Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The CDC withheld the data for months as a team hit hard by mass layoffs and resignations sorted through the information. But now that scientists at the agency have posted their first batch of whole measles genomes — the genetic blueprint of the viruses — the rest should “start flowing more smoothly at a more rapid cadence,” said Kristian Andersen, an evolutionary virologist at the Scripps Research Institute who isn’t involved with the CDC’s effort but is following it.

The CDC did not answer queries from Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News on its timeline for publishing measles data or analyses. However, once all the data is public, researchers can run that will signal whether outbreaks across the U.S. last year resulted from the continuous spread of the disease between states, rather than separate introductions from abroad. If there was continuous transmission for a year, that means the U.S. has lost its status as a country that has eliminated measles. That status, which the U.S. has held since 2000, reflects a country’s vaccination rates: Two doses of the measles-mumps-rubella vaccine prevent most infections and so stop outbreaks from growing.

More careful analyses take weeks.

“We should see a report in April,” Andersen said, “assuming no political interference.”

This is the first time that the U.S. has applied sophisticated genomic techniques to measles, which largely disappeared from the country a quarter-century ago because of broad vaccine uptake.

Declining , misinformation, and the Trump administration’s lagging response to outbreaks have fueled a resurgence of the disease. With at least 2,285 cases in 44 states, 2025 was the worst year for measles in more than three decades. This year is on track to surpass that, with 1,575 cases as of late March.

While welcoming the science, researchers say the government’s top priority should be to stop the virus from spreading.

“I think it’s incredibly important to do whole genome sequencing for outbreaks,” Andersen said, “but we shouldn’t need to do this for measles in the first place, because we have an extremely effective and safe vaccine.”

“That we’re even talking about this is nuts,” he added.

Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. and other government officials should sound an alarm about measles’ comeback and launch nationwide vaccine campaigns, said Rekha Lakshmanan, executive director of , a nonprofit in Houston that advocates for vaccine access.

“I applaud the science,” she said, “but the more urgent need is to get measles under control as quickly as possible.”

Top officials have instead downplayed the seriousness of the disease, and false notions about vaccines have been granted new life in Kennedy’s CDC. This includes abrupt changes to vaccine information on CDC websites that medical say aren’t based on evidence and endanger lives. 

Kennedy continues to promote unproven remedies that could mislead parents into believing that they can avoid vaccines without consequence. On the podcast in late February, Kennedy spoke at length about measures to improve America’s health but didn’t mention vaccines. He said preventive measures could entail “holistic medicine, or take vitamins, or take vitamin D, which is, as you know, it’s kind of miraculous.”

“The risk of measles remains low for most of the United States,” HHS spokesperson Emily Hilliard wrote. “CDC has made $8.5 million available to address measles response activities in 7 jurisdictions experiencing outbreaks,” she wrote. “The CDC, HHS principles, and the Secretary have been vocal that the MMR vaccine is the best way to protect yourself against measles.”

1,000 Genomes

In December, the CDC enlisted the help of one of the country’s leading centers for virus sequencing, the Broad Institute in Cambridge, Massachusetts. Major outbreaks in Texas, Utah, and South Carolina had been fueled by the same type of measles virus, labeled D8-9171. But since that type also circulates in Canada and Mexico, researchers need more data to discern whether it spread among states or entered the U.S. multiple times.

Whole genome sequencing provides that information because viruses evolve over time. The measles virus acquires a mutation every two to four transmissions between people, said Bronwyn MacInnis, director of pathogen surveillance at the Broad.

“There is enough signal in this data to tease apart questions at hand,” MacInnis said, “the main one being sustained transmission within this country.”

MacInnis’ team worked overtime to sequence the entire genomes of inactivated measles viruses that had been collected from states in 2025 and 2026.

“We’ve done about 1,000 samples and delivered the genome data back to the CDC,” sending it on a rolling basis since December, MacInnis said. “This is the CDC’s data to publish.”

The CDC didn’t post a single one of those genomes until late March, when eight appeared on a public database hosted by the National Center for Biotechnology Information. By April 1, an additional 154 had gone online.

“It should be on NCBI within a couple of weeks of being produced,” Andersen said, “and certainly not take longer than a month when you have an active outbreak.”

Genomic data holds clues about how outbreaks start and spread. It allows researchers to develop tests, treatments, and vaccines — and detect variants that might evade them.

Such data was critical in the covid pandemic. Chinese and Australian scientists online on Jan. 10, 2020, of sequencing it. “It definitely shouldn’t take the CDC months,” said Eddie Holmes, the Australian virologist who helped publish the first coronavirus sequence.

One reason for the delay is that the CDC’s measles lab has been sorely understaffed amid mass layoffs and other turmoil at the agency over the past year, a CDC scientist told Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. Another reason, the researcher added, is a learning curve: The CDC and health departments haven’t needed to sequence hundreds of whole measles genomes before now. (Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News agreed not to identify the scientist, who feared retaliation.)

In contrast with the CDC, the Utah Public Health Lab has shared measles genomes rapidly. Most of some 970 measles genomes posted online since Jan. 1, 2025, were sequenced by the state, hailing from Utah, Arizona, South Carolina, and other states willing to share them.

“We’ve only got a handful of samples from Texas that were collected kind of in the middle of their outbreak,” said Kelly Oakeson, a genomics researcher at the Utah Department of Health and Human Services. The genomes of the Texas and Utah measles viruses are similar but distinct, Oakeson said, meaning that intermediate versions of the virus are missing.

If the genetic code of viruses collected late in the Texas outbreak are a closer match to those from Utah’s, that will suggest that spread was continuous and the country has lost its measles-free status. The hundreds of genome sequences still sitting at the CDC probably hold the answer.

Waiting on the CDC

The CDC expected to finish its analysis before April, said Daniel Salas, executive manager of the immunization program at the Pan American Health Organization, which works with the World Health Organization. That’s when PAHO was slated to evaluate the United States’ measles status.

He said PAHO delayed its evaluation until the organization’s annual meeting in November, partly because the CDC needed more time to do the genomic analysis and partly because the measles status of Mexico, Bolivia, and other countries is also under review, and holding staggered meetings for each country is inefficient.

The U.S. is the only country using whole genome sequencing to answer the elimination question, Salas said. Typically, countries classify measles viruses according to a tiny snippet of genes, then assume that large outbreaks caused by the same type are linked. Whole genomes provide a more accurate view.

“If the U.S. can fill in the blanks with genomic data, that’s a sort of breakthrough,” Salas said. “That doesn’t mean other countries are going to be able to pull off this kind of analysis,” he added. “It takes a lot of specialized knowledge and resources.”

Equipment to sequence and analyze genomes costs upward of $100,000, and the cost to process each sample, including paying the researchers involved, typically ranges from $100 to $500 per sequence.

“I’m pro-science, but we shouldn’t have to do this,” said Theresa McCarthy Flynn, president of the North Carolina Pediatrics Society. “We don’t have to have a measles epidemic.”

Flynn said she regularly fields questions from parents concerned by misinformation spread by Kennedy and anti-vaccine groups, including the one he founded before joining the Trump administration. Parents have also pointed to changes in the CDC’s recommendations and to its websites that are at odds with the scientific consensus.

Before Kennedy took the helm, a said “Vaccines do not cause autism” in prominent type, and listed in premier scientific journals that refuted a link between vaccines and developmental disorders.

Last year, shifted to saying, “Studies supporting a link have been ignored by health authorities.” The high-quality studies were replaced with a report from a single investigator who has ties to anti-vaccine groups. In an email to Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, HHS spokesperson Hilliard echoed the altered website’s claims about vaccines, disregarding extensive studies on the topic.

Flynn, of the pediatrics association, said, “The CDC itself is spreading misinformation about vaccines. I cannot overstate the seriousness of this.”

Although the acting director of the CDC, Jay Bhattacharya, says vaccines are the best way to prevent measles, he too has undermined vaccine policy. He said the controversial to reduce the number of vaccines recommended to children was based on “gold standard science.” In fact, the new schedule makes the among peer nations. Hilliard wrote that the updated schedule was “aligning U.S. guidance with international norms.”

A federal court temporarily invalidated the change last month in a lawsuit brought by the American Academy of Pediatrics and other groups.

Bhattacharya hasn’t held briefings with the public or the press on the surge of measles this year or activated the CDC’s emergency capabilities.

“Normally, we’d have a big push to get vaccination rates up in areas where it’s low. We’d do a big social media push, put out ads on getting vaccinated,” said another CDC scientist whom Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News agreed not to identify, because of fears of retaliation. “People at the CDC want to do this, but political leadership at the agency has not allowed the CDC to do it.”

Further, the Trump administration’s cuts and delays to public health funds have made it hard for local health officials to protect communities. Philip Huang, director at Dallas County Health and Human Services in Texas, said the department lost over $4 million when the administration clawed back about $11 billion from health departments early last year as a measles outbreak surged in the state.

“We lost 27 staff and had to cancel over 20 of our community vaccination efforts, including to schools identified as having low vaccination rates,” he said. “There are simultaneous attacks on immunizations that are making our jobs harder.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

But seven months later, findings from five states shared with Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News show that the reviews have uncovered little evidence of a widespread problem.

Only U.S. citizens and some lawfully present immigrants are eligible for Medicaid, which covers health care costs for people with low incomes and disabilities, and the closely related Children’s Health Insurance Program. Both programs are administered by states.

Spokespeople from Pennsylvania’s and Colorado’s Medicaid agencies said, as of March, the states had found no one who needed to be terminated from Medicaid. That was after checking a combined 79,000 names.

Texas has reviewed records of more than 28,000 Medicaid enrollees at the Trump administration’s request and terminated coverage for 77 of them, according to Jennifer Ruffcorn, a spokesperson for the Texas Department of Human Services.

Ohio has checked 65,000 Medicaid enrollees, of which 260 people were disenrolled from the program, said Stephanie O’Grady, a spokesperson for the Ohio Department of Medicaid.

In Utah, 42 of the 8,000 enrollees identified by the Trump administration had their Medicaid coverage terminated, said Becky Wickstrom, a spokesperson for the state’s Department of Workforce Services.

In announcing the reviews, Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. said: “We are tightening oversight of enrollment to safeguard taxpayer dollars and guarantee that these vital programs serve only those who are truly eligible under the law.”

Leonardo Cuello, a research professor at Georgetown University’s Center for Children and Families, said the reviews ordered by the federal Centers for Medicare & Medicaid Services were unneeded because states check immigration status when people sign up.

“It is entirely predictable that all of these burdensome reviews that the federal government is forcing upon states would yield no pay dirt,” Cuello said. “The states had already done the reviews once, and CMS was just making them reverify the same information they had already checked. Making states go through the same bureaucratic process twice is incredibly wasteful and inefficient.”

CMS spokesperson Chris Krepich said in a statement to Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News that the ongoing checks are verifying eligibility “for certain enrollees whose status could not be confirmed through federal data sources.”

“CMS provides states with regular reports for follow-up review, and states are responsible for independently verifying eligibility and taking appropriate action consistent with federal requirements,” he said.

But the findings shared with Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News also suggest that many of the enrollees whose eligibility the Trump administration said it could not confirm are indeed U.S. citizens. O’Grady said Ohio found that, of the 65,000 names referred by the federal government, the state already had information on 53,000 confirming them as citizens and an additional 11,000 showing appropriate immigration status for Medicaid.

Caseworkers then worked on the remaining 1,000 names to review their information or reach out for more details, she said.

CMS did not answer questions about the findings from the states sampled by Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News or provide information about responses it received from all 50 states and the District of Columbia, which were instructed to perform verification checks.

The agency also did not respond to a question about whether it’s forwarding the names of those whose Medicaid coverage was terminated to federal immigration officials.

In June, advisers to Kennedy ordered CMS to share information about Medicaid enrollees with the Department of Homeland Security, prompting a lawsuit by some states alarmed that the administration would use the information for its deportation campaign against residents living in the U.S. without authorization.

A federal judge that Immigration and Customs Enforcement workers could access information only about people in the country unlawfully in the Medicaid databases of the states that sued.

CMS continues to send states lists of names at least every few months, though state officials say the numbers have declined since the first batch last summer.

People without legal status are ineligible for federally funded health coverage, including Medicaid, Medicare, and plans through the Affordable Care Act marketplaces. Medicaid does reimburse hospitals for providing emergency care to people without legal status if they meet income and other program requirements.

Seven states and the District of Columbia provide health coverage regardless of immigration status, funding the programs with their own money.

In March 2025, CMS began financial reviews of those programs. “CMS has identified over $1.8 billion in federal funds that are being recouped through voluntary returns and deferrals of future federal Medicaid payments,” Krepich said. He did not answer how much has been collected so far or from which states.

Medicaid’s overall spending topped $900 billion in fiscal year 2024.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Mientras revisaba su historial y signos vitales, Supiano, geriatra en la Universidad de Utah, observó una señal preocupante: su presión arterial era de 148/86, por encima de lo normal a pesar de que tomaba dos medicamentos para bajarla. “Claramente era demasiado alta”, dijo recientemente.

Varios factores podrían haber contribuido a ese número, incluidos el medicamento antiinflamatorio que la mujer de 78 años tomaba para el dolor de artritis, una dieta alta en sodio y la falta de ejercicio regular. También le dijo a Supiano que solía beber un par de copas de vino cada noche.

Después de que Supiano hablara con ella sobre formas de reducir su riesgo, la mujer y su esposo se inscribieron en un gimnasio. Dejó el antiinflamatorio y redujo la sal y el alcohol, lo que llevó su presión sistólica a un rango de 130 a 140 —todavía hipertensión, según las publicadas por la Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) a finales de ese año, pero más aceptable. (La sistólica es el número superior en la medición de la presión arterial y el más importante desde el punto de vista clínico).

Sin embargo, para 2019, la paciente tenía un diagnóstico de deterioro cognitivo leve y comenzaban a surgir evidencias médicas sobre la relación entre la hipertensión (el término médico para presión arterial alta) y la demencia. “No fui tan agresivo como debí haber sido”, recordó Supiano. Agregó un tercer medicamento para la hipertensión y sus cifras bajaron a 120 o menos.

Las guías cambiantes para el control de la presión arterial pueden recordar a las personas de mayor edad un baile de moda en su juventud: el limbo. Como decía Chubby Checker: “¿Qué tan bajo puedes llegar?”

Durante más de 25 años, una lectura de 140/90 o menos se consideró normal, según las guías de la AHA/ACC. Pero la actualización de 2017 introdujo cambios importantes, respaldados por los resultados del , que incluyó a adultos mayores de 50 años con alto riesgo cardiovascular.

El ensayo SPRINT encontró que un tratamiento intensivo dirigido a reducir la presión sistólica por debajo de 120 disminuía el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, otras enfermedades cardiovasculares y la mortalidad general de manera tan significativa que los investigadores para ofrecer recomendaciones.

Consideraron que no era ético negar a la mitad de los participantes los beneficios del tratamiento intensivo. Por eso, las guías de 2017 recomendaron medicación para quienes tenían una presión sistólica superior a 130.

Las , publicadas a finales del año pasado, promueven un control aún más estricto. Recomiendan que los pacientes con riesgo cardiovascular busquen cifras sistólicas por debajo de 120 y también consideran ese objetivo “razonable” incluso para quienes no tienen alto riesgo.

Lecturas que no hace mucho se consideraban normales; ahora se definen como hipertensión.

La presión arterial normalmente aumenta con la edad porque “con el endurecimiento de las arterias, el corazón tiene que bombear con más fuerza”, dijo Erica Spatz, directora del programa de salud cardiovascular preventiva de la Facultad de Medicina de Yale. Entre 2021 y 2023, de los adultos mayores de 65 años tenían hipertensión, según la definición vigente en ese momento.

Pero las revisiones recientes podrían “definir a muchas más personas como hipertensas”, señaló Rita Redberg, cardióloga de la Universidad de California en San Francisco (UCSF).

Para Supiano, y que muestran beneficios cognitivos con cifras más bajas “han inclinado la balanza” para los adultos mayores. “Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro”, dijo, calificando esos hallazgos como “una forma de lograr que las personas presten más atención a su presión arterial. Puede que no quieran vivir más tiempo, pero sí quieren mantener su capacidad cognitiva por más tiempo”.

Casi todas las principales asociaciones médicas, incluida la Sociedad Americana de Geriatría (AGS), de cuya junta Supiano es presidente, han respaldado las nuevas guías.

“Antes era más flexible con muchos de mis pacientes mayores”, dijo John Dodson, cardiólogo e investigador en NYU Langone Health. “Si trataba en exceso la presión arterial alta, podían ocurrir cosas malas”.

Una presión arterial demasiado baja —hipotensión— puede causar mareos, desmayos o lesiones por caídas.

Ahora, dijo Dodson, “trato a mis pacientes mayores de manera más agresiva”.

Los estudios han demostrado que tratar la hipertensión . Y aunque los adultos mayores en el ensayo SPRINT tuvieron más lesiones por caídas, que en quienes tuvieron el tratamiento estándar. Entre los mayores de 75 años, fue de en ambos grupos.

Otro cambio importante: las nuevas guías recomiendan el monitoreo en casa.

“La presión arterial es complicada”, señaló Spatz. “Varía a lo largo del día, dependiendo de si una persona acaba de despertarse, de comer o si hace calor”. Las cifras sistólicas pueden variar 30 puntos o más en un solo día.

Y casi siempre son más altas en el consultorio. “No quiero basarme demasiado en una sola medición”, dijo Spatz.

“Tal vez el paciente tiene síndrome de bata blanca”, explicó, refiriéndose a la ansiedad ante médicos y exámenes, “o tuvo una discusión con el encargado del estacionamiento” antes de llegar.

Spatz pide a los pacientes que registren su presión arterial dos veces al día durante una o dos semanas antes de sus citas. Algunos doctores recetan monitores de 24 horas para el hogar.

¿Adoptarán los pacientes el monitoreo en casa y un tratamiento más agresivo? Los cardiólogos señalan que la hipertensión, casi siempre sin síntomas, sigue siendo tratada de forma insuficiente a pesar de las nuevas guías.

Es poco probable que el costo sea un obstáculo. La mayoría de los pacientes necesita dos o tres medicamentos para bajar la presión arterial, pero como son genéricos, “son muy baratos, alrededor de $5 al mes”, y rara vez interactúan con otros medicamentos que suelen tomar los adultos mayores, dijo Supiano. Un monitor de presión arterial para uso en casa o un poco más si transmite datos digitalmente.

Aunque algunos efectos secundarios son graves —una caída puede cambiar la vida—, la mayoría de las complicaciones “afortunadamente son transitorias, reversibles y bastante leves”, dijo.

Sin embargo, las guías también tienen críticos. Redberg, por ejemplo, aconseja a sus pacientes mayores sobre dieta, ejercicio y pérdida de peso, pero no les recomienda iniciar medicamentos para reducir una presión sistólica de 135 a menos de 120.

Ya parecen demasiado preocupados por su presión arterial, dijo, y agregó: “Los animo a salir y disfrutar”.

“¡Tomen una clase! ¡Vayan a un museo!”, dijo. “No pueden hacer eso si están en casa midiéndose la presión cinco veces al día”.

Aunque los ensayos y las guías abordan beneficios para la población en general —incluso pequeñas reducciones en la demencia tendrían un gran impacto— no sirven para predecir resultados individuales.

La , usada para estimar si una persona obtendría beneficios cardiovasculares del tratamiento de la hipertensión, no ha sido validada en personas mayores de 79 años y no considera los beneficios cognitivos, indicó Supiano.

Para personas con otras enfermedades graves —pacientes con cáncer o residentes de hogares de cuidado con demencia, por ejemplo— controlar la presión arterial puede no ser una prioridad.

El tiempo también es un factor al evaluar riesgos y beneficios. Un metaanálisis de pacientes mayores realizado por Sei Lee, geriatra en UCSF, y sus colegas encontró que, por cada 200 pacientes en tratamiento intensivo para la hipertensión, se necesitarían

Reducir una presión arterial muy alta es más sencillo y más importante que intentar bajar una cifra de 130 a menos de 120, explicó Lee. “Habría que esforzarse mucho más, agregar un tercer o cuarto medicamento y el riesgo de efectos secundarios es mayor”.

La paciente de 78 años de Supiano sí alcanzó ese objetivo y se mantuvo bien durante seis o siete años. Luego, como ocurre con muchos pacientes con deterioro cognitivo leve, comenzó a empeorar y finalmente recibió un diagnóstico de Alzheimer.

Dado lo que informan los investigadores sobre los beneficios cognitivos de tratar la hipertensión, “tal vez le dio un par de años más de buena calidad”, reflexionó. “Tal vez retrasó la progresión”. O tal vez, dijo, debería haber iniciado el tratamiento intensivo antes.

The New Old Age se produce en colaboración con .

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

While taking her history and vital signs, Supiano, a geriatrician at the University of Utah, saw one disturbing signal: Her blood pressure was 148/86, above normal despite her taking two medications intended to lower it. “Clearly that was too high,” he said recently.

Several factors could have contributed to the high reading, including the anti-inflammatory drug the 78-year-old woman took for arthritis pain, a high-sodium diet, and a lack of regular exercise. She had also told Supiano that she typically drank a couple of glasses of wine each evening.

After Supiano discussed ways to lower her risk, the woman and her husband joined a gym. She stopped taking the anti-inflammatory and cut back on salt and alcohol, bringing her systolic blood pressure readings into the 130-to-140 range — still hypertension, according to  issued by the American Heart Association and the American College of Cardiology later that year, but more acceptable. (Systolic is the top number in the blood pressure ratio and the more clinically important number.)

By 2019, though, the patient had a diagnosis of mild cognitive impairment, and medical evidence was emerging about a connection between hypertension (the medical term for high blood pressure) and dementia. “I was not as aggressive as I should have been,” Supiano recalled. He added a third drug for high blood pressure to the woman’s regimen, and her readings fell to 120 or lower.

The shifting guidelines for blood pressure control may remind those at advanced ages of a dance fad from their youth, the limbo. As Chubby Checker once intoned, “How low can you go?”

For more than 25 years, a reading of 140/90 or below was considered normal, according to the AHA/ACC guidelines. But the 2017 update introduced major changes, backed by results from the , which enrolled adults over 50 who were at high cardiovascular risk.

The SPRINT trial found that intensive treatment aimed at bringing the systolic number below 120 reduced the risk of heart attacks, strokes, other cardiovascular illnesses, and overall mortality so substantially that the investigators .

It was unethical, they decided, to deny half the trial participants the benefits of intensive treatment. The 2017 guidelines, therefore, recommended medication for those with a systolic blood pressure over 130.

°Õ³ó±ðÌý, issued last year, encourage still tighter control. They call for patients at cardiovascular risk to strive for systolic readings below 120, and they also call that target “reasonable” even for those who are not at high risk. Readings considered normal not so long ago are now defined as hypertension.

Blood pressure normally rises with age because “with stiffening of the arteries, the heart has to pump harder,” said Erica Spatz, the director of the preventive cardiovascular health program at the Yale School of Medicine. From 2021 to 2023, about  had hypertension, according to the operative definition at the time.

But recent revisions could “define a lot more people as having high blood pressure,” said Rita Redberg, a cardiologist at the University of California-San Francisco.

To Supiano, recent Ìý²¹²Ô»åÌý that show cognitive benefit for the lower readings “have tipped the scales” for older adults. “What’s good for the heart is good for the brain,” he said, calling those findings “a lever to get people to pay more attention to their blood pressure. They may not want to live longer, but they want to hold on to their cognition longer.”

Nearly all major medical associations, including the American Geriatrics Society (Supiano is the chair of the organization’s board), have endorsed the latest guidelines.

“I used to be lenient in many of my older patients,” said John Dodson, a cardiologist and researcher at NYU Langone Health. “If I overtreated high blood pressure, bad things were going to happen.”

Blood pressure that drops too low — hypotension — can cause dizziness and fainting or injuries from falls.

Now, Dodson said, “I’m treating my older patients more aggressively.” Studies have shown that treating high blood pressure . And while older adults in the SPRINT trial had more fall injuries, the rate wasn’t higher  than in those undergoing standard treatment. Among those over 75, it was  for both groups.

Another significant change: The new guidelines recommend at-home monitoring.

“Blood pressure is tricky,” Spatz pointed out. “It varies throughout the day, depending on whether a person is just waking up or just ate or it’s hot outside.” Systolic readings can bounce around by 30 points or more in a single day.

And they’re almost always higher in a doctor’s office. “I don’t want to put much stock in one reading,” Spatz said.

“Maybe the patient has white-coat syndrome,” she added, referring to anxiety about doctors and testing, “or they had a fight with the parking attendant” on the way in.

She asks patients to record their blood pressure twice a day for a week or two before their appointments. Some doctors prescribe a 24-hour home monitor.

Will patients adopt home monitoring and more aggressive treatment? Cardiologists argue that high blood pressure, almost always asymptomatic, remains undertreated despite the newer guidelines.

Price is not likely to present an obstacle. Most patients need two or three drugs to lower blood pressure, but as generics they’re “dirt cheap, about $5 a month,” and rarely interact with the other drugs that are often prescribed for older people, Supiano said. A blood pressure monitor for home use , or more for those that digitally transmit data.

Although some side effects are serious — a fall can be life-altering — most complications “thankfully are transient and reversible and rather mild,” he said.

Yet the guidelines have skeptics, too. Redberg, for example, counsels older patients about diet, exercise, and weight loss but does not urge them to start medication to reduce a 135 systolic reading to below 120.

They already seem overanxious about their blood pressure, she said, adding, “I encourage them to go out and enjoy themselves.”

“Take a class! Go to a museum!” she said. “You can’t do that if you’re at home taking your blood pressure five times a day.”

While trials and guidelines address benefits for the population as a whole — even small reductions in dementia would have an enormous impact — they are not useful for predicting individual outcomes. °Õ³ó±ðÌý, used to gauge whether someone would see cardiovascular benefit from hypertension treatment, has not been validated for people over 79 and does not factor in cognitive benefits, Supiano noted.

For people with other serious illnesses — cancer patients or frail nursing home residents with dementia, for instance — controlling blood pressure may be far down the list of concerns.

Time is also a factor in weighing risks versus benefits. A meta-analysis of older patients by Sei Lee, a geriatrician at UCSF, and colleagues found that for 200 patients in intensive treatment for hypertension, it would .

Reducing very high blood pressure is simpler and more important than trying to lower a 130 reading to below 120, Lee added. “You’d have to work a lot harder, add a third or fourth medication, and the risk of side effects is higher.”

Supiano’s 78-year-old patient did hit that target and did well for six or seven years. Then, as happens with many patients with mild cognitive impairment, she began to decline and eventually received an Alzheimer’s diagnosis.

Given what researchers are reporting about the cognitive benefits of treating high blood pressure, “maybe it gave her another couple of good years,” he mused. “Maybe it delayed the progression.” Or maybe, he added, he should have started intensive treatment earlier.

The New Old Age is produced through a partnership with .

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Within a few days, Reynolds became so desperate that she and her husband had to physically restrain Jonah, dumping pain medication down his throat as he screamed in pain.

“It broke our hearts,” said Reynolds, who lived in Georgetown, Kentucky, at the time. “And I remember just thinking that it shouldn’t have to come to that.”

Reynolds couldn’t find a dentist with an opening who could treat Jonah, who is autistic and often resists dental exams due to hypersensitivity and anxiety. Over the course of five days, Reynolds took Jonah twice to a nearby emergency room as he struggled with persistent pain and a fever due to a likely infected tooth with an exposed nerve. The ER had no dentists; both times, the family was sent home with only pain medication and an ice pack.

Across the nation, more children are entering ERs for preventable tooth problems. Dentists, hygienists, and researchers attributed that trend to a shortage of pediatric dental care professionals in rural areas and worsening oral hygiene since the covid-19 pandemic. Tens of thousands of kids end up in the hospital for dental emergencies each year, according to Melissa Burroughs, senior director of policy and advocacy at the national health nonprofit CareQuest Institute for Oral Health.

ER visits for tooth problems unrelated to physical injuries for children under 15 years old from 2019 to 2022, according to a report released late last year by CareQuest. And local data reflects that national trend: At Children’s Hospital Colorado in the Denver area, nontraumatic dental cases, such as cavities or gum infections, in its ER increased 175% from 2010 to 2025, according to hospital spokesperson Sarah Bonar. In Kentucky, where Jonah lives, children’s visits to the ER for dental problems rose 72% from 2020 to 2024, according to the state.

Policy changes under the Trump administration are poised to worsen the trend. President Donald Trump’s 2025 federal budget reconciliation law, known as the One Big Beautiful Bill Act, called for billions in cuts from Medicaid, which may force states to limit or drop dental coverage from the public insurance program for those with low incomes or disabilities. New eligibility requirements for Medicaid in some states could affect kids’ access to dental care, even though children are guaranteed dental coverage under the program. Research shows that when parents lose Medicaid, even kids with coverage are more likely to have and to go to a dentist.

The Trump administration has also promoted skepticism about fluoride. show that fluoride in drinking water and topical fluoride treatments dramatically reduce tooth decay and prevent cavities. In recent months, the Food and Drug Administration against the use of fluoride supplements and the Environmental Protection Agency of “potential health risks of fluoride in drinking water.” Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. has called fluoride a “” and “.” A 2025 study in JAMA Pediatrics linked high levels of fluoride with lower IQ in children — but only at concentrations the recommended level in public drinking water.

, a pediatric dentist at the University of Washington who studies fluoride hesitancy, worries that these anti-fluoride stances will further erode trust in fluoride treatment. Since the start of 2026, lawmakers in at least 15 states have introduced bills prohibiting or limiting fluoride in public drinking water. Utah and Florida in 2025 became the first states to enact fluoride bans.

“Will that have an effect on cavity rates?” Chi asked. “Absolutely.”

Severe Dental Cases Rise

Pediatric dentists Katherine Chin and Chaitanya Puranik said they are treating more patients like Jonah at Children’s Hospital Colorado. More severe cases have become more common, too. Puranik said he used to typically see patients with only one cavity, but now his patients are often coming in with tooth decay throughout their mouth.

During the pandemic, many dental offices , and studies show children also increased , a major risk factor for cavities. Severe cavities that lead to tooth extraction can affect , sometimes causing long-term problems with or .

Millions of people live in in the U.S., with scant dentists within driving distance. On top of that, only treat Medicaid patients, due to low reimbursement rates, which are on average of their typical dental charges, according to the American Dental Association.

Children with intellectual or developmental disabilities may especially struggle to access quality dental care. Few general dentists have sufficient pediatric training to care for kids with disabilities such as Jonah, who are easily overwhelmed or need to be sedated for an exam, , a health information nonprofit that includes Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. Over have special health care needs, and those children are to have unmet dental needs. Their parents are also to finding a dentist.

When he was younger, Jonah would not let his parents brush his teeth, which led to cavities in his baby teeth, his mother said. After Jonah’s first visit to the ER, Reynolds found a general dentist with an opening. But unlike a trained pediatric dentist, she said, the dentist did not know how to examine Jonah in a way he could tolerate and wasn’t prepared to provide sedation. Jonah left without treatment and was soon back in the ER when his fever returned.

ERs Rarely Provide Solutions

, a pediatrician in Washington County, Maine, said he is fielding “the most horrifying cavities” at Down East Community Hospital.

ERs are often ill-equipped to treat dental concerns, Weitz said. Similar to the ER Jonah went to in Kentucky, Down East has no dentists on staff. Weitz often finds himself prescribing antibiotics as a temporary measure.

“But a month later, they’re back again because it’s flaring up again,” Weitz said.

As a potential solution, states such as Maine and Alaska are proposing to use money from the $50 billion to develop the oral health workforce or to create specialized dental care centers, which can better serve children with special health care needs on short notice. But those initiatives won’t address the loss of coverage anticipated from Medicaid cuts. California last year in state grants to develop or expand over 120 dental facilities to serve patients with special health care needs.

Jonah’s dental emergency cost Reynolds a week of work from her job as a dog groomer and Jonah three days of third grade, plus hundreds of dollars in out-of-pocket costs.

Eventually, Reynolds found an oral surgeon who extracted the tooth. But even that went poorly, she said. When Jonah became upset over a needle stick, the surgeon threatened to hold him down, Reynolds said. She said the surgeon left quickly after the procedure and never gave her a clear diagnosis of what caused Jonah’s pain. The procedure did resolve his toothache, but Reynolds said more professionals should know how to handle cases like Jonah’s, with sensitivity to the families. Four years later, forcing Jonah to take his pain meds still lives fresh in her memory.

“That will never leave my mind,” Reynolds said.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

The boys sat in one waiting room and then another. Two hours and 20 minutes passed before the two were isolated, according to obtained by Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. Then two more hours ticked by.

As the sun rose, an emergency room doctor called the state epidemiologist and described the symptoms. The public health official told him to keep the kids in the hospital and quarantine them. Shortly after that call, the patients were diagnosed.

It was measles.

Hospital staff gave the father instructions on how to quarantine the family and sent them home.

The virus exposed at least 26 other people in the hospital that January day, federal investigators determined. Health inspectors for CMS investigated the measles infections and other failures in care and concluded that the twins’ symptoms should have triggered an isolation procedure for which Mission Hospital staffers had trained seven months earlier. CMS designated Mission in “” for the exposures and other unrelated issues, one of the most severe sanctions a hospital can face, threatening to pull federal funding unless it remedied the problems.

A spokesperson for Mission said its staff was trained to manage airborne sickness and is following federal rules.

As U.S. hospitals face an increasing risk of encountering measles, and pressure to immediately spot it, health care workers face an unusual barrier: Many don’t know what it looks like.

“There’s a word, ‘morbilliform’ — it means measles-like, and there are lots of viruses that can cause a rash that looks like a measles rash in children,” said Theresa Flynn, a pediatrician in Raleigh and the president of the North Carolina Pediatric Society. In 30 years in health care, she’s never seen a measles case, she said.

North Carolina has reported more than 20 cases since mid-December, and more than 3,000 people nationwide have been infected since the beginning of 2025.

Children in areas with low immunization rates to outbreaks, triggering public health campaigns to promote the measles vaccine. CMS Administrator Mehmet Oz encouraged vaccination in a .

, mumps, and rubella vaccine, a person has a 3% chance of getting the virus after exposure. If exposed, an unvaccinated person has a 90% chance of being infected, according to the CDC. It can take a week or two before someone infected with measles shows symptoms.

But for the past year, the Trump administration has . Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. was a longtime anti-vaccine activist before taking office, and under his leadership the Centers for Disease Control and Prevention has reduced the number of shots recommended to children.

After measles erupted in West Texas last year, Kennedy publicly for the virus, including steroids, antibiotics, and cod liver oil.

Infectious disease experts and doctors said federal policies have left health care workers to lean on their own experience or guidance from their state public health systems to fight a disease that many are preparing to see for the first time and that initially may behave like the common cold.

“As measles becomes more common, all of us are leveling up in our ability to recognize and immediately respond to suspected measles,” Flynn said.

Three C’s

Officially, the U.S. has maintained “measles elimination status” since 2000, meaning the U.S. has avoided significant spread of the virus. After outbreaks in Texas, Arizona, Utah, and now South Carolina, the nation is on track to lose that designation before the year is out. tie elimination status to a lack of a continuous viral spread persisting for 12 months.

One county in South Carolina, an hour’s drive from Asheville, has had in the current outbreak — more than Texas reported in all of 2025.

Symptoms of measles, a virus that , can include fever, cough, a blotchy rash, and red, watery eyes. Researchers consider measles among the most contagious diseases, and the virus may remain active for up to two hours after an infected person leaves a room.

It can be lethal, with .

In 2025, two children in Texas and one adult in New Mexico died of measles.

Along with tracking data, the CDC on its website for diagnosing measles. State public health agencies and some counties have developed dashboards tracing the disease as it surfaces in such places as hospitals, schools, grocery stores, and airports. Large hospital systems developed staff training protocols last year and shared them with area clinics.

Look for the three C’s, : cough, coryza (cold symptoms), and conjunctivitis (pink eye). According to CMS inspection records, HCA Healthcare, which owns Mission Hospital, trained Mission staff on the three C’s early last year. On top of failing to isolate the twin patients right away, Mission staff didn’t have a designated area for patients with respiratory symptoms, federal inspectors found.

The CDC advises health workers to immediately place patients with measles or suspicious symptoms in a special isolation room, where airflow is controlled inward. The Mission patients were separated from other patients only by plastic partitions, according to the CMS records.

Mission spokesperson Nancy Lindell said the hospital was equipped and staffed to manage airborne illnesses like measles.

“Our hospital has been working with state and federal health officials on proactive preparedness, and we are following guidance provided by the CDC,” Lindell said.

(Dogwood Health Trust, a private foundation established as part of HCA’s purchase of Mission Health, helps fund Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News coverage.)

Most U.S. clinics and hospitals have never experienced measles cases, said Patsy Stinchfield, a former president of the National Foundation for Infectious Diseases and a nurse practitioner. She called CMS’ Immediate Jeopardy penalty for Mission “extreme,” given the virus can be so difficult to identify.

“In the middle of winter right now, measles looks like every other viral respiratory infection that kids come in with,” Stinchfield said.

The CDC has been less communicative in the past year with clinics about their response to outbreaks, said health workers and infectious disease experts. This disconnect began soon after Trump took office, according to a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News investigation finding that health officials in West Texas were unable to talk with CDC scientists as measles surged last February and March.

“We certainly do not feel the support or guidance from the CDC right now,” said Brigette Fogleman, a pediatrician at Asheville Children’s Medical Center, where staff members have come up with their own method of staving off the virus: screening patients over the phone and in their cars before a visit.

In response to questions about how the CDC is supporting health care organizations during the measles resurgence, spokesperson Andrew Nixon said that “state and local health departments have the lead in investigating measles cases and outbreaks” and that the CDC provides support “as requested.” He pointed to numerous guides and simulation tools the agency has developed as the virus has spread.

Jennifer Nuzzo, an epidemiologist and director of the Pandemic Center at Brown University, acknowledged that diagnosing measles is a major challenge, emphasizing that coordination among public health agencies is critical in overcoming that challenge.

Stinchfield attributed the spread of measles to CDC leaders’ lack of communication to clinics and to the public — no ads on buses, no social media campaigns, no sense of urgency. “When you are at the highest level of measles cases in 30 years, we should be seeing lots more from our federal government,” Stinchfield said. “And I think it’s harming kids and causing an inordinate amount of work and expense that really doesn’t belong in health care right now.”

State Prepares for More Measles Cases

In North Carolina’s Buncombe County, home to Asheville and Mission Hospital, health officials had counted seven measles cases by mid-February and anticipated many more, according to state epidemiologist Zack Moore. It’s unclear how many of those are connected to the Mission exposure.

hosted by the county, urging families to get their children vaccinated, debunking vaccine misinformation, and updating parents on local case numbers.

Days before, a local private school had quarantined about 100 students after an exposure. were immunized, according to state data.

At Fogleman’s clinic, parents are asked to wait in their vehicles with their children, and staffers come out to screen them there. Some parents resist vaccination and note recently weakened federal recommendations around measles vaccines , she said.

Kennedy handpicked the committee members who made those recommendations, with several members having spread medical misinformation in the past.

One parent recently told a nurse, “It’s only measles. It doesn’t kill anybody,” Fogleman said.

That’s not true, her team must explain.

As the clinic holds families in the parking lot, trying to figure out whether symptoms point to the dangerous virus, it’s difficult to get the message across, Fogleman said, especially when the nation’s top disease agency hasn’t conducted a widespread information campaign about the risks from measles — or the vaccine’s ability to almost entirely prevent it.

“We can’t change the past,” Fogleman said. “All we can do is try to educate and move forward.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el gobierno reembolsa a los hospitales el costo de la atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.

Pero si los hospitales no revelan que la información personal de los pacientes se comparte con las autoridades migratorias federales, estos podrían no saber que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si los hospitales le dicen a la gente que sus datos de Medicaid de Emergencia se compartirán con el ICE, es previsible que muchos inmigrantes simplemente dejen de buscar tratamiento médico de emergencia”, afirmó , profesor investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia son partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que esas madres eviten ir al hospital cuando comienzan el trabajo de parto?”, agregó.

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información personal, incluyendo su estatus migratorio y la dirección de su casa, no sería compartida con funcionarios de inmigración cuando solicitaban cobertura médica federal.

Un garantizaba que la agencia no usaría información de solicitudes de cobertura médica para actividades de control migratorio.

Pero eso cambió el año pasado, luego de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca y ordenara una de las campañas de represión migratoria más agresivas de la historia reciente. Su administración empezó a canalizar datos de varias agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluida enviada al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aceptaron en la primavera pasada darle a ICE acceso directo a una base de datos de Medicaid que incluye las direcciones y el estatus migratorio de las personas inscritas.

Veintidós estados, todos gobernados por demócratas excepto uno, presentaron demandas para de intercambio de datos de Medicaid, que no había sido anunciado formalmente por el gobierno hasta que un juez federal ordenó hacerlo el verano pasado. El juez que, en esos estados, ICE solo podría acceder a la información de la base de datos de Medicaid correspondiente a personas que están en el país de forma irregular.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a más de una docena de hospitales y asociaciones hospitalarias en estados y ciudades que han sido objeto de operativos del ICE. Muchos se negaron a comentar si, luego del fallo judicial, habían actualizado sus políticas de divulgación.

De los que respondieron, ninguno dijo que estuviera advirtiendo directamente a los pacientes que su información personal podía ser compartida con el ICE si solicitaban cobertura de Medicaid.

“No ofrecemos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos entre agencias del gobierno federal”, escribió por correo electrónico Aimee Jordon, vocera del sistema hospitalario M Health Fairview, con sede en Minneapolis. “Recomendamos a los pacientes que tengan preguntas sobre prestaciones o inquietudes relacionadas con temas migratorios que busquen orientación en los recursos estatales adecuados y con asesores legales calificados”.

Información sobre las solicitudes

En algunos estados, las solicitudes de Medicaid de Emergencia  preguntan específicamente por el estatus migratorio del paciente, pero aseguran a las personas que su información se mantendrá protegida y fuera del alcance de los funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, hasta el 3 de febrero, la solicitud de California aún incluía un texto en el que se informaba a los solicitantes que su información migratoria era “confidencial”.

“Solo la usamos para determinar si califica para un seguro médico”, explica el formulario de 44 páginas que el programa estatal de Medicaid, conocido como Medi-Cal, publicó en .

Anthony Cava, vocero del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, dijo en una declaración que la agencia, que supervisa Medi-Cal, se asegurará de que los californianos tengan información precisa sobre la privacidad de sus datos, “incluyendo, si es necesario, la revisión de otras publicaciones”.

Hasta finales de enero, el sitio web de Medicaid en Utah también aseguraba que el programa de Medicaid de Emergencia no compartía información con funcionarios migratorios. Después de que Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactara a la agencia estatal, la vocera Kolbi Young anunció el 23 de enero que esa información sería retirada de inmediato. Fue eliminada ese mismo día.

El sistema hospitalario Oregon Health & Science University, con sede en Portland, ofrece a pacientes inmigrantes un documento de desarrollado por el programa estatal de Medicaid para quienes tienen dudas sobre el uso de su información. El documento no indica de manera explícita que la información de quienes se inscriben en Medicaid será compartida con el ICE.

Los hospitales dependen del Medicaid de Emergencia para que les reembolsen el tratamiento de personas que cumplirían con los requisitos para Medicaid si no fuera por su estatus migratorio, ya sea que estén en el país sin papeles o dispongan de una presencia legal temporal, como visas de estudiante o de trabajo. Esta cobertura solo paga por atención médica de urgencia y servicios relacionados con el embarazo. Por lo general, representantes del hospital ayudan a los pacientes a presentar la solicitud mientras están en el hospital.

El programa principal de Medicaid, que cubre una gama mucho más amplia de servicios para más de 77 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, no cubre a quienes están en el país sin autorización.

Por lo tanto, examinar los registros de inscripción en el Medicaid de Emergencia es la forma más efectiva que tienen los funcionarios de deportación para identificar a los inmigrantes, incluidos aquellos que podrían no residir legalmente en los Estados Unidos.

Rich Danker, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo por correo electrónico que los CMS —que supervisa Medicaid, un programa conjunto federal y estatal— están compartiendo datos con el ICE tras la decisión del juez. Pero no explicó cómo se asegura de compartir solo información sobre personas sin residencia legal, como exige el fallo judicial.

Dado que el ICE ahora tiene acceso directo a la información personal de millones de personas inscritas en Medicaid, los hospitales —aunque “están en una posición muy difícil”— deberían ser transparentes sobre los cambios, dijo Sarah Grusin, , un grupo de defensa legal.

“Deben decirle a la gente que el juez ha autorizado compartir la información —incluida sus direcciones— en el caso de quienes no residen legalmente en el país”, afirmó. “Una vez enviada, esa información ya no puede protegerse para evitar que sea divulgada”.

Grusin dijo que recomienda a las familias que midan la importancia de buscar atención médica frente al riesgo de que sus datos sean compartidos con el ICE.

“Queremos dar información sincera y honesta, incluso si eso significa que las personas se vayan a ver obligadas a tomar decisiones muy difíciles”, destacó.

Quienes se hayan inscrito anteriormente en Medicaid o cuya dirección pueda encontrarse fácilmente en internet deben asumir que los funcionarios de inmigración ya conocen esos datos, agregó.

Medicaid de Emergencia

La cobertura de Medicaid de Emergencia se estableció a mediados de la década de 1980, cuando una ley federal comenzó a exigir que los hospitales atendieran y estabilizaran a cualquier persona que llegara con una condición que pusiera en riesgo su vida.

En 2023, el gasto del gobierno federal en Medicaid de Emergencia fue de casi $4.000 millones, lo que representa aproximadamente federal en Medicaid.

Los estados envían informes mensuales al gobierno federal con información detallada sobre quiénes se inscriben en Medicaid y qué servicios reciben.

El fallo judicial de diciembre limitó lo que los CMS pueden compartir con el ICE a datos básicos, incluyendo direcciones, de los afiliados a Medicaid en los 22 estados que llevaron a la Justicia el acuerdo de intercambio de datos. El ICE no tiene permitido acceder a información sobre los servicios médicos que reciben las personas, según la orden del juez.

El juez también prohibió a la agencia compartir los datos de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con residencia legal en esos estados.

En los otros 28 estados, los funcionarios de deportación tienen acceso a la información personal de los inscritos en Medicaid.

La agencia federal de salud no ha aclarado cómo garantiza que la información sobre ciudadanos y residentes legales de ciertos estados no sea compartida con el ICE. Pero expertos en Medicaid dicen que sería casi imposible separar esos datos, lo que genera dudas sobre si el gobierno de Trump está cumpliendo con la orden judicial.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar a inmigrantes que viven en el país sin autorización han afectado a familias inmigrantes que buscan atención de salud.

Cerca de un tercio de los adultos nacidos fuera de los Estados Unidos dijeron haber evitado o pospuesto atención médica en el último año, según una encuesta de publicada en noviembre. (KFF es una organización sin fines de lucro dedicada a la información sobre salud, que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News).

Bethany Pray, directora legal y de políticas del Colorado Center on Law and Policy, advirtió que el hecho de compartir datos de Medicaid con funcionarios de deportación obligará a muchas familias a tomar decisiones aún más difíciles.

“Esto es muy preocupante”, opinó Pray. “La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa correr el riesgo de enfrentar la deportación”.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Warning patients could deter them from signing up for a program called Emergency Medicaid, through which the government reimburses hospitals for the cost of emergency treatment for immigrants who are ineligible for standard Medicaid coverage.

But if hospitals don’t disclose that the patients’ information is shared with federal law enforcement, they might not know that their medical coverage puts them at risk of being located by Immigration and Customs Enforcement.

“If hospitals tell people that their Emergency Medicaid information will be shared with ICE, it is foreseeable that many immigrants would simply stop getting emergency medical treatment,” said , a research professor at Georgetown University’s Center for Children and Families. “Half of the Emergency Medicaid cases are for the delivery of U.S. citizen babies. Do we want these mothers avoiding the hospital when they go into labor?”

For more than a decade, hospitals and states have assured patients that their personal information, including their home addresses and immigration status, would not be shared with immigration enforcement officials when they apply for federal health care coverage. guaranteed the agency would not use information from health coverage applications for enforcement activities.

But that changed last year, after President Donald Trump returned to the White House and ordered one of the most aggressive immigration crackdowns in recent history. His administration began funneling data from a variety of government agencies to the Department of Homeland Security, including filed with the IRS.

The Centers for Medicare & Medicaid Services, part of the Department of Health and Human Services, agreed last spring to give ICE officials direct access to a Medicaid database that includes enrollees’ addresses and citizenship status.

Twenty-two states, all but one led by Democratic governors, the Medicaid data-sharing agreement, which the administration did not formally announce until a federal judge ordered it to do so last summer. The judge that in those states, ICE could access information in the Medicaid database only about people in the country unlawfully. Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contacted more than a dozen hospitals and hospital associations in states and cities that have been targets of ICE sweeps. Many declined to comment on whether they’ve updated their disclosure policies after the ruling.

Of those that responded, none said they are directly warning patients that their personal information may be shared with ICE when they apply for Medicaid coverage.

“We do not provide legal advice about federal government data-sharing between agencies,” Aimee Jordon, a spokesperson for M Health Fairview, a Minneapolis-based hospital system, said in an email to Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. “We encourage patients with questions about benefits or immigration-related concerns to seek guidance from appropriate state resources and qualified legal counsel.”

Information on Applications

Some states’ Emergency Medicaid applications specifically ask for a patient’s immigration status — and still assure people that their information will be kept secure and out of the hands of immigration enforcement officials.

For example, as of Feb. 3, California’s application still included language advising applicants that their immigration information is “confidential.”

“We only use it to see if you qualify for health insurance,” states the 44-page form, which the state’s Medicaid program, known as Medi-Cal, in January.

California Department of Health Care Services spokesperson Anthony Cava said in a statement that the agency, which oversees Medi-Cal, will “ensure that Californians have accurate information on the privacy of their data, including by revising additional publications as necessary.”

Until late January, Utah’s Medicaid website also claimed its Emergency Medicaid program did not share its information with immigration officials. After Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contacted the state agency, Kolbi Young, a spokesperson, said Jan. 23 that the language would be taken down immediately. It was removed that day.

Oregon Health & Science University, a hospital system based in Portland, offers immigrant patients developed by the state Medicaid program for those with concerns about how their information might be used. The document does not directly say that Medicaid enrollees’ information is shared with ICE officials.

Hospitals rely on Emergency Medicaid to reimburse them for treating people who would qualify for Medicaid if not for their citizenship status — those in the country illegally and lawfully present immigrants, such as those with a student or work visa. The coverage pays only for emergency medical and pregnancy care. Typically, hospital representatives help patients apply while they are still in the medical facility.

The main Medicaid program, which covers a much broader range of services for over 77 million low-income and disabled people, does not cover people living in the country illegally.

Examining Emergency Medicaid enrollment is the most obvious way, then, for deportation officials to identify immigrants, including those who might not reside in the U.S. lawfully.

HHS spokesperson Rich Danker said in an email that CMS — which oversees Medicaid, a joint state-federal program — is sharing data with ICE after the judge’s ruling. But he would not answer how the agency is ensuring it is sharing information only on people who are not lawfully present, as the judge required.

With ICE now getting direct access to the personal information of millions of Medicaid enrollees, hospitals — while “definitely in a tough position” — should be up-front about the changes, said Sarah Grusin, at the National Health Law Program, an advocacy group.

“They need to be telling people that the judge has permitted sharing of information, including their address, for people who are not lawfully residing,” she said. “Once this information is submitted, you can’t protect it from disclosure at this point.”

Grusin said she advises families to weigh the importance of seeking medical care against the risk of having their information shared with ICE.

“We want to give candid, honest information even if it means the decision people have to make is really hard,” she said.

Those who have previously enrolled in Medicaid or can easily search their address online should assume that immigration officials already have their information, she added.

Emergency Medicaid

Emergency Medicaid coverage was established in the mid-1980s, when a federal law began requiring hospitals to treat and stabilize all patients who show up at their doors with a life-threatening condition.

Federal government spending on Emergency Medicaid accounted for nearly $4 billion in 2023, or of total federal spending on Medicaid.

States send monthly reports to the federal government with detailed information about who enrolls in Medicaid and what services they receive. The judge’s ruling in December limited what CMS can share with ICE to only basic information, including addresses, about Medicaid enrollees in the 22 states that sued over the data-sharing arrangement. ICE officials are not supposed to access information about the medical services people receive, per the judge’s order.

The judge also prohibited the agency from sharing the data of U.S. citizens or lawfully present immigrants from those states.

Deportation officials have access to personal Medicaid information of all enrollees in the remaining 28 states.

The federal health agency has not clarified how it is ensuring that certain states’ information on citizens and legal residents is not shared with ICE. But Medicaid experts say it would be nearly impossible for the agency to separate the data, raising questions about whether the Trump administration is complying with the judge’s order.

The Trump administration’s efforts to deport immigrants living in the country illegally have had implications on immigrant families seeking care. About a third of adult immigrants reported skipping or postponing health care in the past year, according to a released in November. (KFF is a health information nonprofit that includes Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.)

Bethany Pray, the chief legal and policy officer at the Colorado Center on Law and Policy, warned that sharing Medicaid data directly with deportation officials will force even tougher decisions upon some families.

“This is very concerning,” Pray said. “People should not have to choose between giving birth in a hospital and wondering if that means they risk deportation.”

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

“It’s just the cost of doing business with our borders being somewhat porous for global and international travel,” Abraham said. “We have these communities that choose to be unvaccinated. That’s their personal freedom.”

Infections from other countries, however, accounted for only of measles cases detected since Jan. 20, 2025, the official start of the deadly measles outbreak in West Texas, which spread to other states and Mexico. The rest were acquired domestically. This marks a change since the U.S. eliminated measles in 2000. Measles occasionally popped up in the U.S. from people infected abroad, but the cases rarely sparked outbreaks, because of extremely high rates of vaccination. Two doses of the measles, mumps, and rubella vaccine strongly prevent infection and halt the virus’s spread.

To maintain its measles elimination status, the U.S. must prove that the virus has not circulated continuously in the nation for a year, between Jan. 20, 2025, and Jan. 20, 2026. To answer the question, scientists are examining whether the major outbreaks in South Carolina, Utah, Arizona, and Texas were linked.

Health officials confirmed that the main measles virus strain in each of these outbreaks is D8-9171. But because this strain also occurs in Canada and Mexico, CDC scientists are now analyzing the entire genomes of measles viruses — about 16,000 genetic letters long — to see whether those in the United States are more closely related to one another than to those in other countries.

The CDC expects to complete its studies within a couple of months and make the data public. Then the Pan American Health Organization, which oversees the Americas in partnership with the World Health Organization, will decide whether the U.S. will lose its measles elimination status. And that would mean that potentially deadly, and preventable measles outbreaks could become common again.

“When you hear somebody like Abraham say ‘the cost of doing business,’ how can you be more callous,” said pediatrician and vaccine specialist Paul Offit, in an hosted by the health blog on Jan. 20. “Three people died of measles last year in this country,” Offit added. “We eliminated this virus in the year 2000 — eliminated it. Eliminated circulation of the most contagious human infection. That was something to be proud of.”

Abraham said vaccination remains the most effective way to prevent measles but that parents must have the freedom to decide whether to vaccinate their children. Several states have loosened school vaccine requirements since 2020, and vaccine rates . A record rate of kindergartners, representing about obtained vaccine exemptions for the 2024-25 school year.

Information on vaccines has been muddied by Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr., who previously founded an anti-vaccine organization. He has undermined vaccines throughout his tenure. On national television, he has repeated scientifically debunked rumors that vaccines may cause autism, .

Jennifer Nuzzo, director of the Pandemic Center at Brown University, disparaged the Trump administration’s focus on finding genetic technicalities that may spare the country’s measles-free status. “This is the wrong thing to pay attention to. Our attention has to be on stopping the outbreaks,” she said.

“If we keep our status, it should be because we have stopped the spread of measles,” she said. “It’s like they’re trying to be graded on a curve.”

The Trump administration impeded the CDC’s ability to assist West Texas during the first critical weeks of its outbreak and slowed the release of federal emergency funds, according to Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News investigations. However, the agency stepped up its activity last year, providing local health departments with measles vaccines, communication materials, and testing. Abraham said HHS would give South Carolina $1.5 million to respond to its outbreak, which began nearly four months ago and had reached 646 cases as of Jan. 20.

If the CDC’s genomic analyses show that last year’s outbreaks resulted from separate introductions from abroad, political appointees will probably credit Kennedy for saving the country’s status, said Demetre Daskalakis, a former director of the CDC’s national immunization center, who resigned in protest of Kennedy’s actions in August.

And if studies suggest the outbreaks are linked, Daskalakis predicted, the administration will cast doubt on the findings and downplay the reversal of the country’s status: “They’ll say, who cares.”

Indeed, at the briefing, Abraham told a that a reversal in the nation’s status would not be significant: “Losing elimination status does not mean that the measles would be widespread.”

Data shows otherwise. Case counts last year were the highest since 1991, before the government enacted vaccine policies to ensure that all children could be protected with measles immunization.

Lauren Sausser contributed reporting.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about .

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).