El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.

En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.

“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.

Hasta mediados de febrero, casi por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un comparado con el año anterior. Según una , hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.

El medio NOTUS que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.

Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.

“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.

La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar , incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, , una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a �������ýҕ�l Health News.

Durante el primer mandato de Trump, . y modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.

En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.

El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.

Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.

Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.

Se estima que que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.

Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.

Las exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.

Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.

Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.

Si bien el año pasado los legisladores de Nevada ampliaron una ley de tutela existente para incluir la aplicación de las leyes de inmigración, la medida exige a los padres dar el paso adicional de presentar documentación notariada ante la oficina del Secretario de Estado, señaló Cristian González-Pérez, abogado de Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que brinda recursos a las comunidades inmigrantes.

González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.

El gobierno de Trump ha tomado para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.

González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.

“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.

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Para reducir costos, muchos cambiaron a planes de salud con deducibles altos. Estos planes ofrecen pagos mensuales más bajos, pero los pacientes pueden enfrentar gastos altos de su propio bolsillo cuando necesitan atención médica.

Estos planes son bastante comunes. En 2023, el 30% de las personas que obtenían seguro a través de su empleador tenían un plan con deducible alto, frente a solo el 4% en 2006.

Madison Burgess, una maestra de escuela primaria de San Diego, tiene seguro de salud a través de su trabajo. Pero cuando evaluó agregar a su esposo a su plan, resultó demasiado costoso, así que empezó a buscar en el mercado una opción más económica para él.

Cuanto más revisaba las opciones de planes, más abrumador le parecía. La jerga de los seguros hacía difícil entender cuánto tendría que pagar su familia si su esposo se enfermaba. (La prima es el pago mensual de tu póliza y el deducible es lo que debes pagar de tu bolsillo antes que la aseguradora comience a pagar. Generalmente los planes con primas bajas tienen deducibles altos, y viceversa).

“No sabía qué era un deducible, así que elegí lo que era barato, y ahora me arrepiento”, dijo.

A cambio de esa prima mensual más baja, la cobertura de su esposo no comenzará a pagar la mayoría de los servicios hasta que hayan gastado $5.800 en facturas médicas. Burgess no sabía que debía cumplir con el deducible antes de que el seguro cubriera parte de los gastos.

¿Cómo prepararse para pagar miles de dólares por adelantado?

Una opción es una cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés), que permite ahorrar dinero antes de impuestos y ahora está disponible para personas inscritas en planes de menor nivel en los mercados estatales y federales, incluidos los planes bronce y de cobertura catastrófica. Estos planes suelen tener las primas más bajas en el mercado, pero los costos más altos del propio bolsillo cuando se necesita atención.

Burgess eligió un plan Bronce y no sabía que las HSA eran una opción.

“Nunca había pensado en tener que ahorrar dinero para un deducible”, dijo.

Burgess y otras personas suelen estar más preocupadas por ahorrar para gastos inesperados como reparaciones del auto, de la casa o del veterinario.

Si, como Burgess, elegiste una cobertura de salud más económica para este año y luego te diste cuenta de que debes cubrir un deducible alto, estos consejos pueden ayudar a prepararte.

1. Podrías calificar para una HSA y no saberlo.Si estás inscrito en un plan Bronce o en uno catastrófico, calificas para abrir una cuenta de ahorros para la salud. Es como una alcancía médica con beneficios fiscales. Depositas dinero antes de impuestos, lo que reduce tu ingreso gravable. El dinero crece libre de impuestos y, cuando lo usas para , esas transacciones también están libres de impuestos. A esto se le llama una “triple ventaja fiscal”.

Estas cuentas crean un fondo para futuros gastos de salud, como visitas al doctor, medicamentos recetados e incluso productos como medicinas sin receta, tampones y protector solar.

Por lo general, el dinero no puede usarse para pagar primas mensuales, pero la cuenta es tuya y puedes usarla para gastos médicos calificados para tí, tu cónyuge o tus dependientes en cualquier momento en el futuro. El dinero sigue siendo tuyo, incluso si cambias de trabajo o de plan de salud.

Una HSA no es lo mismo que una cuenta de gastos flexibles (FSA por sus siglas en inglés). Las FSA también tienen beneficios fiscales, pero solo se ofrecen a través de empleadores. El dinero vence cada año y pierdes cualquier saldo restante cuando dejas ese trabajo.

1. ¿Te interesa una HSA? Así puedes abrir una.Puedes abrir una cuenta de ahorros para la salud a través de un banco u otra institución financiera. La institución te dará una tarjeta de débito para hacer pagos desde la HSA.

Puedes en cualquier momento del año siempre que tengas un plan elegible. Puedes elegir dónde abrir la cuenta, pero revisa si hay cargos y compara opciones.

Si obtienes seguro a través de tu trabajo, tu empleador puede exigir que uses una compañía específica aprobada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Muchas personas creen que no pueden aportar dinero a una HSA. Para algunos hogares, la necesidad de ahorrar para gastos médicos compite con la de pagar la renta y comprar alimentos.

Pero hay un detalle que puede hacerlo más manejable: las contribuciones no tienen que ser grandes. Incluso unos pocos dólares al mes pueden ser un comienzo.

Sin embargo, hay un límite. El IRS establece un tope anual sobre cuánto puedes aportar a una HSA. En 2026, el límite es de $4.400 para una persona, o $8.750 para un plan familiar. Dentro de ese límite, tú decides cuánto aportar.

1. Los servicios preventivos deben estar cubiertos sin costo.Todos los planes vendidos en los mercados deben cubrir sin costo para el paciente, siempre que la atención sea dentro de la red. Estos servicios incluyen vacunas de rutina y pruebas de detección de cáncer.

Más allá de la atención preventiva, entender cuánto cuestan distintos servicios puede ayudarte a decidir qué tipo de consulta médica es mejor para tus necesidades y tu presupuesto. Por ejemplo, algunos planes cobran menos por una consulta de telemedicina que por ver a tu doctor en persona.

Revisa el de tu plan para más detalles.

1. Busca atención temprano en el año.La mayoría de los deducibles reinician el 1 de enero. Programar citas o cirugías temprano en el año puede ser estratégico si descubres una afección que requiere atención continua. Si puedes pagarlo, cumplir con el deducible antes puede hacer que el resto del año sea mucho más económico, dijo Caitlin Donovan, directora senior en la Patient Advocate Foundation.
2. Considera pagar en efectivo en lugar de usar el deducible.Algunos hospitales, clínicas u otros proveedores ofrecen precios más bajos si pagas en efectivo. Tienes derecho a recibir y una explicación de cuánto costaría un servicio de salud si pagas de tu bolsillo. Pide ese cálculo antes de recibir atención. Luego compáralo con lo que te dice tu aseguradora que costaría si usas tu seguro. Si decides pagar en efectivo, deberás hacerlo en el consultorio antes de que se envíen los cargos a tu aseguradora.

Pagar en efectivo puede ahorrarte dinero, pero generalmente ese monto no contará para tu deducible ni para el máximo de gastos de tu bolsillo.

“Si no crees que vas a alcanzar tu deducible —eres joven y tu deducible es de $10.000—, negocia el precio en efectivo”, aconsejó Donovan.

1. ¿Tienes un plan de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)? Actualiza tus ingresos y usa una HSA para evitar sorpresas fiscales.Si tienes un plan de ACA y eres elegible para subsidios, ten en cuenta lo siguiente: si y no actualizas tu solicitud en el mercado, podrías deber miles de dólares al momento de declarar impuestos. La : reporta aumentos de salario, nuevos trabajos o ingresos adicionales cuando ocurran. Si tus ingresos aumentan, ahorrar dinero en una HSA puede ayudar, ya que ese dinero no cuenta como ingreso gravable.

Cuando reportas un aumento en tus ingresos, eso puede significar primas más altas (si ya no calificas para el mismo subsidio), pero los expertos dicen que es mejor pagar más ahora que enfrentar una gran factura después.

“Uno de los mayores problemas que veo es que alguien queda desempleado, se inscribe en un plan diciendo que no tiene ingresos, luego consigue trabajo y no lo reporta, y termina con una gran deuda de impuestos al final”, dijo Donovan.

Por eso, Donovan recomienda actualizar tu perfil en el mercado tan pronto como cambien tus ingresos, lo que también podría hacer que califiques para Medicaid o para un plan que cubra una mayor parte de tus gastos médicos.

Taylor Cook contribuyó con este artículo.

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Otros conductores se detuvieron, rompieron la ventana del auto y lo llevaron a un lugar seguro. Un bombero voluntario que pasaba por allí le practicó reanimación cardiopulmonar hasta que llegó una ambulancia que trasladó a Masterson al hospital UPMC Mercy.

Pasó 18 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 14 de ellos conectado a un ventilador. Desarrolló delirio, una condición común en terapia intensiva, y necesitó medicamentos antisicóticos. A pesar de tener una sonda de alimentación, perdió peso. “Sinceramente, no estábamos seguros de que fuera a sobrevivir”, dijo Ron Dedes, su cuñado.

Pero sobrevivió. Masterson fue dado de alta el 1 de febrero y regresó a casa con apoyo familiar casi constante. Trabajando con varios tipos de terapeutas, ha recuperado la capacidad de caminar, aunque aún tiene debilidad, y puede ocuparse de su cuidado personal. Su habla, que antes era confusa, ha mejorado notablemente. Puede prepararse un sándwich.

Ahora, “nuestra mayor preocupación es su memoria”, dijo Dedes. Masterson, quien hasta hace poco manejaba asuntos legales complejos, olvida conversaciones y eventos que ocurrieron unas horas antes, explicó Patti Dedes, su hermana. Aún no puede usar un microondas ni hacer una llamada telefónica.

En una entrevista, se describió a sí mismo, con precisión, como “mucho, mucho mejor de lo que estaba”, pero se equivocó al decir su edad. Las pruebas de evaluación tras el alta indicaron deterioro cognitivo y depresión.

Entre los médicos de cuidados críticos, los síntomas prolongados como los suyos se conocen como “síndrome post-cuidados intensivos” o PICS (por sus siglas en inglés). Las secuelas pueden ser físicas o psicológicas, además de cognitivas, y pueden durar meses o años.

son admitidas cada año en terapias intensivas en unos 5.000 hospitales en Estados Unidos, y las investigaciones muestran que secundarios. La edad avanzada aumenta las probabilidades.

Los pacientes y sus familias suelen sorprenderse por estas dificultades persistentes. “La creencia es que saldrán del hospital y en dos o tres semanas volverán a la normalidad”, dijo Brad Butcher, quien fue el doctor de Masterson y en la revista médica JAMA. “Eso no se corresponde con la realidad”.

De hecho, con un mayor uso de las UCI y mejores tratamientos, la población que puede enfrentar este síndrome está creciendo. La Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Society of Critical Care Medicine, SCCM) estima que a la terapia intensiva.

“Todos están agradecidos de que el paciente haya sobrevivido”, dijo Lauren Ferrante, doctora en cuidados críticos pulmonares e investigadora en la Facultad de Medicina de Yale (Yale School of Medicine). “Pero ese es solo el comienzo de un largo camino de recuperación”. En un estudio de pacientes de 70 años o más, del que fue coautora, dentro de los seis meses posteriores al alta solo alrededor de la mitad .

Los pacientes de cuidados intensivos enfrentan . Los síntomas del PICS van —debilidad, dolor, neuropatía (hormigueo en brazos y piernas) y desnutrición— , principalmente ansiedad y depresión. Las como las de Masterson son comunes, incluidos problemas de memoria, atención y concentración, y lenguaje.

“Para muchas personas, sobrevivir a una enfermedad crítica es una experiencia que cambia la vida”, afirmó Butcher. Los pacientes en cuidados intensivos después de cirugías de emergencia o programadas también presentan físicos, mentales y cognitivos un año después.

Los mismos tratamientos intensivos que salvan vidas contribuyen al síndrome. Los pacientes en cuidados intensivos “tienen algún tipo de falla grave de órganos que requiere atención inmediata” y monitoreo constante, explicó Carla Sevin, doctora en cuidados críticos pulmonares que dirige el Centro de Recuperación de UCI en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Eso puede implicar un tubo de respiración conectado a un ventilador, lo que a su vez suele requerir medicamentos sedantes. La sedación “puede provocar delirio, y el delirio es el factor clave en los síntomas cognitivos”, dijo Butcher.

Tampoco ayuda que los pitidos constantes de los monitores y la iluminación brillante las 24 horas interrumpan el sueño, ni que las restricciones en las visitas familiares priven a los pacientes de rostros y voces tranquilizadoras.

Gregory Matthews, un contador jubilado en St. Petersburg, Florida, pasó casi un mes en una UCI tras un trasplante de pulmón en 2014. Aún recuerda con claridad sus alucinaciones, incluidas imágenes de ratones corriendo por la pared y alguien intentando incriminarlo por tráfico de drogas.

“Un día, pensé que un doctor era un asesino; podía ver el rifle”, dijo Matthews, ahora de 80 años. “Así que salté de la cama”, contó, y se arrancó las vías intravenosas. El personal tuvo que sujetarle los brazos durante varios días.

Pero la inmovilización también tiene consecuencias, ya que los pacientes pierden rápidamente masa muscular y fuerza. “Nuestros cuerpos no están hechos para estar acostados todo el día”, señaló Ferrante.

En el plano psicológico, “el trastorno de estrés postraumático es bastante común, similar al que se observa en veteranos de combate o sobrevivientes de agresión sexual”, dijo Sevin. Las familias también pueden sufrir ansiedad y depresión junto con los pacientes.

Alarmados por estos hallazgos, médicos y administradores de unos 35 hospitales en Estados Unidos han establecido , donde equipos de doctores, enfermeros, farmacéuticos, terapeutas (físicos, ocupacionales, cognitivos, del habla) y trabajadores sociales evalúan múltiples condiciones y ayudan a los pacientes a enfrentarlas.

La clínica de Vanderbilt atendió a su primer paciente en 2012. El Centro de Recuperación de Enfermedades Críticas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh —fundado por Butcher en 2018— trabaja con unos 100 pacientes al año, incluido Masterson. Yale abrió su clínica en 2022.

Estas clínicas aplican seis prácticas recomendadas por la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos que han demostrado reducir de forma significativa los . Las medidas incluyen usar sedación más ligera, hacer que los pacientes se levanten y se muevan antes, evaluar su respiración diariamente para retirar el ventilador más pronto y eliminar restricciones en las visitas familiares.

Las clínicas suelen ofrecer grupos de apoyo para pacientes y familias. Hay evidencia de que llevar un diario de la UCI, en el que pacientes y cuidadores registran sus experiencias, y participar en ejercicio y rehabilitación física después del alta.

También se abordan conversaciones sobre qué otras opciones preferirían los pacientes si enfrentan otra enfermedad crítica, como ocurre con muchos. ¿Aceptarían nuevamente cuidados intensivos y el riesgo de sus secuelas? ¿O elegirían cuidados paliativos, que priorizan la comodidad en lugar de la curación? Algunos pacientes quedan con discapacidades permanentes después de la UCI.

Butcher, aunque señaló que estas nuevas prácticas deben ampliarse mucho más, se mostró optimista sobre el futuro de los cuidados críticos. “Vamos a encontrar mejores herramientas de diagnóstico, mejores estrategias de prevención y mejores tratamientos”, dijo.

Por ahora, sin embargo, la experiencia en la UCI sigue siendo desorientadora y a veces traumática. Cuando Butcher preguntó a 117 pacientes en su clínica post-UCI sobre qué harían en el futuro, muchos querían poner límites a las intervenciones médicas.

Alrededor de un tercio preferiría reducir el nivel de atención agresiva. De ellos, cerca de una cuarta parte optaría por órdenes de “no resucitar” y “no intubar”, y casi el 7% dijo que no querría volver nunca a una UCI.

Masterson sigue trabajando en su recuperación. “No he salido mucho”, dijo. “He estado más bien en casa”. Espera recuperar la fuerza suficiente para volver a correr; antes solía correr entre 3 y 4 millas varias veces por semana.

El futuro de los pacientes con síndrome post-UCI suele depender de su estado físico, mental y cognitivo antes de la hospitalización. La buena condición física previa de Masterson y su trabajo exigente a nivel cognitivo son factores positivos para su recuperación, señaló Butcher.

Su familia oscila entre la esperanza y la preocupación. “Quién sabe cómo estará más adelante”, dijo Dede, su cuñado. “Vamos día a día”.

“The New Old Age” se produce en colaboración con .

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

�������ýҕ�l Health News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a �������ýҕ�l Health News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a �������ýҕ�l Health News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de �������ýҕ�l Health News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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“Realmente puedo sentarme, interactuar, concentrarme en ellos y escuchar”, dijo Boose, quien .

Hace aproximadamente dos años, comenzó a usar una aplicación de IA para tomar notas durante las consultas. La herramienta escucha mientras Boose habla con sus pacientes y luego genera automáticamente un resumen de la visita basado en la conversación.

Este resumen suele estar listo en cuestión de segundos después de que termina la cita.

“Se encarga de todo ese trabajo tedioso de registrar información y tomar notas durante la visita”, dijo. “Me libera mucho tiempo completando eso, y hasta puedo llegar a casa con mi familia más temprano”.

Casi un tercio de las prácticas médicas están utilizando asistentes de IA para tomar notas, y otras están trabajando para incorporar esta herramienta, con el objetivo de reducir el trabajo administrativo.

Si tu doctor sugiere usar un asistente de inteligencia artificial en tu próxima cita, hay tres cosas que debes tener en cuenta:

1. Los profesionales de salud deben pedirte permiso.

Al comienzo de una cita, tu doctor podría preguntarte algo como: “¿Está bien si uso un asistente de inteligencia artificial para ayudarme a tomar notas durante esta consulta?”. Una práctica común es aceptar el consentimiento verbal, no por escrito, antes de activar la herramienta. Sin embargo, los requisitos legales para obtener permiso para grabar una conversación con un paciente varían según el estado.

Boose dijo que el paciente puede pedir que se detenga al asistente de IA en cualquier momento, especialmente para hablar de algo sensible. Y si decides no usarlo, tu doctor probablemente volverá a tomar notas manualmente en una computadora.

1. Los asistentes de IA también cometen errores, así que revisa tu información.

Como otras herramientas de inteligencia artificial, estos asistentes pueden “alucinar”, es decir, agregar errores de forma espontánea en un registro. También pueden omitir información importante o perder el contexto dentro de una conversación.

Se supone que los profesionales de salud deben revisar y editar los resúmenes generados por IA antes de agregarlos al historial del paciente. Como paciente, es buena práctica revisar cuidadosamente el resumen de tu visita y comunicarte con tu proveedor de salud si notas errores.

1. Sí, la empresa de IA podría usar tus datos, pero con limitaciones.

Las empresas y sistemas de salud que ofrecen estas herramientas tienen acceso a datos médicos y están sujetos a normas federales sobre cómo usan y almacenan la información del paciente, bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).

Pueden usar los datos de tu consulta para mejorar su software sin informarte, dijo Darius Tahir, quien cubre tecnología de salud para �������ýҕ�l Health News. “Si la información está ‘no identificada’, lo que puede significar eliminar identificadores y asegurarse de que no se pueda rastrear a una persona, entonces hay más libertad para usarla de otras maneras”, explicó. “Hay muchos menos requisitos regulatorios”.

Si quieres saber cómo se están usando tus datos, puedes preguntarle a tu doctor o al sistema de salud. Pero es posible que no recibas una respuesta clara, dijo Tahir.

Personas y políticas

Es probable que el sistema de salud en Estados Unidos continúe integrando tecnología de IA en la atención al paciente.

La administración Trump apoya firmemente su desarrollo y uso, especialmente en el sector salud. A comienzos de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reduce regulaciones existentes sobre inteligencia artificial para ayudar al país a “mantener el liderazgo global en inteligencia artificial”.

En diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó una estrategia sobre IA en la que afirma que apoya “la integración de la inteligencia artificial para modernizar la atención y la infraestructura de salud pública y mejorar la salud a nivel individual y poblacional”.

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este artículo.

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Vestida con ropa de senderismo y collares de cuentas, Carranza, de 67 años, se movía entre árboles y niños en una mañana soleada de diciembre. “Agárrate de esa rama”, dijo en español. “¡Tú puedes, mi amor!”.

Carranza, profesional especializada en desarrollo infantil que creció columpiándose entre árboles y nadando en ríos en El Salvador, dijo que se siente como en casa en el bosque del preescolar al aire libre que cofundó. Ha trabajado con niños y adolescentes como cuidadora y educadora durante más de tres décadas, el tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para que sus estudiantes encuentren su propio equilibrio.

Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir Medicare y cheques del Seguro Social, beneficios otorgados a trabajadores estadounidenses e inmigrantes con presencia legal cuando se retiran, si de historial laboral y edad, o si tienen alguna discapacidad.

Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y al Seguro Social durante 24 años, según su registro de ingresos de la Administración del Seguro Social, revisado por El Tímpano y �������ýҕ�l Health News. Pero Carranza es una de un estimado de 100.000 inmigrantes con papeles que pronto quedarán excluidos de Medicare.

La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal — incluidos beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo — accedan a Medicare.

Quienes ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de legisladores republicanos para reducir el gasto de Medicare, ya que, junto con Trump, han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para pagar la atención médica de inmigrantes sin autorización.

“Los demócratas quieren que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATIS”, dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”

Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora perderán cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) respondieron a una pregunta sobre si era justo sacar de Medicare a residentes legales.

Los inmigrantes sin estatus legal ya no eran elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

Carranza teme que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al TPS para salvadoreños, como intentó hacer durante .

Si eso ocurre, Carranza perdería su residencia legal y podría estar en riesgo de pasar tiempo en un centro de detención migratorio o ser deportada.

“Esto es como una película de terror, una pesadilla completa”, dijo Carranza. “No es así como imaginé envejecer”.

“Bajo ataque constante”

Carranza dejó El Salvador en 1991 durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Permaneció en el país después de que venciera su visa hasta 2001, cuando calificó para el TPS, luego de dos terremotos que azotaron El Salvador, y desplazando a 1,3 millones.

El TPS fue aprobado por el Congreso y promulgado en 1990 por el presidente republicano George H.W. Bush.

Este estatus permite que personas como Carranza, provenientes de ciertos países afectados por conflictos armados, guerras civiles o desastres climáticos, vivan y trabajen en Estados Unidos, si regresar a su país representa un riesgo.

Carranza se perdió la graduación de jardín de infantes de su hija menor y su primera medalla en atletismo. Trabajó turnos nocturnos cuidando recién nacidos y luego como maestra sustituta en escuelas públicas del Área de la Bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador, así como sus propios estudios en el City College of San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.

También cuidó a decenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro mientras descubrían pequeños tesoros en el bosque de secuoyas del parque de Oakland donde cofundó Escuelita del Bosque, un preescolar de inmersión en español que enseña al aire libre.

Se suponía que la recompensa sería una jubilación tranquila. Pero el Congreso limitó la elegibilidad de Medicare a ciudadanos, residentes permanentes legales, nacionales cubanos y haitianos, y personas amparadas por los Compacts of Free Association, acuerdos entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico.

La medida siguió a los intentos de Trump de excluir a algunos inmigrantes con presencia legal de Medicaid, de los subsidios en el mercado de seguros de salud y de servicios de apoyo social, como asistencia alimentaria, ayuda para vivienda y visitas médicas en centros de salud financiados por el gobierno federal. En total, se proyectaba que 1,4 millones de inmigrantes con presencia legal perderían el seguro de salud, según KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye a �������ýҕ�l Health News.

Taylor Haulsee, vocero del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a solicitudes de comentarios.

Michael Cannon, director de estudios de política de salud en el Cato Institute, un centro de tendencia libertaria, dijo que los republicanos querían implementar recortes de impuestos y eliminar el seguro de salud para inmigrantes porque no afectaría a su base.

“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán de asistencia social”, opinó. “Y les molesta que el gobierno les haga pagar por un estado de bienestar”.

Aunque no hay datos sobre inmigrantes con presencia legal, los inmigrantes sin papeles aportaron y $25,7 mil millones al Seguro Social en 2022, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en para 2034.

Expertos en salud dicen que eliminar la cobertura para inmigrantes con estatus legal .

“En realidad, esta es la primera vez que el Congreso le quita Medicare a algún grupo”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos, muchos de los cuales ya han trabajado y contribuido al sistema durante décadas”.

A medida que adultos mayores como Carranza pierdan su cobertura de Medicare, los médicos anticipan que retrasarán su atención, lo que llevará a un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en salas de emergencia.

Los adultos mayores pueden enfermarse de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como afecciones del corazón y presión arterial alta, especialmente si posponen la atención de rutina, dijo Theresa Cheng, médica de emergencias en Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de emergencias en la Universidad de California-San Francisco.

“Es bastante fácil que sufran un deterioro crítico de su salud”, dijo Cheng.

Carranza hace senderismo y se considera saludable, pero reconoce que está envejeciendo y comenzando a tener dificultades para seguir el ritmo de los niños en el bosque.

A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión, y en enero despertó con una presión en el pecho y fue a un centro de urgencias porque su presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas después, tropezó mientras caminaba y se cayó. Al día siguiente despertó con el pie hinchado. En el hospital local, un médico le dijo que tenía artritis.

Dijo que fueron momentos preocupantes, pero estaba agradecida de pagar solo $10 por la visita a urgencias y $5 por ver a su médico de atención primaria. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del próximo año.

El estrés de saber que perderá su seguro de salud y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales detienen a inmigrantes como ella en todo el país, ha afectado su salud mental, contó. Está buscando terapia y servicios de acupuntura para tratar su insomnio y ansiedad, y la sensación de estar “bajo un ataque constante”.

Sin un lugar a donde ir

En California, hogar del mayor número de , Carranza podría haberse inscrito en un seguro patrocinado por el estado, pero este año la inscripción para adultos de 19 años o más que tienen TPS, están en el país sin autorización o son solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas como también han reducido sus programas de salud para inmigrantes por presiones presupuestarias.

En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensaría los recortes federales de atención médica para unos 200.000 inmigrantes con presencia legal, señalando el costo anual de $1.1 mil millones y déficits presupuestarios estatales.

“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, dijo H.D. Palmer, vocero del Departamento de Finanzas de California.

Pero algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores dicen que el estado debería intervenir. La asambleísta Mia Bonta, quien preside el Comité de Salud de la Asamblea, dijo que está trabajando en una solución presupuestaria legislativa para incluir en Medi-Cal — la versión estatal de Medicaid — a los inmigrantes que perderán su cobertura, incluidos los adultos mayores.

La demócrata de East Bay está especialmente preocupada por personas como Carranza, “que han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, que han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, que han formado familias y vidas y que ahora quieren tener la posibilidad de retirarse con dignidad y vivir con dignidad y tener la atención médica que necesitan”.

Una señal del futuro

En abril pasado, Carranza vislumbró lo que podría significar perder su cobertura de salud y beneficios de jubilación, después de que la Administración del Seguro Social le enviara una carta informándole que ya no calificaba para beneficios de jubilación porque no tenía presencia legal en el país, aunque sí la tenía. Luego Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que como resultado la dio de baja.

Como beneficiaria de TPS con permiso de trabajo, sabía que se trataba de un error. Aun así, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar la renta durante un mes. Compensó ese pago cuidando a los hijos de sus arrendadores. En mayo pasado, la oficina de la representante federal Lateefah Simon (demócrata de Oakland) ayudó a Carranza a recuperar sus beneficios de jubilación, pero tomó meses recuperar su seguro de salud.

La experiencia la dejó afectada.

“Es como recibir una bofetada en la cara después de más de 30 años trabajando para el sistema aquí”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.

Por las noches permanece despierta imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro de salud y posiblemente sin beneficios del Seguro Social; o en El Salvador, donde están dos de sus tres hijos. Su hija, residente permanente que vive en Texas, espera convertirse en ciudadana para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años.

También está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.

En una mañana reciente en su estudio en el sótano en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su clóset. Dentro había una pila alta de tarjetas de identificación que incluían licencias de conducir antiguas, su tarjeta del Seguro Social y decenas de permisos de trabajo emitidos por el gobierno federal.

“Mi vida está en esta caja”, dijo.

Este artículo fue producido en colaboración con , una organización cívico-mediática que sirve y cubre a las comunidades inmigrantes latinas y mayas del Área de la Bahía.

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Pero, siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con �������ýҕ�l Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.

Solo los ciudadanos de Estados Unidos y algunos inmigrantes con presencia legal pueden acceder a Medicaid, que cubre costos de atención médica para personas con bajos ingresos y discapacidades, así como al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés). Ambos programas son administrados por los estados.

Voceros de las agencias de Medicaid de Pennsylvania y Colorado dijeron que, hasta marzo, los estados no habían encontrado a nadie que debiera ser dado de baja de Medicaid. Esto después de revisar un total combinado de 79.000 nombres.

A solicitud de la administración Trump, Texas revisó los registros de más de 28.000 inscritos en Medicaid y canceló la cobertura de 77, según Jennifer Ruffcorn, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Texas.

Ohio ha revisado 65.000 inscritos en Medicaid, de los cuales 260 personas fueron dadas de baja del programa, dijo Stephanie O’Grady, vocera del Departamento de Medicaid de ese estado.

En Utah, 42 de los 8.000 inscritos identificados por la administración Trump perdieron su cobertura de Medicaid, dijo Becky Wickstrom, vocera del Departamento de Servicios Laborales estatal.

Al anunciar las revisiones, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dijo: “Estamos reforzando la supervisión de las inscripciones para proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que estos programas vitales sirvan solo a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley”.

Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, indicó que las revisiones ordenadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) eran innecesarias porque los estados verifican el estatus migratorio cuando las personas se inscriben.

“Es totalmente predecible que todas estas revisiones, que imponen una carga a los estados por parte del gobierno federal, no arrojen resultados”, dijo Cuello. “Los estados ya habían hecho las revisiones una vez, y los CMS solo los estaba obligando a verificar de nuevo la misma información. Hacer que los estados pasen por el mismo proceso burocrático dos veces es increíblemente ineficiente y una manera de malgastar dinero”.

Chris Krepich, vocero de los CMS, dijo en un comunicado a �������ýҕ�l Health News que las verificaciones en curso están confirmando la elegibilidad “de ciertos inscritos cuyo estatus no pudo ser confirmado mediante fuentes de datos federales”.

“Los CMS proporcionan a los estados informes periódicos para revisiones de seguimiento, y los estados son responsables de verificar de forma independiente la elegibilidad y tomar las medidas apropiadas de acuerdo con los requisitos federales”, agregó.

Sin embargo, los hallazgos compartidos con �������ýҕ�l Health News también sugieren que muchos de los inscritos, cuyo estatus la administración Trump dijo no poder confirmar, son ciudadanos de Estados Unidos.

O’Grady dijo que Ohio encontró que, de los 65.000 nombres enviados por el gobierno federal, el estado ya tenía información sobre 53.000 que confirmaba que eran ciudadanos y otros 11.000 con estatus migratorio adecuado para Medicaid.

Luego, los trabajadores de casos revisaron los 1.000 nombres restantes para evaluar su información o solicitar más detalles, dijo.

Los CMS no respondieron preguntas sobre los hallazgos de los estados analizados por �������ýҕ�l Health News ni proporcionaron información sobre las respuestas recibidas de los 50 estados y el Distrito de Columbia, a los que se les ordenó realizar las verificaciones.

La agencia tampoco respondió a una pregunta sobre si está enviando los nombres de las personas cuya cobertura de Medicaid fue cancelada a las autoridades federales de inmigración.

En junio, asesores de Kennedy ordenaron a los CMS compartir información sobre los inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que provocó una demanda de algunos estados preocupados de que la administración usara la información para su campaña de deportaciones contra personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un juez federal que los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían acceder solo a información sobre personas en el país sin autorización en las bases de datos de Medicaid de los estados que presentaron la demanda.

Los CMS siguen enviando a los estados listas de nombres al menos cada pocos meses, aunque funcionarios estatales dicen que las cifras han disminuido desde la primera tanda de envíos el verano pasado.

Las personas sin estatus legal no pueden acceder a cobertura de salud financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Medicaid sí reembolsa a los hospitales por brindar atención de emergencia a personas sin papeles si cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios del programa.

Siete estados y el Distrito de Columbia ofrecen cobertura de salud sin importar el estatus migratorio, financiando los programas con sus propios recursos.

En marzo de 2025, los CMS iniciaron revisiones financieras de esos programas. “Los CMS han identificado más de $1.800 millones en fondos federales que están siendo recuperados mediante devoluciones voluntarias y aplazamientos de pagos federales futuros de Medicaid”, dijo Krepich. No respondió cuánto se ha recuperado hasta ahora ni de qué estados.

El gasto total de Medicaid superó los $900.000 millones en el año fiscal 2024.

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Científicos familiarizados con el proceso esperan que los CDC publiquen muchos más datos en las próximas semanas, lo que permitirá ver si Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión, logrado con tanto esfuerzo.

Los CDC retuvieron los datos durante meses mientras un equipo golpeado por despidos masivos y renuncias organizaba la información.

Pero ahora que los científicos de la agencia publicaron su primer lote de genomas completos del sarampión —el “mapa genético” de los virus—, el resto “debería empezar a fluir más fácilmente y a un ritmo más rápido”, dijo Kristian Andersen, virólogo evolutivo del Scripps Research Institute, que no participa en el trabajo de los CDC, pero lo sigue de cerca.

Los CDC no respondieron a las consultas de �������ýҕ�l Health News sobre cuándo planean publicar los datos o análisis de la investigación. Sin embargo, una vez que toda la información sea pública, los científicos podrán hacer rápidamente que indiquen si los brotes registrados a lo largo del país el año pasado se debieron a la propagación continua entre estados o a casos aislados importados del extranjero.

Si se verifica que hubo transmisión continua durante un año, eso significa que Estados Unidos perdió su estatus de país libre de sarampión. Ese estatus, que mantiene desde el año 2000, es reflejo de las tasas de vacunación: dos dosis de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) previenen la mayoría de las infecciones y frenan la propagación de los brotes.

Los análisis más detallados toman semanas.

“En abril ya deberíamos tener un informe”, sostuvo Andersen, “en el caso de que no haya interferencias políticas”.

Esta es la primera vez que Estados Unidos aplica técnicas genómicas sofisticadas al sarampión, una enfermedad que prácticamente había desaparecido del país desde hacía unos 25 años gracias a la alta cobertura de vacunación.

La desinformación, la , y también los recortes presupuestarios y la respuesta tardía a los brotes durante la administración Trump han impulsado el resurgimiento de la enfermedad. Con al menos 2.285 casos en 44 estados, 2025 fue el peor año para el sarampión en más de tres décadas. Y este año va camino a superarlo, con 1.575 casos hacia fines de marzo.

Aunque valoran los datos científicos, los investigadores coinciden en que la prioridad del gobierno debería ser frenar la propagación del virus.

“Creo que es sumamente importante realizar la secuenciación del genoma completo cuando se presentan  brotes. Pero, en realidad, no deberíamos tener que hacerlo en el caso del sarampión, ya que contamos con una vacuna extremadamente eficaz y segura”, señaló Andersen.

“El solo hecho de que estemos hablando de esto es una locura”, agregó.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), y otros funcionarios del gobierno “deberían dar la alarma por el regreso del sarampión y lanzar campañas de vacunación a nivel nacional”, explicó Rekha Lakshmanan, directora ejecutiva de , una organización sin fines de lucro de Houston que promueve el acceso a las vacunas.

“Aplaudo los avances científicos, pero lo más urgente es controlar el sarampión lo antes posible”, insistió.

En cambio, altos funcionarios han minimizado la gravedad de la enfermedad, y en los CDC de Kennedy se ha dado un nuevo impulso a ideas falsas sobre las vacunas. Esto incluye modificaciones repentinas en la información que brindan los sitios web de los CDC.

Según las asociaciones médicas, estas creencias no se basan en evidencia científica y ponen vidas en riesgo.

Kennedy sigue promoviendo medicamentos no probados que pueden hacer que los padres piensen que pueden dejar de vacunar a sus hijos sin consecuencias.

En el podcast , a fines de febrero, Kennedy habló largo rato sobre medidas para mejorar la salud en Estados Unidos, pero no mencionó las vacunas. Dijo que las medidas preventivas podrían incluir “la medicina holística, tomar vitaminas o tomar vitamina D, que, como se sabe, es casi milagrosa”.

“El riesgo de sarampión sigue siendo bajo para la mayor parte de Estados Unidos”, escribió Emily Hilliard, vocera del HHS. “Los CDC han puesto a disposición $8,5 millones para apoyar la respuesta a los brotes de sarampión en siete jurisdicciones”, expresó. “Los CDC, los principales funcionarios del HHS y el secretario han sido claros en que la vacuna triple viral (MMR) es la mejor forma de protegerse contra el sarampión”.

1.000 genomas

En diciembre, los CDC recurrieron a uno de los principales centros de secuenciación de virus del país, el Broad Institute, en Cambridge, Massachusetts. Importantes brotes de sarampión en Texas, Utah y South Carolina fueron causados por el mismo tipo de virus, identificado como D8-9171. Pero dado que este mismo tipo también circula en Canadá y México, los investigadores necesitan más datos para determinar si la propagación se produjo entre estados o si el virus ingresó a Estados Unidos desde el exterior en diferentes oportunidades.

La secuenciación del genoma completo aporta esa información porque los virus van cambiando con el tiempo. El virus del sarampión sufre una mutación cada dos a cuatro transmisiones entre personas, explicó Bronwyn MacInnis, directora de vigilancia de patógenos en el Broad Institute.

“Hay suficientes indicios en estos datos para desentrañar las cuestiones que nos ocupan”, dijo MacInnis. “La principal es si hay transmisión sostenida dentro del país”.

El equipo de MacInnis trabajó horas extra para secuenciar los genomas completos de virus del sarampión inactivados que se habían recogido en distintos estados en 2025 y 2026.

“Hemos analizado alrededor de unas 1.000 muestras y entregado los datos genómicos a los CDC, enviándolos de forma continua desde diciembre”, contó Bronwyn MacInnis. “Les corresponde a los CDC publicar esos datos”, explicó.

Los CDC no publicaron ni uno solo de esos genomas hasta fines de marzo, cuando aparecieron ocho en una base de datos pública del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés). Para el 1 de abril, se habían subido otros 154.

“Los datos deberían estar publicados en el NCBI dentro de las dos semanas desde que se obtienen, y cuando hay un brote activo, desde luego, no deberían tardar más de un mes”, opinó Kristian Andersen.

Los datos genómicos contienen pistas sobre cómo comienzan y se propagan los brotes. Esta información permite que los investigadores desarrollen pruebas, tratamientos y vacunas, y también ayuda a detectar variantes que podrían evadirlos.

Ese tipo de datos fueron claves durante la pandemia de covid. Científicos de China y Australia el 10 de enero de 2020, apenas de haberlo secuenciado.

“Definitivamente la publicación de los datos genéticos del sarampión no debería llevarle meses a los CDC”, señaló Eddie Holmes, el virólogo australiano que colaboró en la publicación de la primera secuencia del coronavirus.

Una de las razones de la demora es que el laboratorio de sarampión de los CDC quedó con muy poco personal por los despidos masivos y otras turbulencias que sufrió la agencia durante el último año, dijo a �������ýҕ�l Health News un científico de los CDC (�������ýҕ�l Health News aceptó no identificarlo por temor a represalias).

Otra razón, agregó el investigador, es la curva de aprendizaje: hasta ahora, los CDC y los departamentos de salud no habían tenido que secuenciar cientos de genomas completos de sarampión.

A diferencia de los CDC, el Laboratorio de Salud Pública de Utah ha compartido rápidamente los genomas del sarampión. La mayoría de los aproximadamente 970 genomas publicados en línea desde el 1 de enero de 2025 fueron secuenciados por ese estado. Las muestras provenían de Utah, Arizona, Carolina del Sur y otros estados dispuestos a compartirlas.

“Solo tenemos unas pocas muestras de Texas, recogidas más o menos en mitad del brote”, informó Kelly Oakeson, investigadora en genómica del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah. Aunque son similares, los genomas de los virus del sarampión detectados en Texas y Utah presentan algunas diferencias. “Esto indica que faltan variantes intermedias del virus”, explicó Oakeson.

Si el código genético de los virus recogidos hacia el final del brote en Texas se parece más al de los de Utah, eso indicaría que la transmisión fue continua y que Estados Unidos podría haber perdido su estatus de país libre de sarampión. Los centenares de secuencias genómicas que aún se encuentran en los CDC probablemente contengan la respuesta.

Esperando a los CDC

Los CDC tenían previsto terminar su investigación antes de abril, según dijo Daniel Salas, director ejecutivo del programa de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que trabaja con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OPS tenía previsto evaluar en ese momento la situación del sarampión en Estados Unidos.

Salas explicó que la entidad postergó la evaluación hasta la reunión anual de la organización, que será en noviembre, en parte porque los CDC necesitaban más tiempo para realizar el análisis genómico y porque también se está revisando la situación del sarampión en México, Bolivia y otros países. Celebrar reuniones escalonadas para cada país resulta poco práctico, agregó.

Estados Unidos es el único país que utiliza la secuenciación del genoma completo para responder si mantuvo la eliminación del sarampión, señaló Salas. Por lo general, los países clasifican los virus del sarampión según un pequeño fragmento de sus genes y luego asumen que los grandes brotes causados por el mismo tipo están relacionados.

Los genomas completos ofrecen una visión más precisa.

“Si Estados Unidos puede llenar los vacíos con datos genómicos, supone una suerte de avance”, dijo Salas. “Eso no significa que otros países vayan a ser capaces de implementar este tipo de análisis”, añadió. “Se necesitan muchos conocimientos especializados y recursos”.

El equipo para secuenciar y analizar genomas cuesta más de $100.000, y el costo de procesar cada muestra, incluyendo el pago a los investigadores, suele oscilar entre $100 y $500 por secuencia.

“Estoy a favor de la ciencia, pero no deberíamos tener que hacer esto”, dijo Theresa McCarthy Flynn, presidenta de la Sociedad de Pediatría de Carolina del Norte. “No tenemos por qué sufrir una epidemia de sarampión”.

Flynn contó que muy seguido recibe preguntas de padres preocupados por la desinformación difundida por Kennedy y los grupos antivacunas, incluido el que fundó el mismo secretario antes de incorporarse al gobierno de Trump. Los padres también han señalado cambios en las recomendaciones de los CDC y en el sitio web que contradicen el consenso científico.

Antes de que Kennedy asumiera, afirmaba en letras grandes que “las vacunas no causan autismo” y enumeraba que refutaban la existencia de una relación entre las vacunas y los trastornos del desarrollo.

El año pasado, el pasó a afirmar que “Las  autoridades sanitarias han ignorado los estudios que respaldan la relación entre las vacunas y los trastornos de desarrollo”.

Las publicaciones científicas rigurosas fueron sustituidas por el informe de un único investigador vinculado a grupos antivacunas.

En un correo electrónico enviado a �������ýҕ�l Health News, la vocera del HHS, Hilliard, repitió las erróneas afirmaciones sobre las vacunas publicadas en el sitio web, ignorando la amplia evidencia científica sobre el tema.

Flynn de la asociación pediátrica aseguró: “No puedo exagerar la gravedad de que los propios CDC estén difundiendo información errónea sobre las vacunas”.

Aunque el director en funciones de los CDC, Jay Bhattacharya, afirma que las vacunas son la mejor forma de prevenir el sarampión, él también ha socavado la política de vacunación. Por ejemplo, dijo que la polémica de reducir el número de vacunas recomendadas a los niños se basaba en “ciencia de referencia”. De hecho, el nuevo calendario convierte a Estados Unidos en entre naciones pares.

Hilliard escribió que el calendario actualizado estaba “alineando las directrices de Estados Unidos con las normas internacionales”.

El mes pasado, en respuesta a una demanda presentada por la Academia Americana de Pediatría y otros grupos, un tribunal federal dejó sin efecto temporalmente el nuevo calendario.

Bhattacharya no ha realizado conferencias ni con la prensa ni públicas sobre el repunte del sarampión este año ni tampoco activó los recursos de emergencia de los CDC.

“Normalmente, haríamos una gran campaña para aumentar las tasas de vacunación en las zonas donde son bajas. También haríamos una gran campaña en las redes sociales, publicaríamos anuncios sobre vacunación”, aseguró otro científico de los CDC con quien �������ýҕ�l Health News también acordó no revelar su identidad.

“El personal de los CDC quiere hacer campañas, pero los funcionarios políticos de la agencia no lo permiten”, dijo.

Además, los recortes y retrasos de los fondos de salud pública aplicados por el gobierno de Trump han dificultado que las autoridades locales protejan a sus comunidades.

Philip Huang, director de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas, en Texas, dijo que el departamento perdió más de $4 millones cuando el gobierno federal retiró unos $11.000 millones de los departamentos de salud a principios del año pasado, justo cuando se producía un brote de sarampión en el estado.

“Perdimos a 27 empleados y tuvimos que cancelar más de 20 de nuestras campañas de vacunación comunitaria, incluidas las dirigidas a escuelas que ya tenían bajas tasas de vacunación. Se están produciendo ataques simultáneos contra las vacunas que dificultan nuestro trabajo”, afirmó.

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“Se siente como si me estuviera asfixiando dentro de este albergue, atrapado sin salida”, dijo el hijo de Carlos cuando le pidieron describir cómo se sentía luego de meses en la instalación en el área de Houston, según contó uno de los abogados de los adolescentes. “Todos los días, la misma rutina. Todos los días, sintiéndome atrapado. Me hace sentir aterrado y sin esperanza”.

Durante llamadas diarias por video, Carlos, quien tenía estatus de protección temporal (TPS), les pedía a los hermanos que tuvieran paciencia, que confiaran en el proceso.

Funcionarios federales habían evaluado a Carlos antes de otorgarle la custodia y le dijeron que su caso estaba completo. Él creía que pronto estaría de nuevo con sus hijos, quienes, al igual que él, habían llegado a Estados Unidos huyendo de la violencia política en Venezuela.

Un oficial de inmigración llamó a Carlos un viernes y le pidió que fuera el lunes a una reunión en una oficina del ICE para hablar sobre la reunificación con sus hijos. Cuando llegó, los oficiales intentaron obligarlo a firmar documentos que dijo no entender. Cuando se negó, le quitaron la ropa, le confiscaron su identificación y sus pertenencias y lo encadenaron por el cuello, la cintura y las piernas.

“Me engañaron”, dijo Carlos en una llamada telefónica desde un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, donde estuvo retenido durante varios meses. “Usaron a mis hijos para atraparme”, agregó.

Durante la cobertura de esta historia, �������ýҕ�l Health News revisó documentos judiciales, habló con los abogados de inmigración de la familia, entrevistó a Carlos y revisó declaraciones de sus hijos, traducidas del español.

Carlos es un seudónimo que se ha usado a pedido de los abogados: les preocupa que hablar públicamente pueda poner en riesgo el caso o retrasar aún más la reunificación familiar.

Usar a los hijos para arrestar a los padres

Desde 2003, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha cuidado a niños migrantes menores de 18 años que llegan al país sin sus padres, a menudo huyendo de la violencia, el abuso o el tráfico humano. La oficina, que en febrero tenía más de 2.300 niños en albergues o con familias temporales en todo el país, se supone que debe liberarlos rápidamente con cuidadores evaluados, generalmente padres u otros familiares que ya viven en el país.

El Congreso asignó esta responsabilidad a la agencia de salud hace más de 20 años para priorizar el bienestar de los niños no acompañados y separar su cuidado de las prioridades de control migratorio.

Ahora, la segunda administración de Trump está usando a niños migrantes bajo custodia de la agencia para atraer a padres, como Carlos, tengan o no antecedentes penales.

Una investigación de �������ýҕ�l Health News encontró que la oficina de reasentamiento, , coordina con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el arresto de personas que buscan la custodia de niños migrantes.

Documentos de arrestos muestran que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división de la agencia que normalmente se enfoca en el crimen organizado y en traficantes, entrevista a padres u otros cuidadores y luego los arresta si están en el país sin autorización legal.

Antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la oficina de reasentamiento prohibía compartir datos y colaborar con las autoridades migratorias y no negaba la custodia de niños únicamente por el estatus migratorio de los cuidadores. el año pasado.

No está claro cuántos cuidadores han sido atraídos bajo falsos pretextos para ser arrestados. que indican que más de 100 fueron detenidos mientras intentaban sacar a sus hijos de la detención, pero �������ýҕ�l Health News no pudo verificar de manera independiente esa cifra con agencias federales.

El HHS, el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) no han respondido a preguntas sobre arrestos de cuidadores que se les han remitido desde febrero.

Antes de dejar el DHS el mes pasado, la subsecretaria Tricia McLaughlin dijo que la administración protege a los niños de ser entregados a personas que no deberían cuidarlos. Andrew Nixon, vocero del HHS, remitió las preguntas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias al DHS.

Al mismo tiempo, la oficina de reasentamiento que dificultan que los cuidadores obtengan la custodia de niños no acompañados. Estas incluyen reducir el tipo de documentos que se aceptan, exigir verificaciones de antecedentes con huellas dactilares para todos los adultos que vivan en el hogar y para otros cuidadores, y requerir citas en persona para verificar documentos de identidad, a veces con agentes del ICE presentes. Estos requisitos mantienen a los “niños seguros de traficantes y otras personas peligrosas”, dijo Nixon.

Hasta enero, la agencia había retenido a al menos 300 niños que ya habían sido ubicados con patrocinadores evaluados y había pedido a sus cuidadores que volvieran a solicitar la custodia, según el National Center for Youth Law y la Democracy Forward Foundation. Estos dos grupos presentaron calificando estas acciones como “una nueva forma silenciosa de separación familiar”.

Separación a la inversa

Dulce, una madre guatemalteca en Virginia, dijo que a su hijo de 8 años lo enviaron a un albergue del gobierno después de ser detenido durante una parada de tráfico el verano pasado, mientras visitaba a familiares en otro estado.

Al principio, Dulce esperaba recuperar a su hijo en pocos días: había cumplido con los requisitos de patrocinio del gobierno en 2024 y se había reunido con él tres semanas después de que el niño cruzara la frontera. Pero funcionarios de la agencia de reasentamiento le pidieron repetir todo el proceso y volver a presentar documentos, dijo Dulce. Tardó ocho meses en recuperarlo.

Dulce es un seudónimo utilizado a petición suya porque teme que hablar públicamente la ponga en riesgo de deportación.

En un momento, le pidieron que fuera a una entrevista en una oficina del ICE para mostrar su identificación como parte del proceso de reunificación con su hijo. Ella se negó por miedo a que la detuvieran, ya que no tiene estatus legal. Cree que agentes del ICE visitaron su casa en algún momento.

“Dejé de ir a mi casa”, dijo Dulce. “Viví con algunos de mis amigos por días”.

Aunque vivía a solo 45 minutos, a Dulce solo se le permitió visitar a su hijo dos veces al mes.

Hasta hace poco, la mayoría de los niños no acompañados llegaban a la custodia del gobierno luego de ser detenidos en la frontera. Pero los cruces fronterizos comenzaron a disminuir en 2024 y el número de personas que llegan a Estados Unidos ha caído de forma importante durante el segundo mandato del presidente Trump.

Ahora, cientos de niños han sido llevados a albergues del gobierno después de ser detenidos dentro del país, en general durante redadas migratorias o paradas de tráfico, según la demanda de los grupos defensores. Muchos ya vivían con familiares, incluidos tutores previamente evaluados por la agencia de reasentamiento.

Ya casi no hay liberaciones. Según la oficina de reasentamiento, en 2024 los niños bajo su custodia permanecían en albergues o en cuidado temporal por un promedio de un mes. En febrero, ese tiempo había aumentado a más de medio año.

Generalmente se libera a los niños solo después de que sus abogados presentan una demanda en un tribunal federal impugnando su detención como inconstitucional.

Las autoridades liberaron al hijo de Dulce en febrero después de que los abogados del niño presentaron una petición de este tipo. La mujer dijo que se siente aliviada de tenerlo de vuelta, pero sigue con miedo de que el ICE pueda llegar a su casa.

Inmigrantes en riesgo

Durante el primer mandato de Trump, su administración fue criticada por de niños que habían sido liberados de custodia. El presidente Joe Biden fue cuestionado por la forma en que su administración manejó el aumento de niños no acompañados, que alcanzó un pico en 2021 con alrededor de 22.000 bajo custodia de la oficina de reasentamiento.

Aunque la mayoría fueron recibidos por patrocinadores legítimos, algunos fueron entregados a personas que no habían pasado , lo que los puso en .

La administración Trump dice que está verificando y el Departamento de Justicia ha procesado de .

El 1 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien a finales de mes, destacó un , incluida la oficina de reasentamiento, que, según el DHS, había localizado a 145.000 niños no acompañados que habían sido entregados a cuidadores durante el mandato de Biden.

Sin embargo, informes internos del HHS sobre esa iniciativa obtenidos por �������ýҕ�l Health News muestran que casi 11.800 de esos niños migrantes y cerca de 500 de sus cuidadores habían sido arrestados hasta el 29 de enero. Solo 125 de esos niños y 55 de esos cuidadores fueron arrestados por presunta actividad criminal, lo que sugiere que la mayoría fue detenida por violaciones migratorias.

El HHS remitió preguntas sobre esas cifras al DHS, que no respondió a solicitudes de comentarios. Michelle Brané, quien fue funcionaria del DHS durante la administración Biden, dijo que las cifras muestran que la mayoría de los arrestos fueron para detener y deportar migrantes. Anteriormente, que la administración apuntó a padres y cuidadores que habían pagado para que los niños cruzaran la frontera, intentando presentar cargos de tráfico de personas contra ellos.

“Han abandonado esa estrategia en muchos sentidos y ahora van tras cualquiera abiertamente”, dijo Brané. “Estas cifras reflejan claramente que esto no se trata de seguridad pública ni de la seguridad de los niños”.

Caso en espera

Carlos salió de Venezuela en 2022 debido a amenazas de muerte y, como miles de otros que huían de ese país, recibió lo que se conoce como estatus de protección temporal durante la administración Biden. Esa protección fue para la mayoría de los venezolanos por el gobierno de Trump.

En enero de 2025, días antes de que Trump asumiera su segundo mandato, los hijos de Carlos cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos, se entregaron a las autoridades fronterizas y fueron puestos de inmediato bajo custodia de la agencia de reasentamiento.

Carlos pasó meses enviando documentos para reunirse con ellos. Dijo que es su único padre, ya que la madre los abandonó cuando eran pequeños.

Funcionarios visitaron su casa dos veces y determinaron que era apto para cuidarlos, según documentos judiciales que solicitaban su liberación. Pasó pruebas de ADN que confirmaron que es el padre biológico, dijo uno de sus abogados. Sus documentos indican que no tiene “antecedentes penales”. En julio, a Carlos le dijeron que su caso de reunificación estaba completo y en proceso de aprobación. Pero luego, sin explicación, el caso fue puesto en espera.

Antes de que el ICE lo arrestara, Carlos dijo que manejaba 14 horas de ida y 14 de vuelta desde su casa para visitar a sus hijos. Solo podía verlos durante una hora. Cuando estaba detenido, dijo que hablaba con ellos aproximadamente cada dos semanas en llamadas breves y supervisadas.

Intenta mantenerse la esperanza, pero es difícil.

Según documentos redactados por oficiales del ICE durante su arresto y presentados en su caso judicial, Carlos fue detenido bajo una iniciativa llamada Operation Guardian Trace, que exige a los oficiales migratorios detener a posibles cuidadores si están en el país sin autorización legal y recomendar su deportación.

“Esta operación está diseñada para obligar a los padres a tomar una decisión imposible entre reunirse con sus hijos y buscar seguridad”, dijo una de las abogadas de Carlos, Chiqui Sanchez Kennedy, del Galveston-Houston Immigrant Representation Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes de bajos recursos.

“Voy a esperar”

En marzo, un juez federal determinó que Carlos había sido detenido de manera ilegal y fue liberado bajo fianza.

Pero sus hijos aún enfrentan un futuro incierto. muestran que los albergues del gobierno a menudo carecen de suficientes recursos y trabajadores sociales dicen que estadías prolongadas en estos lugares pueden causar más trauma.

“No solo es malo, sino que cuanto más tiempo estás allí, peor se vuelve”, expresó Jonathan Beier, director asociado de investigación y evaluación del programa para niños no acompañados del Acacia Center for Justice, que coordina servicios legales para estos menores.

Los hijos de Carlos también podrían ser enviados de regreso al país del que huyeron. Debido a su detención, Carlos tendrá que repetir gran parte del proceso para reunirse con ellos, según una abogada de los niños, Alexa Sendukas, también del Galveston-Houston Immigrant Representation Project.

En declaraciones compartidas a través de Sendukas, la hija de Carlos dijo que ya no quiere estar con otras personas y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Su hijo, ahora de 15 años, describió tener ataques de pánico y sentir que se está perdiendo la vida, ya sean las oportunidades con las que sueña — aprender inglés, estudiar ciencia — o ver baloncesto con su familia.

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a este albergue; tenía mucha esperanza y fe en que pronto me reuniría con mi papá”, dijo.

La hija de Carlos pasó el día llorando en la cama cuando los hermanos se enteraron de que su padre había sido detenido. Durante días, no supieron dónde estaba. Ahora, temen que la única salida sea la adopción o el cuidado temporal.

“Tengo miedo”, dijo. “Voy a esperar a mi papá siempre”.

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“La semana pasada me hicieron un tratamiento de conducto (endodoncia) que costó unos $500”, dijo. “Antes me colocaron una corona que me costó varios cientos de dólares. Y ahora mismo tengo un diente roto, así que tengo que ir al dentista pronto”.

En total, Anthony calcula que pagará alrededor de $2.000 por esta atención este año, aunque tiene seguro dental.

“Tratar de evaluar el costo de cuándo ir a recibir atención dental y pagar por ello, frente a otras necesidades que tengo, es algo muy importante”, agregó Anthony.

La Asociación Dental Estadounidense (American Dental Association, ADA) informó que el tenía seguro dental en 2021. Pero esa cobertura no protege necesariamente contra facturas elevadas.

De hecho, 1 de cada 4 adultos con seguro dental reportó que el costo es una barrera para recibir atención, de KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye �������ýҕ�l Health News.

Aquí hay tres cosas que debes saber para entender mejor tu plan dental y mantener los costos lo más bajos posible:

1. Incluso con seguro dental, tendrás que pagar por procedimientos

Los planes dentales suelen cubrir completamente la atención de rutina, pero solo pagan una parte del trabajo adicional. Los beneficios varían, pero muchos planes siguen la regla “100/80/50”: cubren el 100% de la atención preventiva, como limpiezas y exámenes, el 80% en el caso de procedimientos básicos, como empastes y endodoncias, y el 50% de otros procedimientos mayores.

Además, los planes dentales suelen tener un límite máximo anual de pago, por lo general, de entre $1.000 y $2.000. Los pacientes deben pagar cualquier costo que supere ese límite. Por ejemplo, si tu plan tiene un máximo de $1.500 y necesitas $4.000 en tratamientos dentales, tendrás que pagar la diferencia de $2.500.

1. ¿Enfrentas una factura dental alta? Tienes opciones

Puede resultar incómodo hablar de dinero directamente con un dentista, pero es útil ser claro sobre lo que puedes pagar.

Muchas clínicas odontológicas ofrecen opciones de financiamiento para ayudar a los pacientes a manejar el costo de la atención, incluyendo estimaciones previas al tratamiento y planes de pago. Si recibes un presupuesto que parece muy alto, revisa los detalles y considera buscar una segunda opinión. También puedes preguntar si ofrecen algún descuento.

Si necesitas una opción de menor costo, puedes considerar las escuelas de odontología, que a menudo ofrecen atención con descuento, o los , que ajustan los precios según los ingresos del paciente.

1. Visitar al dentista con regularidad puede ayudar a mantener bajos los costos

Sarah Olim, dentista generalista en Katy, Texas, recomienda a sus pacientes hacer cita cada seis meses.

“Lo mejor que puede hacer para reducir el costo de ir al dentista es asegurarse de ir con regularidad y tratar los problemas a tiempo”, dijo.

Olim atiende a pacientes sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su última visita. Pero advirtió que quienes esperan varios años entre consultas pueden encontrar que sus citas son más costosas y más incómodas.

¿La razón? Los problemas dentales generalmente no se resuelven por sí solos. Por ejemplo, una caries pequeña que requiere un empaste rápido puede costar $200. Si no se trata, puede convertirse en un problema mayor que requiera un tratamiento de conducto o endodoncia y una corona, con un costo de miles de dólares.

Tu dentista también te recomendará seguir medidas preventivas básicas: cepillarte los dientes durante dos minutos, dos veces al día. Olim aconseja a sus pacientes tomarse el tiempo o escuchar una canción que les guste para asegurarse de cepillarse el tiempo suficiente.

Personas y políticas

Los legisladores federales han intentado aumentar el acceso de los niños al seguro dental. Bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la atención dental se considera un , por lo que los planes de salud en el mercado individual deben ofrecer cobertura dental para menores de 18 años.

Los programas estatales de Medicaid también .

Emily Siner, de Nashville Public Radio, contribuyó con este informe.

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