Esta caída en las cifras genera incertidumbre para las aseguradoras. Como respuesta, es probable que vuelvan a aumentar las tarifas el próximo año, después de los incrementos mayores de lo habitual registrados este año.

Las inscripciones ya habían bajado en enero en aproximadamente respecto al del año pasado. Para este año, los inscritos enfrentaron primas que aumentaron, en promedio, . Además, los subsidios que ayudan a las personas a comprar cobertura se redujeron o desaparecieron.

Ahora, los expertos observan cuántas de las aproximadamente 23 millones de personas inscritas dejarán de pagar su parte de las primas.

Aunque los datos disponibles sobre pagos de primas corresponden principalmente a enero, algunos estados que administran sus propios mercados de ACA han publicado información de meses posteriores.

La caída más pronunciada en personas que pagan primas, según datos limitados, se registró , que tuvo una baja del 28% en abril en comparación con el mismo período del año anterior, según un análisis de Charles Gaba, analista de políticas de salud y autor de un blog especializado en ACA.

El sitio de noticias NOTUS que tenía datos internos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que mostraban que aproximadamente el 21% de las personas que usan el mercado federal de ACA —— no pagaron su parte de las primas de enero, lo que, de ser correcto, sería mucho más alto que en el mismo período del año pasado.

Los CMS no respondieron a preguntas de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News sobre los datos de inscripción.

Al revisar las primeras cifras publicadas por analistas, “todavía no podemos cuantificar cuánto peor será en comparación con años anteriores, pero sin duda será peor debido al impacto de los precios”, dijo Ellen Montz, directora ejecutiva de la consultora Manatt Health, quien ayudó a supervisar ACA durante su trabajo en la administración Biden.

Los resultados iniciales llegan en medio de una creciente preocupación pública por la asequibilidad, con que muestran que los suelen estar entre las de los votantes.

Por ejemplo, un publicado el 19 de mayo encontró que el deducible promedio de los planes de ACA (deducible es la cantidad que las personas deben pagar de su bolsillo por la mayoría de los tratamientos, excepto atención preventiva, antes de que las aseguradoras comiencen a cubrir los gastos) tuvo el aumento más pronunciado de la historia: creció un 37%, o más de $1.000, pasando de $2.759 en 2025 a $3.786 en 2026, después de que expiraran los subsidios mejorados que ayudaban a pagar las primas.

El aumento de costos representa un desafío político para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano en general, que se ha opuesto a ampliar los subsidios para ayudar a las personas a comprar cobertura a través del Obamacare.

Los legisladores republicanos también aprobaron el año pasado un paquete de gastos —promulgado como el One Big Beautiful Bill Act— que incluía disposiciones que se espera reduzcan la inscripción en ACA y que fueron citadas entre los factores que impulsaron el aumento de las primas este año.

Las reducciones en la inscripción “afectan a personas reales y tienen consecuencias reales”, dijo Montz. “La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) es un tema políticamente polémico, pero es una parte fundamental del panorama de cobertura médica”.

Siguiendo las cifras

Por ahora, la tasa de abandono coincide con lo que algunos expertos en políticas públicas habían previsto, en parte porque el Congreso no extendió los beneficios más generosos que expiraron al final del año pasado. Esos subsidios ampliados habían estado vigentes desde 2021.

“En general, el mercado individual parece dirigirse hacia una contracción significativa en 2026 y podría parecerse” a las caídas proyectadas por la , indicó un informe del , el área de análisis de HMA Co.

En base a su análisis, elaborado con datos proporcionados por 75 aseguradoras, Wakely estima que la inscripción promedio en ACA terminará siendo entre un 17% y un 26% menor este año en comparación con 2025.

Hasta ahora, el informe de Wakely señala que un promedio del 86% de los inscritos realizó su primer pago en enero.

El incumplimiento en los pagos de las primas varió según el estado. Aquellos con menores tasas de abandono habían implementado ayuda adicional —como cubrir parcial o totalmente la reducción de subsidios con fondos estatales— o registraron aumentos menores en las primas. Los estados que administran sus propios mercados tuvieron tasas de pago más altas (92%) que aquellos que usan el mercado federal (82% a 84%).

El análisis inicial de Gaba incluye cifras más recientes de nueve de los 20 estados que administran sus propios mercados del Obamacare.

“Georgia podría ser bastante representativo” de otros estados que no implementaron protecciones adicionales, dijo Gaba. Por ejemplo, las tasas de incumplimiento de pagos, comparadas año tras año, fueron del 11,6% hasta abril en Nueva Jersey y, hasta febrero, del 15,7% en Washington y del 8,5% en California.

Solo un estado de su muestra —Nuevo Mexico— registró un aumento en el porcentaje de personas que pagaban primas, según los datos mensuales más recientes disponibles. A diferencia de la mayoría, el estado para compensar completamente la reducción de los subsidios federales.

Las cifras de inscripción en ACA nunca son estáticas. Tradicionalmente, más personas se inscriben —ya sea mediante reinscripción automática o tomando la iniciativa de buscar cobertura— de las que finalmente pagan las primas, por lo que las cifras suelen ser más altas al comienzo del año.

Las personas dejan la cobertura a lo largo del año por muchas razones, como encontrar otro seguro a través de un empleo o casarse con alguien que ya tiene cobertura.

El costo, por supuesto, es un factor. Este año, debido al aumento de las primas y la reducción de subsidios, muchas personas enfrentaron costos de lo que pagaban anteriormente por su cobertura.

Además, la administración Trump eliminó un programa especial de inscripción que permitía a personas de bajos ingresos inscribirse durante todo el año.

dicen que la caída en la inscripción no debe verse únicamente en el contexto del aumento de costos. El Paragon Health Institute, un centro de estudios de libre mercado que se ha vuelto influyente entre conservadores en el Capitolio, ha argumentado durante años que las cifras récord de inscripción recientes fueron impulsadas por inscripciones fraudulentas, posiblemente por millones.

, y expertos en políticas públicas cuestionaron la metodología utilizada por Paragon para estimar inscripciones indebidas, señalando que probablemente fueron ampliamente sobreestimadas.

Algunas personas nunca habían usado ACA antes de la entrada en vigencia de los subsidios ampliados, por lo que enfrentaron un impacto mayor por los precios.

“En teoría económica, sin importar si alguien es de izquierda, derecha o centro, es un hecho simple que cuando se aumentan los precios de algo, menos personas lo comprarán”, dijo Sabrina Corlette, codirectora del Centro de Reformas del Seguro Médico de Georgetown University.

La visión a largo plazo

La expectativa de que continúe la tendencia de menor inscripción es uno de los factores clave que probablemente se traduzca en mayores estimaciones de costos mientras las aseguradoras preparan las tarifas de 2027.

Por un lado, aunque todavía no está claro cuántas personas permanecerán inscritas, tampoco se sabe si esos inscritos presentarán más reclamos médicos de los que proyectaron las aseguradoras. Generalmente se cree que las personas más jóvenes o saludables tienen más probabilidades de abandonar la cobertura cuando aumentan las primas.

En segundo lugar, ha habido un cambio marcado entre consumidores hacia la compra de planes de nivel bronce, que tienen primas mensuales más bajas pero deducibles más altos. El análisis de KFF encontró que las inscripciones en los planes bronce aumentaron del 30% al 40% del total de selecciones de planes, pasando de 7,3 millones en 2025 a 9,2 millones este año.

¿Pagarán? ¿O serán hospitales y doctores quienes tendrán que absorber copagos o deducibles impagos y luego aumentar los precios para compensar?

Las aseguradoras basan sus primas, en parte, en este tipo de análisis.

Otro factor preocupante para los actuarios es la publicación tardía de una regulación clave que establece las reglas del próximo año para los planes médicos de ACA.

La propuesta inicial para 2027 de la administración Trump se publicó a mediados de febrero e incluía ideas agresivas, como aumentar considerablemente los deducibles para ciertos tipos de planes de ACA o permitir a las aseguradoras ofrecer planes sin redes definidas de proveedores médicos.

No se finalizó , en pleno período en que las aseguradoras calculan las primas para el año siguiente. Muchos de los cambios propuestos, con algunas modificaciones, fueron aprobados, como permitir deducibles anuales más altos en ciertos tipos de cobertura.

“Definitivamente es un año difícil para ser actuario”, dijo Louise Norris, analista de políticas de salud de healthinsurance.org, un sitio de información y referencia para consumidores afiliado a Trove Group, una agencia de seguros.

“Sabemos con certeza que el mercado individual se ha reducido y casi con seguridad está más enfermo, ya que las personas que abandonan la cobertura tienen más probabilidades de estar sanas”.

Aunque todavía “no están levantando grandes señales de alerta”, las aseguradoras observan de cerca las tendencias, dijo Michelle Anderson, directora de Wakely y coautora del informe reciente.

Anderson no espera un aumento promedio de primas del 26% como el registrado este año. Aun así, considera que la incertidumbre continua y la disminución prevista en la inscripción, que variará según el estado y la aseguradora, influirán en las tarifas del próximo año.

“No me sorprendería que hubiera algunos aumentos de dos dígitos”, dijo Anderson.

La reportera de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Rachel Spears colaboró con este artículo.

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Las escuelas públicas y la despensa de alimentos de su iglesia ayudan a Lafortune a lograr los primeros dos objetivos. Pero conseguir un seguro para cubrir visitas al doctor ha sido lo más difícil.

Como asistentes de enfermería en un centro de rehabilitación para lesiones cerebrales traumáticas cerca de Tampa, Florida, Lafortune y su esposo no pueden pagar el seguro médico que ofrece su empleador. Y, a la vez,  ganan demasiado para que sus hijas califiquen para tener cobertura subsidiada a través , el programa estatal de seguro médico infantil para familias de bajos ingresos.

Lafortune puede inscribir en KidCare a sus hijas pequeñas, Elisheva Joseph y Elish Adeera, pagando la tarifa completa. Pero los $525 al mes es más de lo que la familia puede afrontar.

Así que Lafortune compró un plan familiar con una prima cercana a $500 en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). El plan no incluye cobertura dental y la pareja enfrenta gastos de bolsillo mucho más altos que los que pagarían si sus hijas estuvieran en KidCare.

“KidCare es mejor para los niños. Pero al menos tengo algo para ellas”, dijo.

En 2023, los legisladores de Florida aprobaron por unanimidad la ampliación de KidCare para zanjar las brechas existentes para familias como la de Lafortune, elevando el umbral de elegibilidad para que la cobertura se extendiera a más de 40.000 niños.

Sin embargo, esta ampliación no ha entrado en vigencia —ni siquiera después de haber sido aprobada por los reguladores federales a raíz de una demanda federal— debido a que la administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ha implementado los cambios.

En su lugar, la ampliación de KidCare en Florida se ha visto estancada entre demandas y negociaciones continuas entre el estado y los reguladores federales. Mientras persiste esta demora, Florida podría estar infringiendo la ley.

“No sé qué están esperando”, dijo Lafortune. “Deberían darse cuenta de que la gente en Florida tiene necesidades”.

Consultada sobre la demora, la oficina de DeSantis remitió a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News a del 31 de marzo, durante la cual el gobernador derivó las preguntas a la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida, que supervisa KidCare.

La agencia estatal no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista e información sobre este tema.

Derecho adquirido vs. responsabilidad personal

En el centro del debate está una adoptada bajo la administración Biden que exige a todos los estados mantener 12 meses continuos de cobertura para niños en Medicaid y en el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés), conocido como KidCare en Florida. Eso significa que la cobertura no se cancelaría aunque los padres no pagaran la prima mensual.

Solo Florida ha impugnado la norma en los tribunales, demandando al gobierno federal para tener derecho a dar de baja a los niños de KidCare por falta de pago y retrasando la ampliación de la cobertura.

En diciembre, Texas también dijo que se oponía a la norma. Cecile Erwin Young, entonces comisionada ejecutiva de Texas Health and Human Services, escribió a Mehmet Oz, administrador de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), pidiéndole que revocara las reglas de CHIP que obligan a los estados a mantener a los niños inscriptos por períodos de 12 meses, prohíben tiempos de espera para la cobertura e impiden que los estados impongan límites a los beneficios económicos.

“Estos cambios de política, en la práctica, redefinen CHIP para que funcione más como un programa de derecho automático —una estrategia que no está respaldada por la ley y que entra en conflicto con el diseño original del programa adoptado por Texas”, sostuvo Young.

Al igual que Texas, Florida considera KidCare como un “programa de responsabilidad personal” diseñado para ayudar a las familias al “fomentar la independencia y servir como un camino hacia la autosuficiencia económica”, según documentos judiciales y presentaciones a .

“Es algo que remite a esa lógica de que la gente debe salir adelante por sí sola”, dijo , directora de políticas de Florida Health Justice Project.

Esta organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia legal, junto con el National Health Law Program, de Florida el 9 de marzo. Le pidió a un juez que ordenara al estado que implementara la expansión ya aprobada.

Al 22 de abril, las agencias estatales no habían presentado una respuesta a esa demanda al 22 de abril. El tribunal ordenó al estado explicar, para mediados de mayo, por qué no debería implementarse la expansión.

Williams calificó la táctica estatal como “en gran medida, teatro político”.

Investigadores y defensores de políticas de salud también señalaron que la negativa de Florida a implementar la ampliación de KidCare contradice la estrategia del gobierno de Trump de “

El año pasado, una comisión nombrada por el presidente Donald Trump recomendó una serie de reformas, incluida una colaboración entre los CMS y programas estatales de CHIP, para promover “iniciativas basadas en evidencia de prevención y bienestar infantil a nivel local”.

Numerosos estudios han encontrado que la cobertura de CHIP puede mejorar la salud infantil al , y .

“Puede parecer obvio, pero no se puede hacer que los niños vuelvan a estar saludables quitándoles su cobertura médica”, dijo , directora de estrategia y desarrollo del Florida Policy Institute, organización sin fines de lucro que impulsa la ampliación de KidCare.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la oposición de Florida y Texas a la norma que exige mantener la cobertura continua en CHIP.

Mientras tanto, esos dos estados tienen algunas de de niños sin seguro. En Texas, más de un millón de niños, el 13,5%, no tienen seguro médico, mientras que en Florida más de 400.000 niños, el 8,5%, no tienen cobertura.

Texas ha seguido la norma federal de cobertura continua pese a haberse opuesto a ella, pero Florida ha ignorado el requisito y sigue retirando a niños del programa por falta de pago.

Elegir entre útiles escolares y seguro médico

Según Florida Healthy Kids Corporation, la organización sin fines de lucro contratada por el estado para determinar la elegibilidad y administrar KidCare, unos 250.000 niños recibieron cobertura subsidiada entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. De ellos, 43.000 fueron dados de baja del programa después de que sus padres no pagaran la prima.

, directora del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, afirmó que la administración Trump debería actuar ante la evidencia de que Florida es el único estado que desafía la norma.

“Decenas de miles de niños pierden su cobertura casi automáticamente, lo que supone una violación de la ley federal, y la administración Trump no ha hecho nada al respecto” dijo. “Al mismo tiempo, está retirando fondos a estados como Minnesota por supuestas irregularidades que ni siquiera han sido probadas”.

Las familias suelen atrasarse en los pagos en julio y agosto, cuando deben comprar los útiles escolares, y otra vez en diciembre y enero, durante las fiestas, explicó Alker.

“Eso es muy, muy triste”, dijo. “Hay padres trabajadores que están luchando y tienen que elegir entre comprar los útiles escolares de sus hijos y pagarles el seguro de salud”.

Este año, la inscripción en KidCare ha caído por debajo de las proyecciones estatales, lo que ha generado un superávit de $32 millones en el programa.

El 17 de abril, legisladores votaron a favor de del programa y redirigirla al fondo general; algunos legisladores por el hecho de que la expansión aún no se hubiera implementado.

Los legisladores votaron para ampliar la elegibilidad de KidCare a las familias con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza. Este cambio elevaría el umbral de ingresos para una familia de cuatro miembros de aproximadamente $5.500 mensuales a unos $8.250 mensuales. Las primas mensuales de la cobertura subsidiada también aumentarían, pasando de los actuales $15 a $20 mensuales a un máximo de $195 mensuales, independientemente del número de hijos que inscriba la familia.

El programa ofrece una que los planes del mercado de ACA. KidCare no tiene deducible ni coseguro, y establece copagos máximos de $15. También incluye cobertura dental y de la vista.

Con su plan de ACA, Lafortune debe pagar un copago de $35 por cada visita al médico. El deducible familiar es de $1.600, y el coseguro —es decir, la parte de los servicios cubiertos que ella debe pagar tras alcanzar el deducible— es del 20%. El costo máximo de desembolso propio del plan es de $7.250.

“Intenté conseguir algo más barato, pero no es como si pudiera prescindir de ello”, comentó Lafortune refiriéndose a la necesidad de contar con un seguro médico. “Tengo que hacer algo”.

La demanda inicial del estado, que impugnaba la norma de elegibilidad continua, fue desestimada en mayo de 2024, y una segunda demanda fue retirada este febrero.

El estado y los CMS comunicaron al juez que estaban “trabajando para determinar la vía más expedita para resolver la disputa” y aún no han informado al tribunal sobre el avance de sus conversaciones.

Sin embargo, tres días después de retirar la demanda, Florida demandó a los los CMS por tercera vez, acusando a la agencia federal de ignorar la solicitud de registros públicos del estado relacionada con la aprobación por parte de los CMS de la expansión de KidCare.

Mientras continúan las disputas legales, el costo del seguro médico se ha disparado.

Para aquellos que cuentan con cobertura a través del mercado de ACA, que expiraran los subsidios mejorados fue un duro golpe.

Aproximadamente la mitad de quienes se reinscribieron en la cobertura del mercado de ACA para 2026 dijeron que sus costos de atención médica son “mucho más altos” este año, según .

Para Lafortune, la expansión del programa KidCare de Florida no podría llegar lo suficientemente pronto.

“Los niños son quienes van a reemplazar a todos aquí”, dijo. “Cuando se les brindan oportunidades —para su salud, para la escuela, para alimentarse—, se logra que el país sea mejor y más sano”.

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“La primera vez, el teléfono suena sin parar. La siguiente, te manda al buzón de voz y se corta la llamada”, dijo la mujer de 48 años, que vive en Delaware. “A veces te contesta alguien que dice que no es la persona indicada. Te transfieren y se corta. A veces contestan y no hay nadie en la línea”.

Pasó meses tratando de averiguar si su cobertura de Medicaid había sido renovada. Hasta finales de marzo, todavía no le había llegado la renovación anual para el programa estatal y federal que ofrece seguro de salud a personas con bajos ingresos y con discapacidades.

Crouch, quien sufrió un aneurisma cerebral debilitante hace una década, también tiene Medicare, que cubre a personas de 65 años o más, o a aquellas con discapacidades. Medicaid pagaba sus deducibles mensuales de Medicare de $200, pero en los últimos tres meses ha tenido que cubrirlos ella misma, lo que ha afectado el ingreso fijo de su familia, contó.

Los problemas de Crouch con el centro de llamadas de Medicaid en Delaware no son un caso aislado. Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios y atender llamadas de afiliados con preguntas.

La falta de estos trabajadores puede impedir que las personas usen plenamente sus beneficios, dijeron investigadores de políticas de salud.

Ahora, la ley One Big Beautiful Bill Act de los republicanos aprobada por el Congreso, que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, pronto exigirá más al personal de las agencias estatales en los lugares donde los legisladores ampliaron Medicaid a más adultos con bajos ingresos, que son casi todos los estados y el Distrito de Columbia.

Según la ley, que se espera reduzca el gasto de Medicaid en casi $1.000 millones en los próximos ocho años, estos trabajadores deberán no solo determinar si millones de afiliados cumplen con los nuevos requisitos laborales del programa, sino también verificar con mayor frecuencia que califican: cada seis meses en lugar de una vez al año.

Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a agencias que deberán implementar estas reglas de trabajo, y muchas dijeron que necesitarán más personal.

Estas exigencias pondrán más presión sobre una fuerza laboral ya sobrecargada, lo que podría dificultar que afiliados como Crouch reciban servicios básicos de atención al cliente. Y muchos podrían perder acceso a beneficios a los que tienen derecho por ley, según afirmaron defensores del consumidor e investigadores de políticas de salud, algunos con experiencia directa trabajando en agencias estatales.

Los estados ya están “teniendo grandes dificultades”, dijo Jennifer Wagner, directora de elegibilidad e inscripción de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities y ex subdirectora del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. “Habrá desafíos adicionales importantes por culpa de estos cambios”.

Largos tiempos de espera para recibir ayuda

Los republicanos sostienen que los cambios en Medicaid, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 en la mayoría de los estados, incentivarán a los afiliados a conseguir empleo. Investigaciones sobre otros programas con requisitos laborales en Medicaid han encontrado poca evidencia de que aumenten el empleo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) provocarán que más personas pierdan la cobertura de salud para 2034: indicó que más de 5 millones de personas podrían verse afectadas.

Muchos estados no tienen suficiente personal para procesar solicitudes o renovaciones de Medicaid con rapidez, dijeron defensores.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por siglas en inglés) supervisan si los estados pueden procesar el tipo más común de solicitud de beneficios dentro de un plazo de 45 días.

En diciembre, alrededor del 30% de todas las solicitudes de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C., y Georgia en procesarse. Más de una cuarta parte tardó ese tiempo en Wyoming. En Maine, una de cada 5 solicitudes no cumplió ese plazo.

Los CMS comenzaron a compartir públicamente datos de los centros de llamadas de Medicaid en 2023, lo que mostró un sistema bajo presión, según investigadores y defensores.

En Hawaii, las personas esperaron más de tres horas al teléfono en diciembre. En Oklahoma, casi una hora, y en Nevada, más de una hora.

En 2023, las agencias estatales de Medicaid comenzaron a verificar que todavía calificaban a los afiliados que habían sido protegidos para que no perdieran su cobertura durante la pandemia de covid. Ese proceso no funcionó bien en muchos estados, y más de .

Investigadores y defensores dicen que implementar las nuevas reglas será un reto mayor. Las reglas laborales requerirán cambios amplios en los sistemas informáticos y capacitación para los trabajadores que verifican la elegibilidad en un plazo ajustado.

“Es un nivel mucho mayor de complejidad administrativa”, señaló Sophia Tripoli, directora de políticas en Families USA, una organización de defensa de salud del consumidor.

Después de meses intentando hablar con alguien, Crouch dijo que finalmente obtuvo respuestas sobre sus beneficios de Medicaid luego de escribir a la oficina de la representante federal Sarah McBride (demócrata de Delaware). La oficina contactó a la agencia estatal de Medicaid, que finalmente la llamó con una actualización, dijo.

Crouch en realidad no calificaba para Medicaid. Dijo que eso nunca había surgido en dos años de interacciones con el estado.

“No tiene ningún sentido que el estado no se haya dado cuenta antes”, dijo.

La agencia de Medicaid de Delaware no respondió a solicitudes de comentarios sobre su caso.

Estados con poco personal para Medicaid

A fines de marzo, algunos estados dijeron a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News, que necesitarán más personal para implementar las reglas laborales de manera efectiva.

Idaho informó que tiene 40 vacantes para trabajadores de elegibilidad. Nueva York estimó que necesitará 80 nuevos empleados para manejar el trabajo administrativo adicional, con un costo de $6,2 millones. Pennsylvania tiene casi 400 puestos vacantes en oficinas de servicios humanos de los condados. La agencia de Medicaid de Indiana tiene 94 vacantes. Maine quiere contratar 90 trabajadores adicionales, y Massachusetts busca sumar 70 más. Montana llenó 39 de los 59 puestos que dice que necesitará.

La agencia de servicios sociales de Missouri ha reducido personal y tiene 1.000 trabajadores de primera línea menos que hace aproximadamente una década, esto con más del doble de afiliados en Medicaid y en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según comentarios de su directora, Jessica Bax,

“El departamento pensó que habría una mejora en la eficiencia gracias a las actualizaciones del sistema de elegibilidad”, dijo Bax. “Muchas de esas mejoras no se concretaron”.

Los estados podrían tener dificultades para encontrar personas interesadas en estos trabajos, que requieren meses de capacitación, pueden ser emocionalmente exigentes y generalmente ofrecen salarios bajos, afirmó Tricia Brooks, investigadora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“Reciben muchos reclamos y gritos”, dijo Brooks, quien antes dirigió el programa de atención al cliente de Medicaid y CHIP en New Hampshire. “Las personas están frustradas. Lloran. Están preocupadas. Están perdiendo acceso a la atención médica, y no es un trabajo fácil cuando es difícil ayudar”.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas del gobierno para ayudar a cumplir con la nueva ley federal.

Maximus, un contratista de servicios gubernamentales, brinda apoyo en elegibilidad, como la gestión de centros de llamadas, en 17 estados que ampliaron Medicaid y atiende a casi 3 de cada 5 personas inscritas en el programa a nivel nacional, según la empresa.

Durante una llamada de resultados en febrero, la empresa dijo que puede cobrar según el número de gestiones que realiza para los afiliados, independientemente de cuántas personas estén inscritas en el programa en un estado.

Maximus no tiene “un enfoque único” para los servicios que ofrece ni para cómo cobra por ellos, dijo su vocera Marci Goldstein a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

La empresa, que reportó ingresos de $1.760 millones en 2025 en el área que incluye trabajo relacionado con Medicaid, espera que esos ingresos sigan creciendo, incluso si menos personas permanecen en el programa, “debido a las gestiones adicionales que serán necesarias”, señaló David Mutryn, director financiero y tesorero de Maximus.

Perder la cobertura de Medicaid no es solo una molestia, ya que muchas personas inscritas probablemente no ganan lo suficiente para pagar atención médica por su cuenta y pueden no calificar para ayuda financiera bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), dijo Elizabeth Edwards, abogada del National Health Law Program.

Las personas podrían no poder pagar medicamentos o recibir atención esencial, lo que podría tener impactos “devastadores” en la salud, dijo.

“Lo que está en juego son las vidas de las personas”, concluyó.

Los corresponsales de Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News Katheryn Houghton y Samantha Liss contribuyeron con este artículo.

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Y ahora, los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), en los que muchos estadounidenses —incluidos los agricultores— confiaban para comprar cobertura, desaparecieron luego de .

James Davis, de 55 años, cultiva algodón, soya y maíz en el norte de Louisiana. Dijo que no sabía cómo él y su esposa podrían pagar el seguro. Su parte de la prima mensual se cuadruplicó para 2026, alcanzando unos $2.700.

“No se puede pagar”, dijo Davis. “Así de simple. No hay nada que discutir. Sin los subsidios, no se puede pagar”.

Más de una cuarta parte de la fuerza laboral agrícola compra su seguro médico en el mercado individual, según .

Ese 27% es mucho más alto que el de la población general: solo el tiene cobertura fuera de los seguros de empleadores o programas públicos.

Los agricultores están acostumbrados a enfrentar desafíos como el clima impredecible y los precios variables de los productos. Pero la pérdida de los subsidios mejorados, sumada a las difíciles condiciones económicas, hará que para muchos resulte imposible pagar por cobertura médica.

Sin una intervención importante de Washington, los agricultores dicen que tendrán que elegir entre quedarse sin seguro o dejar el trabajo en el campo para conseguir un empleo que ofrezca cobertura de salud.

Un trabajo de alto riesgo

La agricultura es una actividad peligrosa. Los trabajadores del campo pasan gran parte del tiempo al aire libre. Muchas de sus tareas pueden causar lesiones o enfermedades. Operan maquinaria pesada, trabajan con químicos tóxicos y manipulan animales grandes.

La tasa de muertes relacionadas con el trabajo agrícola es que el promedio nacional.

El costo financiero de las lesiones no fatales también es significativo. del Centro Médico de la Universidad de Nebraska encontró que el costo promedio de una lesión agrícola es de $10.878 en atención médica y $4.735 en salarios perdidos.

Es fundamental que los agricultores puedan acceder a un seguro integral, dijo , socióloga rural y profesora asociada de salud y seguridad agrícola en la Universidad Estatal de Pennsylvania, donde estudia las necesidades sociales y económicas de los hogares agrícolas.

En un , Becot halló que más del 20% de los hogares agrícolas en Estados Unidos tenían deudas médicas mayores a $1.000 y que más de la mitad no confiaban en poder afrontar los costos de una enfermedad o lesión grave.

“Eso muestra el nivel de vulnerabilidad y preocupación que enfrentan los agricultores”, dijo.

La salud mental también es un motivo de alarma. Los agricultores tienen el de morir por suicidio que la población general. Las líneas de ayuda para la salud mental que atienden a comunidades rurales han visto un .

Estas preocupaciones por el de los agricultores, sumadas al , evocan recuerdos de la crisis agrícola de los años 80, dijo , vicepresidente del grupo de la industria . En esa década hubo una ola de ejecuciones hipotecarias y .

“Realmente tememos lo que pueda pasar”, dijo Klein.

Estar sin seguro no es una opción

Los agricultores pueden mostrarse renuentes a admitir que dependen de un seguro subsidiado por el gobierno, dijo Meghan Palmer, de 43 años, quien maneja una granja lechera en el noreste de Iowa junto con su esposo John, de 45.

“No somos de los que piden ayuda”, dijo Palmer.

Más del 40% de los productores lecheros no tiene seguro médico, uno de los entre todos los sectores agrícolas.

Pero quedarse sin seguro no es una opción para los Palmer.

Contaron que, en su primer año de casados, no tenían seguro y tuvieron que pagar de su bolsillo dos crisis de salud inesperadas: a Meghan le hicieron una apendicectomía y su esposo necesitó puntos después de que una vaca lo pateara en la cara.

“Fue una tontería de nuestra parte”, dijo Palmer sobre la decisión de no contratar cobertura médica.

Pero este año, el gasto mensual combinado de su bolsillo aumentará más del 90%, hasta $368.18. Su deducible total en 2026 será de $7.200.

La Granja Prairie Star ha estado en la familia de Palmer por tres generaciones. Ella espera que alguno de sus hijos quiera continuar con la operación, pero cada vez es más difícil que una granja sea rentable.

Palmer es enfermera registrada y trabaja turnos cuando la necesitan, lo que le da la flexibilidad de priorizar su trabajo en la granja. Ahora está buscando un empleo que le ofrezca seguro médico. Pero le preocupa que un trabajo que no le permita ocuparse de las labores del campo termine generándole más carga a su esposo.

“John trabaja agotado casi todo el tiempo”, dijo. “Y así es como se cometen errores y terminas en la sala de emergencias”.

Consecuencias políticas

Aunque los subsidios mejorados expiraron a finales de 2025, los Palmer calculan que su ingreso seguirá siendo lo suficientemente bajo como para que califiquen para algunos créditos fiscales que les permitan pagar la cobertura.

Sin embargo, bajo la ley propuesta por los republicanos, llamada One Big Beautiful Bill Act, . Así que si en 2026 su granja es inesperadamente rentable, tendrían que devolver parte —o incluso la totalidad— de esos subsidios al momento de hacer sus impuestos.

El ingreso de un agricultor puede variar drásticamente de un año a otro, explicó Becot, en parte porque los precios de los productos pueden fluctuar rápido.

Algunos agricultores podrían optar por no expandir su negocio deliberadamente, porque ganar demasiado podría significar perder el acceso a los subsidios de salud.

Los agricultores cubiertos por Medicaid tienen preocupaciones similares, agregó Becot. Pero priorizar la asequibilidad del seguro médico limitando el crecimiento de la operación puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el éxito de la granja.

Palmer, en Iowa, y Davis, en Louisiana, están frustrados porque sienten que los legisladores no son suficientemente sensibles ante las exigencias económicas de la agricultura y cómo estas coinciden con el aumento en los costos de atención médica.

El presidente Donald Trump prometió recientemente $12.000 millones en únicos para productores de cultivos extensivos, pero eso no detendrá el aumento de los costos del seguro médico.

Los republicanos saben que la asequibilidad de la atención de salud es un problema y han presentado propuestas, dijo , politóloga de la Universidad del Norte de Iowa. Pero la mayoría no apoya la extensión de los subsidios mejorados de ACA porque no los considera una solución adecuada al problema del aumento en los costos.

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“Si no tuviéramos problemas de salud, volvería a lo que hacía cuando tenía 40 años y no tendría seguro médico”, dijo. “Pero ahora no estamos en esa situación”.

Freeman y su esposo, , son trabajadores independientes que se dedican a la narración de historias y a la producción de podcasts.

En octubre, Lawrence, de 52 años, se enfermó gravemente y de forma repentina.

“Sabía que estaba en problemas”, contó. “Entré a la sala de emergencias, me acerqué al mostrador y dije: ‘Hola, subí 25 libras en cinco días, me cuesta respirar y me duele el pecho’. Y se quedaron mirándome sin parpadear”.

Los doctores le diagnosticaron una enfermedad renal y estuvo internado por cuatro días.

Ahora debe tomar un medicamento que, sin seguro, cuesta $760 al mes.

En enero, la prima de su plan actual del nivel Plata subió casi un 75%, a $801.

Para conseguir dinero extra, Freeman empezó a trabajar a medio tiempo como barman.

con planes de salud de ACA enfrentan aumentos drásticos en las primas en 2026, al no contar con el respaldo de los subsidios mejorados que el Congreso no ha renovado. Algunas personas evalúan cambios drásticos en sus vidas para poder enfrentar los nuevos precios que entraron en vigencia el 1 de enero.

Con frecuencia, recae en las mujeres la tarea de resolver el rompecabezas del seguro médico familiar.

Las mujeres suelen utilizar que los hombres, en parte por la necesidad de servicios de salud reproductiva, según , profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown.

También suelen ser quienes toman , especialmente en lo relacionado con los hijos.

“Hay un papel que desempeñan las mujeres, de manera desproporcionada, dentro de las familias respecto a lo que llamamos la carga mental”, explicó Tobin-Tyler, lo que incluye “tomar decisiones relacionadas con el seguro médico”.

Antes de las fiestas de fin de año, algunas formas de aliviar los aumentos en las primas, pero no se concretó ninguna medida, y ya vencieron fechas límite importantes.

¿Quedarse sin seguro?

A medida que se acercaba el final de 2025, B. se angustió tratando de decidir qué hacer con el seguro médico de su familia. Estaba buscando un trabajo de tiempo completo con beneficios, porque los precios que veía para los planes de ACA en 2026 eran alarmantes.

Mientras tanto, decidió que ella y su esposo dejarían de estar cubiertos y mantendrían solo el seguro para sus hijos. Pero sabía que era arriesgado.

“Mi esposo trabaja con herramientas pesadas todo el día”, dijo, “así que se siente como si estuviéramos jugando a la ruleta”.

NPR y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News la identifican solo por la inicial de su segundo nombre porque teme que sus necesidades médicas afecten su búsqueda de trabajo con beneficios de salud.

La familia vive en Providence, Rhode Island. Su esposo es carpintero independiente, y ella trabajaba como gerente de una organización sin fines de lucro hasta que perdió su empleo la primavera pasada.

Después de quedarse sin trabajo, recurrió al mercado de seguros de ACA. El de la familia les costaba casi $2.000 al mes en primas.

Era demasiado dinero, así que usaron parte de sus ahorros para la jubilación para cubrir ese gasto, mientras B. seguía buscando empleo.

Como el Congreso no extendió los subsidios mejorados para los planes de ACA —pese a las batallas políticas y al prolongado cierre del gobierno por este tema—, el plan familiar de B. habría costado aún más en 2026: casi $3.000 al mes.

“No tengo $900 adicionales por ahí para incluir en el presupuesto familiar”, dijo.

B. ya había retirado $12.000 de sus ahorros de jubilación para pagar las primas de 2025.

A no ser que encuentre un nuevo trabajo pronto, los ingresos proyectados de su familia para 2026 serán . Eso significa que los niños califican para cobertura gratuita a través de Medicaid.

Así que B. decidió comprar un plan en el mercado de ACA solo para ella y su esposo, con una prima de $1.200 al mes.

“La conclusión es que nada de esto es accesible o económico, así que vamos a tener que seguir usando nuestros ahorros para pagar”, se lamentó.

Postergar una boda

La posibilidad de primas más altas también obligó a Nicole Benisch a poner en pausa sus planes de boda.

Benisch, de 45 años, tiene un negocio de bienestar holístico en Providence. Pagaba $108 al mes por un plan Plata  sin deducible a través del mercado de seguros de Rhode Island.

Pero el costo en 2026 es más que el doble, llegando a $220 al mes.

Ella y su prometido planeaban casarse el 19 de diciembre, el día del cumpleaños de su madre fallecida. “Y luego”, dijo, “nos dimos cuenta de cuánto iba a cambiar el costo de mi prima”.

Como pareja casada, sus ingresos combinados superarían el 400% del nivel federal de pobreza, y eso haría que Benisch dejara de ser elegible para ayuda financiera. Las primas mensuales de su plan actual se triplicarían, superando los $700 al mes.

Benisch consideró un plan Bronce, más barato, pero ese plan no cubre la terapia vocal que necesita para tratar una , una afección que puede hacer que su voz se esfuerce o se le apague.

Si se casan, hay otra opción: cambiar al plan de salud de su prometido, que vive en Massachusetts. Pero eso significaría perder a todos sus doctores en Rhode Island, ya que quedarían fuera de la red.

“Tenemos decisiones difíciles que tomar. Y ninguna de las opciones es realmente buena para nosotros”, expresó.

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Su prima mensual de $435 por la cobertura familiar es casi igual a la del seguro de su trabajo anterior. Pero el plan de salud de su empleo actual tiene un deducible anual de $4.000, que debe pagar de su bolsillo antes de que el seguro comience a cubrir los gastos médicos de su familia cada año.

“Ahora todo es el precio total”, dijo este hombre de 53 años, que trabaja en un almacén al sur del área de Dallas-Fort Worth. “Ha sido un poco difícil”.

Para reducir sus gastos, Garza cambió su medicamento para la diabetes por otro más económico y dejó de usar el monitor continuo de glucosa que controlaba sus niveles de azúcar en sangre. Desde que empezó en este trabajo hace casi dos años, comentó, su nivel de hemoglobina A1c ha ido subiendo: pasó del 7% o menos —el objetivo recomendado— a un 14% en su visita médica más reciente, en noviembre.

“Mi A1c está por las nubes porque técnicamente ya no estoy usando el medicamento correcto como antes”, lamentó Garza. “Estoy tomando lo que puedo pagar”.

Los planes con deducibles altos —es decir, la cantidad que los pacientes deben abonar por la mayoría de los servicios médicos antes de que el seguro se haga cargo— se han vuelto cada vez más comunes.

En 2024, la ofreció este tipo de cobertura, comparado con el 38% en 2015, según datos federales. Estos planes también están disponibles a través del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Con los para el próximo año y la posible finalización de varios subsidios a fin de 2025, más personas enfrentan decisiones difíciles al comparar el costo mensual de las primas con los deducibles. Para poder pagar un seguro, algunas personas optan por planes con primas bajas pero deducibles altos, apostando a que no tendrán crisis médicas.

Pero estos planes representan un reto particular para quienes viven con enfermedades crónicas, como los que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 en Estados Unidos.

Según un estudio publicado en 2024, los adultos con diabetes que, involuntariamente, pasan a un plan con deducible alto enfrentan un 11% más de riesgo de hospitalización por infarto que quienes tienen otro tipo de cobertura. También tienen un 15% más de peligro de derrame cerebral y de probabilidad de quedar ciegos o desarrollar enfermedad renal en etapa terminal.

“Todas estas complicaciones son prevenibles”, señaló , autora principal del estudio.

Atención vs. costo

El objetivo inicial de los planes con deducibles altos era fomentar mejores decisiones al buscar atención médica, explicó McCoy, profesora asociada en la University of Maryland School of Medicine, en College Park.

Pero mientras que alguien con un dolor de oído insoportable buscará atención médica, dijo, quienes tienen niveles de azúcar en sangre fuera de control tal vez no sientan la misma urgencia —a pesar del posible daño a largo plazo— debido al fuerte impacto financiero.

“No hay síntomas hasta que ya es demasiado tarde”, dijo. “Y en ese punto, el daño es irreversible”.

En promedio, la atención médica para personas con diabetes cuesta , según un análisis de datos de 2022. La diabetes tipo 2, que es la forma más común, se diagnostica cuando el cuerpo deja de producir suficiente insulina o no la utiliza de forma adecuada, lo que dificulta controlar el nivel de azúcar en la sangre.

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Las personas con esta enfermedad deben cubrir no solo el costo de la insulina y otros medicamentos, sino también el de los equipos necesarios para su atención.

Mallory Rogers calcula que gasta unos $1.200 al mes en el tratamiento de su hija Adeline, de 6 años, que tiene diabetes tipo 1. Ese monto incluye insulina, una bomba de insulina y un monitor continuo de glucosa. No están contemplados los suministros de emergencia que se requieren si alguno de estos dispositivos falla: otro tipo de insulina, tiras para medir la glucosa en sangre y dos frascos de un aerosol nasal que cuesta casi $600 y debe reponerse al menos una vez al año.

“Si no tuviera insulina, estaría en una situación de emergencia en menos de dos horas”, explicó Rogers, consultora en tecnología que vive en Sanford, Florida. La mujer ha estado ahorrando para cuando su hija tenga que usar el plan de salud con deducible alto que ofrece su empleador, que alcanza los $3.300 para la cobertura familiar.

Decisiones impositivas

Muchos planes de seguro vienen con deducibles cada vez más altos. Pero para que un plan se considere oficialmente de “deducible alto” —y así pueda ofrecer una cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA)— el deducible en 2026 tiene que ser de al menos , según las reglas del IRS.

En 2026, quienes tienen acceso a una cuenta de ahorros para la salud (HSA) a través de su plan o de su empleador pueden obtener beneficios fiscales aportando hasta $8.750 por familia o $4.400 por persona, si es que pueden pagarlo. El empleador de Rogers aporta $2.000 a lo largo del año, y el de Garza contribuye con $1.200.

Rogers reconoce que ha tenido suerte: ha logrado ahorrar $7.000 en su cuenta HSA para cuando el seguro de su hija se transfiera a su plan.

“Agregar una carga financiera a una condición médica ya de por sí estresante, me parte el corazón”, dijo al pensar en quienes no pueden ahorrar lo mismo. “Nadie pide tener diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2”.

En 2024, el deducible promedio en los planes de empleadores fue de $2.750, pero pueden superar los $5.000, según George Huntley, director ejecutivo del y de la

Cuando los deducibles son demasiado altos, aseguró Huntley, lo primero que la gente empieza a recortar es el tratamiento básico: “No toman el medicamento que deberían tomar para controlar la glucosa. Racionan la insulina, si ese es su caso. Toman las pastillas día por medio”.

Garza sabe que debería hacer más para controlar su diabetes, pero su situación económica no se lo permite. Su seguro anterior cubría un tipo más novedoso de medicamentos para la diabetes, conocidos como agonistas de GLP-1, por $25 mensuales. También cubría sin costo sus otros medicamentos, como los de la presión arterial y el colesterol, y su monitor continuo de glucosa.

Con su nuevo seguro, paga $125 mensuales por la insulina y otros medicamentos. Solo ve a su endocrinólogo dos veces al año.

“Quiere verme cada tres meses”, comentó Garza. “Pero le dije que no es posible a $150 la consulta”.

Además, generalmente necesita exámenes de laboratorio antes de cada visita, los que le cuestan otros $111.

El año próximo, el deducible promedio de un plan Plata en el mercado de ACA será de $5.304, sin reducciones de costos compartidos, según un análisis de KFF. Para un , el promedio será de $7.476.

Una visita médica anual y algunos exámenes preventivos, como una mamografía, estarán cubiertos sin costo para el paciente.

Además, quienes —ya sea a través de su empleador o del mercado de seguros— deben tener en cuenta cuál es su gasto máximo de bolsillo anual, que se sigue aplicando incluso después de cubrir el deducible, explicó Huntley.

Por ejemplo, el plan familiar de Garza requiere que él pague el 20% de los costos hasta llegar a los $10.000.

Dado que sus niveles de azúcar están tan elevados, el doctor le recetó una insulina de acción rápida para usar con las comidas, que cuesta $79 adicionales al mes. Garza planeaba surtir esa receta en diciembre, cuando solo debería pagar el 20% del costo: ya cumplió su deducible pero aún no alcanzó su máximo de bolsillo.

A Garza le gusta su trabajo a pesar del plan de salud, y dijo que nunca ha faltado ni un día, ni siquiera recientemente, cuando tuvo un virus estomacal. Hacia finales de 2025, seguía sin decidir si inscribirse o no en el seguro médico cuando llegue el período de afiliación de su compañía, a mediados de 2026.

Le preocupa que dejar el seguro ponga en riesgo a su familia si se presenta una emergencia médica. Sin embargo, comentó, podría usar el dinero que ahora paga en primas mensuales para cubrir directamente su atención médica y así controlar mejor su diabetes.

“Para serle honesto, me siento atrapado”, concluyó.

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Hasta ahora, cinco estados informaron que ya han recibido, en total, más de 170.000 nombres, una medida del gobierno federal sin precedentes, que significa involucrar al programa de salud estatal-federal en la campaña del presidente contra la inmigración.

Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta decisión impone una carga adicional a los estados al tener que duplicar las verificaciones y podría llevar a que algunas personas pierdan su cobertura médica simplemente por no haber entregado a tiempo la documentación.

Sin embargo, el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), afirmó en una publicación en la plataforma social X el 31 de octubre que se estaban gastando más de $1.000 millones “de los contribuyentes [que pagan impuestos federales] en financiar Medicaid para inmigrantes ilegales” en cinco estados y Washington D.C.

El gasto total de Medicaid superó los $900 mil millones en el año fiscal 2024.

Ni la declaración de Oz ni un video adjunto aclararon el período durante el cual se realizaron estos gastos, y los voceros de los CMS no respondieron de inmediato a las preguntas solicitadas.

Las normas federales limitan la elegibilidad para Medicaid y para el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) a los ciudadanos estadounidenses y a algunos que residen legalmente en el país.

Las personas sin estatus migratorio legal no pueden recibir ninguna cobertura de salud financiada por el gobierno federal, incluidos Medicaid, Medicare y los planes adquiridos en los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Varios estados dijeron estar en desacuerdo con las declaraciones de Oz.

“Nuestros pagos para la cobertura de personas indocumentadas cumplen con las leyes estatales y federales”, declaró Marc Williams, vocero del Departamento de Política y Financiamiento de la Atención Médica de Colorado, que administra el programa estatal de Medicaid. “La cifra de $1.5 millones a la que hicieron referencia hoy los líderes federales se basa en un hallazgo preliminar inexacto y ha sido refutada por datos de expertos de nuestro departamento”.

Agregó: “Resulta decepcionante que la administración anuncie esta cifra como definitiva cuando es claramente exagerada y las conversaciones aún se encuentran en la fase de información y debate”.

Funcionarios del Medicaid de Illinois criticaron duramente los comentarios del jefe de los CMS.

“Una vez más, el gobierno de Trump está difundiendo información errónea sobre el uso habitual de los fondos de Medicaid”, declaró Melissa Kula, vocera del Medicaid de Illinois.

“Esto no es un reality show, y no existe ninguna conspiración para eludir la ley federal y brindar cobertura de Medicaid a personas que no cumplen con los requisitos. El Dr. Oz debería dejar de promover teorías conspirativas y concentrarse en mejorar la atención médica para los estadounidenses”, dijo Kula.

La Autoridad de Atención Médica del Estado de Washington, que administra el programa estatal de Medicaid, también fue contundente. “Las cifras que el Dr. Oz publicó en redes sociales son inexactas”, afirmó la portavoz Rachelle Alongi. “Nos sorprendió mucho ver la publicación del Dr. Oz, especialmente considerando que seguimos colaborando de buena fe con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para responder a sus preguntas y aclarar cualquier confusión”.

En agosto, los CMS comenzaron a enviar a los estados los nombres de personas inscritas en Medicaid que la agencia sospechaba que podrían no ser elegibles, exigiendo a las agencias estatales del programa que verificaran su estatus migratorio.

En octubre, Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News contactó a 10 agencias estatales de Medicaid. Cinco de ellas proporcionaron cifras aproximadas de los nombres que habían recibido de la administración Trump hasta la fecha, pero suponen que llegarán más: Utah recibió 8.000 nombres; Colorado, 45.000; Pennsylvania, 34.000; Ohio, 61.000; y Texas, 28.000.

Actualmente, más de 70 millones de personas están inscritas en Medicaid.

La mayoría de esos estados no aceptaron hacer más comentarios. Otros cinco —California, Nueva York, Georgia, Florida y Carolina del Sur— se negaron a revelar cuántos nombres se les pidió que revisaran, o directamente no respondieron.

Oz afirmó en su publicación de X que California había malgastado $1.300 millones en atención médica para personas no elegibles para Medicaid, mientras que Illinois gastó $30 millones, Oregon $5.4 millones, el estado de Washington $2.4 millones, Washington D.C. $2.1 millones y Colorado $1.5 millones.

“Notificamos a los estados y muchos ya han comenzado a reembolsar el dinero”, dijo. “Pero, ¿qué habría pasado si nunca hubiéramos preguntado?”.

La directora de Medicaid de Washington D.C., Melisa Byrd, declaró que los CMS habían identificado gastos administrativos del programa del distrito, que cubre a personas independientemente de su estatus migratorio, que no debieron haberse facturado al gobierno federal, y que su agencia ya ha corregido algunos de esos errores.

“Administramos un programa grande y muy complejo, y cuando ocurren errores, los corregimos”, afirmó. El programa planea reembolsar $654.014 a los CMS para mediados de noviembre.

Los cinco estados, más Washington D.C., están gobernados por demócratas, y el presidente Donald Trump no ganó en ninguno de ellos en las elecciones de 2024.

En los últimos días, el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, en la plataforma social X fotos de personas que, según él, son delincuentes convictos que viven en Estados Unidos sin autorización y que han recibido beneficios de Medicaid.

No se pudo contactar a O’Neill para obtener declaraciones.

“Estamos muy preocupados porque esto, francamente, parece un desperdicio de recursos estatales y refuerza la agenda antiinmigrante de la administración”, dijo Ben D’Avanzo, estratega senior de políticas de salud en el National Immigration Law Center, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes. “Esto duplica lo que los estados ya hacen”, añadió.

Como parte de la ofensiva contra las personas sin estatus legal, el presidente ordenó en febrero a las agencias federales que se aseguraran de que quienes no tienen la residencia en regla no obtuvieran beneficios que violaran la ley federal.

En junio, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Robert F. Kennedy le ordenó a los CMS que compartieran con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información sobre las personas inscritas en Medicaid. Esto provocó una demanda por parte de varios estados preocupados de que esa información se utilizara para campañas de deportación.

En agosto, un juez federal ordenó al HHS que esa información con las autoridades migratorias.

Las agencias estatales de Medicaid normalmente utilizan bases de datos administradas por la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales para verificar el estatus migratorio de los solicitantes.

Si los estados tienen que volver a contactar a las personas inscritas para verificar nuevamente su estatus migratorio o ciudadanía, algunas podrían perder su cobertura injustificadamente, por ejemplo, si no ven la carta donde se les solicitan documentos o no responden a tiempo.

“No estoy segura de que haya evidencia suficiente que justifique esta verificación adicional”, dijo Marian Jarlenski, profesora de políticas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.

Oz dejó en claro que la administración Trump no está de acuerdo.

En el comunicado de agosto, los CMS explicaron que estaban pidiendo a los estados que verificaran la elegibilidad de las personas cuyo estatus migratorio no pudo ser confirmado mediante bases de datos federales. “Esperamos que los estados actúen con rapidez y supervisaremos los progresos mes a mes”, dijo la agencia.

Leonardo Cuello, profesor investigador del Georgetown University Center for Children and Families, calificó la orden de los CMS a los estados como “algo sin precedentes” en los 60 años de historia del programa Medicaid.

Dijo que es posible que el gobierno federal no haya podido verificar el estatus migratorio de algunas personas porque sus nombres estaban mal escritos o desactualizados, como cuando una beneficiaria aparece con el apellido de soltera en lugar del de casada.

Los listados también pueden incluir a personas que recibieron ayuda a través de Medicaid de Emergencia, un programa que cubre los gastos de servicios de emergencia en hospitales, incluidos el parto y la atención de trabajo de parto, sin importar el estatus migratorio.

“Los CMS están haciendo revisiones inútiles del estatus migratorio de personas cuyos gastos hospitalarios fueron cubiertos por el Medicaid de Emergencia”, explicó Cuello.

Oz señaló en su publicación que la ley federal “permite a los estados usar fondos de Medicaid para tratamientos de emergencia, independientemente de la ciudadanía o el estatus migratorio de los pacientes”, y que los estados pueden “crear legalmente programas de Medicaid para inmigrantes indocumentados usando sus propios impuestos estatales, siempre y cuando no se utilicen fondos federales”.

Todos los estados que mencionó Oz de este tipo.

Estas revisiones representan una carga adicional para las agencias estatales de Medicaid, que ya están ocupadas con los preparativos para implementar la ley tributaria y de gasto público que Trump firmó en julio.

Esta ley, que los republicanos han llamado la “One Big and Beautiful Bill”, establece numerosos cambios en Medicaid, incluyendo la imposición de requisitos laborales en la mayoría de los estados a partir de 2027. También les exige que revisen la elegibilidad de las personas inscritas al menos dos veces al año.

“Temo que los estados realicen verificaciones innecesarias que impongan una carga a ciertos beneficiarios, que perderán la cobertura médica cuando no deberían”, explicó Cuello. “Esto será mucho trabajo para los CMS y los estados, con muy pocos resultados reales”.

Dado que la nueva política permite a la agencia divulgar públicamente los datos, Cuello opinó que el esfuerzo tiene más valor político que práctico.

Brandon Cwalina, vocero del Departamento de Servicios Sociales de Pennsylvania —que administra Medicaid—, dijo que el estado ya exige que toda persona solicitante demuestre su ciudadanía o, cuando corresponde, su estatus migratorio.

“Sin embargo, la lista de nombres y las instrucciones emitidas por los CMS el mes pasado constituyen un nuevo procedimiento, y el departamento está revisando cuidadosamente esa lista para encarar las acciones correspondientes”, explicó.

En su publicación, Oz no mencionó a Pennsylvania, estado que Trump ganó en 2024.

Cuando un residente legal no tiene número de Seguro Social, el estado verifica su estatus usando una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, además de revisar los documentos migratorios específicos, agregó.

Otras agencias estatales de Medicaid dijeron que todavía no han comenzado a contactar a las personas inscritas.

“Estamos elaborando un procedimiento para realizar estas revisiones”, dijo Jennifer Stroehecker, directora de Medicaid en Utah, durante una reunión en agosto con una junta asesora estatal.

Renuka Rayasam y Rae Ellen Bichell colaboraron con este artículo.

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Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo, y hasta servicios. Algunos incluso podrían llegar a cerrar. Sus defensores advierten que esto podría aumentar la presión sobre las salas de emergencia de los hospitales, que ya están saturadas de pacientes.

“Este es el peor momento en todos los años que llevo trabajando en atención médica”, dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de , una red de que atiende a más de 144.000 pacientes en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, en California. “Estamos enfrentando recortes federales y recortes extremos a nivel estatal que van a afectar los servicios”.

St. John’s y otros centros de salud calificados a nivel federal ofrecen atención primaria y una amplia gama de otros servicios sin costo o a precios ajustados a los ingresos de cada paciente. A nivel nacional, atienden a cerca de en las zonas más desatendidas del país.

Los fondos federales provienen de dos fuentes principales, ambas actualmente bajo presión: subvenciones otorgadas en parte a través del , federal, y de reembolsos por la atención brindada a pacientes mediante programas como Medicaid, que ofrece cobertura médica a personas de bajos ingresos o con discapacidades.

A Medicaid lo financian de manera conjunta los estados y el gobierno federal.

En los últimos tiempos, el Congreso ha aprobado esos fondos con cuentagotas. En marzo, los legisladores extendieron las subvenciones hasta el 30 de septiembre. Ese dinero expiró después de que el Congreso, controlado por los republicanos, no aprobara una ley de financiación, lo que ha provocado un cierre parcial del gobierno.

Defensores de los centros enfatizan que se necesita un financiamiento a largo plazo para poder planificar con mayor certeza, idealmente a través de un fondo multianual.

Los centros de salud recibieron $4.400 millones en subvenciones a comienzos de 2024. La National Association of Community Health Centers está presionando para que se asignen al menos durante dos años, con el fin de mantener los centros plenamente operativos.

La red de seguridad que representan los centros de salud “enfrenta múltiples capas de desafíos”, dijo Vacheria Keys, vicepresidenta de políticas y asuntos regulatorios de la asociación.

La que los republicanos llaman “One Big Beautiful Bill Act” implicará recortes significativos a Medicaid, lo que impone otra amenaza importante para estos centros.

En 2023, Medicaid de los $46.700 millones en ingresos totales de los centros de salud.

Defensores advierten que los pagos reducidos de Medicaid agravarán la brecha entre el financiamiento disponible y los costos operativos.

También se necesita financiación para programas de desarrollo de personal, para apoyar la prestación de servicios de salud, ya que los centros enfrentan dificultades para contratar y retener trabajadores, dijo , directora del Geiger Gibson Program in Community Health de la Universidad George Washington.

Los de este tipo se abrieron en lugares como Massachusetts en la década de 1960. Históricamente, el Congreso los ha financiado con apoyo bipartidista, con algunos obstáculos menores.

La crisis actual comenzó cuando la administración Trump a través de un memorando emitido en enero, lo que impidió que algunos centros recibieran subvenciones ya aprobadas. Como resultado, algunos centros en estados como Virginia.

Los próximos recortes también llegarán justo cuando los pacientes enfrenten nuevas demandas y desafíos. Entre los cambios en Medicaid incluidos en la ley fiscal y de gasto del presidente Donald Trump se encuentra el requisito de que los beneficiarios reporten sus horas de trabajo u otras actividades comunitarias para poder conservar su cobertura.

Mientras tanto, los que la administración Biden y el Congreso habían aprobado para ayudar a los consumidores a pagar los planes médicos adquiridos en los mercados de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) están programados para expirar a fin de año.

Si el Congreso no los renueva, algunos costos de los consumidores aumentarán dramáticamente.

Una de las razones del cierre del gobierno es que los demócratas quieren extender esos subsidios, que protegen a los consumidores del aumento en los costos del seguro. El proyecto de ley de financiación de los republicanos no incluía la extensión; los líderes republicanos en el Congreso dicen que ese tema debe tratarse por separado.

“Los consumidores van a necesitar más apoyo que nunca”, dijo Jacobs, quien advirtió que los recortes a Medicaid y el fin de los subsidios mejorados podrían “dejar a muchas personas sin cobertura”.

El 90% de los pacientes de los centros comunitarios de salud tienen ingresos del o menos, y el .

“Estamos recibiendo 300 llamadas por día de pacientes preocupados por su cobertura”, comentó Mangia, de St. John’s.

Los republicanos no están atacando directamente a los centros, aunque sí respaldaron los recortes a Medicaid que afectarán sus finanzas. Muchos argumentan que el gasto en Medicaid se ha disparado y que reducir su crecimiento hará que el programa sea más sostenible.

Apoyo estatal y local

Mientras abogan por un financiamiento federal más estable, los centros también están buscando el respaldo de sus comunidades y gobiernos locales.

Algunos estados ya tomaron medidas al finalizar sus presupuestos anuales. y asignaron fondos a los centros. , y también ofrecieron apoyo.

La pregunta del millón es cuánto tiempo durará ese dinero.

Mientras algunos estados aumentaron su apoyo a los centros, otros están tomando la dirección contraria. Anticipando el impacto de los recortes a Medicaid, estados como California hicieron al programa.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, así como la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En Los Ángeles, Mangia dijo que una posible solución es trabajar con aliados a nivel del condado, y señaló que el condado de Los Ángeles tiene unos 10 millones de habitantes.

“Podemos imponernos un impuesto para aumentar el financiamiento de los servicios de salud”, dijo.

Los líderes de los centros están formando una coalición que, “esperan”, incluya a los principales actores del sistema de salud del condado: centros comunitarios, clínicas, hospitales, médicos, planes de salud, sindicatos. El objetivo: iniciar el proceso para presentar una iniciativa ciudadana que permita a los votantes decidir si quieren aprobar un impuesto destinado a financiar a los centros de salud.

“Estamos aprendiendo que el gobierno federal y el estatal no son confiables cuando se trata de garantizar la financiación continua de los servicios de salud”, dijo Mangia.

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Estos estados, la mayoría liderados por demócratas, dan seguro médico a algunos inmigrantes de bajos ingresos —a menudo niños—, independientemente de su estatus migratorio. Defensores argumentan que la política es humanitaria y que, en última instancia, ahorra costos.

Sin embargo, la legislación federal, que los republicanos han denominado One Big Beautiful Bill (Un hermoso gran proyecto de ley), recortaría drásticamente los reembolsos federales de Medicaid a esos estados en miles de millones de dólares anuales en total, a menos que reduzcan esos beneficios.

El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el jueves 22 de mayo, y ahora pasa al Senado.

Si bien avanza gran parte de la agenda nacional de Trump, incluyendo grandes recortes de impuestos que benefician principalmente a los estadounidenses más ricos, la legislación también realiza recortes sustanciales del gasto en Medicaid que, según los responsables del presupuesto del Congreso, dejará a millones de personas de bajos ingresos sin seguro médico.

De ser aprobados por el Senado, estos recortes representarían un complejo obstáculo político y económico para los estados y Washington, DC, que utilizan sus propios fondos para brindar seguro médico a algunas personas que viven en Estados Unidos sin autorización.

Estos estados verían reducidos en 10 puntos porcentuales los reembolsos federales para las personas cubiertas por la expansión de Medicaid que se realize bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Estos recortes le costarían a California, el estado que más tiene que perder, hasta $3 mil millones al año, según , una organización sin fines de lucro dedicada a información de salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

En conjunto, los 15 lugares afectados (los 14 estados y DC) cubren a aproximadamente 1.9 millones de inmigrantes sin papeles, según KFF. La entidad indica que la sanción también podría aplicarse a otros estados que cubren a inmigrantes con residencia legal.

Dos de los estados, Illinois y Utah, tienen leyes de “activación” que exigen terminar con sus expansiones de Medicaid si el gobierno federal reduce su aporte de fondos. Esto significa que, a menos que esos estados deroguen sus leyes de activación o dejen de cubrir a las personas sin estatus migratorio legal, muchos más estadounidenses de bajos ingresos podrían quedarse sin seguro.

Si continúan cubriendo a personas sin papeles, a partir del año fiscal 2027, los estados restantes y Washington, DC, tendrían que aportar millones o miles de millones de dólares adicionales cada año, para compensar las reducciones en sus reembolsos federales de Medicaid.

Después de California, Nueva York podría perder la mayor parte de la financiación federal: cerca de 1.600 millones de dólares anuales, según KFF.

El senador estatal de California, , demócrata y presidente del Comité de Presupuesto del Senado, afirmó que la legislación de Trump ha sembrado el caos mientras los legisladores estatales trabajan para aprobar su propio presupuesto antes del 15 de junio.

“Tenemos que mantenernos firmes”, declaró. “California ha decidido que queremos una atención médica universal y que vamos a garantizar que todos tengan acceso a la atención médica, y que no vamos a permitir que millones de personas indocumentadas reciban atención primaria en salas de emergencia”.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró en un comunicado que el proyecto de ley de Trump devastaría la atención médica en su estado.

“Millones de personas perderán cobertura, los hospitales cerrarán y las redes de seguridad social podrían colapsar bajo ese peso”, dijo Newsom.

En su propuesta de presupuesto del 14 de mayo, Newsom instó a los legisladores a recortar algunos beneficios para inmigrantes sin papeles, citando el aumento desmedido de los costos del programa estatal de Medicaid. Si el Congreso recorta los fondos para la expansión de Medicaid, el estado no estaría en condiciones de cubrir los gastos, afirmó el gobernador.

Newsom cuestionó si el Congreso tiene la autoridad para penalizar a los estados por cómo gastan su propio dinero, y afirmó que su estado consideraría impugnar la medida en los tribunales.

El representante estatal de Utah, Jim Dunnigan, republicano que ayudó a impulsar un proyecto de ley para cubrir a los niños en su estado independientemente de su estatus migratorio, afirmó que Utah necesita mantener la expansión de Medicaid que comenzó en 2020.

“No podemos permitirnos, ni monetaria ni políticamente, que se recorten nuestros fondos federales para la expansión”, declaró. Dunnigan no especificó si cree que el estado debería cancelar su cobertura para inmigrantes si la disposición republicana sobre sanciones se convierte en ley.

El programa de Utah cubre a unos 2.000 niños, el máximo permitido por su ley. Los inmigrantes adultos sin estatus legal no son elegibles. La expansión de Medicaid de Utah cubre a , quienes deben ser ciudadanos o inmigrantes con residencia legal.

, director ejecutivo del Utah Health Policy Project, una organización de defensa del consumidor, afirmó que el proyecto de ley de la Cámara federal deja al estado en una posición difícil.

“Políticamente, no hay grandes alternativas”, declaró. “Es el dilema del prisionero: cualquier movimiento en cualquier dirección no tiene mucho sentido”.

Slonaker apuntó que un escenario probable es que los legisladores estatales eliminen su ley de activación, y luego encuentren la manera de compensar la pérdida de fondos federales para la expansión.

Utah ha financiado su parte del costo de la expansión de Medicaid con impuestos sobre las ventas y los hospitales.

“El Congreso pondría al estado de Utah en posición de tener que tomar una decisión política muy difícil”, declaró Slonaker.

En Illinois, la sanción del Partido Republicano tendría incluso consecuencias más graves. Esto se debe a que podría llevar a que perdieran la cobertura médica que obtuvieron con la expansión estatal de Medicaid.

, directora de justicia sanitaria del Shriver Center on Poverty Law, un grupo de defensa con sede en Chicago, afirmó que es posible que su estado, liderado por demócratas, derogue su ley de activación antes de permitir que se dé por terminada la expansión de Medicaid.

Agregó que el estado también podría eludir la sanción solicitando a los condados que financien la cobertura para inmigrantes. “Obviamente, sería una situación difícil”, declaró.

Altman indicó que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes parece redactado para penalizar a los estados controlados por demócratas, ya que estos suelen brindar cobertura a inmigrantes sin importar su estatus migratorio.

Agregó que la disposición demuestra la “hostilidad de los republicanos contra los inmigrantes” y que “no quieren que vengan aquí y reciban cobertura pública”.

Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que los programas estatales que brindan cobertura pública a personas sin importar su estatus migratorio actúan como un “felpudo abierto”, invitando a más personas a cruzar la frontera sin autorización. Afirmó que los esfuerzos para eliminar estos programas cuentan con el apoyo de las encuestas públicas.

Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada entre el 16 y el 18 de mayo reveló que el 47% de los estadounidenses aprueba las políticas migratorias de Trump y el 45% las desaprueba. La encuesta reveló que el índice de aprobación general de Trump ha caído 5 puntos porcentuales desde que regresó al cargo en enero, hasta el 42%, con un 52% de los estadounidenses desaprobando su gestión.

ACA, también conocida como Obamacare, impulsó a los estados a ampliar Medicaid a adultos con ingresos de hasta el , o $21.597 por persona este año. Cuarenta estados y Washington, DC, ampliaron su cobertura, lo que contribuyó a reducir la tasa nacional de personas sin seguro a un mínimo histórico.

El gobierno federal ahora cubre el 90% de los costos de las personas incluidas en Medicaid gracias a la ampliación del Obamacare.

En los estados que cubren la atención médica de inmigrantes sin autorización, el proyecto de ley republicano reduciría la contribución del gobierno federal del 90% al 80% del costo de la cobertura para cualquier persona que se incorpore a Medicaid bajo la expansión de ACA.

Por ley, los fondos federales de Medicaid no pueden utilizarse para cubrir a personas que se encuentran en el país papeles, excepto para servicios de embarazo y emergencias.

Los otros estados que utilizan sus propios fondos para cubrir a personas sin importar su estatus migratorio son: Colorado, Connecticut, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington, según KFF.

, director de relaciones con el Congreso del Paragon Health Institute, un influyente grupo político conservador, afirmó que incluso si utilizan sus propios fondos para la cobertura de inmigrantes, los estados aún dependen de los fondos federales para “apoyar sistemas que faciliten la inscripción de inmigrantes indocumentados”.

Long afirmó que la preocupación por que los estados con leyes de activación puedan ver finalizada la expansión de Medicaid es una “pista falsa”, ya que los estados tienen la opción de eliminar sus activadores, como hizo Michigan en 2023.

La sanción por ofrecer cobrtura de salud a personas en el país sin papeles es una de las distintas maneras en que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes recorta el gasto federal en Medicaid.

La legislación también trasladaría más costos de Medicaid a los estados al exigirles que verifiquen si los adultos cubiertos por el programa trabajan. Los estados también tendrían que recertificar la elegibilidad de los beneficiarios de la expansión de Medicaid cada seis meses, en lugar de una vez al año o menos, como lo hacen actualmente la mayoría.

El proyecto de ley también congelaría la práctica de los estados de gravar con impuestos a hospitales, residencias de adultos mayores, planes de atención médica administrada y otras compañías de atención médica para financiar su parte de los costos de Medicaid.

, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) indicó que, según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, alrededor de 8,6 millones de personas más perderían la cobertura médica en 2034.

Esa cifra aumentará a casi 14 millones, según la CBO, después que la administración Trump finalice las nuevas regulaciones de ACA y, si el Congreso, liderado por los republicanos, como se prevé, se niegue a extender los subsidios mejorados para ayudar a pagar las primas de los planes de salud comerciales vendidos a través de los mercados del Obamacare.

Los subsidios mejorados, una prioridad del ex presidente Joe Biden, eliminaron por completo las primas mensuales para algunas personas que adquirieran planes de Obamacare. Y expiran a fin de año.

Esta historia fue producida por , que publica , un servicio editorialmente independiente de la .

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La decisión prohíbe a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en esos 19 estados inscribirse o recibir subsidios para pagar los planes de ACA.

Abogados que siguen el caso dijeron que este fallo no parece afectar la inscripción ni la cobertura en otros estados.

La administración Biden probablemente apelará, aunque un representante de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS,) la entidad federal que coordina estos mercados, dijo por correo electrónico que la agencia no comentará sobre el litigio.

Aunque se podría presentar una apelación rápidamente, una decisión final podría no ocurrir antes de que comience la próxima administración Trump. “Podrían tomar una posición diferente sobre el litigio”, dijo Zachary Baron, experto legal de Georgetown Law, quien ayuda a administrar el O’Neill Institute .

Mientras tanto, no está claro qué sucederá con los Dreamers inscritos en los 19 estados cuya cobertura ya comenzó o comienza a principios del próximo año, aunque la decisión del juez no menciona que sea retroactiva, señaló Baron.

El caso en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Dakota del Norte.

Anteriormente, el gobierno federal estimó que alrededor de , de medio millón de beneficiarios de DACA, podrían inscribirse a partir del 1 de noviembre, la fecha de inicio de la temporada de inscripción en todos los estados .

La regla de la administración Biden, finalizada en mayo, aclaró que quienes califican para DACA serían considerados como “presentes legalmente” en el país a los propósitos de inscripción en planes de salud de ACA, que están disponibles para ciudadanos estadounidenses e inmigrantes denominados “presentes legalmente”.

Al otorgar una orden judicial preliminar y una suspensión, el juez federal Daniel Traynor, nombrado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, señaló en su fallo del lunes 9 de diciembre que es probable que los demandantes ganaran gracias a los méritos de su argumento.

Los estados que impugnan la regla de ACA argumentan que causará cargas administrativas y de recursos al aumentar el número de inscritos y que alentará a más personas a permanecer en el país sin documentos legales.

Además de Kansas y Dakota del Norte, los estados que se unieron a la demanda son Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.

“El fallo del juez Traynor es tanto decepcionante como erróneo en cuanto a la ley”, dijo Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, en un comunicado por correo electrónico.

“Mientras estudiamos la decisión del tribunal para evaluar los próximos pasos en este caso, continuaremos luchando en nombre de nuestros clientes y cientos de miles de beneficiarios de DACA que han esperado más de una década para acceder a atención vital bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”.

mediante acción ejecutiva en junio de 2012 por el presidente Barack Obama, protegiendo de la deportación y proporcionando permiso de trabajo a algunos residentes no autorizados traídos al país de niños. Debían cumplir con ciertos requisites para calificar: haber llegado antes de junio de 2007 y haber completado la escuela secundaria, estar asistiendo a la escuela o servir en el ejército.

Antes de la orden judicial, otros 19 estados y el Distrito de Columbia presentaron un informe en apoyo de la regla de la administración Biden. Liderados por Nueva Jersey, esos estados incluyen muchos en el Este y Oeste del país, como California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington.

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