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Las personas que compran su propio seguro médico enfrentan desafíos, en particular los pacientes que tuvieron COVID-19 y que presentan problemas de salud persistentes.
Respaldado por más de 20 estados, Xavier Becerra defiende la ley contra el desafío presentado hace dos años por una coalición de funcionarios estatales republicanos.
Los hallazgos de una nueva encuesta indican que los votantes no confían en las garantías del presidente de que protegerá a las personas con condiciones preexistentes.
Personas que recibieron trasplantes de órganos, que están en quimioterapia o viven con enfermedades crónicas, conocen bien las normas de higiene que ahora se promueven.
Las estadísticas muestran que la mayoría de las bancarrotas ocurren a causa de cuentas médicas. Por eso hay que elegir bien, para evitar facturas de horror.
El presidente ha mencionado en varias oportunidades un plan de salud, sin ofrecer muchos detalles. Sin embargo, un documento de 2018 deja entrever algunas de sus ideas centrales.
La administración Trump impulsa estos planes que no cumplen con los requisitos de ACA de proteger a los pacientes con condiciones preexistentes.
Aunque el tema de la atención de salud pareció no ser crucial para los votantes en las elecciones de medio término, el martes 6 de noviembre fue un buen día para la expansión de Medicaid.
Estos planes son más económicos pero su cobertura es mínima, y no cumplen con las protecciones establecidas por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Estos planes durarían doce meses. Son más accesibles, pero su cobertura es más limitada. Y pueden rechazar a personas con condiciones preexistentes.
Los ministerios de salud son esencialmente programas de costos compartidos que se aplican a nivel nacional. Para ser miembro hay que tener una mirada de fe sobre la atención médica.
Expertos en políticas de salud que han analizado el texto del proyecto de salud del Senado, aseguran que la legislación no siempre garantizaría la atención de personas con condiciones preexistentes.
Bajo nuevas reglas que impondría la ley de salud republicana, pacientes de bajos ingresos que viven con VIH podrían perder la cobertura que un programa de asistencia federal les ayudó a obtener.
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