• Read Wells’ “Urgent Care Clinics Move To Fill Abortion Care Gaps in Rural Areas.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Montana correspondent Katheryn Houghton discussed doula Medicaid reimbursements on Montana Public Radio on April 9.

• Read Houghton’s “This Northern Cheyenne Doula Was About To Start Getting Paid — Then Medicaid Cuts Hit.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contributor Michelle Andrews discussed farm bureau health plans on The Yonder Report on April 8.

• Read Andrews’ “Farm Bureau Health Plans Beat the ACA on Prices With an Age-Old Tactic: Rejecting Sick People.”

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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“The first time, it’ll ring interminably. Next time, it’ll go to a voicemail that just hangs up on you,” said the 48-year-old, who lives in Delaware. “Sometimes you’ll get a person who says they’re not the right one. They transfer you, and it hangs up. Sometimes, it picks up and there’s just nobody on the line.”

She spent months trying to figure out whether her Medicaid coverage had been renewed. As of late March, she hadn’t been reapproved for the year for the state-federal program, which provides health insurance for people with low incomes and disabilities.

Crouch, who suffered a debilitating brain aneurysm a decade ago, also has Medicare, which covers people who are 65 or older or have disabilities. Medicaid had been paying her monthly Medicare deductibles of $200, but she’d been on the hook for them for the past three months, straining her family’s fixed income, she said.

Crouch’s challenges with Delaware’s Medicaid call center aren’t unique. State Medicaid agencies can struggle to keep enough staff to help people sign up for benefits and field calls from enrollees with questions. A shortage of such workers can keep people from fully using their benefits, health policy researchers said.

Now, congressional Republicans’ One Big Beautiful Bill Act, which President Donald Trump signed into law last summer, will soon demand more from staff at state agencies in places where lawmakers expanded Medicaid to more low-income adults — nearly all states and the District of Columbia.

Under the law, which is expected to reduce Medicaid spending by almost $1 trillion over the next eight years, these staffers will have to not only determine whether millions of enrollees meet the program’s new work requirements but also verify more frequently that they qualify for the program — every six months instead of yearly.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News reached out to agencies that will need to stand up the work rules, and many said they’ll need additional staff.

The mandates will put extra strain on an already-stressed workforce, potentially making it harder for enrollees like Crouch to get basic customer service. And many could lose access to benefits they’re legally entitled to, said consumer advocates and health policy researchers, some of them with direct experience working at state agencies.

States are already “struggling significantly,” said Jennifer Wagner, the director of Medicaid eligibility and enrollment at the Center on Budget and Policy Priorities and a former associate director of the Illinois Department of Human Services. “There will be significant additional challenges caused by these changes.”

Long Wait Times for Help

Republicans argue the Medicaid changes, which will take effect Jan. 1, 2027, in most states, will encourage enrollees to find jobs. Research on other Medicaid work requirement programs has found little evidence they increase employment.

The Congressional Budget Office would cause more people to lose health coverage by 2034 than any other part of the GOP budget law. It said last year more than 5 million people could be affected.

Many states don’t have the staff to process Medicaid applications or renewals quickly, said consumer advocates and researchers.

The Centers for Medicare & Medicaid Services tracks whether states can handle the most common type of benefit application within a 45-day window.

In December, about 30% of all Medicaid and Children’s Health Insurance Program, or CHIP, applications in Washington, D.C., and Georgia to process. More than a quarter took that long in Wyoming. In Maine, 1 in 5 applications missed that deadline.

CMS began publicly sharing state Medicaid call center data in 2023, revealing a taxed system, researchers and consumer advocates said.

In Hawaii, people waited on the phone for more than three hours in December. They waited for nearly an hour in Oklahoma, and more than an hour in Nevada.

In 2023, state Medicaid agencies began making sure enrollees who were protected from being dropped from the program during the covid pandemic still qualified for coverage. That Medicaid unwinding process didn’t go well in many states, and lost their benefits.

Health policy researchers and consumer advocates say rolling out the new Medicaid rules will be a bigger challenge. The Medicaid work rules will require extensive IT system changes and training for workers verifying eligibility on a tight timeline.

“It is a much larger scale of administrative complexity,” said Sophia Tripoli, senior director of policy at Families USA, a health care consumer advocacy organization.

After months of trying to get someone on the phone, Crouch said, she finally got answers to questions about her Medicaid benefits after writing to the office of U.S. Rep. Sarah McBride (D-Del.). McBride’s office contacted the state’s Medicaid agency, which eventually called with an update, Crouch said.

Crouch didn’t qualify for Medicaid after all. She said that had never come up in two years of interactions with the state.

“It makes absolutely no sense” that the state never realized she shouldn’t have been on the program, Crouch said.

Delaware’s Medicaid agency didn’t respond to requests for comment on Crouch’s situation.

States Short-Staffed for Medicaid

Some states told Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News in late March that they’ll need more staff to roll out the work rules effectively.

Idaho said it has 40 eligibility worker vacancies. New York estimated it will need 80 new employees to handle the additional administrative work, at a cost of $6.2 million. Pennsylvania said it has nearly 400 open positions in county human services offices in the state. Indiana’s Medicaid agency has 94 open positions. Maine wants to hire 90 additional staffers, and Massachusetts wants to hire 70 more.

As of early March, Montana had filled 39 of 59 positions state officials projected it would need. The state still plans to roll out the rules early, starting July 1, despite its long struggle with system backlogs that applicants said have delayed benefits.

Missouri’s social services agency has been cutting staff and has 1,000 fewer front-line workers than it did roughly a decade ago — with more than double the number of enrollees in Medicaid and the Supplemental Nutrition Assistance Program, or SNAP, according to comments Jessica Bax, the agency director, made in November.

“The department thought that there would be a gain in efficiency due to eligibility system upgrades,” Bax said. “Many of those did not come to fruition.”

States could have a hard time finding people interested in taking those jobs, which require months-long training, can be emotionally challenging, and generally offer low pay, said Tricia Brooks, a researcher at the Georgetown University Center for Children and Families.

“They get yelled at a lot,” said Brooks, who formerly ran New Hampshire’s Medicaid and CHIP customer service program. “People are frustrated. They’re crying. They’re concerned. They’re losing access to health care, and so sometimes it’s not an easy job to take if it’s hard to help someone.”

States are paying government contractors millions of dollars to help them comply with the new federal law.

Maximus, a government services contractor, provides eligibility support, such as running call centers, in 17 states that expanded Medicaid and interacts with nearly 3 in 5 people enrolled in the program nationally, according to the company.

During a February earnings call, company leadership said Maximus can charge based on the number of transactions it completes for enrollees, independent of how many people are enrolled in a state’s Medicaid program.

Maximus has “no one-size-fits-all approach” to the services it offers or the way it charges for those services, spokesperson Marci Goldstein told Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

The company, which reported bringing in $1.76 billion in 2025 from the part of its business that includes Medicaid work, expects that revenue to continue to grow, even as people fall off the Medicaid rolls, “because of the additional transactions that will need to take place,” David Mutryn, Maximus’ chief financial officer and treasurer, said during the earnings call.

Losing Medicaid health coverage isn’t just an inconvenience, since many people enrolled in the program probably don’t make enough money to pay for health care on their own and may not qualify for financial help for Affordable Care Act coverage, said Elizabeth Edwards, a senior attorney with the National Health Law Program.

People could be unable to afford medications or get essential care, which could lead to “devastating” health impacts, she said.

“The human stakes of this are people’s lives,” she said.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News correspondents Katheryn Houghton and Samantha Liss contributed to this report.

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A mom of seven, Pipe is a doula on the reservation who supports new and expectant parents. She does that work free, around her day job. That’s because in this town of about 2,000 people, the closest hospital that delivers babies is 100 miles away.

“Women need this help,” Pipe said.

Doulas ready parents for childbirth, support their deliveries, and can be a steady presence in a baby’s first months. their work with lower rates of costly birth and postpartum complications — especially in hard-to-reach places like Lame Deer.

But that help can be scarce. As Pipe put it: “Doula doesn’t pay the bills around here.”

Things were supposed to change this year. Montana was set to join that reimburse doulas through their Medicaid programs to ease gaps in care. Montana lawmakers approved the payments last year, authorizing up to $1,600 per pregnancy. Pipe hoped that money would give her the chance to leave her post office job one day to help more parents.

But the state Department of Public Health and Human Services postponed adding doula services to its Medicaid program in late March, citing a budget shortfall driven in part by higher-than-expected Medicaid costs.

“DPHHS will not be moving forward with the implementation of doula services in the Montana Medicaid benefit package at this time,” department spokesperson Holly Matkin told Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

The news caught Pipe by surprise — she hadn’t heard any updates in a while, but the state had finalized its licensing rules for doulas in January. Last year, she supported three people through their deliveries. She doesn’t have time for much more. That weighs on her. the people on the Northern Cheyenne Indian Reservation , and the people she helps usually can’t afford to pay a doula.

“I was looking forward to serving more people,” Pipe said. “Now that’s not going to happen anytime soon.”

Charlie Brereton, who heads the health department, told state lawmakers in March that the agency projected a $146.3 million shortfall in federal Medicaid funds for this year. Health officials predict another deficit next year as states feel the effects of Republicans’ massive tax-and-spending law, the One Big Beautiful Bill Act. Signed last year, that law is projected to reduce federal Medicaid spending by nearly $1 trillion over 10 years.

Matkin said it’s “unclear” whether the agency can authorize doula coverage this year. The deficit will lead the department to seek supplemental funding from state lawmakers. When an agency makes that kind of request for the first year of the state’s two-year budget cycle, requires it to create a plan to reduce its spending.

Around the country, optional Medicaid services — such as doula support, home health care, and dental work — are at risk of losing funding as states brace for federal Medicaid cuts to hit their bottom lines. Already, lawmakers in Idaho are considering their own reductions to Medicaid to balance the state’s budget. cutting tens of millions of dollars in services for people with disabilities.

In Montana, doula services are unlikely to be the only Medicaid cutbacks announced. “All options are on the table,” Brereton told lawmakers in March.

Stephanie Morton, executive director of Healthy Mothers, Healthy Babies-The Montana Coalition, said more than half of Montana’s counties are designated as maternity care deserts.

“Budget cuts will continue to diminish the limited services families rely upon in these counties,” said Morton, whose nonprofit had advocated for doula Medicaid reimbursement. “This decision feels like the first of many rollbacks and cuts Montanans will face.”

Laboring Alone

At the check-in just outside town, Pipe handed a waking newborn to his mother and unwrapped a new swaddle for the child. This would have to be a quick visit — she was already late for work.

The mother, Britney WolfVoice, held her newborn son as her three young daughters stood close by. Pipe has been with WolfVoice and her husband for the birth of their newborn son and youngest daughter.

She helped them create delivery plans. For the birth of WolfVoice’s youngest daughter a few years ago, Pipe brought cedar oil, a sacred plant used for prayer, and calmed WolfVoice through her contractions. For the recent birth of her son, when hospital backlogs delayed WolfVoice’s induction, Pipe encouraged her to advocate for an earlier appointment by routinely calling the hospital. Doctors had recommended the procedure to avoid complications.

“Misty is one person who I can count on to be my voice,” WolfVoice said.

If someone needs a ride to a doctor’s appointment, Pipe takes time off work to drive them. If a client goes into labor when Pipe’s at the post office, she texts two other free doulas she knows of on the reservation to see if they have time to help until her shift ends. But they also have day jobs.

Pipe herself has ridden that 100-mile stretch between home and the hospital in labor and in the back of an ambulance. Twice, she gave birth in emergency rooms along the way. In one of her pregnancies, she miscarried at home and couldn’t get a doctor appointment for days.

The long distance to receive care often meant her husband had to stay behind to tend to their other children at home.

“I labored alone so many times,” Pipe said. “I just want to make sure no one’s alone.”

Rural maternity care deserts are a , especially as labor and delivery units continue to shutter. In many tribal communities, a lack of care coincides with long-standing inequities caused by centuries of .

Predominantly Indigenous communities face the longest distances to obstetric facilities compared with all other racial and ethnic groups, according to a 2024 report from the March of Dimes. That’s part of the reason Indigenous women are far more likely to get sick from pregnancy and as white women.

Indigenous patients are supposed to be guaranteed access to health care through the federal Indian Health Service. But the chronically underfunded agency has severe gaps. A small fraction of its hospitals and clinics offer labor and delivery. As of 2024, only seven states had either an IHS or tribal birth facility, . To help fill in those shortfalls, Medicaid is the for many Native Americans, according to KFF.

Even where care exists, Native women can experience a distrust of health systems, according to Pipe and other health workers. The U.S. government has a long history of removing children from tribal homes and forcing Native American women to undergo sterilization.

of the Pacific Institute for Research and Evaluation’s Southwest center has studied premature deaths among Native Americans. A member of the Fort Sill-Chiricahua-Warm Springs-Apache Tribe, Haozous said data on maternal health disparities in pregnancy and postpartum often misses a key point.

“It’s not that women are just not taking care of themselves,” Haozous said. “The system is set up for them to not have access to care.”

On top of funding cuts, the One Big Beautiful Bill Act will add more frequent eligibility checks and work requirements to access Medicaid. Those changes, when they take effect later this year and next, will lead an estimated 5.3 million people to lose their coverage by 2034.

Native Americans are exempt from some of the law’s new rules, such as the work requirements. Even so, tribal patients can get tangled in administrative hurdles. That includes struggling to enroll in the first place or to prove their tribal status. A full-time college student, WolfVoice said that when she got pregnant, it took about six months to enroll in the state’s Medicaid program.

Despite Montana’s long struggle with a backlogged Medicaid system, state officials aim to implement work requirements this summer, well before the federal deadline.

‘Moccasins on the Ground’

As Pipe pulled into her driveway one day after a full shift at the post office, her kids ran to her. She was also greeted by Felicia Blindman, a 63-year-old public health nurse who used to work for the tribe. The two sat in lawn chairs into the night and brainstormed ways to connect more women to services — such as free prenatal classes.

Pipe’s four youngest children played around them. Her 14-year-old daughter is already certified as an Indigenous doula. Her 8-year-old daughter has begun helping Pipe pick up prescriptions for moms without a car who live out of town. Pipe hopes one day they could do that work full-time, if they want to.

Because of the lost Medicaid payment, Pipe said, she will continue to balance her job with her birth work, even if it means persuading more people to become doulas, such as family and respected community members, to cover more ground.

“It’s not going to stop me from training more birth workers, more young people, more aunties,” Pipe said. “For now, I guess it’s more about grassroots, moccasins on the ground, helping each other.”

She said that means telling pregnant people who walk into the post office she’s there to help if they need support. At least, as long as she’s not at her day job.

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It’s one of the many parts of the 25-bed rural hospital that need updating, former CEO Ron Wiens said.

He said the hospital, an essential service in its namesake town of nearly 800 residents in the state’s sprawling north-central high plains, needs at least $1 million for deferred maintenance, including a failing HVAC system. But the facility has struggled to make payroll each month and can’t afford to make all the fixes, Wiens said.

Built by farmers and ranchers in 1965, Big Sandy Medical Center began with nine beds. Today, a similar community effort — donations and grants to plug financial holes each year — keeps it afloat.

Wiens, who recently left his position at the hospital, said he wishes Big Sandy could get funding from Montana’s share of the $50 billion federal Rural Health Transformation Program to renovate the hospital and direct payments to help secure its future. The state received more than $233 million in its first-year award.

But the hospital may not get the kind of help he sought.

That’s because the five-year program focuses on new, creative ways to improve access to rural health care, not on directly funding services and renovations. And Montana is one of at least 10 states whose leaders say projects launched under the federal program could lead rural hospitals to cut services so they can continue to afford to offer emergency and other essential care.

Congressional Republicans created the fund as a last-minute sweetener to their One Big Beautiful Bill Act, signed into law last summer. The funding was intended to offset disproportionate fallout anticipated in rural communities from the law, which is expected to slash Medicaid spending .

includes programs to make it easier for rural residents to get medical care and live a healthy lifestyle. For example, it says funding can be used to start community gardens, train paramedics to make home visits, open school-based clinics, or bring mobile clinics to rural areas.

rural Montana hospitals can receive payments for implementing recommendations, “including right-sizing select inpatient services” to match demand. In some cases, it says, right-sizing might mean “downsizing.” The state says hospitals will have input and recommendations will be specific to each facility.

“That’s what has all the hospitals on pins and needles, words like restructuring, reducing inpatient beds. Everybody is going, ‘What is this going to look like?’” Wiens said.

The Montana Department of Public Health and Human Services declined to answer questions about how it will carry out its right-sizing efforts.

A Lifeline of Care

Big Sandy cattle rancher Shane Chauvet doesn’t want any services cut.

He credits Big Sandy Medical Center with saving his life after a flying piece of metal nearly cut off his arm during a windstorm a few years back.

“I looked over, saw it coming, and whack!” Chauvet recalled.

His wife drove him to the hospital, where they frantically pounded on the ER door while Chauvet’s blood pooled on the ground.

Because of the storm, staffers worked on Chauvet with no power and no ability to summon a helicopter. He was then taken by ambulance 80 miles through intense rain and hail to a larger hospital.

Chauvet understands the state’s plan doesn’t call for eliminating emergency care, but he worries that reducing other services would set off a downward spiral for the hospital and his town.

In Oklahoma, realigning clinical services could mean “shutting down service lines,” to the federal program. And in Wyoming, any facility that receives funding must agree to “reduce unprofitable, duplicative or nonessential service lines,” .

Monique McBride, business operations administrator at the Wyoming Department of Health, said the department interprets right-sizing as helping rural hospitals provide essential services — such as emergency departments, ambulance services, and labor and delivery units — while maintaining long-term, financial stability.

“This might involve limiting some elective procedures that could be done at lower cost in higher-volume facilities. The main distinction here is time-sensitive emergencies vs. ‘shoppable’ services,” she said.

A New Lease on Life?

Seven of the 10 states — Nebraska, North Dakota, Tennessee, Kansas, Nevada, South Carolina, and Washington — where rural hospital service cuts are on the table say they’ll help pay for hospitals to convert to Rural Emergency Hospitals. The recently created federal designation requires hospitals to halt inpatient services and offers enhanced payments to help them maintain emergency and outpatient care.

At least 15 additional states wrote that they’ll use the federal funding to right-size, evaluate, or adjust services — which could mean adding or taking away services, or transitioning them to a telehealth or outpatient setting.

Brock Slabach, chief operations officer of the National Rural Health Association, said, “There’s a proper concern from rural hospital administrators that this funding is not going to where it was intended.”

He said cutting services that lose money could backfire in the long run. For example, he said, halting labor and delivery care might drive more people out of small towns, further reducing hospitals’ patient numbers and revenue.

The type of hospital services that states will assess matters, said Tony Shih, a senior adviser at the Commonwealth Fund, a nonprofit focused on making health care more equitable.

“If the end result is that high-margin services are taken away from local hospitals with nothing given back in return, it can be financially harmful,” he said.

Shih noted that states’ plans to add more outpatient care could prove beneficial for patients. It’ll take time to know which states help stabilize rural hospitals, he said.

Rural hospital leaders say they know which changes would keep their facilities open and that states shouldn’t suggest or mandate service cuts and other changes on their behalf.

Josh Hannes, who oversees rural health policy at the Colorado Hospital Association, said “top-down” directives won’t work.

He said the association’s members believe they can find efficiencies and are eager to collaborate. But “a state agency shouldn’t be making those determinations,” he said.

Hannes said members are worried Colorado’s plan to classify rural health facilities as a “hub, spoke, or telehealth node” will compel service reductions. The classification will help determine “which services are sustainable locally and which are best provided regionally or through telehealth,” .

Spokespeople for the Colorado and Oklahoma health departments said no facility will be forced to end services. But Oklahoma spokesperson Rachel Klein said some facilities might choose to do so as part of a broader effort to make sure they’re meeting community needs while remaining financially stable.

“A hospital might shift certain services to a nearby regional provider with higher patient volume and specialized staff while expanding other local services,” such as primary, outpatient, or community-based care, she said.

Wiens and Darrell Messersmith, CEO of Dahl Memorial Hospital in the southeastern Montana town of Ekalaka, said they worry the only way hospitals will get their share of funding is to cut services or become Rural Emergency Hospitals that don’t offer inpatient services.

“I would hate to see things shift toward a pack-and-ship facility,” Messersmith said. “Right now, we function quite well as an inpatient facility.”

Not all Montana health leaders are worried.

Ed Buttrey, president and CEO of the Montana Hospital Association, said he thinks his state’s plan could help rural hospitals become financially sustainable and survive Medicaid cuts. Buttrey is also a Republican state lawmaker.

Chauvet, the Big Sandy rancher, said his perspective on whether remote towns like his should have a hospital is forever changed because of his accident.

“I always would say, ‘Oh, they’re nice to have,’ but now I look at the hospital and say, ‘That’s essential to our community,’” he said.

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La legislación prohibiría que los gobiernos estatales y locales obligaran a estos centros a practicar abortos. También a derivar o informar a pacientes sobre estos servicios o a explicar opciones de anticoncepción. Y permitiría que estas organizaciones demandaran a la entidad gubernamental que violara la ley.

Los legisladores de Wyoming el 4 de marzo una ley llamada Center Autonomy and Rights of Expression Act (). Propuestas similares se presentaron este año en y . En una norma de este tipo ya fue promulgada en 2025.

La Ley CARE es una “legislación modelo” creada por la , un grupo de defensa legal cristiano conservador y antiabortista.

Una legislación similar, la , fue presentada en el Congreso el año pasado, pero no ha avanzado fuera del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley de Wyoming considera que los centros de embarazo, muchos vinculados a organizaciones religiosas, necesitan protección legal porque enfrentan “ataques sin precedentes” después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, la decisión judicial de 1973 que protegía el derecho al aborto en todo el país. Según el texto, varias legislaturas estatales han presentado proyectos de ley que de libertad de expresión y asociación de estos centros.

Sin embargo, quienes los critican afirman que los centros de crisis de embarazo se presentan falsamente ante los consumidores como clínicas médicas, aunque no están sujetos a las leyes estatales y federales que regulan los centros de salud y protegen a los pacientes.

“En todo el país, los funcionarios del gobierno apuntan cada vez más, cada vez más, contra los centros de atención para embarazadas”, argumentó Valerie Berry, directora ejecutiva de en Cheyenne, durante una audiencia en la Legislatura sobre el proyecto de ley de Wyoming. “Esta legislación no busca crear división. Busca proteger las libertades constitucionales, la libertad de expresión y la libertad de conciencia”.

Por su parte, durante la audiencia, el expresó su preocupación por otorgar a los centros de embarazo un nivel de protección que otras empresas privadas no tienen.

“Ya cuentan con medidas de protección”, reflexionó. “Lo que me preocupa es que se les otorguen medidas de protección adicionales”.

En 2022, Wellspring Health Access, la única clínica en Wyoming que realiza abortos, en un ataque intencional.

“Nosotros somos los que proporcionamos información precisa sobre salud reproductiva y por eso sufrimos las consecuencias”, dijo a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Julie Burkhart, presidenta y fundadora de Wellspring Health Access.

, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo que la legislación propuesta eximiría a los centros de crisis de embarazo de tener que cumplir con los estándares a los que están obligadas las organizaciones médicas. También borraría la línea entre la defensa de una causa y la práctica médica, agregó. Y agregó que iniciativas de este tipo pueden ofrecer a los republicanos un mensaje de campaña potencialmente útil de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“El Partido Republicano necesita una estrategia de comunicación para mostrar que se preocupa por las mujeres, incluso si prohíbe el aborto y aunque no quiera destinar recursos estatales a ayudar a las personas antes y después del embarazo”, explicó Ziegler. “La estrategia consiste en delegar eso en los centros de asesoramiento sobre el embarazo, lo que, por supuesto, aumenta el incentivo para protegerlos”.

Legislación modelo

La Alliance Defending Freedom es el mismo grupo que , que desde 1973 protegía el derecho al aborto a nivel nacional. El grupo redactó la , una legislación modelo para prohibir el aborto desde las 15 semanas, que fue la base de una ley de Mississippi de 2018 que condujo al caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a partir de la cual la Corte Suprema anuló el fallo Roe.

La alianza dijo que sus abogados no estaban disponibles para comentar la estrategia de la organización respecto al CARE Act. En el proyecto de ley, el grupo afirmó que los esfuerzos federales, estatales y locales están apuntando contra los centros de atención del embarazo en un “claro intento de socavar y obstaculizar” su trabajo y cerrarlos.

En los últimos años, algunos han sido blanco de vandalismo y amenazas.

Pero los ataques que la legislación modelo se propone abordar principalmente son los esfuerzos legales y regulatorios de algunos estados que buscan mayor supervisión de estos centros, incluida una ley de California que exige que informen claramente a los pacientes sobre sus servicios. Esa ley fue anulada cuando la Corte Suprema falló a favor de los centros de crisis, avalando el argumento de que la norma violaba sus derechos de la Primera Enmienda.

Este año, la Corte Suprema que decidirá si los estados pueden citar a estas organizaciones para obtener información sobre donantes y datos internos.

De todos modos, es poco probable que los centros de crisis de embarazo enfrenten ese tipo de medidas regulatorias en los estados conservadores donde se está considerando esta legislación. Un legislador de Wyoming lo reconoció durante la audiencia del comité en febrero.

Diferentes servicios

En esa misma audiencia, quien encabeza el comité que patrocina el proyecto de ley, presentó la medida como “muy importante, especialmente con nuestro ‘desierto de maternidad’”, refiriéndose a la falta de acceso a servicios de atención de salud materna.

Algunos centros de crisis de embarazo pueden contar con pocos profesionales con licencia, pero son la minoría. Muchos ofrecen recursos gratuitos, como pañales, ropa para bebé y otros artículos, a veces a cambio de aceptar asesorías o clases de crianza.

Las clínicas de Planned Parenthood, en contraste, ofrecen una variedad de servicios de salud, como pruebas y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, atención primaria y exámenes para detectar cáncer cervical. Además, están reguladas como organizaciones con licencia médica.

Desde que el fallo Roe fue anulado, el movimiento por el derecho al aborto ha enfrentado desafíos importantes. La ley de los republicanos, One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump promulgó el verano pasado, a proveedores de abortos. Esa medida contribuyó a que Planned Parenthood tuviera que cerrar el año pasado.

Para 2024, operaban en todo el país, según un mapa creado por investigadores de la Universidad de Georgia, en comparación con las que ofrecían abortos a finales de 2025.

, una organización de investigación afiliada a la organización contra el aborto SBA Pro-Life America, ha sugerido que los centros de embarazo podrían ayudar a llenar el vacío dejado por el cierre de clínicas de Planned Parenthood.

Ziegler aseguró que eso dejaría a las pacientes expuestas a riesgos médicos.

El creciente poder de los centros

Las iniciativas anteriores en , Colorado y Vermont para regular los centros de crisis de embarazo surgieron a raíz de la preocupación por denuncias de , y dudas sobre la .

En 2024, un en cinco estados que investigaran si los centros estaban engañando a las pacientes haciéndoles creer que su información personal estaba protegida bajo la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), y que averiguaran  cómo estaban utilizando la información de los pacientes.

Los tribunales, incluida la Corte Suprema, han fallado con frecuencia que argumentan que estos intentos de regulación violan sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Los centros de crisis para embarazadas también han recibido una avalancha de fondos desde que se revocó Roe.

Al menos incluidos centros de crisis de embarazo, según el Lozier Institute.

Seis estados distribuyen una parte de sus fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF) —pagos en efectivo destinados a familias de bajos ingresos con niños— a centros de crisis de embarazo. Texas, Florida, Tennessee y Oklahoma han proporcionado decenas de millones de dólares para estas organizaciones.

Un análisis encontró que los centros de crisis de embarazo también recibieron entre 2017 y 2023, incluidos fondos del paquete de ayuda de 2020 promulgado como ley durante el primer mandato de Trump en medio de la pandemia de covid.

A pesar de los desafíos que enfrentan las clínicas que ofrecen abortos, Burkhart, directora del centro Wellspring en Wyoming, dijo que es importante seguir garantizando la atención a quienes la necesitan. Ella ha ayudado a abrir clínicas en zonas rurales de otros estados conservadores y ha señalado que esas clínicas siguen recibiendo pacientes.

“Eso me demuestra que, sin importar tu religión o tu partido político, hay momentos en la vida de las personas en los que necesitan atención de salud reproductiva brindada por profesionales calificados”, dijo. “Eso incluye el aborto”.

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The legislation would prohibit state and local governments from requiring crisis pregnancy centers to perform abortions, provide referrals for abortion services, or inform patients about such services or contraception options. It also would allow crisis pregnancy centers to sue the violating government entity.

Wyoming lawmakers of the Center Autonomy and Rights of Expression Act, or , on March 4. Other versions have advanced in and this year. One was in 2025. The CARE Act is “model legislation” created by the , an anti-abortion, conservative Christian legal advocacy group.

A similar proposal, the , was introduced in Congress last year but hasn’t moved out of the House Energy and Commerce Committee.

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Oz, who heads the U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services, there was approximately $3.5 billion of fraud in the hospice and home health care industry in Los Angeles County alone. “This administration under President [Donald] Trump is not going to tolerate taxpayer dollars being stolen because people aren’t paying attention anymore. We’re focused on this,” . He claimed the fraud was largely orchestrated by the “Russian, Armenian mafia” and said that most of the money spent on home and community-based services across California “might be fraudulent.”

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Philip Stewart, un investigador de Rocky Mountain Laboratories enfocado en enfermedades transmitidas por garrapatas, dijo que se jubiló dos años antes de lo planeado debido a obstáculos que hacían demasiado difícil hacer bien su trabajo.

Alexa Romberg, científica dedicada a la prevención de adicciones enfocada en el tabaco, dijo que “perdió gran parte” de la investigación que supervisaba cuando desaparecieron las subvenciones federales.

“Si uno piensa en la agenda de ‘Make America Healthy Again’ y en la prevención de enfermedades crónicas”, dijo Romberg, “el consumo de tabaco es el principal factor que contribuye a la enfermedad y la muerte temprana que podemos prevenir”.

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) son el mayor financiador público de investigación biomédica en el mundo. es “mejorar la salud, prolongar la vida y reducir las enfermedades”.

Durante décadas, el valor de los NIH ha sido quizá una de las pocas cosas en las que todos en Washington han estado de acuerdo. Los legisladores han aumentado su financiamiento de forma constante.

“Estoy muy complacido de estar asociado con los NIH”, dijo el senador Roy Blunt, republicano de Missouri y uno de los mayores defensores de la institución en el Congreso, , poco antes de retirarse.

Pero durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los NIH han visto un éxodo masivo de científicos como Ernstoff, Stewart y Romberg. Datos federales muestran que los NIH perdieron alrededor de 4.400 personas, más del 20% de su fuerza laboral.

Los científicos dicen que estas salidas afectan la capacidad de Estados Unidos para responder a brotes de enfermedades, desarrollar tratamientos para enfermedades crónicas y enfrentar los problemas de salud pública más urgentes del país.

“Las personas sufrirán las consecuencias”, señaló Sylvia Chou, científica que trabajó en el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) en Rockville, Maryland, durante más de 15 años antes de irse en enero. “Habrá muchos más problemas de salud e incluso muertes, porque necesitamos la ciencia para ayudar a las personas a estar sanas”.

Por qué se están yendo

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News entrevistó a media docena de científicos que dijeron que dejaron sus trabajos años antes de lo planeado debido a la agitación de 2025.

Hace apenas unos años, la fuerza laboral de los NIH crecía de forma constante, pasando de unos 17.700 empleados en el año fiscal 2019 a alrededor de 21.100 en el año fiscal 2024, según datos federales. Con Trump, ese crecimiento se redujo.

El gobierno de Trump implementó una campaña para sacar a trabajadores del gobierno considerados desleales al presidente. Algunas personas fueron despedidas o presionadas para irse. Los funcionarios también establecieron un congelamiento de contrataciones que duró varios meses.

La fuerza laboral de los NIH cayó a unas 17.100 personas, su nivel más bajo en al menos dos décadas. La mayoría de quienes se fueron no fueron despedidos. Aproximadamente 4 de cada 5 se jubilaron, renunciaron, terminaron sus nombramientos o encontraron otro trabajo, según datos federales.

Los científicos observaron con preocupación cómo a sus colegas se les obligaba a cancelar fondos de investigación para temas que el gobierno de Trump consideraba prohibidos. En los laboratorios de los NIH, el trabajo rutinario se detuvo.

También dijeron que enfrentaron grandes retrasos para acceder a equipos y suministros. Las autorizaciones de viaje se retrasaban o se negaban.

Al personal de la agencia se le ordenó no comunicarse con nadie fuera de la institución. Cuando volvieron a poder hacerlo, se les impusieron más restricciones sobre lo que podían presentar al público.

Y bajo la agenda del gobierno para eliminar la “diversidad, equidad e inclusión”, se sacaron referencias a minorías o a la equidad en salud en investigaciones financiadas por los NIH. También se eliminaron iniciativas destinadas a proteger la salud de los estadounidenses.

Entre ellas: apoyo a científicos que comienzan su carrera, estrategias para prevenir daños por VIH o por adicciones, y estudios sobre cómo los sistemas inmunológicos de distintas poblaciones responden a enfermedades.

En publicado en enero, Chou y Romberg estuvieron entre un grupo de científicos de los NIH que dijeron que renunciaron en protesta contra un gobierno “que trata la ciencia no como un proceso para construir conocimiento, sino como un medio para impulsar su agenda política”.

Una “destrucción fundamental”

Emily Hilliard, vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), dijo en un comunicado que la agencia cambió su enfoque para priorizar la investigación basada en evidencia en lugar de “agendas ideológicas”.

Agregó que los NIH siguen contratando a “los mejores y más brillantes” y avanzando en ciencia de alta calidad para “lograr avances para el pueblo estadounidense”. El departamento supervisa los NIH.

“Era necesario un reinicio importante. El HHS ha tomado medidas para simplificar las operaciones, reducir duplicaciones y volver a los niveles de empleo previos a la pandemia”, dijo Hilliard.

Sin embargo, muchos científicos dudan de que los NIH aún puedan cumplir su misión pública.

“Ha habido una destrucción fundamental”, observó Daniel Dulebohn, investigador que pasó casi dos décadas en Rocky Mountain Laboratories en Hamilton, Montana. “Va a tomar muchísimo tiempo reconstruirlo”.

Dulebohn dejó el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) en septiembre.

Analizaba cómo interactúan moléculas y proteínas en enfermedades como la enfermedad de Lyme, el VIH y el Alzheimer, información clave para desarrollar nuevos tratamientos. Dulebohn era una fuente para científicos que enfrentaban dificultades para entender, por ejemplo, si ciertas moléculas podían prevenir infecciones o responder a un tratamiento.

Ahora él y su esposa viven de sus ahorros en México con sus tres niños pequeños. Dulebohn está pensando en qué hará después. Una opción: bienes raíces.

El experto en análisis bioquímico operaba equipos que pocas personas saben usar. Su salida reduce aún más los recursos en esta especialidad.

“Está claro cuando alguien crea un medicamento y se cura una enfermedad. Pero nunca sabes cuáles podrían haberse curado”, dijo Dulebohn. “No sabemos lo que hemos perdido”.

Laura Stark, profesora asociada en la Universidad Vanderbilt, especializada en la historia de la medicina y la ciencia, dijo que eliminar personal de los NIH impulsará un cambio hacia la investigación del sector privado, con fines de lucro, “en lugar de realmente ayudar a la salud de los estadounidenses”.

“Simplemente ya no tenemos personas que puedan dedicarse a investigar por el bien público”, señaló Stark.

De apoyo a escrutinio

Stark dijo que las bases de los NIH actuales se establecieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos lideró un esfuerzo para producir en masa el antibiótico penicilina y salvar a soldados de infecciones.

La agencia ha tenido un papel central en descubrimientos y tratamientos que salvan vidas, incluidos avances para afecciones del corazón, cáncer, diabetes y enfermedades genéticas como la fibrosis quística.

Con apoyo bipartidista en el Congreso, el presupuesto de los NIH ha crecido con el tiempo y alcanza los $48,7 mil millones para el año fiscal 2026.

Los NIH destinan aproximadamente el 11% de su presupuesto a científicos de la agencia. Alrededor del 80% se otorga a universidades y otras instituciones.

El dinero puede existir, pero las personas encargadas de asignarlo ya no están, dijeron los científicos.

Jennifer Troyer dejó el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI, por sus siglas en inglés) en Bethesda, Maryland, el 31 de diciembre, después de trabajar en varios cargos en los NIH durante unos 25 años.

La división que dirigía revisa investigaciones y supervisa subvenciones a organizaciones que estudian el genoma humano —el conjunto completo de genes de una persona— y cómo puede usarse para mejorar la salud.

Dijo que el año pasado su división perdió cerca de dos tercios de su personal.

“Realmente no hay suficientes personas allí ahora para hacer el trabajo”, dijo Troyer. “Es un daño extremo”.

Decidió renunciar el día en que Trump emitió una en agosto que prohibía el uso de subvenciones para “financiar, promover, fomentar, subsidiar o facilitar” lo que describió como “valores antiestadounidenses”. También permitió que funcionarios políticos revisaran todas las decisiones de financiamiento.

“Yo no estaba dispuesta a dirigir una división bajo esas órdenes”, añadió Troyer. Aún no sabe cuál será su próximo paso profesional.

“Ya es suficiente”

Incluso investigaciones alineadas con las prioridades declaradas del gobierno se han visto afectadas.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha dicho que el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Lyme —una infección transmitida por garrapatas que puede causar síntomas debilitantes de por vida— son .

En diciembre, Kennedy dijo que el gobierno durante mucho tiempo ha ignorado a pacientes afectados por esta enfermedad, que se diagnostica cada año a en el país.

Ese mismo mes, Stewart, quien dedicó su carrera a estudiar garrapatas y la enfermedad de Lyme como científico federal, se jubiló antes de tiempo. Había trabajado para el gobierno durante 27 años.

Stewart dijo que los recortes de personal y los retrasos en los viajes frenaron sus esfuerzos por confirmar hasta dónde se habían extendido las garrapatas que transmiten Lyme, información que podría ayudar a los doctores a reconocer síntomas más rápido.

Stewart fue el científico principal en una investigación publicada el año pasado que —también conocida como garrapata del venado— en Montana. Fue la primera vez que se confirmó en ese estado la garrapata más conocida por transmitir la enfermedad.

Él quería determinar si el hallazgo era un caso aislado o una señal de que la especie estaba expandiéndose.

“El consejo que hemos recibido es: ‘Bajen la cabeza debajo de la línea de la trinchera. No miren. No se asomen y se arriesguen a que les disparen’”, dijo Stewart. “¿En qué momento dices finalmente: ‘Ya es suficiente’ y ‘Ya no estamos siendo efectivos’?”

Los científicos dijeron que quienes comienzan sus carreras están buscando empleo y capacitación en el extranjero.

Los que quieren quedarse en Estados Unidos enfrentan dificultades para ser contratados debido a los recortes en subvenciones de investigación y la incertidumbre sobre el financiamiento.

En conjunto, los expertos que estudian enfermedades advierten que Estados Unidos podría perder su posición histórica como líder mundial en investigación biomédica, con un impacto devastador.

Stanley Perlman, virólogo de la Universidad de Iowa que estudia enfermedades infecciosas pediátricas, dijo que ese liderazgo le dio al país más que prestigio: atrajo a científicos de todo el mundo para estudiar enfermedades que afectan especialmente a las personas aquí.

No hay garantía de que la investigación que se ha frenado se retome en otro lugar, ya sea en la industria privada o en otros países. Y si otros realizan ese trabajo, los estadounidenses podrían enfrentar retrasos para ver los beneficios, dijo.

“Si no tienes acceso a cómo se hizo el trabajo”, agregó Perlman, “es más difícil reproducirlo y adaptarlo para tu país”.

La editora de datos de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, Holly K. Hacker, contribuyó con este artículo.

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Among them: scientists who pioneered cancer treatments, researched tick-borne diseases, or worked to prevent tobacco use. 

We spoke to a half dozen scientists who said they left the agency because of the tumult of 2025 and talked about the work they left behind. They say the exodus from the world’s largest public funder of biomedical research will harm the nation’s ability to respond to illness. 

“People are going to get hurt,” said Sylvia Chou, a scientist who worked at the National Cancer Institute in Rockville, Maryland, for over 15 years before she left in January. “There’s going to be a lot more health challenges and even deaths, because we need science in order to help people get healthy.” 

The NIH consists of 27 institutes and centers, each with a different focus. Major research areas include cancer; infectious diseases; aging-related diseases such as Alzheimer’s; heart, lung, and blood diseases; and general medicine. 

Over decades, the value of the NIH may be the one thing everyone in Washington has agreed on. Lawmakers have routinely boosted its funding — even for this fiscal year, in defiance of the White House, which had proposed cutting the agency’s funding by 40%. 

Our reporting showed that, nonetheless, the Trump administration’s actions to curb certain research and push out scientists perceived as disloyal are having far-reaching repercussions. The NIH workforce stands at about 17,100 people — its lowest level in at least two decades. 

Scientists across specializations outlined challenges that made them decide to leave. They included delays in accessing research equipment and supplies, the termination of funds for topics the Trump administration deemed off-limits, and delayed or denied travel authorizations. 

Even research aligned with the Trump administration’s stated priorities has suffered, they said. They questioned whether the NIH could continue to fulfill its mission to “enhance health, lengthen life, and reduce illness.” 

“It’s clear when someone comes out with a drug and now you’ve just cured a disease. But you never know which ones could have been cured,” said Daniel Dulebohn, a researcher who spent nearly two decades at Rocky Mountain Laboratories in Hamilton, Montana. “We don’t know what we’ve lost.” 

Dulebohn left the NIH’s infectious disease and allergy institute in September and is considering leaving the scientific field altogether.

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