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Se supone que la agencia que cuida a niños que llegan solos al país deben reunirlos pronto con sus familias o cuidadores. Pero cada vez más los usan como “carnada” para arrestar a los padres.
Estos hallazgos generan nuevas preocupaciones sobre las políticas relacionadas con covid durante la administración Trump, según investigadores.
Actualmente hay dos terapias génicas aprobadas por la FDA, con costos de $2,2 millones por paciente en un caso y $3,1 millones en el otro, sin incluir el gasto de la hospitalización prolongada que requieren.
Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo o servicios. Incluso podrían llegar a cerrar.
A pesar de algunos avances este año, los recientes reveses en las legislaturas más conservadoras dejan claro lo difícil que es proteger a los pacientes.
Entre marzo y junio, abogados de menores inmigrantes recopilaron estos testimonios, y otros de jóvenes y familias detenidas, en lo que describen entornos “con apariencia carcelaria” en distintos puntos de Estados Unidos.
Las nuevas inscripciones bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) parecen ser hasta un millón menos que el número récord del año pasado, especialmente por problemas con el programa que enfrenta la saliente administración Biden.
Además de Kansas y Dakota del Norte, los estados que se unieron a la demanda son Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.
Florida solicitó crear un programa de importación en noviembre de 2020, pocos meses después que la administración Trump concediera esta opción a los estados.
Del medio millón de beneficiarios de DACA, el gobierno estima que alrededor de 100.000 que anteriormente no tenían seguro podrían inscribirse a partir del 1 de noviembre.
Los trabajadores están sufriendo, y muriendo, cada vez más, a medida que los veranos se vuelven progresivamente más calurosos debido al cambio climático.
La administración Biden ha ampliado las protecciones financieras para los pacientes, incluyendo una propuesta histórica de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) para eliminar la deuda médica de los informes de crédito de los consumidores.
Casi 4 de cada 10 mujeres menores de 30 años encuestadas en septiembre y principios de octubre dijeron que el aborto es la cuestión más importante a la hora de emitir su voto.
Los dos candidatos presidenciales abordaron una amplia gama de temas, desde cifras de empleo e inflación hasta el aborto y la inmigración, en intercambios marcados por ataques personales.
Legisladores de ambos partidos atacan cada vez más a la industria, por los precios de los medicamentos que la mayoría de los estadounidenses consideran irrazonables.
Mientras los demócratas reconstruyen su candidatura presidencial a pocos meses de las elecciones, se esperaría que, de ser la nueva nominada, Harris adoptase una postura agresiva en apoyo al acceso al aborto y en otros temas controversiales de salud.
La atención médica constituye la mayor parte del presupuesto federal, casi $2 mil millones, así como el 17% de la producción económica del país.
Si se promulgan, nuevas reglas ampliarían drásticamente las protecciones para decenas de millones de estadounidenses agobiados por facturas médicas que no pueden pagar.
Históricamente, las enfermedades vinculadas al abuso del alcohol han afectado más a los hombres. Pero datos actuales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las tasas de muerte por esta causa están aumentando más rápido entre las mujeres que entre los hombres.
Una inyección de financiamiento federal confiable podría permitir que organizaciones sin fines de lucro amplíen su alcance para llegar a más residentes con mayor riesgo de ser víctimas de disparos, o de disparar a alguien.
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