras iniciativas con un enfoque más amplio, como un proyecto que imponía más requisitos sobre cómo debe funcionar la tecnología y que exigía revelar su uso a reguladores, médicos y pacientes cuando lo pidieran.

Según Chris Micheli, lobista de Sacramento, es probable que el gobernador quiera asegurarse de que el presupuesto estatal —que se mantiene fuerte gracias a las grandes ganancias de la Bolsa, especialmente de las empresas tecnológicas— no se resienta. Y para eso, dijo, hace falta equilibrio.

Newsom está tratando de “garantizar que ese flujo de dinero continúe y, al mismo tiempo, que haya algunas protecciones para los consumidores de California”, afirmó. Añadió que las aseguradoras consideran que ya están sujetas a una gran cantidad de regulaciones.

La administración Trump parece estar de acuerdo. La reciente orden ejecutiva del presidente propone demandar ante la Justicia y restringir ciertos fondos federales a cualquier estado que apruebe lo que caracteriza como una regulación estatal “excesiva”, con algunas excepciones, como las políticas destinadas a proteger a los niños.

Esa orden posiblemente sea inconstitucional, dijo Carmel Shachar, experta en políticas de salud de la Facultad de Derecho de Harvard. La autoridad para invalidar leyes estatales generalmente recae en el Congreso, explicó, y los legisladores federales consideraron en dos ocasiones, pero finalmente rechazaron, una disposición que prohibía a los estados regular la IA.

“Según nuestro conocimiento previo del federalismo y del equilibrio de poderes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, es muy probable que una impugnación tenga éxito”, dijo Shachar.

Algunos legisladores ven la orden de Trump con mucho escepticismo, y señalan que la administración ha eliminado controles y ha impedido que otros los establezcan, en un grado extremo.

“En este momento, no se trata de decidir si la regulación debe ser federal o estatal”, dijo Alex Bores. “La pregunta es si va a haber regulación a nivel estatal o directamente no va a haber ninguna”.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2161414
Red and Blue States Alike Want To Limit AI in Insurance. Trump Wants To Limit the States. /news/article/artificial-intelligence-ai-health-insurance-companies-state-regulation-trump/ Wed, 18 Feb 2026 10:00:00 +0000 /?post_type=article&p=2154202 It’s the rare policy question that unites Republican Gov. Ron DeSantis of Florida and the Democratic-led Maryland government against President Donald Trump and Gov. Gavin Newsom of California: How should health insurers use AI?

Regulating artificial intelligence, especially its use by health insurers, is becoming a politically divisive topic, and it’s scrambling traditional partisan lines.

Boosters, led by Trump, are not only pushing its integration into government, as in Medicare’s experiment using AI in prior authorization, but also trying to stop others from building curbs and guardrails. A December seeks to preempt most state efforts to govern AI, describing “a race with adversaries for supremacy” in a new “technological revolution.”

“To win, United States AI companies must be free to innovate without cumbersome regulation,” Trump’s order said. “But excessive State regulation thwarts this imperative.”

Across the nation, states are in revolt. At least four — Arizona, Maryland, Nebraska, and Texas — enacted legislation last year reining in the use of AI in health insurance. Two others, Illinois and California, enacted bills the year before.

Legislators in Rhode Island plan to try again this year after a bill requiring regulators to collect data on technology use failed to clear both chambers last year. A bill in North Carolina requiring insurers not to use AI as the sole basis of a coverage decision attracted significant interest from Republican legislators last year.

DeSantis, a former GOP presidential candidate, has rolled out an “AI Bill of Rights,” include restrictions on its use in processing insurance claims and a requirement allowing a state regulatory body to inspect algorithms.

“We have a responsibility to ensure that new technologies develop in ways that are moral and ethical, in ways that reinforce our American values, not in ways that erode them,” DeSantis said during his State of the State address in January.

Ripe for Regulation

Polling shows Americans are skeptical of AI. A from Fox News found 63% of voters describe themselves as “very” or “extremely” concerned about artificial intelligence, including majorities across the political spectrum. Nearly two-thirds of Democrats and just over 3 in 5 Republicans said they had qualms about AI.

Health insurers’ tactics to hold down costs also trouble the public; from KFF found widespread discontent over issues like prior authorization. (KFF is a health information nonprofit that includes Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.) Reporting and in recent years has highlighted the use of algorithms to rapidly deny insurance claims or prior authorization requests, apparently with little review by a doctor.

Last month, the House Ways and Means Committee hauled in executives from Cigna, UnitedHealth Group, and other major health insurers to address concerns about affordability. When pressed, the executives either denied or avoided talking about using the most advanced technology to reject authorization requests or toss out claims.

AI is “never used for a denial,” Cigna CEO David Cordani told lawmakers. Like others in the health insurance industry, the company is being sued for its methods of denying claims, as spotlighted by ProPublica. Cigna spokesperson Justine Sessions said the company’s claims-denial process “is not powered by AI.”

Indeed, companies are at pains to frame AI as a loyal servant. Optum, part of health giant UnitedHealth Group, announced Feb. 4 that it was rolling out tech-powered prior authorization, with plenty of mentions of speedier approvals.

“We’re transforming the prior authorization process to address the friction it causes,” John Kontor, a senior vice president at Optum,

Still, Alex Bores, a computer scientist and New York Assembly member prominent in the state’s legislative debate over AI, which culminated in a comprehensive bill governing the technology, said AI is a natural field to regulate.

“So many people already find the answers that they’re getting from their insurance companies to be inscrutable,” said Bores, a Democrat who is running for Congress. “Adding in a layer that cannot by its nature explain itself doesn’t seem like it’ll be helpful there.”

At least some people in medicine — doctors, for example — are cheering legislators and regulators on. The American Medical Association “supports state regulations seeking greater accountability and transparency from commercial health insurers that use AI and machine learning tools to review prior authorization requests,” said John Whyte, the organization’s CEO.

Whyte said insurers already use AI and “doctors still face delayed patient care, opaque insurer decisions, inconsistent authorization rules, and crushing administrative work.”

Insurers Push Back

With legislation approved or pending in at least nine states, it’s unclear how much of an effect the state laws will have, said University of Minnesota law professor Daniel Schwarcz. States can’t regulate “self-insured” plans, which are used by many employers; only the federal government has that power.

But there are deeper issues, Schwarcz said: Most of the state legislation he’s seen would require a human to sign off on any decision proposed by AI but doesn’t specify what that means.

The laws don’t offer a clear framework for understanding how much review is enough, and over time humans tend to become a little lazy and simply sign off on any suggestions by a computer, he said.

Still, insurers view the spate of bills as a problem. “Broadly speaking, regulatory burden is real,” said Dan Jones, senior vice president for federal affairs at the Alliance of Community Health Plans, a trade group for some nonprofit health insurers. If insurers spend more time working through a patchwork of state and federal laws, he continued, that means “less time that can be spent and invested into what we’re intended to be doing, which is focusing on making sure that patients are getting the right access to care.”

Linda Ujifusa, a Democratic state senator in Rhode Island, said insurers came out last year against the bill she sponsored to restrict AI use in coverage denials. It passed in one chamber, though not the other.

“There’s tremendous opposition” to anything that regulates tactics such as prior authorization, she said, and “tremendous opposition” to identifying intermediaries such as private insurers or pharmacy benefit managers “as a problem.”

In a , AHIP, an insurer trade group, advocated for “balanced policies that promote innovation while protecting patients.”

“Health plans recognize that AI has the potential to drive better health care outcomes — enhancing patient experience, closing gaps in care, accelerating innovation, and reducing administrative burden and costs to improve the focus on patient care,” Chris Bond, an AHIP spokesperson, told Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. And, he continued, they need a “consistent, national approach anchored in a comprehensive federal AI policy framework.”

Seeking Balance

In California, Newsom has signed some laws regulating AI, including one requiring health insurers to ensure their algorithms are fairly and equitably applied. But the Democratic governor has vetoed others with a broader approach, such as a bill including more mandates about how the technology must work and requirements to disclose its use to regulators, clinicians, and patients upon request.

Chris Micheli, a Sacramento-based lobbyist, said the governor likely wants to ensure the state budget — consistently powered by outsize stock market gains, especially from tech companies — stays flush. That necessitates balance.

Newsom is trying to “ensure that financial spigot continues, and at the same time ensure that there are some protections for California consumers,” he said. He added insurers believe they’re subject to a welter of regulations already.

The Trump administration seems persuaded. The president’s recent executive order proposed to sue and restrict certain federal funding for any state that enacts what it characterized as “excessive” state regulation — with some exceptions, including for policies that protect children.

That order is possibly unconstitutional, said Carmel Shachar, a health policy scholar at Harvard Law School. The source of preemption authority is generally Congress, she said, and federal lawmakers twice took up, but ultimately declined to pass, a provision barring states from regulating AI.

“Based on our previous understanding of federalism and the balance of powers between Congress and the executive, a challenge here would be very likely to succeed,” Shachar said.

Some lawmakers view Trump’s order skeptically at best, noting the administration has been removing guardrails, and preventing others from erecting them, to an extreme degree.

“There isn’t really a question of, should it be federal or should it be state right now?” Bores said. “The question is, should it be state or not at all?”

Do you have an experience navigating prior authorization to get medical treatment that you’d like to share with us for our reporting? Share it with us here.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

]]>
2154202