Carrera contra el tiempo: estados intentan resolver cómo implementar requisitos laborales de Medicaid
Funcionarios estatales siguen sin tener claro cómo hacer cumplir el requisito de que muchos adultos inscritos en Medicaid demuestren que están trabajando.
Mientras un estado ya ha lanzado su programa, otros evalúan recurrir a la inteligencia artificial para intentar resolver el proceso.
de 42 estados, y el Distrito de Columbia, ofrece información sobre decisiones clave de políticas públicas que enfrentan los estados a medida que se acerca la fecha límite del 1 de enero de 2027 para implementar el requisito laboral.
Entre las dudas que persisten están qué enfermedades calificarán como exenciones al requisito, y cómo automatizar la verificación del cumplimiento.
No se espera que la guía federal se publique hasta junio. Sin embargo, algunos estados ya avanzan con sus propias definiciones de “fragilidad médica”, lo que, bajo la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos en el Congreso, permitirá que algunos inscritos en Medicaid no tengan que demostrar que trabajan.
La ley, el principal logro en política nacional del presidente Donald Trump, modifica Medicaid en más de 40 estados que, junto con Washington, D.C., ampliaron total o parcialmente el programa para personas de bajos ingresos, con el fin de cubrir a adultos sin hijos que no tienen seguro a través de un empleo.
Aunque la mayoría de los adultos beneficiarios de Medicaid ya trabajan, tienen una discapacidad, cuidan a otras personas o estudian, muchos republicanos sostienen que quienes están inscritos y no trabajan consumen recursos que deberían apoyar a niños de bajos ingresos, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.
obtuvieron cobertura de Medicaid gracias a la expansión creada por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), una ley que la mayoría de los republicanos sigue rechazando.
Las nuevas reglas laborales exigen que una persona sea estudiante al menos a tiempo parcial, o que trabaje o participe en otras actividades calificadas, como servicio comunitario, durante al menos 80 horas al mes. Este requisito aplica a personas que ya están inscritas pero también podría cambiar quiénes son elegibles para Medicaid.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) reducirán el gasto federal en Medicaid en unos $326.000 millones en 10 años. También calcula que 4,8 millones de personas más no tendrán seguro en 2034 debido a esta medida.
“Muchos estados trabajan con un plazo muy ajustado”, dijo Amaya Diana, analista de políticas en KFF que trabajó en la encuesta. Señaló que todavía “tienen que tomar decisiones importantes a menos de un año de la implementación”.
La ley permite exenciones temporales del requisito laboral para personas que enfrentan ciertas dificultades, como desastres naturales, vivir en un condado con alta tasa de desempleo, estar hospitalizado o en una residencia de adultos mayores, o tener que viajar por un período prolongado para recibir atención médica.
Aunque 28 estados y Washington, D.C., ofrecerán exenciones por dificultades, tres de esos estados no adoptarán las cuatro exenciones permitidas por la ley, y dos —Iowa e Indiana— no planean adoptar ninguna.
Las personas también pueden quedar exentas si se consideran “médicamente frágiles”. Sin embargo, el gobierno federal no ha indicado a los estados cómo definir ese término ni cómo determinar si un beneficiario está en esa categoría.
La encuesta mostró que, hasta marzo, 21 estados no habían definido la fragilidad médica. Nebraska, que ha comenzado a implementar su requisito laboral el 1 de mayo, publicó recientemente una lista de miles de afecciones de salud que podrían calificar a los beneficiarios como “frágiles” y eximirlos de trabajar.
Algunos estados permitirán que los pacientes declaren por sí mismos su fragilidad médica, mientras que otros exigirán confirmación de un profesional de salud. La forma más común de verificarla, que se usará en poco más de 30 estados, es mediante el análisis de datos de reclamos de Medicaid.
Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), dijo a ýҕl Health News en una entrevista que “no nos gusta la auto declaración” y que “la documentación es fundamental”.
Muchos beneficiarios y sus defensores están preocupados por la posibilidad de perder la cobertura por razones administrativas. Cuando Arkansas implementó brevemente estas reglas, por ejemplo, la mayoría perdió la cobertura no por no cumplir los requisitos, sino por no presentar correctamente la documentación a tiempo.
Seis estados planean usar inteligencia artificial (IA) para ayudar en la implementación del requisito laboral para procesar documentos o comparar datos de beneficiarios de distintas fuentes, según KFF. Dos estados, Maryland y New Mexico, utilizarán la IA para analizar datos de reclamos.
Tres estados —Arkansas, Missouri y Oklahoma— piensan usarla para interactuar directamente con personas en Medicaid y ayudarlas a identificar y subir documentos y datos de verificación.
Los adultos en Medicaid deberán volver a verificar que están trabajando, o que están exentos del requisito, al menos cada seis meses. Algunos estados planean hacerlo cada tres.
Cuando sea posible, los estados deben usar fuentes de datos disponibles para verificar exenciones o el cumplimiento de los requisitos laborales.
Por ejemplo, unos 10 estados usarán datos del National Student Clearinghouse para verificar la asistencia escolar. Algunos también planean usar fuentes como el Departamento de Asuntos de Veteranos, AmeriCorps y comisiones de servicio.
Sin embargo, más de la mitad de los estados dijeron a los investigadores de KFF que no tienen suficiente tiempo para agregar nuevas fuentes de datos y señalaron que los costos continuos representan un gran desafío.