Aun así, el Departamento de Salud de Montana decidió, el año pasado, que Hailstone ya no calificaba para la cobertura de salud de bajo costo de Medicaid destinada a personas con discapacidad. En lugar de eso, el departamento cambió su cobertura al Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), otro programa de Medicaid, tres meses antes de que dejara de ser elegible por su edad.

Antes de tomar esa decisión, el estado no pidió los expedientes del equipo médico que trata a Hailstone, según cartas de esos médicos revisadas por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News. En cambio, la decisión administrativa llegó después de que funcionarios estatales se enteraran de que la joven, ahora de 19 años, había dejado de recibir pagos por discapacidad del Seguro Social.

Hailstone dijo que esperaba mejorar lo suficiente como para poder trabajar y ahorrar algo de dinero, más allá de lo permitido bajo vinculados a esos pagos. Pero su estado de salud cambia día a día y, por ahora, dijo que sigue demasiado enferma como para trabajar consistentemente.

Hailstone, que vive con su madre, ha podido mantener su cobertura de Medicaid mientras apelan el caso. Dijo que, sin Medicaid, no puede pagar el tratamiento que necesita para controlar las secuelas del cáncer.

“Es como si todo este proceso estuviera diseñado para que renuncies”, dijo Hailstone.

Desde hace mucho tiempo, los pacientes con discapacidades de largo plazo enfrentan obstáculos administrativos, errores y confusión al tratar de calificar para cobertura de salud subsidiada por el gobierno federal debido a su enfermedad.

Ahora, los estados enfrentan, además, la tarea de decidir quién califica para una exención médica de los nuevos requisitos laborales de Medicaid para quienes tienen cobertura únicamente en función de sus ingresos, como parte de la One Big Beautiful Bill Act impulsada por el presidente Donald Trump. Eso significa revisar casos médicos de un grupo aún mayor de beneficiarios de Medicaid.

Abogados, investigadores y defensores especializados en asistencia pública dijeron que casos de discapacidad como el de Hailstone —aunque separados de los nuevos requisitos laborales— son una señal de que los estados no están preparados. Como resultado, dijeron, más personas verán rechazada su cobertura mediante un proceso poco transparente.

“Esta será la historia de millones de personas”, señaló Anthony Wright, quien dirige Families USA, una organización nacional sin fines de lucro que promueve un mayor acceso a la atención médica.

Jon Ebelt, vocero del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos de Montana, dijo que el estado no comenta sobre casos individuales de Medicaid.

Se estima que tendrán que cumplir las nuevas reglas que les exigen demostrar que trabajan, estudian o hacen trabajo voluntario para conservar la cobertura, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

de esos afiliados viven con una afección de salud crónica, según KFF. Algunos estarán exentos de esas reglas si pueden demostrar que están demasiado enfermos para trabajar.

Se espera que más de 5 millones de personas pierdan la cobertura de Medicaid para 2034 debido a los requisitos laborales, según la CBO.

Requisitos laborales se convierten en ley

Muchos legisladores republicanos y la administración Trump han promovido los requisitos laborales de Medicaid como una forma de preservar la cobertura para quienes más la necesitan. El Congreso convirtió esa propuesta en política nacional mediante la ley de presupuesto del año pasado y dio a los estados hasta enero para implementar las reglas que vinculan la cobertura con el trabajo.

Algunos estados comenzaron a aplicar estos controles antes. Montana empezó en julio. Nebraska inició sus requisitos laborales en mayo.

En la ley federal que creó los requisitos laborales, el Congreso incluyó una excepción que permite a los estados eximir a personas cuya enfermedad las califique como “médicamente frágiles”.

Muchos estados diseñaron planes para tomar esas decisiones, solo para encontrarse con que los funcionarios federales publicaron normas que iban más allá de lo que el Congreso había establecido, al exigir también que los afiliados demuestren que su enfermedad les dificulta demasiado trabajar.

Families USA y otras organizaciones han argumentado que las nuevas normas obligan a los estados a crear un mosaico de sistemas que, en conjunto, sería más grande y complejo que el propio sistema de evaluación de discapacidad de la Administración del Seguro Social.

El año pasado, ese programa federal costó de dólares para administrar los casos de aproximadamente 7 millones de personas en todo el país. En comparación, dijo Wright, la ley federal asignó 200 millones de dólares para que los estados compartan mientras implementan los requisitos laborales.

Los estados están pagando millones de dólares a contratistas para preparar sistemas de asistencia pública, a menudo ya defectuosos, para cumplir con los nuevos estándares.

En junio, 25 estados por las normas de fragilidad médica, argumentando que son demasiado difíciles de cumplir para los pacientes y demasiado complicadas de evaluar para los estados. El caso sigue en curso.

Hailstone fue diagnosticada con cáncer de la sangre a los 10 años. Sus intestinos se desgarraron, lo que llevó a que le extirparan una parte. Como resultado, su cuerpo tiene dificultades para procesar los alimentos y puede sufrir una deshidratación grave.

Dijo que los efectos persistentes del tratamiento contra el cáncer pueden causarle confusión mental y hacer que sus manos y pies se hinchen tanto que le resulta difícil sostener un tenedor o caminar de un extremo a otro de una habitación.

El cáncer dominó casi la mitad de su vida. También le dejó cicatrices emocionales.

“Algunos días te sientes bien y luego, de repente, te vienes abajo”, dijo Hailstone.

Hailstone y su madre viven en Roundup, una localidad del centro de Montana de unos 2.000 habitantes. Regularmente manejan durante unas dos horas, ida y vuelta, hasta Billings para recibir atención especializada.

Por lo general, tiene tres citas médicas por semana con sus terapeutas físicos y ocupacionales y con un consejero de salud mental.

Hailstone dijo que tiene suerte de contar con la ayuda de su madre para navegar Medicaid. Kyla Hailstone señaló que el estado no ha explicado claramente cómo determinó la situación de discapacidad de su hija y que el proceso de apelación ha sido lento y disfuncional.

Taya Hailstone calificaría para Medicaid en función de sus ingresos si no logra demostrar que cumple los requisitos para recibir cobertura por discapacidad. Pero eso significaría tener que probar que está demasiado enferma para cumplir con el requisito laboral, colocándola nuevamente en la misma situación de depender de una evaluación estatal de su enfermedad.

“Si pierdo esto, me cambia la vida”, dijo Hailstone.

“Las cosas se pierden en el sistema”

Hailstone había sido considerada discapacitada por el gobierno federal tan recientemente como en 2024, aproximadamente un año antes de que el estado dijera que eliminaría su cobertura.

Los funcionarios estatales pueden realizar su propia evaluación médica para determinar si una persona cumple con la definición federal de discapacidad necesaria para acceder a Medicaid.

“Que eso ocurra o no es siempre una apuesta un poco arriesgada que depende de la capacidad del estado”, dijo Megan Dishong, subdirectora de la Montana Legal Services Association, que ayuda a personas de bajos ingresos a navegar programas públicos. “Hay cosas que se pierden en el sistema”.

Ebelt dijo que el departamento de salud estatal acepta las decisiones sobre discapacidad de la Administración del Seguro Social (SSA). La agencia estatal puede realizar su propia determinación de discapacidad si una persona no tiene una decisión de la SSA, pero, añadió Ebelt, no está obligada a hacerlo si esa persona califica para cobertura por otra vía.

“Estamos comprometidos a tratar a cada cliente con respeto y a ayudar a quienes sean elegibles a recibir la cobertura de Medicaid adecuada”, dijo Ebelt.

Montana estableció un período de gracia de tres meses para los requisitos laborales. Los funcionarios estatales no comenzarán a retirar la cobertura a quienes no cumplan las reglas hasta octubre.

, profesora de política social de la Universidad de Michigan que ha estudiado los obstáculos burocráticos para acceder a beneficios públicos, dijo que los casos complejos de discapacidad son lo suficientemente comunes como para que haya abogados especializados en ayudar a las personas a obtener asistencia.

“Cuando hemos diseñado programas públicos de tal manera que la gente no puede saber si es elegible sin consultar a abogados, hemos hecho algo mal”, dijo Herd. “Eso tiene enormes repercusiones, enormes, para lo que viene”.

Funcionarios de Montana han dicho que revisarán automáticamente los registros médicos que puedan ayudar a los pacientes a calificar para una exención. Aun así, las directrices federales publicadas en junio significan que probablemente los pacientes todavía tendrán que cumplir pasos adicionales para garantizar esa exención.

Mientras tanto, médicos que ya están sobrecargados temen que recaiga sobre ellos la responsabilidad de determinar si la enfermedad de una persona cumple los criterios para obtener una exención del requisito laboral.

Dishong dijo que, entre ahora y octubre, los funcionarios de Montana podrían ofrecer mayor claridad sobre cómo funcionará el proceso. Pero le preocupa que el estado termine metido “en un desastre que avanza lentamente”.

“Este es un problema que apenas comienza”, añadió Dishong.

En cuanto a Hailstone, ahora va a solicitar de nuevo los pagos por discapacidad del Seguro Social. Esa ayuda limitaría cuánto puede trabajar. Pero también le garantizaría el acceso a Medicaid.

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“¿Eres tú la persona que va a traer de vuelta a mi mamá?”, preguntó.

Gómez no supo qué responder. Era una mañana de diciembre y había llevado comida, pañales, toallitas húmedas y ropa, artículos con los que esperaba ayudar a la niña de 6 años, a su hermanito todavía bebé y a la vecina que había asumido su cuidado.

Los niños se habían quedado solos después de que agentes federales de inmigración arrestaran a sus padres frente a su apartamento en Oxnard, una comunidad agrícola mayoritariamente latina en la costa del sur de California. Pero Gómez no tenía ningún poder para hacer que sus padres regresaran.

“Estamos trabajando en eso”, recordó Gómez haberle dicho a la niña. En realidad, no encontraba una manera de responderle con sinceridad sin angustiarla.

Como gerente de proyectos de una organización sin fines de lucro que brinda asistencia alimentaria a familias inmigrantes afectadas por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gómez ha sido testigo de la conmoción y el dolor que han trastornado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, con consecuencias devastadoras para la salud de los niños.

Entre ellos se encuentran unos con al menos uno de sus padres detenido por las autoridades migratorias hasta abril, una cifra que sin duda ha aumentado desde entonces.

La separación de los padres perjudica psicológicamente a los niños. Destroza a las familias y con frecuencia deja al padre, madre o cuidador que queda a cargo luchando por mantener una vivienda, comprar alimentos y atender las necesidades médicas de los niños. y deben cuidarse solos.

Muchos niños cuyos padres no han sido detenidos también enfrentan amenazas a su salud y bienestar. En el sur del país, en febrero de 2025 después de que, según informes, fueran acosados debido al supuesto estatus migratorio de sus familias.

Millones de niños forman parte de familias que están perdiendo , , y otros apoyos a medida que el y los restringen la elegibilidad para inmigrantes con y sin estatus legal.

El miedo a las acciones de las autoridades federales ha hecho que algunos padres , no vayan al médico o . Algunos han sacado a sus hijos de programas de salud y nutrición o directamente no los han inscripto.

Los niños de familias con raíces inmigrantes también . Están sintiendo más , más y ansiedad por la posibilidad de ser víctimas de , incluso cuando ellos o sus familiares son ciudadanos o residentes legales.

La mayoría de estos niños son ciudadanos estadounidenses. Aproximadamente nacidos en Estados Unidos tiene al menos un padre inmigrante, incluidos unos 4.6 millones que tienen un padre o una madre sin estatus legal.

“Me preocupa mucho cuánto tiempo nos va a llevar como país enfrentar todo el daño que se le está haciendo a esta generación de niños”, dijo Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes del . “Este tipo de estrés puede causar daños en el desarrollo a largo plazo y realmente puede afectar su capacidad para rendir bien en la escuela, tener una vida saludable y convertirse en adultos prósperos y estables”.

Restricciones a beneficios públicos

Trump ha convertido la ofensiva contra la inmigración —incluidos los hijos de inmigrantes— en una prioridad desde que comenzó su segundo mandato el año pasado.

El día de su toma de posesión emitió que pretendía poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de padres sin estatus legal o que se encontraran en el país con visas temporales, un intento que finalmente fue bloqueado por la Corte Suprema.

Su administración, con la aprobación de los republicanos en el Congreso, a la aplicación de las leyes migratorias, deteniendo a los padres de unos 145.000 niños ciudadanos estadounidenses, según datos del mes de abril.

De acuerdo a un análisis de la organización de noticias sin fines de lucro The Marshall Project, .

También ha buscado cancelar el (TPS) para más de un millón de inmigrantes, decenas de miles de los cuales tienen hijos ciudadanos estadounidenses, y del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que incluye a padres de .

Funcionarios de la Casa Blanca dicen que la ofensiva migratoria al liberar recursos como empleos y viviendas, reducir la presión sobre las finanzas públicas, expulsar a delincuentes y restaurar la integridad del sistema migratorio. Diversos estudios, sin embargo, han encontrado que las deportaciones masivas .

Trump y otros líderes republicanos han argumentado que la ciudadanía por nacimiento y el , y que el TPS ha permitido que inmigrantes de permanezcan indefinidamente en Estados Unidos bajo un programa que se supone temporal.

En una declaración, la vocera de la Casa Blanca Lauren Bis no respondió directamente si a la administración le preocupa el daño a largo plazo para los niños y el aumento de los costos de atención médica como consecuencia de sus políticas migratorias. En cambio, repitió críticas previas de la Casa Blanca según las cuales las políticas migratorias del presidente Joe Biden permitieron que niños fueran introducidos clandestinamente en Estados Unidos por redes de tráfico de personas.

“La verdadera historia es el impacto psiquiátrico en las decenas de miles de niños que fueron introducidos ilegalmente por la frontera, muchos de ellos por traficantes de personas y explotadores sexuales”, escribió en un correo electrónico.

Solo el 39% de los estadounidenses aprueba cómo maneja Trump el tema migratorio, según una encuesta reciente del Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas migratorias de Trump, ha acusado a los hijos de inmigrantes de agotar los recursos públicos y perpetuar problemas de los países de origen de sus padres.

Sin embargo, investigaciones muestran que los inmigrantes y cuanto más tiempo viven en Estados Unidos, y que ellos y sus hijos . Los datos también muestran que que los estadounidenses nacidos en el país.

“Esta es la gran mentira de la migración masiva”, en noviembre en la red social X. “No solo estás importando individuos. Estás importando sociedades. No ocurre ninguna transformación mágica cuando los estados fallidos cruzan las fronteras. A gran escala, los migrantes y sus descendientes recrean las condiciones y los horrores de sus países de origen destruidos”.

La ley republicana de impuestos y gastos aprobada el verano pasado restringe la elegibilidad de los inmigrantes para programas de asistencia médica y alimentaria.

Y en julio, la administración emitió nuevas reglas de “carga pública” que otorgan a los funcionarios de inmigración amplia discreción para negar la residencia permanente a inmigrantes que se encuentran legalmente en el país si ellos o sus familiares han utilizado programas de beneficios públicos. Esta medida podría llevar a ciudadanos estadounidenses a abandonar programas de salud de la red de seguridad social.

Juntos, pero con miedo

La separación de los padres es y puede provocar , entre ellos ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares y dificultades de aprendizaje.

Se comprobó que los niños separados de sus padres en la frontera durante la primera administración Trump presentaban . Los investigadores también han vinculado las deportaciones y detenciones de padres inmigrantes —así como la amenaza de que ocurran— con generalizado, mayores tasas de , y y nacidos en Estados Unidos.

También resulta costoso para la sociedad.

realizado por investigadores federales estimó que las afecciones de salud relacionadas con traumas infantiles representaron $292.000 millones en gastos de atención médica solo en 2021, incluidos costos de programas financiados por los contribuyentes como Medicaid y Medicare.

Emmanuel, un joven de 13 años de Oxnard, siente ansiedad cada vez que su padre, un trabajador agrícola, sale al trabajo, dijo su madre, Ana. Le pide que le asegure que su papá volverá y pregunta qué pasaría con él si sus padres fueran detenidos.

Cuando están en lugares públicos, apura a Ana porque teme que el ICE pueda aparecer de repente. Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News no utiliza sus nombres completos porque temen ser deportados.

Médicos y terapeutas entrevistados por Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News dijeron que han observado un aumento notable de problemas de salud mental, especialmente ansiedad, entre niños de familias inmigrantes.

Kimberly McNally, pediatra del Inglewood South La Brea Health Center, dijo que constantemente deriva a niños de todas las edades a servicios de salud mental debido al miedo de que sus padres puedan ser detenidos por las autoridades.

En centros de cuidado infantil, algunos niños han comenzado a llegar con una bolsa adicional por si sus padres no regresan a recogerlos, dijo Liza Davis, directora de defensa pública para Children in Immigrant Families de The Children’s Partnership, que trabaja con una coalición de educadores de la primera infancia.

A veces, la angustia lleva a los jóvenes a tomar medidas extremas.

En junio, Eliel José, de 19 años, después de que su padre fuera deportado del área de Atlanta a México, según Univisión.

Rosie Harrison, directora ejecutiva de Grow Initiative GA, una organización comunitaria que trabaja con familias de bajos ingresos, dijo que durante el último año ha recibido múltiples llamadas de padres inmigrantes que buscan ayuda para hijos con depresión o pensamientos suicidas.

Sus situaciones a menudo empeoran porque muchos no tienen seguro de salud y no pueden pagar terapia. En muchos casos, esto se debe a que los padres perdieron empleos que incluían seguro médico como consecuencia de redadas en lugares de trabajo o de cambios en las reglas de elegibilidad impuestos por la administración Trump.

“Me preocupan las familias que van a tener que enterrar a sus hijos”, dijo Harrison. “Me preocupa que perdamos la oportunidad de que una persona increíble haga cosas increíbles por nuestra comunidad, por nuestro país, porque se quitó la vida”.

Fortaleza bajo presión

Sin embargo, muchos niños también están demostrando resiliencia.

En una inversión de roles, algunos se han convertido en protectores de sus padres. Van al supermercado y llevan a sus hermanos menores a la escuela para que sus padres no tengan que salir de casa.

Giselle Gonzalez, estudiante universitaria y voluntaria de la red de protección de inmigrantes VC Defensa en el condado de Ventura, California, dijo que nunca olvidará la mañana del verano pasado cuando se despertó con el ruido de niños en bicicleta recorriendo su vecindario de Thousand Oaks, donde viven muchos inmigrantes, gritando: “¡La migra! ¡La migra! ¡No salgan!”.

Habían visto a agentes del ICE detener a operarios de fábricas y jardineros cuando iban camino al trabajo, dijo.

Vecinos, grupos comunitarios, proveedores de salud y otras personas también de a niños y familias afectados por la aplicación de las leyes migratorias.

, , y ayudan a los padres a preparar para el cuidado de sus hijos en caso de que sean detenidos o deportados.

En última instancia, harán falta políticas migratorias y prácticas más humanas para poner fin al daño que se está causando a los niños, indicaron académicos y defensores.

Investigadores de definen como modelo a un programa piloto llamado , diseñado para mantener unidas a las familias al mismo tiempo que se hacen cumplir las leyes de inmigración.

Lanzado en enero de 2016 durante la presidencia de Barack Obama, el programa permitía que las familias solicitantes de asilo permanecieran en la comunidad mientras esperaban la resolución de sus casos.

A través de un administrador de casos, recibían apoyo para cumplir con las obligaciones de sus procesos migratorios y para prepararse para una posible deportación si fuera necesario. El programa, que y eficiente en cuanto a costos, durante la primera administración Trump.

En Venice Family Clinic, en Los Angeles, la administradora de casos Mabel Alavez es testigo de las presiones que enfrentan las familias que siguen unidas, pero temen ser separadas.

Muchas de esas personas son padres o abuelos que llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Algunos tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela, al parque o a la playa. Preguntan si es seguro inscribir a sus hijos nacidos en Estados Unidos en Medicaid.

Alavez ayuda a familias que enfrentan desalojos porque tienen miedo de ir a trabajar y ya no pueden pagar el alquiler. A menudo, también las ayuda a tener un plan sobre quién cuidará a sus hijos si son detenidos.

Criada ella misma en una familia inmigrante, Alavez sabe lo difícil que puede ser para los niños estadounidenses de primera generación crecer, ir a la escuela y encontrar un sentido de pertenencia en un país distinto del de sus padres.

“Me cuesta imaginar cómo podrían hacer todo eso además de enfrentar lo que está ocurriendo ahora”, dijo. “Sí creo que esto tendrá un gran impacto en ellos. Pero no estoy muy segura de cómo se manifestará”.

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Sus familiares y amigos pensaban que la pareja, viajera y aventurera, estaba disfrutando de otras vacaciones en el extranjero. Pero en realidad había algo más: habían desactivado la ubicación de sus teléfonos para que nadie supiera que estaban visitando una clínica griega donde intentaban tener un hijo.

Los Solomon forman parte del creciente número de estadounidenses que buscan en el extranjero, particularmente en Grecia y España, para escapar de los altos costos de los tratamientos de fertilidad en Estados Unidos, en donde estos procedimientos a menudo no están cubiertos por las aseguradoras de salud.

Entre ellos está la (FIV), que consiste en estimular la ovulación, extraer los óvulos, fecundarlos en laboratorio y transferir los embriones al útero. Pero también hay otros tratamientos médicos menos complejos para intentar resolver la infertilidad.

El presidente Donald Trump ha convertido la fertilidad, y en particular la FIV, en uno de los temas de la agenda de su administración, después de prometer durante su campaña de 2024 una . En mayo, su administración propuso destinada a facilitar que los empleadores ofrecieran cobertura para tratamientos de fertilidad, aunque todavía no se ha finalizado.

Hasta ahora, el resultado más concreto ha sido una reducción en el costo de algunos medicamentos para la FIV a través de TrumpRx, un sitio donde los pacientes que pagan de su bolsillo pueden encontrar medicamentos con descuento en farmacias participantes. La Casa Blanca estimó que los pacientes podrían ahorrar .

Aunque significativos, esos ahorros se enfrentan a en el costo de los medicamentos para la FIV desde 2014, según GoodRx, un servicio de descuentos para medicamentos recetados.

Un sobre estadounidenses asegurados, publicado en julio por Abene Health Partners y la Women’s Reproductive Health Foundation, encontró que el costo total de un ciclo de FIV superaba los 29.000 dólares, equivalente al 35% del ingreso familiar anual promedio en el país.

Según esta investigación, las pruebas genéticas, el almacenamiento de embriones, y la atención durante el embarazo y el parto pueden elevar el costo total a más de 54.000 dólares por cada nacimiento de un bebé concebido mediante FIV.

En promedio, un paciente necesita entre dos y tres ciclos para lograr tener un hijo, por lo que los costos pueden ser aún mayores.

La infertilidad afecta a en Estados Unidos, pero se estima que solo se cubre el 24% de las necesidades de tratamiento debido a los elevados costos y a la limitada cobertura, según la American Society for Reproductive Medicine.

Se cree que la infertilidad , en parte porque las personas tienen hijos a edades más avanzadas, así como por factores como la .

Aun así, más de nacieron mediante FIV en Estados Unidos en 2024, una cifra récord, según la Society for Assisted Reproductive Technology.

Una proporción cada vez mayor de quienes esperan convertirse en padres busca ayuda en Europa: el número de estadounidenses que eligieron clínicas europeas aumentó más del 37% el año pasado, según , presidente de la European Fertility Society, un grupo que recopila datos sobre tratamientos de fertilidad en Europa.

Los Solomon sabían que la FIV era su única posibilidad de tener hijos biológicos juntos, porque Justin había tenido cáncer testicular al final de su adolescencia. Lo que estos novios desde la universidad no esperaban era el costo, y al comienzo de su recorrido con la FIV supieron que su seguro no cubriría el tratamiento. Aunque algunos estados han aprobado leyes que obligan a las aseguradoras a pagar ciertos tratamientos de fertilidad, la cobertura .

Cuando la pareja exploró por primera vez la posibilidad de usar la FIV en Florida, donde viven, les cotizaron 40.000 dólares por un solo ciclo de tratamiento. El precio los sorprendió, y Emilie dijo que la oferta de la clínica de un descuento de primavera para una transferencia de embriones le resultó “perturbador”.

“De alguna manera se aprovechan de tus esperanzas y sueños de convertirte en padre o madre”, dijo Emilie.

Tratamiento y recorridos por las islas

El precio de la FIV y la incertidumbre en torno a en Florida para reconocer a los embriones como personas legales, que los Solomon temían que pudiera el control sobre sus embriones, los llevaron al Pelargos IVF Medical Group, en Atenas. Allí, durante el primero de dos viajes, Emilie se sometió a estimulación ovárica y extracción de óvulos.

Incluyendo los medicamentos, la fecundación, el almacenamiento y la posterior transferencia del embrión, el tratamiento costó en total unos 12.000 dólares, sin contar los gastos de viaje. Según los Solomon, una fracción de lo que podrían haber gastado en Estados Unidos. El costo más bajo atrajo a la pareja, pero también la posibilidad de hacer turismo y conocer otro país.

En ese primer viaje, pasaron un fin de semana entre citas médicas recorriendo la isla griega de Milos. Entre las inyecciones hormonales de Emilie, alquilaron un bote para explorar la isla. Un video del viaje los muestra escalando los impresionantes acantilados volcánicos blancos de la isla y a Emilie flotando en las aguas turquesas del mar Egeo.

A pesar del desgaste emocional y físico del proceso de FIV, la pareja recuerda haberse sentido en una pequeña burbuja, alejados de todos y explorando un lugar hermoso.

“Fue uno de los mejores veranos que hemos tenido”, dijo Emilie.

Cuando regresaron a Grecia para la transferencia del embrión en octubre de 2025, pasaron dos días en Croacia.

La FIV en Grecia utilizando los propios óvulos de la paciente suele costar entre 3.000 y 4.000 dólares, sin incluir los medicamentos, por lo que incluso sumando los gastos de viaje suele representar una porción de lo que los pacientes pagan en Estados Unidos.

“Los estadounidenses eligen Grecia porque pueden acceder a un tratamiento más asequible, comenzar más rápidamente y recibir un buen apoyo como pacientes internacionales”, dijo Dejewski.

Sin embargo, los pacientes en Grecia enfrentan algunas restricciones legales: el almacenamiento de embriones está limitado en el tiempo, el anonimato de los donantes es la norma, y existen restricciones sobre la selección de sexo y el número de embriones que pueden transferirse. También es limitado el acceso a la gestación subrogada para los no residentes y los pacientes deben considerar cuidadosamente los requisitos de documentación si planean trasladar embriones entre Grecia y Estados Unidos.

Penny Ampatzi dijo que explica claramente estas diferencias legales cuando estadounidenses consultan con su clínica en Atenas. Serum IVF ofrece coordinar el traslado de los pacientes desde el aeropuerto, además de recorridos por distintas islas.

Ampatzi, cofundadora y directora de la clínica Serum IVF, dijo que el principal atractivo para la docena de pacientes estadounidenses que su clínica recibe cada mes son los planes de tratamiento de fertilidad personalizados. El costo le sigue de cerca. Un ciclo en su clínica cuesta poco menos de 6.000 dólares, sin incluir la congelación de embriones. Según Ampatzi, casi todos los pacientes de Serum son extranjeros.

“Piensas que tienes buenas posibilidades de éxito, que además no tienes que pagar una cantidad de dinero tan alta y que puedes combinar el tratamiento con unas vacaciones. Entonces dices: ‘¿Por qué no?’”, remarcó.

Una decisión que tiene sus riesgos

Los costos de la FIV en Estados Unidos han aumentado por una combinación de factores, entre ellos la inflación, la escasez de expertos en embriología, el fuerte aumento de la demanda tras los retrasos provocados por la pandemia y la participación de firmas de capital privado, dijo Dejewski.

William Kiltz, vicepresidente de marketing y desarrollo de negocios de , con sede en Estados Unidos, dijo que los costos se están volviendo cada vez más inaccesibles.

“La FIV se está convirtiendo prácticamente en un tratamiento que solo el 1% más rico puede pagar razonablemente”, dijo.

Kiltz indicó que el modelo de CNY —que ofrece FIV por alrededor de 8.000 dólares, sin incluir el almacenamiento de embriones, en sus 18 centros en todo el país— genera apenas las ganancias suficientes para “mantener las luces encendidas” y abrir nuevos centros, mientras mantiene los costos bajos.

“Estamos tratando de ofrecer esta atención al costo más bajo posible”, dijo.

Más de la mitad de los pacientes de CNY viajan desde otros estados en busca de esas opciones más económicas, dijo Kiltz.

Agregó que espera que el mercado de la FIV termine estabilizándose, como ocurre con muchas tecnologías nuevas. Pero casi cinco décadas después de la primera fertilización in vitro, esa normalización todavía no ha ocurrido. Kiltz cree que esto se debe a que se trata de un mercado impulsado por emociones muy intensas.

“La gente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa”, dijo Kiltz. “Sin duda existe cierto riesgo en algo así, cuando la demanda y el deseo de una persona son tan fuertes que alguien podría aprovecharse”.

, principal especialista en fertilidad del centro de CNY en Norfolk, Virginia, resaltó las dificultades de evaluar una clínica en el extranjero cuando el paciente no habla el idioma o no comprende las regulaciones locales sobre FIV. También puede resultar complicado transportar de regreso a casa medicamentos sensibles a la temperatura.

“Es casi como tener un trabajo de tiempo completo intentando ser al mismo tiempo experto en regulaciones e inspector, mientras además eres el paciente”, dijo Pakrashi.

También dijo que algunos pacientes que buscaron tratamiento en el extranjero regresaron a su clínica con dificultades para transferir sus historiales médicos o comprender un diagnóstico que habían recibido en otro país. Con frecuencia tienen que repetir los estudios.

Y viajar al extranjero para realizarse una FIV sigue estando fuera del alcance económico de muchos estadounidenses.

Los Solomon dijeron que buscar tratamiento en otro país también requiere cierto espíritu aventurero. Pero, para ellos, toda la logística y los viajes valieron la pena. Un ciclo de FIV y dos viajes a Grecia les permitieron darle la bienvenida a la familia a un varón sano este verano.

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Pero cuando recibió un aumento de sueldo hace dos años, empezó a ganar demasiado para seguir calificando para el programa de la red de seguridad social. Y cuando revisó los planes de Covered California, descubrió que los precios del mercado de seguros seguían siendo demasiado altos para poder pagarlos con comodidad.

“Al principio entré en pánico”, dijo.

Carlos A. tiene una enfermedad inmunitaria crónica que necesita controlar con medicamentos que toma regularmente. KVPR y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News acordaron no revelar su diagnóstico ni su apellido para protegerlo de posibles repercusiones relacionadas con su salud.

“Necesito poder pagar mi seguro de salud para ir al médico, porque si no, no tengo tranquilidad”, agregó.

Ahora, ya cerca de los 30 años, recibe cobertura a través de su empleador por su trabajo en un almacén de Amazon. Además de tener que acostumbrarse a pagar primas mensuales y copagos por consultas médicas y medicamentos, también se enteró de que necesita una para recibir un medicamento que ha tomado durante una década. Sin esta autorización, solo podría recibir la versión genérica, algo que le daba miedo probar. Pensó que su aseguradora no había justificado adecuadamente el cambio.

“Sentí que esto era una bofetada en la cara porque yo estoy pagando mis primas”, recordó. “Es un contrato. Yo pago mis primas, ustedes me dan la cobertura y, si tengo que pagar un copago por mi medicamento, lo pago. Entonces, ¿por qué están haciendo cosas raras con mi medicamento?”

Carlos es uno de muchos votantes que están evaluando los costos de la atención médica en el Distrito Congresional 22 de California, que se extiende desde Bakersfield hasta zonas del oeste del condado de Fresno. El distrito fue para mejorar las posibilidades de los demócratas, pero sigue siendo uno del país en este ciclo electoral y podría influir en qué partido controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El distrito 22 ha estado en manos de los republicanos durante años. El actual representante, David Valadao, ocupa el cargo desde 2012 y ha sido reelegido en casi todas las votaciones desde entonces.

Carlos estuvo entre las decenas de personas que asistieron este mes a un acto en Bakersfield en apoyo del contrincante demócrata Randy Villegas. Según dijo, los costos de la atención de la salud estarán entre los factores clave que tendrá en cuenta cuando vote en las elecciones de mitad de mandato de este otoño. Y consideró que es un tema que ambos candidatos deben abordar.

“Espero que hagan campaña hablando del acceso a la atención médica”, dijo Carlos. “Sería una tontería si no lo hicieran”.

Los demócratas cuestionan el voto de Valadao a favor de la , la ley republicana de impuestos y gastos conocida como One Big Beautiful Bill Act, que redujo miles de millones de dólares destinados a la atención médica de personas de bajos ingresos.

La última vez que el costo de la salud tuvo un peso electoral comparable, Valadao perdió su escaño por el Valle Central. Fue , durante una “ola azul”, después de que el legislador republicano votara a favor de derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Recuperó su banca en 2020 por apenas 1.522 votos.

Valadao ha dicho que votó a favor de la porque, según él, no afectaría a Medicaid, conocido como Medi-Cal en California, un programa que protege a las personas más vulnerables, incluidos niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. También apoyó un fondo para la salud rural destinado a hospitales en áreas desatendidas.

Al mismo tiempo, aseguró que los requisitos laborales que la legislación establecía para adultos sin discapacidad y ayudarían a mantener el programa.

“Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren que nuestros programas sean sostenibles”, de Bakersfield antes de la votación. “Sostenible significa cuidar a quienes más lo necesitan, y quienes deberían estar trabajando, formando parte de la sociedad y siendo productivos, deberían hacerlo. No es injusto pedirlo”.

El requisito de trabajo y la obligación de presentar documentación entrarán en vigencia en 2027 para los afiliados de Medi-Cal. Según la California Health Care Foundation, se estima que perderán la cobertura hacia 2030 debido a los cambios de elegibilidad y administrativos.

Randy Villegas, un populista que apoya la y cuenta con el respaldo del senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) ha destacado cómo el voto de Valadao a favor de la HR 1 afectará a residentes de bajos ingresos en todo el distrito.

Villegas es integrante de la junta escolar de Visalia y contó que creció siendo beneficiario de Medi-Cal. En 2024, el actual Distrito 22, que se superpone parcialmente con el distrito rediseñado que lo reemplazará, tenía —64%— entre todos los distritos del país representados por republicanos, según KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a información sobre salud que incluye a Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

“David Valadao votó por recortar la atención médica de casi 70.000 personas en el Valle y otorgar reducciones fiscales a multimillonarios y a sus donantes ricos”, afirmó Villegas en una declaración. “En el Congreso, lucharé para revertir esos recortes y reducir los costos de la atención médica”.

La oficina de Valadao no respondió a solicitudes de comentarios. destaca que apoya una cobertura de salud de calidad y asequible, y mantener el acceso para las personas más vulnerables.

Las encuestas también muestran que la decisión reciente de la administración Trump de destinados a los estados está teniendo eco entre los republicanos: el que los candidatos hablen sobre el fraude en los programas gubernamentales de salud. Los republicanos de distritos competitivos, incluido Valadao, comenzaron a en los que ponen el foco en la necesidad de reformar el sistema.

Pero muchos votantes de este distrito todavía están indecisos. Casi una cuarta parte de los votantes registrados no están afiliados a ningún partido. Algunos dijeron que todavía no han escuchado suficientes propuestas de los candidatos para que la atención médica sea más accesible, algo que esperan que cambie porque los costos de la cobertura de salud de sus preocupaciones económicas.

Matthew Depue, que vive en Hanford y tiene seguro privado a través de su empleador, dijo que ha tenido la suerte de contar con una cobertura confiable. Las primas de su seguro de salud afectan su presupuesto mensual, pero no ha tenido que postergar la atención ni elegir entre pagar facturas médicas y otras necesidades.

Aun así, Depue dijo que el aumento de los costos de la atención médica se está volviendo cada vez más difícil de ignorar.

El año pasado, los legisladores federales decidieron no extender los subsidios ampliados para los seguros de salud, una medida que, según funcionarios estatales, contribuyó a un en las primas de los planes de Covered California.

Dupue también ve cómo el alto costo de la atención médica empuja a algunas personas a cruzar la frontera. “La gente viaja a México porque los servicios de salud, los tratamientos y los medicamentos son mucho más baratos”, aseguró.

Sin embargo, aunque le importa la atención de salud, no es el único tema que definirá su voto. Depue, que todavía no sabe por qué partido se inclinará, explicó que evaluará a los candidatos por el conjunto de sus posiciones, incluidas cuestiones como los impuestos y el difícil mercado laboral.

En el Distrito 22, el 42% de los votantes registrados son demócratas, el 26% republicanos y el 24% no tiene preferencia partidaria, según el de la Secretaría de Estado de California, el más reciente disponible.

Para Patreza Newton, que vive en Hanford, pagar la atención médica se ha convertido en una carga considerable, cada vez más difícil de afrontar. Ella espera que quien gane las elecciones se comprometa a dar prioridad al acceso a la cobertura de salud, porque considera que el sistema actual es demasiado caro.

Antes compraba su propio plan a través del Obamacare y ahora está cubierta por el seguro de su iglesia. Pero para mantener las primas mensuales dentro de lo que puede solventar, eligió un plan con un deducible alto, lo que significa que tiene que pagar de su propio bolsillo algunos medicamentos recetados y consultas con especialistas.

Newton dijo que pertenece a lo que ella llama “los que quedan en el medio”: personas que ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero que tienen dificultades para pagar una cobertura.

Hace algunos años, Newton recibió una factura hospitalaria de unos $65.000 después de una cirugía y tuvo que solicitar asistencia financiera porque no podía pagarla.

Mientras piensa en cómo votar en las elecciones de este otoño, Newton dijo que no busca grandes promesas, sino a un líder que entienda lo que están viviendo las familias. Mientras tanto, sigue indecisa respecto de los candidatos porque, dijo, ninguno ha mostrado todavía la iniciativa que ella espera.

“Realmente creo que debería haber una manera de que la gente pueda permitírselo —dijo—, sin importar quiénes sean”, afirmó.

Este artículo forma parte de una colaboración que incluye a , una afiliada de NPR en el centro de California, y Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News.

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Aunque la publicada el 10 de agosto no menciona directamente el autismo, la exigencia de Trump de limitar las recomendaciones de vacunación ha desconcertado por igual a organizaciones médicas, doctores y analistas políticos.

La directiva se emitió a menos de 90 días de las elecciones de medio término, que, según , podrían verse perjudicadas por la retórica antivacunas.

“El momento político, particularmente para los miembros republicanos en distritos competitivos, no es bueno”, dijo , ex congresista republicano y médico retirado.

La disposición de Trump a correr ese riesgo revela la impaciencia del presidente para que su secretario de Salud cumpla la promesa de identificar al responsable del marcado aumento de los diagnósticos de autismo.

Después de más de un año, Kennedy y sus aliados cercanos, todos críticos de las vacunas, han dejado pasar el plazo para ofrecer respuestas definitivas en una misión de investigación de varios millones de dólares rodeada de secretos, mientras el presidente vuelve a recurrir a teorías desacreditadas en sus ataques públicos contra las vacunas.

“Este es uno de los proyectos más privados de los que he oído hablar”, dijo Helen Tager-Flusberg, psicóloga que dirige la Coalition of Autism Scientists, sobre los esfuerzos de investigación de Kennedy en torno al autismo. “Lo están tratando como si fuera el Proyecto Manhattan en la década de 1940. No podría ser más turbio”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre qué investigaciones sustentan las opiniones del presidente ni qué vacunas podrían estar relacionadas con el autismo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo que la medida del presidente se basa en el anuncio de la agencia de enero, cuando informó que estaba reevaluando el calendario de vacunación del país y recomendó reducir las vacunas infantiles tomando como referencia las pautas de países comparables.

Sin embargo, ningún otro país comparable administra por separado la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, como ahora ha ordenado el presidente.

“Como dijo el secretario, el HHS examinará todas las hipótesis biológicamente plausibles, seguirá la evidencia adondequiera que conduzca y hará públicos los hallazgos y las medidas en tiempo y forma”, dijo por correo electrónico Emily Hilliard, vocera del HHS.

El “gran día” de Trump

Trump se ha mostrado especialmente interesado en encontrar la causa del autismo. En agosto de 2025 dijo que sería “un día muy importante”, después de que Kennedy le asegurara que había identificado “claramente, casi con certeza” factores que causaban autismo y que pronto serían revelados públicamente.

Décadas de investigaciones y estudios científicos muestran que la genética es uno de los principales factores. —entre ellos la exposición prenatal a la contaminación, la edad del padre y la salud materna— también pueden desempeñar un papel.

Pero Kennedy ha rechazado de plano esa evidencia científica y con frecuencia ha calificado al autismo como una .

Como secretario de Salud, ha gastado en la búsqueda de las causas fundamentales, como parte de un esfuerzo de investigación que no ha ofrecido actualizaciones públicas sobre sus avances y ha brindado pocos detalles sobre quién, o incluso qué agencia, lo lidera.

No se ha consultado sobre el proyecto a organizaciones de defensa de las personas con autismo, científicos e investigadores. Tampoco a científicos de carrera que trabajan en las agencias federales de salud, según dos funcionarios cuyos nombres Ñî¹óåú´«Ã½Ò•îl Health News no publica porque no estaban autorizados a hablar oficialmente.

Las solicitudes para reunirse con Kennedy sobre este tema han sido ignoradas, dijo Delancy Allred, gerente de políticas públicas de la Autism Society.

“Nadie ha logrado llegar a Kennedy. Nadie ha llegado al nivel del secretario, que yo sepa”, dijo Allred. “Creo que le gusta aislarse con personas que pertenecen a su grupo”.

De hecho, Kennedy ha recurrido a aliados que durante años lo han acompañado en su cruzada contra las vacunas infantiles para dirigir los esfuerzos de investigación y estrategia de la agencia sobre el autismo. Es una prioridad para su asesora más cercana, , ex activista del medio ambiente y desde hace años, según fuentes que pidieron no ser identificadas. Spear no respondió a las solicitudes para hablar sobre el estudio del autismo.

William “Reyn” Archer III —ex funcionario de salud de Texas, ginecólogo-obstetra de formación y a quien Kennedy contrató como asesor principal— lleva meses obteniendo registros médicos de estadounidenses para que funcionarios políticos designados investiguen una posible relación entre las vacunas y el autismo.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) bajo Trump también han otorgado alrededor de $50 millones en subvenciones a científicos de universidades de todo el país para investigar el autismo, aunque la mayoría de los estudios no tendrán conclusiones hasta dentro de algunos años.

En enero, Kennedy también renovó por completo el Comité Coordinador Interinstitucional sobre Autismo, un grupo poco conocido pero influyente, designando a 21 nuevos miembros. Entre ellos hay padres de niños autistas, escépticos de las vacunas y un médico que fue demandado por un tratamiento “peligroso” para el autismo.

El comité se ha reunido una sola vez durante el actual mandato de Trump.

A fines de julio, el comité publicó abruptamente un plan estratégico de 336 páginas que se hace eco de algunos de los argumentos de Kennedy: el documento sugiere que los investigadores federales se han concentrado demasiado en los vínculos genéticos con el autismo.

Los diagnósticos de autismo, una que afecta la manera en que las personas se comunican y se comportan, se han durante las últimas dos décadas. atribuyen parte de este aumento a y detección, a una definición más amplia del trastorno y al hecho de que las personas tienen hijos a edades más avanzadas.

Trump y Kennedy han afirmado falsamente que el aumento de los diagnósticos se limita a los niños estadounidenses, aunque los diagnósticos también han aumentado drásticamente y .

A pesar de sus esfuerzos por poner en marcha nuevas investigaciones, Kennedy no le ha dado a Trump una explicación concluyente de estos aumentos.

Durante en julio, Trump comenzó a presionar públicamente a su secretario de Salud sobre el tema cuando le preguntó: “¿Cómo va la investigación sobre el autismo?”.

Kennedy respondió: “Tendremos una respuesta para usted”, antes de que Trump lo interrumpiera.

“Eso es muy importante”, insistió el presidente.

La agenda de Kennedy sobre las vacunas se ha visto obstaculizada, en parte, por las disputas internas en la Casa Blanca. Entre bastidores, funcionarios llevan meses intentando frenar su agenda de vacunación en medio de una ola histórica de infecciones de sarampión.

Con la firma del 10 de agosto en la Oficina Oval, Trump dejó claro que la agenda de Kennedy sobre las vacunas sigue siendo una prioridad.

La firma también se produjo en un momento políticamente conveniente: el Senado acababa de iniciar un receso de cinco semanas, después de que la Casa Blanca consiguiera los votos necesarios para las confirmaciones de Erica Schwartz como directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de Todd Blanche como fiscal general.

Los tropiezos de Kennedy

Muchas de las afirmaciones que Kennedy ha hecho hasta ahora sobre el autismo no han resistido el escrutinio científico.

El año pasado, el secretario de Salud dijo que el uso de Tylenol durante el embarazo podía provocar autismo. Un nuevo estudio publicado en la revista científica JAMA y revisado por pares refutó esa relación, un tropiezo político para Trump, quien había repetido públicamente la afirmación e instado a las mujeres a no tomar ese analgésico.

Kennedy también sugirió durante una reunión de Gabinete en octubre que la circuncisión podría ser una causa. Un publicado en agosto en JAMA Pediatrics no encontró evidencia de esa relación.

En 2025, Kennedy dijo en que de los CDC había vinculado la vacuna contra la hepatitis B con . Sin embargo, sus declaraciones tergiversaron los resultados: el al que se refería estudió posteriormente la exposición al timerosal en las vacunas y un mayor riesgo de autismo.

Kennedy en fondos para investigaciones que ya estaban en marcha y que buscaban las causas del autismo, incluidas posibles fuentes ambientales.

Cuando le pidieron detalles sobre el trabajo de la administración para estudiar el autismo, el director de los NIH, Jay Bhattacharya, reconoció que no se había llegado a ninguna conclusión durante una entrevista en , de CBS.

“Si me pregunta, como científico, si sé por qué hemos visto este aumento del autismo, le diré que no conozco la respuesta a esa pregunta”, dijo el 9 de agosto.

Al día siguiente, sentado en su escritorio en la Oficina Oval, Trump vinculó repetidamente el autismo con las vacunas justo antes de firmar la orden ejecutiva para reducir las vacunas infantiles.

Junto a Trump, Kennedy pareció decidido a atenuar las expectativas de que el HHS pudiera producir resultados rápidamente. Le dijo al presidente que estaba trabajando contra reloj para encontrar respuestas antes del final de su mandato.

“Señor presidente, usted nos ha dicho que quiere respuestas. Yo también”, dijo Kennedy. “Tenemos poco más de dos años para terminar el trabajo, y sé que usted está impaciente, y nosotros estamos avanzando con la urgencia que exige ese plazo”.

Aunque Trump ha afirmado varias veces que existe un vínculo entre el autismo y las vacunas, no ha revelado a cuál de las vacunas de rutina considera responsable, y durante el evento en la Casa Blanca elogió la vacuna contra la polio, calificándola de “increíble”.

Funcionarios de la Casa Blanca se negaron a responder preguntas sobre el estado de los esfuerzos de Kennedy para identificar la causa del autismo durante una llamada realizada unas horas más tarde.

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Estas pulseras forman parte de una iniciativa cada vez más extendida que fue lanzada por primera vez por ECU Health, en Carolina del Norte, cuando el Congreso buscaba responder a la crisis de mortalidad materna, que se agravaba durante la pandemia de covid.

, y el departamento estatal de salud comenzaron a distribuir estas pulseras para ofrecer a las madres y a los profesionales de salud un recordatorio visible de los riesgos potencialmente mortales que existen después del parto.

El departamento de salud de Connecticut, grandes sistemas hospitalarios de Arkansas, Georgia y Mississippi, y hospitales de al menos otros 24 estados también han iniciado el programa.

Las pulseras buscan alertar a los trabajadores de emergencias sobre los riesgos del período posparto, garantizar una mejor atención y ayudar a reducir las tasas de mortalidad materna en Estados Unidos, donde ocurren después del día del parto y cerca del 40% suceden después de las seis semanas posteriores al nacimiento.

Este año, Carolina del Norte planea ampliar la iniciativa utilizando parte de los que recibió a través del Programa de Transformación de la Salud Rural, una disposición de la ley fiscal del presidente Donald Trump, conocida como One Big Beautiful Bill Act.

Tamika Auguste, médica y presidenta de la junta directiva de la fundación del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, elogió las pulseras como una herramienta útil “para aumentar la concientización y la educación sobre la salud posparto”. Sin embargo, ella y otros especialistas en salud materna señalaron que campañas como esta representan solo una parte de lo necesario para enfrentar la crisis más amplia de mortalidad materna en Estados Unidos.

También destacaron que la creciente popularidad de las pulseras coincide con la entrada en vigencia de la ley fiscal de 2025 impulsada por Trump que, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), reducirá el gasto de Medicaid en durante los próximos diez años. Medicaid, el programa conjunto federal-estatal que brinda cobertura médica a personas y familias de bajos ingresos, financia .

Elisabeth Wright Burak, investigadora de políticas públicas del Centro para Niños y Familias de la Universidad Georgetown, afirmó que esta ley está frenando el impulso que los estados habían logrado en materia de atención materna desde 2022. Ese año, el Congreso permitió que los estados ampliaran la cobertura posparto de Medicaid de , una medida que casi todos los estados adoptaron.

Ahora, a medida que los estados buscan maneras de enfrentar las pérdidas de financiamiento en Medicaid, esas ampliaciones podrían quedar en riesgo, dijo Burak. “No hay duda de que la esta ley amenaza con hacer retroceder el reloj en materia de salud materna”, agregó.

que Burak elaboró con otros colegas en julio advirtió que, con la nueva ley, las pacientes en el período posparto enfrentan nuevas preocupaciones, además de los recortes a Medicaid.

Según el informe, los estados también están implementando sistemas que podrían no identificar adecuadamente a las mujeres inscriptas en Medicaid que están embarazadas y en el período posparto. Aunque ellas deberían estar exentas de los nuevos requisitos laborales establecidos por la ley, la falta de identificación podría hacer que por error perdieran su cobertura.

Mortalidad materna

Las tasas de mortalidad materna en Estados Unidos han aumentado y disminuido durante los últimos siete años. En 2024 se registraron 649 muertes maternas, según los datos más recientes de los (CDC).

Tennessee registró la tasa de mortalidad materna más alta del país entre 2020 y 2024, con aproximadamente 42 muertes por cada 100.000 nacimientos, de acuerdo con un análisis de datos de los CDC realizado por el . Carolina del Norte registró alrededor de 29 muertes por cada 100.000 nacimientos, frente a un promedio nacional de 23.

En su solicitud para el , este estado afirmó que la iniciativa de los brazaletes “Di a luz” redujo en casi un tercio los reingresos hospitalarios posparto en el ECU Health Medical Center de Greenville, aunque no ofreció detalles.

En sus campañas promocionales, algunos hospitales que las pueden , aunque muchas iniciativas son recientes y su impacto aún no ha sido evaluado científicamente.

“Se necesita más investigación para confirmar de manera concluyente los resultados de este tipo de iniciativas”, afirmó Hannah Jones, vocera del Departamento de Salud de Carolina del Norte.

Después del parto, los hospitales a las pacientes y les piden que la usen durante varias semanas o meses, con la esperanza de que les recuerde consultar a un médico si presentan dolor en el pecho, dolores de cabeza o sangrado. La pulsera recuerda a la famosa , creada por la fundación del ciclista Lance Armstrong como parte de una campaña de concientización sobre el cáncer.

Además, una enfermera conversa con las pacientes sobre los riesgos del período posparto y les entrega folletos y guías sobre el cuidado del recién nacido y de ellas mismas.

“La pulsera es simplemente un recordatorio de que ‘Recibí información y educación'”, explicó Jessica Noble, enfermera de ECU Health y creadora de la iniciativa.

También pretende alertar a los equipos de emergencias y a otros profesionales sanitarios de que una mujer ha dado a luz recientemente para que consideren posibles complicaciones posparto, como presión arterial baja, hemorragias o infecciones.

Diversos estudios muestran que el personal de los y de los no siempre cuenta con la capacitación suficiente para reconocer estas complicaciones, lo que puede resultar peligroso cuando estas pacientes llegan a una sala de emergencias.

Las pulseras posparto ganaron popularidad en todo el país gracias a campañas de sensibilización impulsadas por redes sociales y reportajes en noticieros. En fotografías y videos promocionales, madres recientes aparecían luciendo la pulsera y elogiándola como un símbolo para celebrar el nacimiento de sus hijos.

Algunas mujeres que atravesaron partos traumáticos o enfrentaron problemas de salud mental la percibieron de otra manera.

“Hay tantos riesgos”

Alexandra Mellon dio a luz el año pasado. Su hija nació muerta.

Devastada, buscó ayuda de un terapeuta, donó su leche materna e intentó encontrar algún sentido a lo ocurrido. Durante un año se sintió aislada, dijo, en parte porque muchas personas simplemente no saben qué decir ante semejante tragedia.

Mellon considera que llevar una de estas pulseras hubiera sido un doloroso y constante recordatorio de su pérdida.

Actualmente trabaja como doula en Asheville, Carolina del Norte. Cree que lo que más necesitan las madres recientes es acompañamiento y apoyo emocional. La pulsera podría ayudar a promover ese apoyo en algunas pacientes, dijo, pero no es para todas. “Hay tantos riesgos que, de repente, casi te vuelves invisible”, afirmó.

Según los CDC, relacionadas con el embarazo podrían prevenirse.

En marzo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) , desarrolladas durante la administración Biden, en las que instaban a los hospitales a mejorar sus protocolos en los departamentos de emergencia para detectar complicaciones posparto y evaluar sus resultados comparándolos con datos estatales y nacionales sobre salud materna.

Sin embargo, esos esfuerzos enfrentaron una amenaza importante el año pasado cuando la administración Trump propuso destinado a recopilar datos estatales sobre mortalidad materna en su proyecto de presupuesto para 2026. Aunque el Congreso rechazó ese recorte, la administración de todos modos encargado de hacer el seguimiento a la salud de las pacientes después del parto.

La administración Trump destinados a la investigación sobre salud materna de los CDC en su propuesta presupuestaria para 2027. En cambio, el Congreso ha propuesto aumentar esos recursos hasta los

Sin más estudios, sigue siendo incierto qué tan efectivas son las pulseras para motivar a las pacientes posparto a buscar atención médica cuando la necesitan.

Un sobre campañas masivas de salud pública —como las destinadas a prevenir el consumo de sustancias de riesgo o a fomentar la actividad física— concluyó que estas iniciativas no modificaron significativamente el comportamiento de la población.

Otro estudio encontró que “Back to Sleep”, que educa a los padres sobre prácticas seguras para dormir a los bebés, redujo drásticamente durante varios años las tasas de síndrome de muerte súbita del lactante tras su lanzamiento en 1994, aunque esos avances se estancaron a .

En 2020, los CDC llamada “Hear Her”, orientada a ayudar a las mujeres a expresar sus preocupaciones cuando sentían que algo no estaba bien después del parto.

Años después, los propios CDC en el que concluyeron que “tuvo la consecuencia no deseada de dar la impresión de que la responsabilidad de hablar era de las personas embarazadas o en período posparto”.

El ECU Health Medical Center creó la iniciativa de las pulseras en 2021 y publicó un estudio . En él, los autores señalaron que la tasa de reingresos relacionados con el embarazo en el hospital de Greenville disminuyó un 0,77%. Atribuyeron ese cambio a “la educación proporcionada a las pacientes, sus familiares y el personal médico” como parte de la iniciativa, sin ofrecer mayores detalles.

Campañas como “Di a luz” están lejos de ser la solución definitiva para la mortalidad materna, reconoció Noble, creadora de la iniciativa y autora principal del estudio de ECU Health.

“Si tuviera una varita mágica”, dijo, “Carolina del Norte no solo tendría una mejor atención posparto, sino que también abordaría las causas profundas de las complicaciones del embarazo. Pero no la tengo y no puedo cambiar un sistema entero de la noche a la mañana”.

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Su equipo suele “estremecerse” cada vez que escucha que un paciente tiene que llenar una pila de formularios, como ocurre al solicitar los pagos por discapacidad del Seguro Social, porque puede ser un proceso difícil y muy engorroso.

Thornton dijo que intenta apoyar a sus pacientes, pero también reconoce los límites de su formación.

“Muchas veces los formularios son tan complejos que realmente no sé cuál es la definición exacta de lo que me están preguntando”, dijo. “Los remitimos a un proveedor especializado en discapacidad”.

Médicos como Thornton temen que empiecen a recibir muchas más solicitudes de este tipo debido a los cambios que se avecinan en Medicaid, el programa gubernamental de salud para personas de bajos ingresos o con discapacidades. A partir del 1 de enero, en la mayor parte del país, algunos beneficiarios —principalmente adultos sin dependientes— deberán demostrar que trabajan o realizan otras actividades que califican durante al menos 80 horas al mes.

Las publicadas en junio establecen que las personas pueden obtener una exención si son consideradas “médicamente frágiles”, es decir, si están demasiado enfermas o tienen una discapacidad que les impide trabajar, lo que podría requerir que presenten documentación de un profesional de salud.

Ese criterio dio lugar a una demanda presentada a finales de junio por decenas de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y preocupa a Thornton porque podría obligarla, junto con su personal, a evaluar aspectos como cuánto peso puede levantar un paciente o qué distancia puede caminar.

“Si me preguntan: ‘¿Esta persona es médicamente frágil?’, ¿qué significa realmente eso?”, dijo Thornton. “No lo sé, y llevo 25 años haciendo esto”.

La ley fiscal y de gasto de los republicanos aprobada el año pasado, conocida como la One Big Beautiful Bill Act, estableció este requisito laboral, que afectará a unos cuando más estados comiencen a aplicarlo. , esta disposición provocará un gran aumento en el número de personas sin seguro médico que cualquier otra parte de la ley.

Los médicos afirman que no están capacitados para determinar con precisión si el estado de salud de una persona le impide trabajar.

Muchos tampoco tienen tiempo para asumir otra tarea administrativa que los distraiga de la atención a los pacientes. Además, participar en decisiones sobre si una persona obtiene acceso a un beneficio público socava la relación entre médico y paciente, señalaron varias organizaciones médicas y profesionales de salud.

“Cuando introduces en la atención clínica políticas innecesarias, sin fundamento científico, confusas y burocráticas como esta, simplemente aumentas el nivel de conflicto moral para los proveedores”, dijo Christopher Chen, asesor principal de la firma consultora Manatt Health.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) declinaron responder oficialmente sobre las preocupaciones de los médicos. Sin embargo, la agencia confirmó que los beneficiarios podrían necesitar obtener documentación de un profesional de salud para demostrar que están demasiado enfermos para trabajar y señaló que serán los estados quienes tomen la decisión final.

Anteriormente, la administración Trump había señalado que los estados deberían utilizar las fuentes de datos disponibles —como reclamos médicos y pagos— antes de exigir a los pacientes pruebas de fragilidad médica emitidas por un proveedor de salud.

“La documentación debería ser relativamente fácil de obtener”, dijo Mehmet Oz, administrador de los CMS, durante una conferencia telefónica el 1 de junio.

Pero decir si un paciente está demasiado enfermo para trabajar es una decisión subjetiva y de alto impacto, dijo Chen, quien además ejerce como es médico en Valley Medical Center, en Renton, Washington.

“Nos han formado para cuidar a las personas”, dijo. “Nos han formado para conocer los síntomas, hacer diagnósticos y tratarlos. No nos han formado para hacer este tipo de determinaciones sobre la capacidad para trabajar”.

Al presentar su solicitud, y luego cada seis meses, los beneficiarios de Medicaid sujetos al requisito deberán demostrar que cumplen con el mínimo mensual de horas en actividades calificadas o, con la misma frecuencia, demostrar que cumplen con los criterios para una exención.

Si los estados no encuentran pruebas suficientes de que una persona está demasiado enferma para trabajar, esa persona podrá declarar por sí misma, bajo pena de perjurio, que cumple con el criterio de fragilidad médica, aunque solo de manera temporal.

Los estados podrán aceptar esa declaración dos veces durante 2027 y solo una vez en 2028.

En julio, 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, por las regulaciones finales, argumentando que el criterio de fragilidad médica será demasiado difícil de cumplir para los beneficiarios y demasiado complicado de evaluar para los estados.

Según la demanda, el criterio obliga a las agencias estatales de Medicaid a “asumir el papel de expertos en medicina ocupacional” o traslada esa carga a médicos que no necesariamente tienen formación en esa especialidad.

Los CMS no hicieron comentarios sobre el litigio.

El gobierno de Trump ha emprendido una campaña contra el fraude en los programas públicos de salud, incluido Medicaid. Recientemente contra cientos de acusados —entre ellos profesionales de salud— por presuntos esquemas de fraude que, según las autoridades, superan los 6.500 millones de dólares.

Los CMS han dicho que supervisarán de cerca la manera en que los estados administran los requisitos laborales y que podrían tomar medidas correctivas si consideran que algún estado no cumple con las normas.

Eso preocupa a los médicos por las posibles consecuencias si se equivocaran al determinar si una persona está demasiado enferma para trabajar, por más remotas que parezcan esas preocupaciones, señaló Rahul Vanjani, médico de atención primaria, especialista en medicina de adicciones e investigador de la Universidad Brown.

“Usando nuestra imaginación, nos preguntamos si alguien estará auditando estos formularios y si podrían comunicarse con la junta estatal que otorga las licencias profesionales”.

Estados Unidos enfrenta una , y eso podría dificultar que las personas que buscan una exención encuentren un profesional que pueda ayudarlas a documentar que están demasiado enfermas para trabajar, dijeron los médicos.

Será aún más difícil para quienes no tienen seguro médico, dijo Jennifer Wagner, investigadora especializada en elegibilidad para Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities, un centro de estudios de tendencia progresista.

“¿Cómo podría un solicitante sin cobertura médica conseguir un médico que lo justifique?”, se preguntó.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA), la mayor organización profesional de médicos y estudiantes de medicina del país, hizo gestiones ante funcionarios federales para modificar el criterio utilizado para documentar la fragilidad médica en los días previos a la publicación de las regulaciones finales.

En mayo, la AMA envió a Mehmet Oz argumentando que obligar a los médicos a certificar la capacidad laboral de sus pacientes no solo supondría una carga administrativa, sino que también modificaría la forma en que interactúan con quienes atienden.

En un comunicado, el presidente de la asociación, Willie Underwood III, afirmó que el requisito laboral “transforma la consulta médica en un proceso de control de elegibilidad”.

“Es probable que los pacientes perciban ese cambio”, dijo. “Y si empiezan a sospechar que lo que comparten con su médico puede afectar su cobertura médica, las condiciones para una comunicación abierta y honesta comenzarán a deteriorarse”.

Los médicos disponen de un tiempo limitado para atender a sus pacientes y prefieren concentrarse en tratar sus problemas de salud que en llenar formularios, especialmente aquellos que los colocan en la posición de “representar al Estado”, señaló John Ayanian, médico especialista en medicina interna e investigador de la Universidad de Michigan.

“Su primera obligación es velar por el mejor interés de sus pacientes”, afirmó Ayanian.

Lauren Davis, abogada de Community Legal Services of Philadelphia, ayuda a sus clientes a navegar otros programas de beneficios públicos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que tiene un requisito laboral similar. Los beneficiarios pueden obtener una exención si están demasiado enfermos para trabajar.

Davis recordó el caso de una clienta con una afección cognitiva que afectaba su memoria. Su médico no se sentía cómodo llenando el formulario de exención sin verla primero en persona, pero la paciente seguía olvidando programar la cita y finalmente abandonó el proceso, contó Davis, quien teme que los beneficiarios de Medicaid enfrenten obstáculos similares para obtener las exenciones.

“Esta persona era elegible”, dijo Davis. “La razón por la que no pudo conseguir lo que necesitaba para demostrar que era elegible era precisamente su afección médica”.

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Un ejemplo son los recientes brotes de Cyclospora, con en decenas de estados. Y les preocupa especialmente que el próximo patógeno sea mucho más letal.

En el país, un sistema complejo de agencias federales y estatales se encargan de supervisar la seguridad de los alimentos. Esta red se ocupa de detectar, investigar y contener los brotes de enfermedades transmitidas por productos de consumo popular.

Un componente clave del sistema es el programa FoodNet de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), creado después de que cuatro niños murieran por E. coli luego de comer hamburguesas contaminadas a principios de la década de 1990.

Los estados que participan en el programa, cuyo nombre oficial es Foodborne Diseases Active Surveillance Network, contactan a laboratorios para obtener datos sobre los casos, lo que permite detectar cuándo está surgiendo un problema.

Pero durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, su administración ha recortado miles de millones de dólares en fondos para la salud pública y ha despedido a miles de trabajadores de las agencias federales de salud.

También ha reducido el alcance de FoodNet, eliminando la vigilancia obligatoria de Cyclospora y de otros cinco patógenos que, en conjunto, causan la muerte de cientos de personas cada año en Estados Unidos.

“Lo que se está haciendo es permitir que los brotes continúen sin ser identificados. Inevitablemente, más personas se van a enfermar”, dijo Bill Marler, abogado y defensor de la seguridad alimentaria en el área de Seattle, quien ha presentado demandas contra Taco Bell en representación de personas que afirman haberse enfermado de Cyclospora después de comer en esa cadena.

Con los cambios realizados al sistema de vigilancia de FoodNet, los 10 estados participantes —seleccionados para representar una muestra de la población del país— ya no están obligados a reportar, por ejemplo, los casos de listeria. Esa bacteria mata hasta al diagnosticadas con la infección.

Las complicaciones por listeria pueden incluir convulsiones, abortos espontáneos y sepsis que daña los órganos. Es mucho menos frecuente que el tipo de E. coli cuya vigilancia sigue siendo obligatoria en FoodNet, pero de las personas infectadas con listeria terminan hospitalizadas.

Según cifras de los CDC y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las infecciones por listeria provocan .

“Es muy difícil identificar los brotes de listeria”, dijo Neal Fortin, director del Instituto de Leyes y Regulaciones Alimentarias de la Universidad Estatal de Michigan. Ver que ya no forma parte de la vigilancia obligatoria de FoodNet “realmente me preocupa”, afirmó.

En 2011, 33 personas murieron y una mujer embarazada sufrió un aborto espontáneo después de comer con listeria. La FDA identificó la causa .

Los estados que participan en FoodNet tampoco están obligados a reportar los casos de enfermedad causados por Campylobacter, una bacteria que suele contraerse al consumir pollo crudo o poco cocido y que afecta aproximadamente a 1.5 millones de personas cada año.

Este año, esta bacteria enfermó a unas 60 personas en Idaho en un brote relacionado con leche cruda, un producto que Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, ha promovido, pese a que la pasteurización elimina las bacterias dañinas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) niega que los cambios en FoodNet o los recortes de personal de la administración Trump hayan aumentado el riesgo de que futuros brotes sean más difíciles de identificar y contener.

“Los investigadores de la FDA no se vieron afectados por los cambios de personal ni por las reducciones de plantilla, y el presupuesto presidencial propuesto para el año fiscal 2027 incluye un aumento de 33 millones de dólares para las actividades de seguridad alimentaria”, escribió en un correo electrónico Emily Hilliard, vocera del HHS. Agregó que los CDC nunca dejaron de monitorear las enfermedades causadas por Cyclospora.

Los CDC cuentan con otros sistemas de vigilancia pasiva, pero estos dependen de que los estados informen los casos.

“No existe ningún requisito sobre cuánto tiempo pueden tardar en hacerlo”, dijo Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad George Washington.

Además, la FDA realiza solo una fracción de las inspecciones que exige el Congreso. Según un informe publicado a principios del año pasado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), la FDA no cumple las para las inspecciones nacionales e internacionales desde 2018.

Las realizadas por la FDA a fabricantes disminuyeron de 10.641 establecimientos en 2011 a aproximadamente 4.500 una década después. En 2024, la agencia contaba con para realizar inspecciones nacionales e internacionales, de acuerdo con otro informe de la GAO.

Eso fue antes de que la administración Trump de trabajo en la FDA como parte de su esfuerzo por reducir el gasto federal.

Ahora, los líderes en seguridad alimentaria advierten que la situación podría empeorar, porque el gobierno quiere transferir más inspecciones rutinarias de alimentos a los estados y reducir aún más el número de empleados federales encargados de estas inspecciones y de las investigaciones.

Los departamentos estatales de salud ya están sobrecargados debido a los recortes en el financiamiento federal y a la escasez de personal, lo que ha obligado a algunos a reducir o suspender programas de prevención para concentrarse en problemas más urgentes.

Los efectos de esos recortes ya se sienten en Michigan, que ha reportado más de 7.000 casos de ciclosporiasis, la cifra más alta de cualquier estado. El parásito Cyclospora puede provocar diarrea frecuente durante días o incluso semanas, además de dolor abdominal, náuseas y fatiga.

El departamento de salud del condado de Washtenaw, en Michigan, ya había reasignado personal que trabajaba en programas como inmunización y salud sexual para atender un reciente brote de sarampión que enfermó a siete personas, entre ellas cinco niños.

Ahora, esas mismas enfermeras pasan horas hablando por teléfono con cientos de personas con ciclosporiasis, tratando de rastrear el origen de la infección mediante recibos de comida para llevar de semanas atrás, estados de cuenta bancarios y los recuerdos de los pacientes.

“Estamos empezando a ver las consecuencias de un sistema de salud pública financiado de manera ineficiente en 2026”, dijo Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan. “Hoy es Cyclospora. Con el tiempo, vamos a perder la capacidad de detectar otra cosa”.

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El republicano arremetió contra California en dos ataques políticos consecutivos en mayo, afirmando que el estado, de amplia mayoría demócrata, está cometiendo un “fraude escandaloso” y “robando” al gastar dinero estatal y federal de Medicaid —destinado a cubrir tratamientos médicos básicos— en servicios poco convencionales como ayuda para vivienda y alimentación, membresías de gimnasios e incluso, aseguró, oraciones tribales y exorcismos.

“El programa Medicaid de California paga medicamentos a base de hierbas y entrega de alimentos a domicilio. También paga vivienda”, dijo Kennedy. “No sé qué tiene que ver la vivienda con la atención médica”, exclamó.

“California simplemente está batiendo todo tipo de récords”, añadió. “Son gente fuera de control”.

A pesar de las críticas de los republicanos en el Congreso y del creciente escrutinio por parte de la administración Trump, el gobernador Gavin Newsom, demócrata y posible aspirante a la presidencia, aseguró sentirse orgulloso de que Medi-Cal, el Medicaid de California, invierta en servicios sociales.

Se trata de un programa de varios miles de millones de dólares, diseñado para ayudar a pacientes con problemas de salud complejos y médicamente vulnerables a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la alimentación y otros factores sociales. Newsom sostiene que esta iniciativa no solo es legal, sino que también representa una forma de brindar atención médica a los californianos con condiciones de salud complejas, que es más rentable y está respaldada por evidencia científica.

Newsom sostiene que se trata de una medida legal, más rentable y respaldada por la evidencia para brindar atención médica a los californianos con problemas de salud complejos. A su juicio, invertir en servicios fuera del ámbito clínico puede ayudar a que las personas eviten las guardias y las internaciones, mejoren su salud a largo plazo y, en última instancia, les ahorren dinero a los contribuyentes. “Se trata de una atención integral de la persona”, explicó Newsom, y añadió que espera que la administración del presidente Donald Trump reconozca el liderazgo de California y considere las “reformas que estamos impulsando como mejores prácticas nacionales”.

Ahora, una de las iniciativas de salud más destacadas del gobernador se encuentra en el centro de una creciente batalla partidista con los republicanos en Washington, D.C., que impulsan medidas para frenar el gasto sanitario de miles de millones de dólares destinado a personas de bajos ingresos y con discapacidades, tanto en estados republicanos como demócratas.

Se trata de una diferencia filosófica. Los conservadores sostienen que los servicios sociales representan una carga financiera para Medicaid y no deberían considerarse atención médica, mientras que los liberales argumentan que invertir en prevención termina ahorrando dinero.

Aunque este tipo de programas se expandieron por todo el país durante la presidencia de Joe Biden, la administración Trump la política federal que alentaba a los programas estatales de Medicaid a abordar las necesidades sociales relacionadas con la salud.

La disputa sobre Medicaid está dejando a muchos pacientes en el limbo.

Lucy Rodríguez enseña danza folclórica mexicana en Hollister, una localidad de la región de la Costa Central de California. La mujer contó que su vida cambió este año cuando un administrador de casos intensivos de Titanium Healthcare —empresa que trabaja con aseguradoras médicas para brindar servicios de apoyo— comenzó a ayudarla a controlar sus enfermedades crónicas, mantenerse al día con sus citas médicas y medicamentos, e incluso recoger cajas de alimentos gratuitos para ella.

Rodríguez, de 73 años, está inscrita en Medicare y Medi-Cal, que ofrecen beneficios más amplios. El programa para personas de bajos ingresos ha ayudado a pagar sus facturas de servicios públicos y, recientemente, Rodríguez recibió la aprobación para recibir comidas a domicilio.

“Ha sido una bendición”, dijo Rodríguez, quien padece diabetes, hipertensión y enfermedad renal. “Me estaba sintiendo muy estresada y deprimida. Es muy difícil cuando vives con un ingreso fijo. Los alimentos están muy caros y, en verano, la electricidad cuesta todavía más. Pero esto realmente está mejorando mi vida”.

Rodríguez teme que la administración Trump recorte los beneficios para las personas mayores de bajos ingresos.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) advirtieron a los estados que el financiamiento federal para servicios sociales se evaluaría .

Christopher Krepich, portavoz de los CMS, explicó que la agencia no está cancelando los acuerdos actuales, conocidos como waivers (exenciones), que permiten temporalmente a los estados ofrecer servicios sociales financiados con recursos estatales y federales.

Sin embargo, advirtió que las futuras solicitudes, ya sea para nuevos servicios o para ampliar programas existentes, podrían verse en riesgo si se alejan demasiado de la atención médica tradicional.

“En adelante, los CMS trabajarán con los estados en exenciones innovadoras que respondan a necesidades fundamentales de atención médica, de acuerdo con enfoques basados en evidencia vinculados a diagnósticos y servicios clínicos, con el objetivo final de mejorar los resultados de salud de la población inscrita en Medicaid”, señaló Krepich en un comunicado.

En una medida que elevó aún más la tensión, el Departamento de Justicia emitió recientemente un que permite que los estados institucionalicen a personas con discapacidades y enfermedades mentales graves, en lugar de brindarles atención en la comunidad.

Los republicanos también han señalado a varios estados, en su mayoría demócratas, porque consideran que no han hecho lo suficiente contra el despilfarro de recursos, el fraude y el abuso en Medicaid.

En mayo, el administrador de CMS, Mehmet Oz, apareció junto al vicepresidente JD Vance cuando este anunció la retención de destinados a Medicaid en California, debido a sospechas de fraude.

El fiscal general de California, Rob Bonta, respondió que los republicanos simplemente buscan sacar provecho político mientras ignoran las necesidades médicas de las personas pobres.

“El gobierno federal quiere politizar el fraude”, dijo Bonta, “y utilizarlo, lamentablemente, como un garrote y un instrumento de presión para atacar a los estados gobernados por demócratas”.

Atención médica y servicios sociales

Los investigadores en políticas de salud afirman que aproximadamente están relacionados con factores socioeconómicos, ambientales y de comportamiento, como una vivienda inestable, la falta de hogar, la inseguridad alimentaria y la exposición a la violencia, mientras que solo el 20% se asocia con la atención médica prestada en hospitales y clínicas.

Estos datos impulsaron para incorporar servicios sociales dentro de Medicaid.

Al menos 24 estados utilizan recursos propios junto con fondos federales de Medicaid para desarrollar programas piloto de .

Colorado, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon y Pennsylvania figuran entre los estados que ofrecen ayuda para vivienda y alimentación.

Mientras la administración Trump reduce el apoyo a este tipo de servicios, los estados se están replanteando cómo financiar beneficios que han mejorado la atención preventiva para personas de bajos ingresos.

Algunos crearon nuevos beneficios mediante lo que se conoce como una enmienda al plan estatal, un mecanismo que permite modificar los programas de Medicaid sin necesidad de obtener una exención federal.

y , por ejemplo, utilizan este mecanismo para ofrecer atención de recuperación a personas sin hogar después de una hospitalización.

Estos centros de atención temporaria permiten que los pacientes se repongan antes de volver a vivir de forma independiente y funcionan como puente entre el alta hospitalaria y el regreso a la comunidad.

Este enfoque “tiene la ventaja de establecer, en todo el estado, un beneficio permanente que no requiere renovaciones federales continuas, lo que ofrece mayor estabilidad y previsibilidad”, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Mientras tanto, otros estados dependen de exenciones federales que deben renovarse para mantener estos servicios sociales.

Funcionarios de Arizona informaron que el estado planea presentar, antes de que termine setiembre, una solicitud para continuar que brindan vivienda y otros servicios a personas sin hogar, o en riesgo de quedarse en la calle, que padecen enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas o que han estado recientemente encarceladas.

“Cuando los afiliados tienen acceso a una vivienda estable y a servicios de apoyo, es mucho más probable que mantengan una atención médica continua y menos probable que necesiten visitas evitables a salas de emergencia u hospitalizaciones”, afirmó Roberta Harrison, directora interina del Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona.

California, que ha sido el estado más activo a la hora de incorporar servicios sociales, ha implementado un enfoque doble para garantizar la financiación de su amplia oferta más allá de este año. Está utilizando su autoridad regulatoria para convertir en permanentes la mayoría de los servicios sociales actuales dentro de la cobertura administrada de Medi-Cal.

Esa maniobra normativa elude la necesidad de que el gobierno federal apruebe una exención, una medida que podría atraer un mayor escrutinio por parte de los republicanos.

Sin embargo, no todos los servicios pueden financiarse sin autorización del gobierno federal.

Mientras convierte algunos beneficios en permanentes, la administración Newsom solicita nuevas exenciones para mantener otros programas sociales e incluso ampliar la oferta.

Se trata de una estrategia ambiciosa que ampliaría el experimento de atención médica basada en necesidades sociales de California.

Newsom reconoció que le preocupa que el gobierno federal .

“¿Cómo no voy a estar preocupado con esta administración?”, afirmó. “Siempre estoy preocupado”.

Un nuevo frente en la atención médica

California brinda la mayoría de sus servicios sociales relacionados con la salud mediante dentro de Medi-Cal, cuyo presupuesto propuesto asciende a .

Aunque más de 14 millones de residentes están inscritos en Medi-Cal, el estado ha sido selectivo con respecto a quiénes reciben ayuda a través de los incluidos en su programa denominado (CalAIM).

Los pacientes con necesidades complejas también pueden recibir apoyo de trabajadores sociales especializados para coordinar sus necesidades médicas y sociales, a través de un beneficio conocido como (manejo intensivo de la atención).

Desde 2022, California ha venido ofreciendo estos servicios sociales, con una inversión de cerca de 12 mil millones de dólares en fondos conjuntos estatales y federales, con al evitar que los beneficiarios terminen en instituciones costosas, como salas de emergencia, cárceles, hogares de ancianos y centros de atención para crisis de salud mental.

Hasta septiembre de 2025, la información más reciente disponible del estado muestra que CalAIM había proporcionado servicios sociales a más de . Además, cerca de de bajos ingresos habían recibido . Algunos pacientes reciben ambos servicios.

Entre los beneficios que California está convirtiendo en permanentes se encuentran los siguientes: las personas sin hogar pueden recibir ayuda para encontrar un apartamento, y Medi-Cal cubre el del alquiler y hasta seis meses de renta. Los pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, pueden recibir comidas saludables a domicilio. Las personas con asma pueden obtener la eliminación del moho de sus viviendas para prevenir episodios agudos de la enfermedad. Los adultos mayores de bajos ingresos con discapacidades pueden recibir, sin costo, la instalación de una rampa para silla de ruedas en su hogar. Además, quienes salen de la cárcel o de prisión pueden ser vinculadas de inmediato con servicios de atención primaria, salud mental y tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, en caso de necesitarlos.

, estos servicios sociales —especialmente la asistencia para vivienda, alimentación y reformas en el hogar— al estabilizar la salud de los pacientes con necesidades más complejas, al tiempo que generan ahorros para Medi-Cal mediante la reducción de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y la dependencia de instituciones como los hogares de ancianos.

En el Valle Central, por ejemplo, la directora ejecutiva de Health Plan of San Joaquin, Lizeth Granados, dijo que CalAIM ha ayudado a ubicar en viviendas a personas sin hogar que antes eran hospitalizadas de manera recurrente. Además, pacientes con diabetes descontrolada lograron reducir sus niveles de azúcar en sangre tras recibir asesoría nutricional y comidas a domicilio.

En términos generales, Granados afirmó que el plan de salud ha generado importantes mejoras en el manejo de enfermedades crónicas y una disminución de las hospitalizaciones. Desde el lanzamiento de CalAIM en 2022, las hospitalizaciones se redujeron a 44 por cada 1.000 afiliados, frente a las 61 por cada 1.000 registradas antes del programa.

En el condado de Orange, funcionarios de CalOptima Health atribuyeron a los servicios de vivienda de CalAIM en el número de personas sin hogar.

“También hemos podido ampliar nuestros programas de medicina en la calle”, dijo Yunkyung Kim, directora de operaciones de la aseguradora.

En todo el estado, las aseguradoras de Medi-Cal se mostraron a favor de que CalAIM siga generando ahorros y mejorando la salud de los pacientes. Sin embargo, el futuro de algunos de estos servicios dependerá de las decisiones de la administración Trump.

California ha solicitado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le permitan seguir inscribiendo en Medi-Cal a las personas encarceladas 90 días antes de su liberación, con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, enfermedades mentales y afecciones físicas. Este beneficio de CalAIM .

El estado también ha propuesto un nuevo beneficio de asistencia laboral, al que los condados podrían adherirse para ayudar a los pacientes a encontrar y conservar empleo, en respuesta a los futuros requisitos federales de trabajo establecidos por la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el verano pasado.

Además, California busca mantener su programa de sanadores tradicionales y guías de medicina ancestral para personas que pertenecen a tribus indígenas. Entre los servicios se incluyen musicoterapia, danza, tambores y referencias a ceremonias de sweat lodge (cabañas de sudor) para el tratamiento de problemas de salud mental y la recuperación de trastornos por consumo de sustancias. Aunque Medi-Cal cubre servicios espirituales, como ceremonias, rituales y remedios de hierbas, funcionarios estatales aclararon que el programa no cubre exorcismos.

La postura adoptada por la administración Trump ya ha obligado al estado a eliminar los beneficios destinados a cubrir alojamiento y alimentación, lo que pone en riesgo los esfuerzos locales para ofrecer camas de recuperación a los pacientes.

California también está eliminando el beneficio de vivienda temporal después de una hospitalización, creado para evitar que los hospitales —o en riesgo de quedarse sin vivienda— y las dejen en la calle. El servicio de CalAIM que ofrecía hasta seis meses de alojamiento temporal y atención continua finalizará a fin de este año.

Además, el Estado está recortando las prestaciones para cuidados de recuperación, dejando de pagar las camas para que los pacientes se recuperen de una enfermedad o lesión y ofreciendo, en su lugar, únicamente servicios de apoyo integral (wraparound services).

En San Francisco, estas camas han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis, facilitar la transición de personas sin hogar desde las calles hacia una vivienda y disminuir la ocupación de camas hospitalarias, explicó Neal Sheran, director médico del Departamento de Salud Pública de la ciudad. El plan de salud municipal gestiona un centro de desintoxicación y centros de cuidados donde los pacientes pueden recuperarse después de una hospitalización.

“Estamos preocupados”, dijo Sheran. “El financiamiento para el componente de  alojamiento nocturno de estos programas es absolutamente fundamental para que funcionen.”

Recortes en el horizonte

Incluso sin las amenazas del gobierno federal, las presiones presupuestarias del estado han puesto en tensión el financiamiento de CalAIM. Newsom ha propuesto en 68,3 millones de dólares los fondos destinados a servicios sociales durante este año fiscal. El recorte aumentará el próximo año y se mantendrá en 150,2 millones de dólares anuales a partir de 2028.

Los proveedores temen que los pacientes de Medi-Cal pierdan estos beneficios. Y tanto los servicios como las comidas a domicilio y la asistencia para vivienda podrían restringirse aún más.

“Esto nos está llevando de regreso a la época en que nuestro sistema de salud era más costoso y reaccionaba a las enfermedades en lugar de invertir en la prevención”, afirmó Anwar Zoueihid, vicepresidente y director de estrategia de Partners in Care Foundation, una organización de Los Ángeles que participa en CalAIM. “Es contradictorio con el lema Make America Healthy Again.”

Para ahorrar dinero, el estado está endureciendo los criterios de elegibilidad con el fin de limitar los servicios y reducir su . Por ejemplo, los pacientes de Medi-Cal que padecen inseguridad alimentaria ya no podrán recibir comidas saludables a domicilio si no tienen una condición médica que las justifique, como la diabetes. Asimismo, las personas sin hogar tendrán un plazo de seis meses para recibir ayuda en la búsqueda de vivienda.

Algunos de los principales proveedores de CalAIM afirman que estos servicios deben evaluarse continuamente y restringirse cuando los planes de salud hayan sido demasiado flexibles al otorgarlos. En algunos casos, beneficios relacionados con alimentos y vivienda fueron entregados a pacientes de bajos ingresos que no necesariamente presentaban las necesidades más complejas.

“Es importante que todos analicen esto con mucha objetividad para determinar si realmente estamos beneficiando a las personas y destinando el dinero a los lugares adecuados”, dijo Charlie Robinson, director de equidad en salud de L.A. Care, una de las mayores aseguradoras de Medi-Cal del estado.

Dorothy Seleski, presidenta de Medi-Cal en Health Net, afirmó que la aseguradora no se deja desanimar por los recortes tanto estatales como federales.

“Independientemente de lo que ocurra a nivel federal, seguimos comprometidos”, afirmó. “Se trata de una transformación importante del sistema de atención médica y ya estamos observando reducciones significativas en las visitas evitables a las salas de emergencia, en las hospitalizaciones que podrían prevenirse y hemos logrado cerrar brechas en la atención preventiva”.

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Se trata de una gran preocupación para de trabajadores agrícolas que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, al entrar pronto en vigencia un nuevo requisito laboral para este programa federal y estatal que ofrece atención de salud a personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A partir del próximo año en la mayoría de los estados, muchos adultos inscritos en Medicaid tendrán que demostrar que trabajan, estudian en una universidad o programa vocacional, hacen voluntariado o realizan trabajo no remunerado durante al menos 80 horas al mes.

Defensores de los trabajadores dicen que esto podría representar un desafío importante para los trabajadores agrícolas que ya tienen Medicaid o son elegibles para el programa.

Muchos trabajan más de 80 horas al mes durante la temporada de cosecha, pero menos en otros meses. Además, fuera de estos meses, suelen tomar trabajos informales en construcción, jardinería o haciendo reparaciones en casas, por los que no reciben pagos en blanco que puedan demostrar su elegibilidad continua para Medicaid. (Aunque pueden establecerla si prueban que su ingreso mensual promedio durante seis meses equivale a 80 horas de trabajo al salario mínimo federal).

“Tener un requisito laboral —tener que generar más papeleo y más pruebas— sin duda es extremadamente difícil para los trabajadores agrícolas y otras personas de bajos ingresos, especialmente quienes tienen empleos de temporada, no durante todo el año, y pasan por períodos” en los que no hay trabajo disponible, dijo , vicepresidenta de estrategia y programas de .

Nuevos requisitos, más obstáculos

La agricultura es una industria de , y Estados Unidos depende de unos agrícolas para llevar alimentos a la mesa. Casi el 60% de esos trabajadores son ciudadanos estadounidenses o tienen tarjeta de residencia (green card), según el . El 40% restante no tiene estatus legal o no es elegible para Medicaid por otras razones.

Incluso entre los trabajadores agrícolas con ciudadanía o estatus legal, la tasa de personas sin seguro médico es tres veces mayor que la de la población general. La mayoría de quienes sí tienen seguro son beneficiarios de Medicaid, aunque las tasas de participación varían según el estado. Según , entre el 71% y el 79% de los hogares agrícolas elegibles reportan tener Medicaid.

El nuevo requisito laboral de Medicaid fue una disposición clave de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump. Bajo esta ley federal, y el Distrito de Columbia deben implementar el requisito antes del 1 de enero. Algunos estados ya han tomado medidas para .

La regla de 80 horas se aplica en los estados que expandieron Medicaid, un proceso que comenzó en 2014 y estuvo vinculado a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, popularmente conocida como Obamacare). Después de las primeras expansiones, los trabajadores agrícolas con documentación legal tuvieron un de tener seguro médico, según un análisis publicado en 2021 en el American Journal of Agricultural Economics.

Ansiedades migratorias

El requisito laboral es el obstáculo más reciente en una larga lista de barreras entre los trabajadores y la atención médica a la que tienen derecho legalmente, dijo Guild. “Medicaid sin duda ayuda porque reduce el problema del costo”, explicó. “Pero todavía hay otras barreras, como el transporte, pedir licencia por enfermedad y encontrar tiempo para ir a un centro de salud. Todos estos factores pueden impedir que realmente reciban atención médica”.

Para trabajadores agrícolas con tarjeta de residencia y ciudadanos estadounidenses naturalizados, existe otra fuente de estrés: el temor de que inscribirse en Medicaid pueda poner información personal en manos de autoridades migratorias.

Eso preocupa a Luis, de 45 años, quien tiene tarjeta de residencia, es beneficiario de Medicaid y sueña con convertirse en ciudadano estadounidense. Luis —quien pidió ser identificado solo por su segundo nombre— vive con su esposa y su hija en Carolina del Norte, donde ha trabajado en la agricultura durante casi una década.

Hablando en español, dijo que cuando se enteró del requisito laboral supo que sería difícil demostrar que trabaja 80 horas al mes.

“Solo trabajo en el campo durante seis o siete meses; el resto del año trabajo en lo que pueda encontrar”, contó.

Los republicanos en el Congreso sostienen que los requisitos de trabajo reducirán el gasto federal en atención médica, animarán a los adultos sin discapacidades a incorporarse a la fuerza laboral y preservarán los recursos de la red de seguridad social para las poblaciones más vulnerables.

Entre los adultos hispanos inscritos en Medicaid, el 67% ya trabaja, según un informe de KFF de 2025.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no respondieron a solicitudes de comentarios para este artículo. Pero en junio, cuando los CMS su “marco nacional” para implementar el nuevo requisito laboral de Medicaid, su administrador, el doctor Mehmet Oz, dijo que ayudaría a los beneficiarios a “desarrollar habilidades e independencia mediante el trabajo, la educación, la capacitación laboral o el servicio comunitario, creando nuevas oportunidades para ellos y sus familias”.

Funcionarios federales afirman que el nuevo requisito sacaría de la pobreza a “hasta 2.9 millones de personas”.

Enfermedades crónicas

El trabajo agrícola es una de las ocupaciones y está asociado con y , incluidas afecciones respiratorias. Una realizada en California en 2021-22 encontró que el 37% de los trabajadores agrícolas hombres y el 47% de las trabajadoras agrícolas mujeres del estado tenían al menos una afección crónica de salud.

Defensores dicen que el nuevo requisito laboral es una barrera más para quienes buscan atención médica.

“La gente se salta chequeos y pruebas de detección, y afecciones que podrían detectarse temprano y tratarse de manera rentable” no se atienden, dijo , directora ejecutiva de .

Las salas de emergencia a menudo se convierten en el lugar “natural” para buscar atención médica, agregó Cadena. “Esto aumenta los tiempos de espera y los costos para todos nosotros. Y cuando las personas están tan enfermas que faltan al trabajo, comienza un círculo vicioso de pérdida de productividad e inestabilidad económica familiar que, de nuevo, nos amenaza a todos”.

Pérdida para familias y niños

Las nuevas reglas federales también exigen que los beneficiarios verifiquen su elegibilidad al menos dos veces al año, el doble de veces que antes, lo que crea otro posible obstáculo.

“Las cartas pueden perderse fácilmente y los formularios pueden quedar sin completar. Si las personas se enredan en el papeleo, podrían perder la cobertura”, dijo , vicepresidenta asistente de , una organización sin fines de lucro que promueve un sistema de salud equitativo.

Para trabajadores agrícolas que viajan de un estado a otro, el proceso puede ser un laberinto sin salida.

“Tienes que encontrar el tiempo para transferir tu cobertura y probablemente encontrar a una persona u organización que pueda ayudarte, y eso puede ser muy difícil cuando te estás mudando constantemente”, dijo Cadena.

La situación pone de relieve lo difícil que puede ser navegar un sistema complejo para personas y familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“El resultado podría ser la pérdida de cobertura no solo para los trabajadores, sino también para sus familias y sus hijos”, expresó Cadena.

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